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La hipótesis de psicosis puerperal, eje del segundo día del juicio a Rita

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La segunda jornada del juicio a Rita Cervantes Martínez (31), la posadeña acusada de intentar matar a su beba recién nacida y abandonarla a orillas del arroyo Mártires en 2020, continuó esta mañana con la declaración de cinco testigos, dos de los cuales se trataron de especialistas en psiquiatría y medicina que desarrollaron la hipótesis de psicosis puerperal planteada por la defensa.

La primera testigo en declarar fue Lucía Scrimini, médica psiquiatra con más de 40 años de trayectoria, con trabajos en hospitales y de forma solidaria con comunidades, con experiencia en acompañamiento en casos de parto infantil y de mujeres en estado puerperal.

Después de sortear varios inconvenientes técnicos, la profesional declaró vía videoconferencia durante más de un hora ante el Tribunal Penal Dos de Posadas y allí contó que intervino en el caso a partir de una colega que le acercó la historia de Rita en noviembre de 2022 viajó realizar una entrevista psiquiátrica con la imputada durante su alojamiento en la cárcel de mujeres.

Scrimini recordó que al comienzo de la entrevista Rita se mostró “tímida”, “sumisa” y con dificultades para expresarse, por lo cual hubo que recurrir a diversas técnicas para generar la confianza suficiente mediante las cuales lograron ahondar en su historia de vida y vincular ese pasado traumático con un proceso psicótico que la llevó a la negación absoluta de su embarazo.

“Pudimos comprender que ella llega a ese estado de negación del embarazo por una historia muy triste de su infancia, donde fue abusada desde temprana edad y hasta los 11 años por su padre, sin poder contarlo nunca”, recordó la psiquiatra.

Luego Scrimini repasó las características del embarazo experimentado por Rita, el cual no fue advertido ni siquiera por su pareja ya que en ningún momento desarrolló panza y durante los nueve meses tuvo signos de menstruación, y en ese punto admitió que la situación era difícil de comprender, aunque trazó una hipótesis basada en sus estudios y en su experiencia trabajando en casos similares.

“La única hipótesis posible es que en los niveles de negación de ella, su inconsciente produce también un inconsciente colectivo, porque si no, no se explica por qué los distintos ecógrafos no vieron el feto. Aunque esto resulte enigmático para la ciencia porque no es algo demostrable, desde nuestra experiencia hay muchos casos donde las mujeres tienen terror de tener una hija mujer por todo lo que sufrieron ellas”, desarrolló la testigo ofrecida por la defensa encabezada por las letradas Lucía Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera.

La psiquiatra Lucía Scrimini declaró durante más un hora mediante videoconferencia. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.

Scrimini avanzó en su teoría, señalando que Rita empezó “a desarrollar su brote psicótico en la medida que está acercándose el parto, que continuó durante el parto y se extendió hasta un mes entero después”.

Basada en la entrevista realizada con la imputada, la perito postuló que los años de abuso y de padecimiento en silencio durante su niñez aumentaron las posibilidades de “disociación y negación”, cuadro que avanzó de tal manera que ella en ningún momento advirtió su embarazo, sino que siempre vinculó su estado “a un malestar digestivo, de vesícula”.

La profesional además indicó que la disociación estuvo presente en todo momento, desde el embarazo hasta el mismo 5 de septiembre de 2020, cuando Rita se internó y finalmente dio a la luz.

Scrimini fundamentó esta teoría en el hecho de que la joven haya utilizado un DNI ajeno para los trámites y que al momento de dar un nombrar a su hija dio el nombre de su primer hijo. “Ella estaba instalada en el parto anterior. Su mente no estaba en la realidad”, consideró.

En la continuidad de la audiencia, y también por videoconferencia, declaró Mabel Bianco, médica con un máster en Salud Pública y especializada en enfermedades y muerte materna, quien contó que se interesó de manera solidaria en el caso de Rita y decidió intervenir.

La médica, también ofrecida como testigo por la defensa, ahondó en precisiones respecto a las características del embarazo experimentado por la imputada, sobre el cual detalló que “son los menos, pero ocurren, con una tasa de 1 cada 1.000”.

Detalló que este tipo de gravidez no desarrolla abdomen hacia adelante, sino que el crecimiento es a lo ancho, lo cual impide que la “panza de embarazada” no sea advertida a simple vista.

Agregó que esta misma condición disminuye posibilidades de sentir los movimientos del feto en el vientre materno y respecto a la menstruación afirmó que en “realidad son pérdidas periódicas asociadas a la menstruación”.

La profesional luego criticó la atención médica recibida por Rita: “A ella la dejaron en banda. Llegó en un transporte cualquiera, sola y con trabajo de parto. El hospital debería haber investigado su situación social y saber por qué Rita estaba sola en un momento así. Los servicios de salud no están preparados para mirar más allá de la parte física”.

El fiscal Vladimir Glinka y la defensora Luciana Sommer Aromí dieron ayer sus alegatos de apertura. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.

El recuerdo de una foto sin panza

En el segundo orden de testigos declararon Costanza Yudar, integrante de la Comisión de Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones (CPPTM) y dos agentes penitenciarias que cumplían funciones en el Anexo de la Alcaidía de Mujeres de la Comisaría Segunda, donde Rita fue alojada días después de ser detenida y golpeada por internas de otra seccional.

Yudar recordó que durante sus entrevistas mantenidas con la imputada Rita “nunca pudo contar qué pasó, nunca estuvo segura de lo que pasó. Me dijo que no sabía que estaba embarazada y que después fue todo negro”.

Posteriormente, tanto Yudar como Mariam Sthol, una de las penitenciarias, recordaron haber visto fotografías tomadas a Rita pocos días antes del hecho bajo pesquisa y admitieron que no se advertía el embarazo.

El debate continuará mañana con la declaración de más testigos. Rita está imputada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”, acusación que podría traducirse en una severa pena en caso de ser considerada penalmente responsable al final del proceso.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez.

En la fiscalía interviene Vladimir Glinka, quien en su alegato de apertura admitió que “es una causa difícil, no por el hecho, si no por el contexto” y sin adelantar ningún tipo de pedido o pretensión en particular agregó que “no hay que sacar conclusiones apresuradas en esta causa y se necesita la mayor objetividad posible. Yo vengo a escuchar en esta causa. La leí muchas veces y me cuesta entender. Creo que todos tenemos la misma pregunta y es por qué hizo esto. La respuesta a ello estará acá y la encontraremos en el orden de los testigos citados a declarar”.

La defensa, en tanto, encabezada por Sommer Aromí y Rodríguez de Olivera, en la primera jornada fue más directa e insistió en un cuadro de psicosis puerperal como cuestión científica de incidencia en el caso.

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Piden entre 16 y 3 años de prisión para ex gendarmes narcos misioneros en Salta

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El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.

Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.

Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.

El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado

Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.

Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.

Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.

La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.

El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.

Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes

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Remisero detenido por el femicidio de Candia se abstuvo y fue imputado

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Dulce Candia

El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.

El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.

Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.

Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.

Caso Candia: pericias se centrarán en retazos de tela, celulares y un auto

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Albañil fue condenado a 15 años de prisión por abusar de dos cuñadas menores

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albañil cuñadas

El Tribunal Penal Uno de Posadas declaró culpable al albañil paraguayo acusado de abusar sexualmente de dos cuñadas menores de edad en una casa del barrio Santa Clara II de Garupá y lo condenó a 15 años de prisión.

La sentencia contra Román Federico Agustín Melgarejo (28) fue dictada este mediodía, tras tres días de debate y luego de una ronda de alegatos en la que el fiscal Vladimir Glinka solicitó una pena de 20 años de cárcel para el imputado.

El fallo fue emitido por el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por los jueces de instrucción Ricardo Balor y Fernando Verón, ambos por subrogancia legal. El imputado fue declararon penalmente responsable de un hecho de abuso sexual con acceso carnal y una tentativa del mismo abuso, ambos agravados por la convivencia.

El abogado defensor Abel Martín Acevedo solicitó la absolución de Melgarejo por falta de mérito.

Los hechos que se ventilaron en debate ocurrieron en 2016 y 2018, aunque salieron a la luz tiempo después, cuando las víctimas, de 11 y 13 años, revelaron los abusos que padecían a manos Melgarejo, que en ese entonces era pareja de la hermana mayor de las víctimas.

Juzgan a un albañil paraguayo acusado de abusar de dos cuñadas menores

 

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