Tras más de cinco años de investigación y en el marco de un proceso judicial que se extendió más de la cuenta por las reiteradas evasivas al llamado a declaración indagatoria del imputado, finalmente este martes se dictó el procesamiento del ex fiscal federal general Rubén González Glaría (70) por un total de seis hechos delictivos presuntamente cometidos mientras ocupaba el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación en Misiones.

Si bien la medida dictaminada es sin prisión preventiva, atento a su avanzada edad y a su estado de salud, si incluye un embargo por 10 millones de pesos y una prohibición de salida del país en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones.

Las mismas fuentes precisaron que el procesamiento de González Glaría se resolvió esta mañana y lleva la firma del juez federal José Luis Casals, quien interviene en el expediente por subrogancia legal.

En su dictamen, Casals consideró que existen los elementos suficientes para dar por acreditado seis hechos o conductas delictivas que le endilgaban al ex fiscal: exigencia de parte del sueldo a funcionaria a su cargo; amenazas a dos funcionarios judiciales; incumplimiento de las tareas asignadas como subrogante; utilización particular de un vehículo asignado para uso oficial; ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, todo ello con en carácter de autor, con el agravante de haber sido cometido mediante violencia de género y en concurso real.

A su vez, la medida dispone el sobreseimiento del procesado en relación a los hechos vinculados a malversación de caudales públicos, violación de secreto y amenazas y extorsión.

Proceso judicial

González Glaría se desempeñó como el jefe de todos los fiscales federales de Misiones desde su designación en 1993 hasta su renuncia en septiembre 2024, en medio de constantes citaciones a declaración indagatoria y luego de un pedido de desafuero formulado en su contra.

La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, a partir de una serie de denuncias que arrancaron en 2019 y que se multiplicaron con el correr de los meses posteriores.

Entre otras cosas, el ahora ex fiscal está acusado de solicitar dos tercios del sueldo a una funcionaria judicial desde 2008 hasta 2012, de hacer uso particular de una camioneta entregada como depositario judicial y destinada para uso oficial de la Fiscalía General y de emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La primera vez que fue citado a prestar declaración indagatoria fue en noviembre de 2021 y a partir de ahí su sucedieron otros siete llamados, pero evitó todos a partir de certificados médicos o recursos judiciales defensivos que retrasaron el avance del expediente. En el medio hubo juntas médicas, apelaciones y hasta pedidos de recusamiento contra el juez Casals.

La audiencia clave finalmente se concretó en octubre de 2024, dos meses después del pedido de desafuero en su contra y un mes después de la presentación de su renuncia, la cual fue aceptada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Nación con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

González Glaría compareció a la indagatoria de manera telemática y se abstuvo de declarar. La única vez que habló sobre las acusaciones en su contra fue durante una entrevista concedida a La Voz de Misiones en febrero de 2022.

En esa ocasión, el funcionario acusado afirmó que todas las acusaciones en su contra consistían en una “conspiración” armada con el objetivo de quedarse con el cargo de que ocupaba hacía casi dos décadas.

“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.

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La abogada Mónica Liliana Rodríguez (55), quien desde 2006 se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos Previsionales del IPS, afronta una causa judicial en la que está imputada por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras una denuncia vinculada a un expediente administrativo por el otorgamiento de una pensión que desde 2018 no encuentra resolución.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, la denuncia en contra de la funcionaria del Instituto de Prevención Social (IPS) fue radicada en octubre de 2023 por el letrado Víctor Luciano Gómez, quien actuó en representación de una mujer perjudicada en el trámite de la pensión que reclamaba tras el fallecimiento de su esposo, un ex empleado de Vialidad provincial. 

En su presentación, el letrado narró que el expediente administrativo tuvo su inicio en el 26 de septiembre de 2018 y nunca prosperó, pero además acusó a Rodríguez de manifestar a viva voz su “voluntad irrevocable” de no conceder el beneficio, amparándose en una presunta documentación apócrifa o irregular que habría sido presentada para acreditar la convivencia de la mujer con su esposo fallecido, lo cual la parte demandante niega.

Ante ello, Gómez consideró que las conductas de Rodríguez encuadraban en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, presentación tras lo cual el fiscal Christian Antúnez requirió formalmente la apertura de una investigación penal contra la funcionaria.

Se inicio entonces una causa penal que se actualmente tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

Cuidar la caja

Durante el proceso de la causa, el 1 de junio de 2024 declaró como testigo la diputada provincial María del Carmen Méndez Ason, quien se desempeñó como Vicepresidenta del IPS durante el período comprendido entre febrero de 2022 y diciembre de 2023.

En su declaración, según pudo averiguar LVM, la legisladora ratificó que el expediente administrativo por la pensión solicitada demostraba un retraso inusual y que ante esas circunstancias en varias oportunidades solicitó informes sobre lo sucedido a Rodríguez, aunque tampoco obtuvo respuestas.

Méndez Ason también dio fe de una discusión entre la parte denunciante y Rodríguez durante un encuentro mantenido en su propia oficina, ocasión en la cual ratificó que la funcionaria apuntada admitió que el beneficio solicitado no iba a obtener dictamen positivo porque “afectaría la economía” y que ella era quien “cuidaba la caja” del organismo.

Defensa

El siguiente acto procesal del expediente se dio el 28 de abril de 2025 y consistió en la citación a declaración indagatoria de la funcionaria acusada, donde fue imputada por los delitos denunciados.

En esa ocasión, Rodríguez aceptó declarar y se consideró inocente, negando las acusaciones y argumentando que todas sus decisiones fueron tomadas a “derecho” y conforme a “las leyes previsionales”.

También apuntó que entre Méndez Ason y la demandante existía un vínculo de amistad y dejó entrever que como respuesta iniciaría una acusación por “falsa denuncia”.

En esa misma audiencia, la funcionaria propuso a otras tres personas para que declaren como testigos en la causa y el proceso continúa instruyéndose.

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“¿Puedo ir a jugar?”, “¿Hay partido?”, “¿Se juega hoy?”, “Avisame cuando hacés el cambio”, “voy con la pelota”. Los mensajes encriptados en clave futbolera eran intercambiados entre paseros paraguayos y cuatro aduaneros que desde el martes pasado son juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas para facilitar el contrabando de mercaderías en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que Posadas con Encarnación. 

Los acusados son Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51), quienes llegaron a juicio más de siete años después del operativo que destapó un entramado de corrupción que permitía el ingreso al país de una infinidad de vehículos paraguayos repletos de mercadería de contrabando.

Todos ellos están imputados por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, mientras que Alfonso además suma otra acusación por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.

El debate oral en sus contra, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el martes pasado, instancia en la que se dio lectura al requerimiento de elevación de la causa, lo que permitió exponer parte de plexo probatorio del expediente, el cual se sustenta en un amplio contenido de escuchas telefónicas y registros de conversaciones de texto que estaban cifradas con léxico futbolístico.

Inicio

La investigación tuvo génesis el 24 de agosto de 2016, tras una denuncia radicada por el Administrador de la Aduana en aquel entonces, quien había advertido una serie de situaciones extrañas en la zona primaria aduanera, por ejemplo, vehículos paraguayos que ante su presencia abandonan el ingreso al país y retornaban hacia Encarnación.

Esa denuncia, a su vez, se conectó con un expediente abierto dos meses antes en la Justicia Federal tras el secuestro de cuatro vehículos abarrotados con cigarrillo y otros productos extranjeros que habían logrado cruzar la frontera, pero cayeron en controles de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Lo que se hizo entonces, fue identificar cada uno de los vehículos con sus respectivas patentes y revisar las cámaras de seguridad del puente internacional para determinar en qué días y horarios traspusieron el viaducto, para así delimitar al personal aduanero que pudiera estar involucrado en la maniobra.

Fueron once agentes los que quedaron bajo la lupa inicialmente. Sus comunicaciones fueron interceptadas mediante orden judicial y gracias a eso la lista de sospechosos se redujo a los cuatro hombres que hoy enfrentan un juicio oral y público en el TOF posadeño.

El tribunal y uno de los acusados conectado en forma telemática.

Escuchas

Una de las primeras escuchas incorporadas como prueba data del 28 de octubre de 2016 e involucra a Orlando Alfonso, más conocido como Kiwi. Entre las comunicaciones de ese día surge un llamado que recibió de parte de un abonado paraguayo, donde le preguntan “¿Hoy vamos a jugar un partidito?” y él responde: “Hoy no, porque estoy en salida yo”.

Ese diálogo fue tan solo el puntapié inicial para que todo el esquema de corrupción que había permitido el ingreso de mercadería de contrabando al país durante un año entero volara por los aires más tarde.

Los investigadores indagaron después en los chats de los sospechosos, descubriendo conversaciones mantenidas con múltiples ciudadanos paraguayos dedicados al cruce de productos extranjeros, diálogos que se efectuaban en léxico futbolístico como clave, donde los paseros eran los “jugadores”, los aduaneros eran los “DT” y los carriles eran las “canchas”.

Kiwi Alfonso es uno de los “DT” que aparece dando una mayor cantidad de indicaciones a sus jugadores, como así también era el blanco de la mayoría de las consultas. En una de las conversaciones que le atribuyen avisa “mañana juegan en la cancha 3” y pide que “lleven la tricota”, lo que para los fiscales de instrucción estos códigos podían ser el carril 3 donde él estaba y los $300 o $3.000 que costaba el “pase”.

De los diálogos también se apuntan hechos de coimas a integrantes de fuerzas de federales, ocultamiento de mercadería en depósitos más tarde allanados en cercanías a la Placita del Puente y algunas maniobras que se frustraron, ya sea por desinteligencias o por revisiones para disimular, entre otras revelaciones.

Después de recabar información durante un año entero, la jueza María Verónica Skanata dio la orden y el 10 de octubre de 2017 la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó el operativo que desarticuló el ardid, con la detención de los aduaneros y el allanamiento de varios inmuebles.

La fiscal Vivian Barbosa y la querellante por Arca Rossana Sienra.

Asociación ilícita

En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, el fiscal Diego Stehr acusó a los cuatro implicados de haber “montado”, “coordinado” e “integrado” una “asociación ilícita de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita” relacionada al contrabando de mercaderías sin aval aduanero.

Stehr además estimó que la organización operó desde “al menos agosto de 2016 hasta octubre de 2017” y entre sus consideraciones también señaló que el ardid no solo generó un perjuicio económico para el erario público, sino que también afectó a los comerciantes misioneros producto de la asimetría de precios que existía entre el vendedor formal y el informal.

El juicio oral continuará el lunes, a partir de las 8.30. Se prevé la culminación de la lectura de los instrumentos probatorios pendientes, para después declarar abierto el debate y dar a los imputados la oportunidad de brindar declaración indagatoria ante las partes.

El tribunal es presidido por el magistrado subrogante chaqueño Enrique Bosch e integrado por los jueces originales del TOP Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Cardozo.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Vivian Barbosa, mientras que como querellante particular en representación de Arca (ex Afip) participa la abogada Rosana Sienra.

Los imputados Alfonso yJuárez son defendidos por el letrado Ramón Camargo, en tanto que por Llorente actúa Luis Palma y por Castor Esquivel interviene Roberto Benítez. 

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