Judiciales
La Justicia citó a declarar a 17 policías involucrados en la protesta salarial
Exactamente cuatro semanas después de culminada la protesta policial llevada adelante durante doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas en reclamo por mejoras salariales, al menos 17 agentes, tanto activos como retirados, identificados como impulsores y partícipes de las medidas de fuerzas, comenzarán mañana a responder ante la Justicia por hechos que encuadrarían bajo las figuras de sedición, hurto y peculado, entre otros delitos.
Las indagatorias fueron solicitadas por René Casals, titular de la Fiscalía de Instrucción Seis, quien tras analizar una gran cantidad de elementos de prueba, entre ellas cámaras de vigilancia, informes periciales y el testimonio de denunciantes y testigos, estableció un listado de involucrados y de delitos presuntamente cometidos.
El pedido fue elevado al magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, quien dio lugar al planteo y libró las notificaciones correspondientes a un total de 17 uniformados, quienes deberán comparecer ante sus estrados para prestar declaración indagatoria desde mañana hasta el lunes 8 julio.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, se realizarán dos indagatorias por día y los primeros serán un agente con prestación de servicios en la comisaría Segunda de San Vicente y otro que integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América.
Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados “referentes” o “voceros” de la manifestación, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla (57) y su camarada también retirado Germán Palaveccino (46).
El listado inicial apuntaba a 15 efectivos, pero a última hora el fiscal Casals también requirió la comparecencia ante la Justicia de dos bomberos y con ello el número de implicados se elevó a 17. Se solicitó, además, informes al Servicio Penitenciario Provincial (SPP), por lo que el número de citados podría aumentar aún más de acá en adelante.
Las fuentes consultadas señalaron que, en principio, los uniformados están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.
Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.
De igual manera, las imputaciones en esta etapa revisten carácter de provisorias y todo dependerá el avance del expediente.
El acampe de 12 días
La protesta policial comenzó el 17 de mayo pasado. Eran las 3 de la madrugada cuando policías encapuchados cruzaron los primeros patrulleros frente al comando ubicado sobre la avenida Uruguay de Posadas e iniciaron una quema de cubiertas que en pocas horas se transformó en un acampe que se extendió durante doce días, cuando finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno provincial.
Fueron doce días de extrema tensión, con reuniones permanentes, acusaciones cruzadas y amenazas de aplicación del famoso protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich con uniformados federales.
Durante todos esos días de protesta, el fiscal Casals insistió una y otra vez con el uso de patrulleros para la medida de fuerza, solicitando la devolución de los rodados, aunque nunca obtuvo resultados. En los días de mayor asistencia en el acampe se alcanzaron a identificar cerca de 30 vehículos oficiales, entre ellos una autobomba.
“Robaron un patrullero y, con la cara tapada, arrojaron gomas para luego incendiarlas. Más que policías son piqueteros. Esto deslegitima cualquier tipo de reclamo. Ahora pusieron música. La situación es casi circense”, fue el resumen de la manifestación efectuado apenas iniciado el conflicto por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, en diálogo con Infobae, lo cual fue la antesala al anuncio de la denuncias radicadas.
Judiciales
Imputaron al joven detenido por el asesinato de un jubilado en Andresito
Tiene apenas 22 años, pero puede pasar gran parte del resto de su vida tras las rejas. Juan Gabriel Ramos, el joven detenido por el asesinato a fierrazos del jubilado Juan Manuel Symiuk (77) en Comandante Andresito, fue imputado por “homicidio agravado por criminis causa”, que prevé prisión perpetua.
El muchacho oriundo de Aristóbulo del Valle fue trasladado ayer hasta el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites, instancia en la que optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia, fue notificado de los elementos de prueba que hasta el momento se recolectaron en su contra y fue imputado formalmente por el delito de “homicidio agravado por criminis causa”, figura contemplada en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal argentin y que prevé prisión perpetua.
Culminado el trámite, Ramos volvió a ser trasladado a una celda policial, donde continuará detenido mientras avanza el expediente en su contra.
Fierrazos en la nuca
Ramos aparece como único sospechoso del asesinato de Syniuk, un jubilado que residía solo en una vivienda del barrio Quintas Bajas de Andresito y que entre el jueves pasado fue ultimado a fierrazos en la nuca.
Quien ahora aparece como único acusado del caso se había mudado pocos meses antes desde Aristóbulo hasta Andresito para residir junto a una tía y así entabló relación con Syniuk, que vivía en el mismo barrio.
El joven fue visto y también captado por cámaras de seguridad ese jueves a la tarde mientras regresaba de una despensa junto a la víctima. Se cree que al llegar cometió el crimen para robarle dinero al anciano, tras lo cual escapó en colectivo hacia su pueblo natal, donde finalmente fue detenido horas después.
Syniuk era padre de Marcelo Syniuk, un ex funcionario provincial y “mano derecha” del ex gobernador Maurice Closs.
Judiciales
Abren concurso para ser titular de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos
El Consejo de la Magistratura de Misiones llamó a concurso para cubrir el cargo de titular de la recientemente creada Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, que tendrá asiento en Posadas y jurisdicción en todo el territorio provincial.
De acuerdo a lo que indicó el órgano perteneciente al Poder Judicial de Misiones, los aspirantes a participar del concurso público de antecedentes y oposición para cubrir la vacante en la flamante fiscalía tienen tiempo de inscribirse desde este hoy hasta el 1 de noviembre a las 12 horas, inclusive.
“Las inscripciones a los concursos, aperturas y modificaciones de legajos se realizarán exclusivamente online a través de los formularios situados en la página oficial del Consejo de la Magistratura“, precisó el órgano judicial.
Además, el Consejo añadió que los aspirantes que tengas dudas, consultas o necesiten más información sobre la vacante pueden comunicarse a los números de teléfono 4446610, al Whatsapp 3764107561 o al correo electrónico [email protected].
Hace dos semanas, con el voto de la mayoría del Frente Renovador de la Concordia, los diputados misioneros aprobaron la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y se constituyó la figura del fiscal especializado que estará al frente de esta dependencia judicial, la cual, en rasgos generales, se abocará a la investigación, persecución y prevención de delitos cometidos por medio de aparatos tecnológicos.
Críticas de la oposición a la nueva Fiscalía de Ciberdelitos
Judiciales
Imputaron por homicidio simple a acusado de matar y enterrar a Priscila Díaz
Carlos David Del Valle (21), el joven detenido por el asesinato de Priscila Cecilia Díaz (21), la muchacha de Jardín América que fue estrangulada y luego enterrada en un pinar de Jardín América, se abstuvo de declarar ante la Justicia y fue imputado por el delito de homicidio simple.
Tal como estaba previsto, el implicado fue trasladado ayer al mediodía al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Roberto Sena.
En esa instancia, señalaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el muchacho optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
Las fuentes indicaron que en la misma audiencia Del Valle fue notificado del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
En la imputación, que es provisoria y puede modificarse conforme el avance de la pesquisa, las autoridades judiciales consideraron que no existen elementos como para incluir agravantes.
De esta manera, al menos por ahora Del Valle esquivó una acusación por femicidio, figura prevista en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal y que contempla la prisión perpetua como única pena.
El crimen
El asesinato de Priscila Díaz se descubrió el jueves de la semana pasada, cuando su cuerpo fue hallado semienterrado en un pinar del barrio Los Cedros, aunque el hecho se habría registrado el domingo previo.
Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, ese día la joven fue vista compartiendo una ronda de tragos con varios vecinos de la zona hasta que, en determinado momento, quedó a solas con Del Valle y en esas circunstancias se habría producido el ataque que terminó en muerte.
La autopsia estableció que Díaz murió como consecuencia de asfixia mecánica por comprensión, lo que equivale a decir que fue estrangulada. En su cuerpo también detectaron lesiones defensivas, lo que se condice además con los rasguños que el sospechoso presentaba al momento de ser detenido.
El cadáver de Díaz estaba desnudo al momento de su hallazgo, aunque en la necropsia no se detectaron signos ni evidencias de un abuso sexual, aunque los investigadores iban a aguardar el resultado de otros estudios complementarios y de mayor especificidad.
El caso de descubrió gracias a un testigo clave, quien la semana pasada se acercó a la comisaría local para contar que un conocido suyo había confesado el crimen de una joven y también agregó que su hermano había ayudado a enterrar el cuerpo.
Tras esta denuncia, la Policía inició averiguaciones y al poco tiempo dio con ambos sospechosos. El otro detenido es hermano de Del Valle, tiene 16 años y quedó alojado en el Cemoas, a disposición del Juzgado Correccional y de Menores local.
Díaz era madre de una niña de 3 años y sus restos fueron despedidos en el cementerio local el sábado a la mañana. Sus familiares reclaman justicia y preparan una marcha para este jueves en Jardín América.
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