Judiciales
Juzgan al ex prefecto Barceló por múltiples violaciones contra una subalterna
Esta mañana, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el juicio oral contra el ex subprefecto bonaerense Jorge Daniel Barceló (39), acusado de siete conductas delictivas perpetradas contra una misma subalterna, hechos que van desde hostigamiento, maltrato, amenazas coactivas, acoso laboral y hasta reiterados abusos sexuales cometidos mientras compartían horas de servicio.
Este jueves, en la primera de doce jornadas previstas en total, y con el imputado conectado de manera virtual desde el penal de Marcos Paz, el tribunal procedió a dar lectura del requerimiento de elevación de la causa, que en la etapa de instrucción fue accionada por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y dirigida por la jueza federal María Verónica Skanata.
En ese instrumento probatorio constan todas las acusaciones que pesan contra Barceló, que al momento del hecho se desempeñaba como primer jefe de la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Sipa) de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Posadas, con varios agentes designados a su cargo, entre ellos la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo, con especializaciones y condecoraciones por su labor.
Según denunció la víctima, la extensa secuencia de hechos tuvo inicio a comienzos de 2020, apenas unos meses después del arribo de Barceló, que anteriormente estaba en Quequén, provincia de Buenos Aires.
Era el 8 de febrero de 2020 cuando la joven, que además estaba en pareja en un prefecto retirado y tenía dos hijos menores, se fracturó un brazo en un accidente de tránsito y Barceló le asignó tareas a pesar de que la muchacha estaba impedida de hacerlo, ya que lo correspondiente era el otorgamiento de una licencia médica.
La situación se agravó un mes después, más precisamente el 4 de marzo, cuando el subprefecto arrimó la silla de su computadora hacia la joven y abrazándola a la altura de los hombros la “invitó a salir”.
La invitación recibió un rechazo de parte de la muchacha, ante lo cual Barceló cambió completamente de actitud y al día siguiente exigió la presentación del certificado médico por la lesión de febrero, aunque para ese entonces ya había vencido el plazo para la presentación del documento, ante lo cual incurrió en una irregularidad que le significó una sanción.
En ese marco, el jefe comenzó con amenazas coactivas de más sanciones o de calificaciones negativas contra la joven, además de ejercer violencia psicológica, física, verbal y actos de acoso constante. Para la fiscalía todas estas acciones conforman un solo hecho y se encuadran como “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario pública y amenazas coactivas”.
El juicio se realiza en el Tribunal Oral Federal de Posadas y el acusado sigue el debate desde una celda de Marcos Paz.
Abusos
Pero eso fue tan solo el comienzo del infierno que la víctima denunció padecer de allí en adelante, con cinco hechos de abuso sexual en total, algunos en grado de tentativa, otros de tipo simple y tres violaciones consumadas, con acceso carnal.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, el primer abuso ocurrió en 2021, un día en que fue abordada en el baño de la oficina de Sipa y luego llevada a la fuerza hacia el camarote masculino, donde en primera instancia fue manoseada y luego accedida carnalmente. Incluso, la joven narró que después del hecho Barceló “se fue a hacer un mate como si nada”.
El segundo caso de abuso sucedió pocos meses después, durante un servicio que ambos prestaron en Puerto Rico y mientras se alojaban en un inmueble de la misma fuerza, que linda con el edificio de la delegación de PNA en esa localidad.
En esa ocasión, la agente fue abordada después de la ducha y nuevamente sufrió tocamientos, aunque lo peor sucedió después, cuando Barceló la convenció de dar una caminata para “charlar” sobre lo sucedido, aunque volvió a insinuarse sexualmente, recibiendo otro rechazo.
Ante ello -denunció la víctima-, el subprefecto la llevó hacia un descampado, donde la arrojó al piso y volvió a violarla, provocándole además lesiones en distintas partes del cuerpo.
El calvario de la joven se extendió durante un largo tiempo, período en el cual debió continuar compartiendo funciones con su abusador, que además era su jefe, con toda la significancia jerárquica que ello conlleva dentro de una fuerza.
Ya en 2022, en medio de tareas para el rescate de un barco hundido, el subprefecto volvió a realizar tocamientos contra la muchacha y un tiempo después consumó un último hecho abuso sexual con acceso carnal.
El Ministerio Público Fiscal es representado por Pablo Di Loreto.
Denuncia y juicio
Todo este historial de abusos fue finalmente expuesto en una denuncia que la uniformada radicó el 28 de octubre de 2022, lo cual dio inicio a una investigación que quedó manos de la fiscal federal Silvina Gutiérrez.
Barceló fue llevado a indagatoria tiempo después, el 26 de julio de 2023, instancia en la que se defendió de las acusaciones, alegando que todo consistió en una “falsa denuncia” orquestada para apartarlo de su cargo.
Desde ese momento el implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal II de Marcos Paz, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El juicio en su contra comenzó hoy y se extenderá a lo largo de doce jornadas, aunque solo la audiencia de inicio y la audiencia de cierre serán abiertas al público, medida dispuesta para evitar la revictimización de la denunciante durante el aporte de testigos o la exhibición de pruebas que puedan herir su honor.
El tribunal encargado de llevar adelante es presidido por el magistrado Gustavo Cardozo e integrado por sus pares Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.
En representación de la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que como Defensora Pública de la Víctima participa la letrada Andreina Fossatti. El acusado es defendido por los abogados particulares Federico Tilli y Cristian Bareiro.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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