Judiciales
Juzgan al ex prefecto Barceló por múltiples violaciones contra una subalterna
Esta mañana, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el juicio oral contra el ex subprefecto bonaerense Jorge Daniel Barceló (39), acusado de siete conductas delictivas perpetradas contra una misma subalterna, hechos que van desde hostigamiento, maltrato, amenazas coactivas, acoso laboral y hasta reiterados abusos sexuales cometidos mientras compartían horas de servicio.
Este jueves, en la primera de doce jornadas previstas en total, y con el imputado conectado de manera virtual desde el penal de Marcos Paz, el tribunal procedió a dar lectura del requerimiento de elevación de la causa, que en la etapa de instrucción fue accionada por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y dirigida por la jueza federal María Verónica Skanata.
En ese instrumento probatorio constan todas las acusaciones que pesan contra Barceló, que al momento del hecho se desempeñaba como primer jefe de la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Sipa) de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Posadas, con varios agentes designados a su cargo, entre ellos la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo, con especializaciones y condecoraciones por su labor.
Según denunció la víctima, la extensa secuencia de hechos tuvo inicio a comienzos de 2020, apenas unos meses después del arribo de Barceló, que anteriormente estaba en Quequén, provincia de Buenos Aires.
Era el 8 de febrero de 2020 cuando la joven, que además estaba en pareja en un prefecto retirado y tenía dos hijos menores, se fracturó un brazo en un accidente de tránsito y Barceló le asignó tareas a pesar de que la muchacha estaba impedida de hacerlo, ya que lo correspondiente era el otorgamiento de una licencia médica.
La situación se agravó un mes después, más precisamente el 4 de marzo, cuando el subprefecto arrimó la silla de su computadora hacia la joven y abrazándola a la altura de los hombros la “invitó a salir”.
La invitación recibió un rechazo de parte de la muchacha, ante lo cual Barceló cambió completamente de actitud y al día siguiente exigió la presentación del certificado médico por la lesión de febrero, aunque para ese entonces ya había vencido el plazo para la presentación del documento, ante lo cual incurrió en una irregularidad que le significó una sanción.
En ese marco, el jefe comenzó con amenazas coactivas de más sanciones o de calificaciones negativas contra la joven, además de ejercer violencia psicológica, física, verbal y actos de acoso constante. Para la fiscalía todas estas acciones conforman un solo hecho y se encuadran como “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario pública y amenazas coactivas”.
El juicio se realiza en el Tribunal Oral Federal de Posadas y el acusado sigue el debate desde una celda de Marcos Paz.
Abusos
Pero eso fue tan solo el comienzo del infierno que la víctima denunció padecer de allí en adelante, con cinco hechos de abuso sexual en total, algunos en grado de tentativa, otros de tipo simple y tres violaciones consumadas, con acceso carnal.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, el primer abuso ocurrió en 2021, un día en que fue abordada en el baño de la oficina de Sipa y luego llevada a la fuerza hacia el camarote masculino, donde en primera instancia fue manoseada y luego accedida carnalmente. Incluso, la joven narró que después del hecho Barceló “se fue a hacer un mate como si nada”.
El segundo caso de abuso sucedió pocos meses después, durante un servicio que ambos prestaron en Puerto Rico y mientras se alojaban en un inmueble de la misma fuerza, que linda con el edificio de la delegación de PNA en esa localidad.
En esa ocasión, la agente fue abordada después de la ducha y nuevamente sufrió tocamientos, aunque lo peor sucedió después, cuando Barceló la convenció de dar una caminata para “charlar” sobre lo sucedido, aunque volvió a insinuarse sexualmente, recibiendo otro rechazo.
Ante ello -denunció la víctima-, el subprefecto la llevó hacia un descampado, donde la arrojó al piso y volvió a violarla, provocándole además lesiones en distintas partes del cuerpo.
El calvario de la joven se extendió durante un largo tiempo, período en el cual debió continuar compartiendo funciones con su abusador, que además era su jefe, con toda la significancia jerárquica que ello conlleva dentro de una fuerza.
Ya en 2022, en medio de tareas para el rescate de un barco hundido, el subprefecto volvió a realizar tocamientos contra la muchacha y un tiempo después consumó un último hecho abuso sexual con acceso carnal.
El Ministerio Público Fiscal es representado por Pablo Di Loreto.
Denuncia y juicio
Todo este historial de abusos fue finalmente expuesto en una denuncia que la uniformada radicó el 28 de octubre de 2022, lo cual dio inicio a una investigación que quedó manos de la fiscal federal Silvina Gutiérrez.
Barceló fue llevado a indagatoria tiempo después, el 26 de julio de 2023, instancia en la que se defendió de las acusaciones, alegando que todo consistió en una “falsa denuncia” orquestada para apartarlo de su cargo.
Desde ese momento el implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal II de Marcos Paz, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El juicio en su contra comenzó hoy y se extenderá a lo largo de doce jornadas, aunque solo la audiencia de inicio y la audiencia de cierre serán abiertas al público, medida dispuesta para evitar la revictimización de la denunciante durante el aporte de testigos o la exhibición de pruebas que puedan herir su honor.
El tribunal encargado de llevar adelante es presidido por el magistrado Gustavo Cardozo e integrado por sus pares Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.
En representación de la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que como Defensora Pública de la Víctima participa la letrada Andreina Fossatti. El acusado es defendido por los abogados particulares Federico Tilli y Cristian Bareiro.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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