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Juzgan al ex prefecto Barceló por múltiples violaciones contra una subalterna

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jorge barceló

Esta mañana, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el juicio oral contra el ex subprefecto bonaerense Jorge Daniel Barceló (39), acusado de siete conductas delictivas perpetradas contra una misma subalterna, hechos que van desde hostigamiento, maltrato, amenazas coactivas, acoso laboral y hasta reiterados abusos sexuales cometidos mientras compartían horas de servicio.

Este jueves, en la primera de doce jornadas previstas en total, y con el imputado conectado de manera virtual desde el penal de Marcos Paz, el tribunal procedió a dar lectura del requerimiento de elevación de la causa, que en la etapa de instrucción fue accionada por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y dirigida por la jueza federal María Verónica Skanata.

En ese instrumento probatorio constan todas las acusaciones que pesan contra Barceló, que al momento del hecho se desempeñaba como primer jefe de la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Sipa) de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Posadas, con varios agentes designados a su cargo, entre ellos la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo, con especializaciones y condecoraciones por su labor.

Según denunció la víctima, la extensa secuencia de hechos tuvo inicio a comienzos de 2020, apenas unos meses después del arribo de Barceló, que anteriormente estaba en Quequén, provincia de Buenos Aires.

Era el 8 de febrero de 2020 cuando la joven, que además estaba en pareja en un prefecto retirado y tenía dos hijos menores, se fracturó un brazo en un accidente de tránsito y Barceló le asignó tareas a pesar de que la muchacha estaba impedida de hacerlo, ya que lo correspondiente era el otorgamiento de una licencia médica.

La situación se agravó un mes después, más precisamente el 4 de marzo, cuando el subprefecto arrimó la silla de su computadora hacia la joven y abrazándola a la altura de los hombros la “invitó a salir”.

La invitación recibió un rechazo de parte de la muchacha, ante lo cual Barceló cambió completamente de actitud y al día siguiente exigió la presentación del certificado médico por la lesión de febrero, aunque para ese entonces ya había vencido el plazo para la presentación del documento, ante lo cual incurrió en una irregularidad que le significó una sanción. 

En ese marco, el jefe comenzó con amenazas coactivas de más sanciones o de calificaciones negativas contra la joven, además de ejercer violencia psicológica, física, verbal y actos de acoso constante. Para la fiscalía todas estas acciones conforman un solo hecho y se encuadran como “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario pública y amenazas coactivas”.

El juicio se realiza en el Tribunal Oral Federal de Posadas y el acusado sigue el debate desde una celda de Marcos Paz.

Abusos

Pero eso fue tan solo el comienzo del infierno que la víctima denunció padecer de allí en adelante, con cinco hechos de abuso sexual en total, algunos en grado de tentativa, otros de tipo simple y tres violaciones consumadas, con acceso carnal.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, el primer abuso ocurrió en 2021, un día en que fue abordada en el baño de la oficina de Sipa y luego llevada a la fuerza hacia el camarote masculino, donde en primera instancia fue manoseada y luego accedida carnalmente. Incluso, la joven narró que después del hecho Barceló “se fue a hacer un mate como si nada”.

El segundo caso de abuso sucedió pocos meses después, durante un servicio que ambos prestaron en Puerto Rico y mientras se alojaban en un inmueble de la misma fuerza, que linda con el edificio de la delegación de PNA en esa localidad.

En esa ocasión, la agente fue abordada después de la ducha y nuevamente sufrió tocamientos, aunque lo peor sucedió después, cuando Barceló la convenció de dar una caminata para “charlar” sobre lo sucedido, aunque volvió a insinuarse sexualmente, recibiendo otro rechazo.

Ante ello -denunció la víctima-, el subprefecto la llevó hacia un descampado, donde la arrojó al piso y volvió a violarla, provocándole además lesiones en distintas partes del cuerpo.

El calvario de la joven se extendió durante un largo tiempo, período en el cual debió continuar compartiendo funciones con su abusador, que además era su jefe, con toda la significancia jerárquica que ello conlleva dentro de una fuerza.

Ya en 2022, en medio de tareas para el rescate de un barco hundido, el subprefecto volvió a realizar tocamientos contra la muchacha y un tiempo después consumó un último hecho abuso sexual con acceso carnal.

El Ministerio Público Fiscal es representado por Pablo Di Loreto.

Denuncia y juicio

Todo este historial de abusos fue finalmente expuesto en una denuncia que la uniformada radicó el 28 de octubre de 2022, lo cual dio inicio a una investigación que quedó manos de la fiscal federal Silvina Gutiérrez.

Barceló fue llevado a indagatoria tiempo después, el 26 de julio de 2023, instancia en la que se defendió de las acusaciones, alegando que todo consistió en una “falsa denuncia” orquestada para apartarlo de su cargo. 

Desde ese momento el implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal II de Marcos Paz, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El juicio en su contra comenzó hoy y se extenderá a lo largo de doce jornadas, aunque solo la audiencia de inicio y la audiencia de cierre serán abiertas al público, medida dispuesta para evitar la revictimización de la denunciante durante el aporte de testigos o la exhibición de pruebas que puedan herir su honor.

El tribunal encargado de llevar adelante es presidido por el magistrado Gustavo Cardozo e integrado por sus pares Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.

En representación de la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que como Defensora Pública de la Víctima participa la letrada Andreina Fossatti. El acusado es defendido por los abogados particulares Federico Tilli y Cristian Bareiro.

 

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Rechazan anular causa contra contador imputado desde 2013 por delitos fiscales

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contador obereño

El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.

El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.

En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.

Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.

Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.

Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.

Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.

La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.

Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.

En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).

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Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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crimen del penitenciario

Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.

La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.

De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.

La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.

La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

crimen del penitenciario

Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.

Crimen y sospechas

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.

 

Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana

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Crimen del penitenciario: su hermana designó abogado y declara el miércoles

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crimen del penitenciario

El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.

En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.

Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.

El caso

Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.

Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento

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