Judiciales
Liberan a ex militar condenado por lesa humanidad y fija domicilio en Misiones
Tras casi nueve años preso, Marcelo Edgardo López (70), un ex militar condenado recientemente junto al represor misionero Jorge Antonio (72) por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de San Juan, fue excarcelado por la Justicia y fijó domicilio en la zona de Itaembé Miní, en Posadas.
López fue uno de los 38 imputados que llegaron a juicio por la denominada Megacausa III, en la que se acumularon seis expedientes por hechos padecidos por 96 víctimas, de las cuales 13 se encuentra desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. En la pesquisa, además, se abordaron casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y violencia sexual.
Entre las víctimas de estos hechos investigados, aparece el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja, y justamente López aparece relacionado a esa situación.
Es que, según consta en los archivos, el nombre de López apareció en otros juicios de lesa humanidad desarrollados en esa misma provincia y fue sindicado como uno de los militares que sumarió a Gioja, que en aquel entonces era funcionario del gobernador Eloy Camus y fue preso político durante algunas semanas.
López fue detenido a mediados de 2014 en Misiones, tras lo cual fue trasladado a San Juan para enfrentar el proceso y, desde ese momento, permaneció con prisión preventiva, alojado en una celda de la Colonia Penal 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Desde allí, el viernes 30 de junio emitió sus últimas palabras antes de oír el veredicto final del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, en el marco de la denominada Megacausa III.
Últimas palabras desde la cárcel
Con auriculares conectados y a través de videoconferencia, López habló por varios minutos, desligándose de las acusaciones y criticando lo extenso de su prisión preventiva.
“Teniendo a Dios como testigo y tratando de entender mi situación, hoy con más 70 años, hace nueve que estoy procesado con prisión preventiva y en una unidad carcelaria. Claramente, en el transcurso de una década, mi salud física y psicológica se ha visto deteriorada, sin tener ningún tipo de morigeración”, comenzó.
Y continuó en tónica defensiva: “Cuando llegué a San Juan, en el 76, con sólo dos meses de haber egresado del Colegio Militar de la Nación, en la unidad RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña) me asignaron al cuidado de ganado mular y algunas tareas administrativas, tareas irrelevantes para un joven sin ninguna experiencia”.
El acusado también criticó el desempeño de la fiscalía durante el juicio y culminó su exposición alegando que “durante toda la carrera militar jamás supe encubrir y mucho menos participé de un hecho ilícito. Agradezco a Dios, que es la fuente de mi fuerza y mi verdad”.
Condena y excarcelación
De igual manera, nada pudo torcer su destino. Una semana después, el viernes 7 de julio, el TOF de San Juan, integrado por los magistrados Daniel Alberto Carelli, Gretel Diamante y María Paula Marisi, decidieron dictar fallo condenatorio para 16 de los acusados, entre ellos a López, quien recibió 10 años de prisión, y el misionero Olivera, que acumuló su tercera prisión perpetua.
El ex militar fue condenado como coautor penalmente responsable de “privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durante más de un mes” y “tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima”, en perjuicio de varias personas, entre ellas, el actual diputado peronista Gioja.
Sin embargo, nuevamente una semana después, el mismo TOF le otorgó al ex militar la excarcelación, amparado por el artículo 317, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación.
De igual manera, las autoridades le impusieron a López una serie de condicionamientos para mantener el beneficio hasta el cumplimiento total de su pena.
En ese sentido, el condenado fijó domicilio en el barrio Bicentenario de Itaembé Miní, en Posadas, de donde tendrá prohibido ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso. Tampoco podrá salir de la provincia sin permiso y bajo ningún punto de vista podrá salir del país.
Además, deberá presentarse ante la Justicia ante cada llamado y deberá abstenerse de establecer todo tipo de contacto con víctimas de la Megacausa III o con víctimas de cualquier otro proceso por crímenes de lesa humanidad, por cualquier medio y ya sea en forma directa o a través de un tercero.
Los cuatro detenidos por el asesinado del contratista Aldo Roque Silvero (43) en Puerto Esperanza se abstuvieron de declarar ante la Justicia y fueron imputados provisoriamente por el delito de “homicidio criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, tanto Camila Benítez (19), como su novio Alejo Johan Benjamín Winflinger (16), el supuesto “instigador” Lucas Da Costa (19) y un cuarto implicado, decidieron guardar silencio al momento de comparecer ante el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
En la misma audiencia, todos ellos fueron notificados de la investigación que se lleva adelante en sus contra, de los elementos de prueba recolectados hasta el momento y fueron imputados por el delito de “homicidio criminis causa”, calificación que podría variar conforme avance el expediente.
Tras su paso por el juzgado, los cuatro implicados volvieron a ser alojados en la celda policial donde continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de Silvero, el contratista que la semana pasada fue asesinado de 17 puñaladas en presunto caso de robo.
Según indicaron las fuentes, el adolescente detenido ahora quedó a disposición de la Justicia menores, cuyos responsables deberán decidir los próximos pasos a seguir respecto a su situación.
Cayó el presunto “instigador” y son cuatro los detenidos por el caso Silvero
Con ley sancionada, fiscal designado y acto de jura cumplimentado, la flamante Fiscalía de Ciberdelitos está lista para comenzar a funcionar a partir del 2 de enero de 2025.
La dependencia judicial, cuyo nombre oficial será “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones”, según lo establecido en la Acordada 202 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), publicada hoy en el Boletín Oficial de Misiones.
En la misma resolución se determina que la fiscalía, cuyo titular será Juan Pablo Espeche, comenzará a funcionar a partir del jueves próximo, ante lo cual “todas las causas en trámite referidas a Ciberdelitos iniciadas antes del día 2 de Enero de 2.025, que asume competencia, continuarán hasta su finalización en las fiscalías de radicación y se tramitarán de acuerdo a las disposiciones vigentes”.
La acordada del STJ además resalta otro dato importante y es que la fiscalía tendrá su oficina en un edificio ubicado sobre avenida López Torres 4881, donde tendrá turno permanente y con competencia territorial para intervenir en toda la provincia.
La nueva oficina fue presentada el lunes ante la presidenta del STJ, Rosanna Venchiaruti Sartori, y otras autoridades del máximo órgano judicial de la tierra colorada, quienes recorrieron las instalaciones que también albergará a la Procuraduría General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez.
“El Procurador subrayó que el establecimiento de esta nueva fiscalía no sólo tiene como fin garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante los delitos cibernéticos, sino también avanzar en la creación de un marco legal adecuado que permita una mejor protección de los derechos digitales de los ciudadanos”, destacaron desde el STJ.
Juan Pablo Espeche juró como titular de la Fiscalía de Ciberdelitos
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles volvió a cerrar el año con cifras récord en materia de resolución de causas, con un total 386 sentencias dictadas.
La dependencia judicial que dirige el magistrado Juan Manuel Lezcano acumuló durante el 2024 un total de 1.426 causas, con una producción de 386 sentencias, 980 resoluciones y otros 580 expedientes que se remitieron a archivo, según una estadística oficial.
“Hubo un nivel de respuesta casi inmediato del servicio de justicia y para nosotros eso es un gran orgullo”, valoró Lezcano, quien destacó la labor diaria de su equipo de trabajo integrado por secretarias, jefes de despecho y agentes judiciales.
El juez Juan Manuel Lezcano agradeció la labor diaria de todo su equipo de trabajo.
El magistrado detalló, además, que este año comprobaron una merma del 10% en el ingreso de causas y destacó la oralidad de civil y la implementación de la tecnología como herramientas clave para luchar contra la mora en los trámites.
En ese punto, destacó las nuevas funcionalidades del expediente digital; la línea contame; la mediación; y el mecanismo de denuncia digital con el que el juzgado trabaja en forma conjunta con la Policía.
De esta manera, el juzgado multifuero culmina otro año con cifras a resaltar, dado que en 2023 registró un total de 1502 causas, de las cuales un 96% fueron resueltas, independientemente del tipo de resolución dictada.
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