Judiciales
Liberan a ex militar condenado por lesa humanidad y fija domicilio en Misiones
Tras casi nueve años preso, Marcelo Edgardo López (70), un ex militar condenado recientemente junto al represor misionero Jorge Antonio (72) por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de San Juan, fue excarcelado por la Justicia y fijó domicilio en la zona de Itaembé Miní, en Posadas.
López fue uno de los 38 imputados que llegaron a juicio por la denominada Megacausa III, en la que se acumularon seis expedientes por hechos padecidos por 96 víctimas, de las cuales 13 se encuentra desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. En la pesquisa, además, se abordaron casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y violencia sexual.
Entre las víctimas de estos hechos investigados, aparece el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja, y justamente López aparece relacionado a esa situación.
Es que, según consta en los archivos, el nombre de López apareció en otros juicios de lesa humanidad desarrollados en esa misma provincia y fue sindicado como uno de los militares que sumarió a Gioja, que en aquel entonces era funcionario del gobernador Eloy Camus y fue preso político durante algunas semanas.
López fue detenido a mediados de 2014 en Misiones, tras lo cual fue trasladado a San Juan para enfrentar el proceso y, desde ese momento, permaneció con prisión preventiva, alojado en una celda de la Colonia Penal 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Desde allí, el viernes 30 de junio emitió sus últimas palabras antes de oír el veredicto final del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, en el marco de la denominada Megacausa III.
Últimas palabras desde la cárcel
Con auriculares conectados y a través de videoconferencia, López habló por varios minutos, desligándose de las acusaciones y criticando lo extenso de su prisión preventiva.
“Teniendo a Dios como testigo y tratando de entender mi situación, hoy con más 70 años, hace nueve que estoy procesado con prisión preventiva y en una unidad carcelaria. Claramente, en el transcurso de una década, mi salud física y psicológica se ha visto deteriorada, sin tener ningún tipo de morigeración”, comenzó.
Y continuó en tónica defensiva: “Cuando llegué a San Juan, en el 76, con sólo dos meses de haber egresado del Colegio Militar de la Nación, en la unidad RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña) me asignaron al cuidado de ganado mular y algunas tareas administrativas, tareas irrelevantes para un joven sin ninguna experiencia”.
El acusado también criticó el desempeño de la fiscalía durante el juicio y culminó su exposición alegando que “durante toda la carrera militar jamás supe encubrir y mucho menos participé de un hecho ilícito. Agradezco a Dios, que es la fuente de mi fuerza y mi verdad”.
Condena y excarcelación
De igual manera, nada pudo torcer su destino. Una semana después, el viernes 7 de julio, el TOF de San Juan, integrado por los magistrados Daniel Alberto Carelli, Gretel Diamante y María Paula Marisi, decidieron dictar fallo condenatorio para 16 de los acusados, entre ellos a López, quien recibió 10 años de prisión, y el misionero Olivera, que acumuló su tercera prisión perpetua.
El ex militar fue condenado como coautor penalmente responsable de “privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durante más de un mes” y “tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima”, en perjuicio de varias personas, entre ellas, el actual diputado peronista Gioja.
Sin embargo, nuevamente una semana después, el mismo TOF le otorgó al ex militar la excarcelación, amparado por el artículo 317, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación.
De igual manera, las autoridades le impusieron a López una serie de condicionamientos para mantener el beneficio hasta el cumplimiento total de su pena.
En ese sentido, el condenado fijó domicilio en el barrio Bicentenario de Itaembé Miní, en Posadas, de donde tendrá prohibido ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso. Tampoco podrá salir de la provincia sin permiso y bajo ningún punto de vista podrá salir del país.
Además, deberá presentarse ante la Justicia ante cada llamado y deberá abstenerse de establecer todo tipo de contacto con víctimas de la Megacausa III o con víctimas de cualquier otro proceso por crímenes de lesa humanidad, por cualquier medio y ya sea en forma directa o a través de un tercero.
Judiciales
El caso Peyer avanza con toma de testimoniales: Gularte citada como testigo
El caso Mario Peyer avanza, tanto administrativamente como judicialmente. En Caraguatay esta mañana se concretó la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que ungió a la edil Norma Gularte como intendenta interina, mientras que la Justicia continúa recabando material probatorio y en ese marco ya citó a cuatro personas a declarar en carácter de testigos, entre ellos a la flamante jefa comunal.
Las audiencias se realizarán en el trascurso de esta semana y la siguiente, instancia en la cual las personas citadas podrán contar todo lo que saben, vieron o escucharon sobre los hechos denunciados.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, entre los citados aparecen trabajadores administrativos y también concejales de Caraguatay, y, a pesar de haberlo negado públicamente, entre esos nombres figura Norma Gularte, quien fue señalada por la denunciante como una de las personas que estuvo presente en el recinto parlamentario durante uno de los episodios que la víctima narró como de acoso de parte de Peyer.
Las audiencias tendrán lugar en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, quien ya ordenó una batería de medidas probatorias para engrosar el expediente por “abuso sexual con acceso carnal” que se tramita en contra de Peyer, ahora de licencia en su cargo como intendente.
Entre las medidas dictadas se destaca una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante. El magistrado además ordenó una serie de procedimientos que ya se concretaron como, por ejemplo, allanamientos tanto en su oficina, como en su casa, además del secuestro de sus aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras que fueron remitidos para pericias al personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
También hubo una inspección ocular en las oficinas del HCD donde presuntamente ocurrieron los hechos y en los últimos días además se dispuso la elaboración de informes socioambientales y una entrevista psicológica a la denunciante.
Las mismas fuentes señalaron que se aguarda que la Policía eleve al juzgado el sumario policial con la denuncia por amenazas que la misma joven radicó el fin de semana pasado y se analiza unir ambos expedientes para que, una vez citado a prestar declaración indagatoria, Peyer responda por ambas acusaciones.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Judiciales
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
Judiciales
La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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