Judiciales
Misionera rescatada de la trata en Corrientes relató que la obligaron a abortar
Captada en un contexto de extrema vulnerabilidad, trasladada bajo engaños, reducida a la explotación sexual, sometida a la dependencia económica, golpeada por cómplices de la organización y obligada a un aborto inducido que casi le provoca la muerte. Ese cúmulo de padecimientos fue relatado por una misionera que fue víctima de la red de trata que operó entre 2010 y 2016 en la localidad correntina de Paso de los Libres y el testimonio fungió como uno de los cimientos para la condena impartida en septiembre contra cinco de los imputados.
El testimonio de la joven damnificada -cuya identidad se mantiene bajo reserva- fue aportado en la etapa de investigación, ratificado en el debate oral y volcado en los fundamentos de la sentencia, documento de 340 páginas al que accedió La Voz de Misiones.
Su relato, al igual que el de las demás víctimas, sirvieron para reconstruir los mecanismos de captación llevados adelante por la red, como así también la distribución de roles de sus involucrados y el modo en que operaban los burdeles “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”.
En ese contexto, el testimonio de la misionera consigna que ella fue captada en 2010, cuando tenía 17 años y era madre de un niño de 2. En ese entonces, atravesada un contexto familiar complicado, signado por la violencia y la pobreza, a punto tal que al recordar esa época graficó que “robar mandioca te salvaba la comida”.
Su captación se dio un pool de Puerto Rico. La joven contó que acudió al lugar en compañía de una amiga y allí conocieron a una mujer que les ofreció trabajo en una casa de familia en Corrientes.
En principio ambas jóvenes dijeron que no, pero volvieron a ser contactadas por teléfono y al otro día aceptaron ir a tomar un helado para interiorizarse un poco más en la propuesta.
En ese segundo encuentro estuvo presente Estela Rosana Rodríguez (38), más conocida como Yanet o Yani, también misionera, quien fue condenada como una de las líderes de la organización y recibió una pena de 8 años de prisión por el delito de “explotación sexual de víctimas de trata”.
La víctima misionera narró que luego de ese encuentro aceptó la propuesta, más aún teniendo en cuenta que Rodríguez le dio $300 a su familia. El sueño era progresar, pero apenas llegó a Paso de los Libres fue alojada en una vivienda y tuvo que comenzar a prostituirse para devolver el dinero y pagar la vestimenta que le dieron para trabajar.
A partir de allí comenzó a realizar “pases” y “copas”, aunque nunca logró obtener nada del dinero que obtuvo mediante sus encuentros con los clientes, entre los cuales mencionó a “narcos” y tanto policías como gendarmes que actuaban en connivencia con los administradores de la red proxeneta.
En ese contexto, también contó que a los seis meses de llegar quedó embarazada, instancia en la cual Rodríguez la obligó a abortar, primero mediante la ingesta de una pastilla y luego con la introducción de una sonda que le provocó una hemorragia que casi le causó la muerte.
Producto de esta situación, la misionera añadió que permaneció siete días hospitalizada, aunque tuvo prohibido revelar la causa de su cuadro. Incluso, contó que Rodríguez le dio dinero a cambio de su silencio, pero una vez dada de alta le volvió a quitar la plata.
Y los padecimientos parecían nunca terminar. La joven también contó que un día reveló todo lo que sufría a un cliente, aunque éste le contó todo a la madama del lugar y fue castigada, lo cual la llevó a intensar suicidarse.
Todo ello se extendió hasta 2016, cuando finalmente se ejecutaron los allanamientos que pusieron fin a una larga historia de sometimiento e impunidad, dado que la pesquisa derivó en el apartamiento del ex fiscal federal Benito del Pont por su complicidad con la banda.
Sin embargo, para la celebración del juicio hubo que esperar un largo tiempo más, dado que el proceso oral recién se realizó este año.
Allí de los 15 imputados en total, cinco fueron sentenciadas a penas de entre 8 y 4 años. La misionera Rodríguez fue una de las que recibió la condena más alta y además deberá abonar 50 millones de pesos a dos de las víctimas.
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dictaminó este mediodía el dictado de prisión preventiva contra el ex diputado provincial Germán Kiczka (44), quien de esta manera deberá continuar encarcelado en el marco de una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La máxima medida cautelar previo a la realización de un juicio oral se da 24 horas después de la ampliación de declaración indagatoria solicitada por el propio acusado, quien ante el mismo juez ayer se declaró inocente, admitiendo consumir pornografía, pero negando observar imágenes con menores involucrados.
La misma resolución alcanzaría en las próximas a su hermano Sebastián (47), cuya situación incluso podría ser agravada conforme los elementos de prueba que los peritos informáticos vienen acumulando desde el inicio de la compleja pesquisa 100% digital.
De esta manera, los hermanos continuarán alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, presidio al cual fueron trasladados el 31 de agosto tras permanecer unas horas detenidos en diferentes celdas de la comisaría Segunda de Apóstoles.
El ahora ex legislador fue detenido el 28 de agosto, cuando sobre su espalda ya pesaba un pedido de captura internacional a Interpol. El implicado fue ubicado en un camping de la localidad correntina de Loreto, aunque al momento declarar negó haberse profugado, sino que se excusó su ausencia de la provincia por “un retiro espiritual”.
Su hermano, en tanto, cayó al día siguiente, en un paraje rural de Concepción de la Sierra. Estaba sucio, desorientado, deshidratado y sin un peso encima. “Era un linyera”, describieron quienes los capturaron.
Ambos están imputados en una causa que se disparó a fines de febrero, tras el hallazgo de 603 archivos Masi en una notebook que era propiedad de Germán Kiczka, pero que se encontraba en la casa de su padre, donde también residía su hermano Sebastián.
Tras el avance de la investigación, se hallaron más pruebas y la acusación que se le imputa al ex diputado en el dictado de su prisión preventiva es el hecho de “haber facilitado a personas no individualizadas alrededor de novecientos trece (913) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.
Todo esto se encuadra como “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”, figura contemplada por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal de la Nación, el cual prevé hasta ocho años de cárcel.
El ex diputado provincial declaró ayer por primera vez. FOTO: Canal 12 – Marcos Otaño.
Su defensa vs las pruebas
Tras dos semanas preso, Germán Kiczka esta semana pidió declarar por primera vez y la indagatoria se llevó adelante el jueves a la mañana. Según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia duró tres horas, aunque el imputado prácticamente se abstuvo a la mayoría de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales.
En la ocasión, Kiczka admitió consumir pornografía y reconoció utilizar el programa E-Mule, pero rechazó que su búsqueda de material se concentre en menores de edad y también negó haber distribuido archivos de manera intencional.
Como explicación respecto a los archivos Masi hallados en sus aparatos informáticos el ex diputado argumentó que “las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”.
Para la Justicia, nada de esto alcanza para rebatir las sospechas que recaen en su contra. Más aún teniendo en cuenta los elementos probatorios recolectados mediante peritajes informáticos, los cuales marcaron el hallazgo de un total de 913 archivos Masi y la presencia del programa E-Mule en las dos computadoras relacionadas al diputado, la Acer incautada el 28 de febrero en la casa de su padre y la Lenovo secuestrada el 6 de agosto en el allanamiento a su casa.
Además, los peritos detectaron conversaciones relacionadas al intercambio de material Masi en Telegram y envíos de archivos por Whatsapp.
Pero no es todo. También constataron que el 28 de febrero al mediodía, mientras la Policía Federal Argentina (PFA) allanaba la casa de su padre en el barrio Illía de Apóstoles, Kiczka se encontraba en Brasil y desde allí cambió el nombre de la carpeta Incoming, que se crea de forma automática al momento de la instalación del programa E-Mule para el almacenamiento de las descargas. Los detectives creen que esto fue una maniobra deliberada con la intención de no dejar rastros de su actividad.
En su declaración, el dirigente expulsado del partido Activar también intentó desligarse de la notebook Acer secuestrada en la casa de su padre y hermano, argumentando que la dejó de usar en 2019 y que solo utilizaba de manera esporádica cuando visitaba la vivienda familiar.
Sin embargo, esto también se contradice con la prueba. El aparato no solo que tenía registrado tanto su nombre de su usuario, como su email y un backup de archivos y facturas a su nombre, sino que en el análisis de todos los dispositivos incautados también se hallaron dos fotografías de 2023 que lo muestran a él junto a las dos notebooks secuestradas dentro de la oficina que el ex legislador ocupaba como comisionista de Cigarros Misioneros, empresa propiedad de la familia Puerta.
En base a todos estos elementos, es que el juez Faría decidió dictaminar la prisión preventiva contra el imputado, quien de esta manera continuará quemando sus días y noches en una celda de la UP VIII. Mismo futuro le depara a su hermano.
*FOTO PRINCIPAL: Canal 12 – Marcos Otaño.
La audiencia de declaración indagatoria solicitada esta mañana por el ahora ex diputado Germán Kiczka (44) se extendió durante tres horas, instancia en la que se desligó de la notebook donde se detectaron más de 600 archivos con material de abuso sexual infantil (Masi) y atribuyó su viaje a Loreto (Corrientes) a un “retiro espiritual”, aunque no respondió ninguna de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales que investigan el caso.
La comparecencia del ex legislador ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, se desarrolló desde las 10 hasta las 13 de hoy, lapso en el cual el imputado ensayó una estrategia defensiva que consistió en desligarse de la notebook Acer que contiene gran parte del material probatorio que hoy lo mantiene preso y acusado por el delito de tenencia y distribución de archivos Masi, figura encuadrada bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, al momento de declarar el apostoleño admitió el consumo de pornografía, aunque negó observar imágenes de pedofilia y tampoco se hizo cargo de la computadora portátil que fue incautada en la casa de su padre durante el allanamiento que disparó la causa a fines de febrero.
Kiczka afirmó que en 2019 dejó esa computadora en la casa de su padre -donde también reside su hermano Sebastián (47)- y que desde ese momento nunca más la manipuló, versión que se contradice con las pruebas que la Justicia considera tener para sostener la acusación en su contra.
“La notebook tenía su foto, su cuenta de usuario, su email. Incluso se halló una foto en la que él aparece en la oficina de la cigarrera utilizando esa misma notebook incautada”, graficó un vocero con acceso al expediente.
En otro tramo de la declaración el ex diputado de Activar, partido creado por Pedro Puerta, negó haberse fugado y argumentó que su presencia en el camping de Loreto (Corrientes) obedecía a “un retiro espiritual” para sobrellevar una discusión que había mantenido con su pareja y evadir el “asedio” de los medios de comunicación.
Al término de la audiencia, Kiczka volvió a ser trasladado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde permanece privado de su libertad desde el 31 de agosto, días después de ser capturado gracias a una vecina que lo reconoció en el camping donde se ocultaba desde antes de su desafuero.
En la misma cárcel, aunque en diferente pabellón, se encuentra su hermano Sebastián (47), imputado en el mismo expediente, aunque con pruebas que podrían agravar su acusación.
FOTO: Canal 12 – Marcos Otaño.
El -hasta hoy- diputado provincial Germán Kiczka pidió declarar ante la Justicia este jueves, trámite que se da horas antes de la sesión donde se tratará su expulsión de la Legislatura.
Según consignaron fuentes consultadas, a través de su abogado defensor, el apostoleño pidió declarar y la Justicia programó la audiencia para hoy a la mañana.
El detenido llegó al juzgado cerca de las 10, en medio de un amplio operativo de seguridad, tal y como sucedió en cada traslado.
De esta manera, Kiczka brindará su primera declaración judicial en el marco de la causa que lo tiene imputado por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La audiencia será ante el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien lleva adelante la causa que también compromete a Sebastián Kiczka, hermano del diputado, también preso en la cárcel de Cerro Azul.
En paralelo a la causa judicial, en la Legislatura hoy se tratará pedido de expulsión de Germán Kiczka luego del dictamen firmado por la comisión investigadora que se formó para analizar el caso.
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