Minutos antes de las 9 de hoy, en el Tribunal Penal Uno de Oberá, comenzó el juicio oral contra Marcelo Núñez (38), el ex cacique de la comunidad mbya Tarumá Poty de San Vicente acusado de asesinar a su pareja María Solange Diniz Rabela (22), cuyo cuerpo luego fue incinerado y enterrado a metros de su casa.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2020, en plena pandemia, y en su defensa el acusado alegó que la joven falleció como consecuencia del Covid y afirmó que quemó el cuerpo por recomendación de los médicos que realizaban visitas sanitarias en la comunidad. 

Esa cuestión será el principal tema de controversia durante el debate. Por más que la autopsia no haya podido determinar la causa exacta del deceso debido al estado de carbonización total que presentaban los restos, para la Justicia hubo muerte violenta y, por ende, consideró el caso como un femicidio. 

La hipótesis se apoya en episodios previos de violencia de género que Núñez ejercía contra la víctima, además de los testimonios de los médicos intervinientes, quienes negaron haber dado la recomendación de cremar el cuerpo. 

Según la reconstrucción trazada en el requerimiento de elevación a juicio, el hecho ocurrió el 12 de abril de 2020, un día después de una jornada de asado y bebidas alcohólicas que hubo dentro de la comunidad, aunque el caso recién salió a la luz el 16 de abril, tras una denuncia radicada por el padrastro de Diniz Rabela.

Con el descubrimiento de los restos enterrados y carbonizados, la Policía reconstruyó lo sucedido en los días anteriores y se estableció que al lugar arribaron la médica Mariel Ferreyra Díaz y el enfermero Ricardo Sabal.

Los agentes sanitarios se encontraron con Núñez y constataron la muerte de la joven, aunque no procedieron al traslado del cuerpo ni realizaron ninguna otra acción porque esas labores le correspondían a un médico policial o forense. 

Al retirarse, Núñez le pidió ayuda otros paisanos para retirar el cuerpo de la vivienda y trasladarlo hasta la fosa donde incineró los restos con combustible. Ante todos ellos el acusado afirmó que la cremación del cadáver fue el consejo dado por los médicos en virtud de que el Covid era “una enfermedad contagiosa”.

Los restos quedaron carbonizados en su totalidad, lo que impidió a los forenses determinar la causa exacta del deceso, pero sí se supo que la incineración se produjo post-mortem.

Entre los testimonios recolectados también figuran vecinos y familiares de la víctima, quienes narraron antecedentes de violencia.

Una paisana, por ejemplo, recordó que “una vez yo estaba en la casa de mi abuela y María salió corriendo de su casa y mostró los dedos cortados. Él salió atrás de ella y le decía que vuelva. A veces los gritos duraban hasta una hora”.

También se tuvo en cuenta una declaración en Cámara Gesell vertida por uno de los dos hijos menores de Diniz Rabela, donde el niño reveló que “el cacique era malo para mí mamá, le daba piñas y patadas”.

La jornada de hoy

Ahora, todos esos testigos que declararon durante la instrucción de la causa deberán comparecer ante el tribunal durante la jornada de hoy. En total hay 13 personas citadas. 

Se prevé que el juicio se extenderá hasta mañana, jornada en la que se producirán los alegatos de las partes y posteriormente se dictará sentencia. El debate puede seguirse en vivo, a través de Youtube.

El cacique Marcelo Núñez, que en la comunidad era conocido como Claudio, enfrenta una acusación por femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

El tribunal encargado de llevar adelante el juicio es presidido por el magistrado Francisco Aguirre e integrado por sus pares Horacio Paniagua y Jorge Villalba.

En representación de la fiscalía interviene David Milicich, en tanto que el implicado es defendido por Jorge Horacio Zabulanez. Del proceso también forma parte un intérprete del idioma guaraní para favorecer la comunicación y garantizar el entendimiento de las partes con el imputado.

En diálogo con Emipa, el letrado que defienda al cacique sostuvo la inocencia del acusado y reclamó en la causa hubo discriminación contra Nuñez por ser integrante de la comunidad indígena.

“Él es totalmente inocente, si no hubiera sido aborigen probablemente ya estaría fuera. El abandono a las Comunidades Indígenas tiene una base institucional y racial”, planteó.

Y agregó: “Me gustaría que se haga justicia y que esta persona no siga en la cárcel porque no hay ningún elemento que pueda decir que cometió un asesinato. Sin embargo creo que aunque él salga, la situación en relación al trato y la discriminación con los indígenas no va a cambiar. Si no fuese Mbya, hubiese tenido acceso a otras cosas”.

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Estaba todo listo en el Tribunal Penal Uno de Oberá para iniciar esta mañana el debate oral contra un hombre acusado de abusos sexuales perpetrados contra una hija y una sobrina en la localidad de Arroyo del Medio, pero a último momento el implicado aceptó reconocer su culpabilidad y firmar un acuerdo de juicio abreviado por 12 años de prisión.

El imputado se trata de J. M. V. -su nombre completo se preserva para proteger la identidad de las víctimas-, quien debía ser juzgado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por la convivencia” en perjuicio de una sobrina y “abuso sexual con acceso carnal varios hechos en concurso real gravemente ultrajante y agravado por el parentesco” contra su propia hija.

Los hechos salieron a la luz en agosto de 2022 tras la denuncia radicada por la sobrina del acusado, lo cual animó a que la hija del imputado también relevara los vejámenes que venía sufriendo desde hace años.

Según consignaron fuentes de La Voz de Misiones, la denuncia que destapó el caso la joven contó que el 7 de agosto de 2022, a la madrugada, regresaba a casa junto a su tío en una motocicleta que ella conducía.

La muchacha narró que por el camino su familiar comenzó a manosearla insistentemente, hasta que la obligó a detenerse y ella aprovechó para huir hacia un monte de la zona, pero fue perseguida y al ser alcanzada se produjo la violación, tras lo cual fue amenazada de muerte.

La joven de igual manera radicó la denuncia y meses después el hombre sumó otra acusación, esta vez de parte de su hija, de 16 años en ese entonces, quien reveló que el hombre abusaba de ella desde que tenía 10 y que siempre la tuvo bajo amenazas de muerte.

Los hechos ocurrían en montes de la zona o hasta en la vivienda en la que residían, a escondidas de la madre de víctima.

Por todas estas acusaciones el hombre hoy debía sentarse en el banquillo y enfrentar al Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba.

Estaba todo listo para el inicio del debate oral, incluido los testigos que ya aguardaban en una sala de espera, pero a último momento el imputado aceptó reconocer su culpabilidad y firmar un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía.

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El Tribunal Penal Uno de Oberá fijó para los días 18 y 19 de junio las audiencias de juicio oral contra el cacique acusado de matar e incinerar los restos de su pareja en la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente en plena pandemia, contexto que utilizó como coartada, aunque las pruebas lo llevaron a ser imputado por femicidio, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua.

El crimen de María Solange Diniz Rabela (22) se cometió el 12 de abril de 2020, aunque recién fue descubierto por las autoridades entre la tarde del 16 y la madrugada del día siguiente, y el único acusado del hecho es el cacique Claudio, formalmente identificado como Marcelo Núñez, quien enfrenta cargos por “homicidio agravado por femicidio”.

El debate oral para esclarecer el caso ya había sido programado para agosto de 2024, pero la declaración de una nulidad en el requerimiento de elevación a juicio obligó a retrasar el proceso.

Subsanada esa cuestión, el expediente volvió a ser remitido al TP Uno de Oberá, cuyos autoridades ahora volvieron fijar a fecha para el inicio de las audiencias y los días elegidos para sentar a Nuñez en el banquillo de los acusados son este martes y miércoles.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, son catorce los testigos citados a comparecer ante el tribunal que estará conformado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo, este último como subrogante legal.

En representación de la fiscalía estará David Ezequiel Augusto Milicich, mientras que el acusado contará con la defensa del abogado particular Jorge Horacio Zabulanez y también se convocó a un intérprete del idioma guaraní para favorecer la comunicación y garantizar el entendimiento de las partes con el imputado.

Teoría del Covid

Diniz Rabela, que no era originaria y era madre de dos niños producto de una relación anterior, estaba en pareja con el cacique Claudio y hace unos siete meses había decidido mudarse a Tarumá Poty, comunidad ubicada a unos 30 kilómetros del casco urbano de San Vicente y donde residían otros 20 miembros en ese momento.

Hasta allí llegó la Policía el 16 de abril luego de varios pedidos de ayuda por parte de los familiares de la víctima, quienes sabían que la muchacha se encontraba sin vida desde el domingo de Pascuas (12 de abril), pero desconocían en qué circunstancias se produjo el deceso, al tiempo que desconfiaban del cacique por recientes antecedentes de maltrato hacia Diniz Rabela.

A partir de ese momento se inició una investigación que terminó develando una sombría trama detrás de la muerte de la joven.

El crimen ocurrió dentro de la comunidad Tarumá Poty, a unos 30 kilómetros del casco urbano de San Vicente.

El cacique Claudio quedó inmediatamente bajo la lupa y ante las preguntas de los investigadores trazó una curiosa coartada utilizando la pandemia como pretexto. Es que el aseguró que la muchacha falleció por Covid y que por recomendación de los médicos que visitaban la comunidad decidió cremar y sepultar el cuerpo.

“Ella tuvo fiebre y tos, como se escucha en la radio. Hicieron una acusación sobre mí, pero yo jamás le haría mal a la gente de mi aldea. Murió de enfermedad”, se oyó decir al cacique en un audio enviado durante esos días de incertidumbre a un funcionario municipal dedicado a atender cuestiones mbya en la zona, al tiempo que sobre la incineración del cuerpo agregó: “Eso yo hice por orden del médico, él me dijo que habló con el jefe de la Policía y no se podía trasladar el cuerpo a ningún lado”.

Esa misma teoría el cacique Claudio la expandió dentro de la comunidad, aunque varios habitantes del lugar luego declararon y pusieron en jaque la versión del acusado al desmentir que la cremación de los cuerpos sea un procedimiento habitual en sus creencias.

Los médicos y visitantes habituales de la aldea también declararon posteriormente en la causa judicial y negaron haberle dado esas instrucciones al cacique involucrado.

Femicidio

La pesquisa reconstruyó, en tanto, que el femicidio fue cometido ese domingo 12 de abril. Ese día el cacique incineró a su pareja y sepultó sus restos a unos 200 metros de la zona de viviendas.

Con esa información, los pesquisas recorrieron la comunidad, encontraron rastros de tierra removida y dieron con los restos óseos correspondientes a Diniz Rabela.

Los restos óseos carbonizados de la joven fueron hallados a unos 200 metros de su casa.

Según describieron las fuentes en ese momento, el cuerpo estaba totalmente carbonizado, a excepción de una mano que aún presentaba vestigios de piel y otras extremidades superiores que al no ser consumidas por el fuego fueron sepultadas por el cacique.

Debido a la acción del fuego sobre el cadáver, la autopsia no pudo establecer la causal de muerte de la víctima, aunque todos los elementos recogidos hacen presumir que la joven padeció una muerte violenta previo a la incineración de sus restos.

Además, en la vivienda del cacique involucrado los pesquisas encontraron un serrucho y dos mantas con manchas de sangre.

Ante este panorama, Núñez quedó detenido, tiempo después fue procesado con la prisión preventiva y más de cinco años después deberá sentarse en el banquillo de los acusados. En caso de ser hallado culpable, en su contra recaería una pena de prisión perpetua, que prevé 35 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Diniz Rabela en una aldea mbya

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