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Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”

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Negro Rojas

Recluido en la cárcel federal de Marcos Paz y a través de videoconferencia para evitar su traslado a la provincia, el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) comenzó a ser juzgado hoy en el marco de dos de los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos por la multiplicidad de delitos que le achacan desde al menos 2014 cuando libró una seguidilla de hechos de narcotráfico, asesinatos y amenazas de muerte a jueces. 

Es la primera vez que el hombre nacido el 6 de agosto de 1976 en Puerto Iguazú enfrenta un debate oral, dado que si bien registra una pena única de 8 años de prisión como antecedente, a esa sentencia se arribó mediante la firma de diferentes juicios abreviados. Por eso, en esta ocasión intentó aprovechar al máximo esta nueva experiencia.

“Agradezco la oportunidad de poder ser escuchado. No tengo nada que esconder. Mi declaración va a traer luz sobre muchas cosas”, adelantó apenas se le otorgó el uso de la palabra a las 9.28. Desde allí, no paró de hablar hasta pasada las 13.30. 

Repitió una y otra vez su inocencia. Lo hizo casi hasta el hartazgo de las partes y recibió varios varios llamados de atención por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, integrado circunstancialmente por los magistrados Víctor Alonso -presidente-, Fermín Amado Ceroleni y Enrique Bosch, todos de ellos otras jurisdicciones. “Ya está haciendo abuso de su derecho”, le marcó Alonso como último aviso a las 13.20. 

En este juicio Rojas enfrenta dos causas que fueron acumuladas. En una está imputado como “organizador de conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes modalidades de almacenamiento y transporte” y “homicidio agravado por criminis causa”, mientras que en el otro  expediente lo acusan como “organizador y financista del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas”.

La primera es por el asesinato de su ladero de mayor confianza: Aldo Andrés Canteros, quien fue ejecutado de cuatro balazos en un fundo de Gobernador Roca durante la tarde del 5 de agosto de 2018. La otra es por crear desde el penal de Ezeiza una organización narco transnacional a la que bautizó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual según los investigadores alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en menos de un año. 

Rojas está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz, en Buenos Aires.

Pero en el registro del iguazuense que llegó a ser el criminal más buscado de Misiones hay más antecedentes. También tiene un expediente abierto por el doble crimen mafioso de El Acuerdo perpetrado en 2014 y otro por orquestar desde la prisión un plan para asesinar al juez de esa causa (Fernando Verón) utilizando sicarios brasileños a mediados de 2020. 

Por eso, cuando esta mañana tomó la palabra declaró durante cuatro horas con un mínimo descanso de 15 minutos. Es que tenía que dar explicaciones por demasiadas cuestiones, aún cuando en este proceso sólo interesan el caso Canteros y la creación del PCF.

En su contra Rojas tiene testimonios, escuchas telefónicas, registros fílmicos y más elementos de prueba, pero él se considera “un perseguido” y promete: “Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”. 

El crimen de su ladero y el PCF

El homicidio de Canteros se registró el 5 de agosto de 2018 en su chacra ubicada en Gobernador Roca, lugar donde se almacenaban las cargas estupefacientes que eran ingresadas desde Paraguay y que luego eran enviadas tanto a Buenos Aires como a Entre Ríos. Cuando se descubrió el asesinato, la Policía se topó con 1.779 kilogramos de marihuana en una cava en la tierra. 

Según consta en el expediente, Rojas, que en ese momento llevaba más de tres años viviendo en las sombras con un pedido de captura internacional sobre la espalda por el caso de El Acuerdo, ya había sido marcado operando junto a Canteros desde marzo de 2018, aunque su detención se demoraba porque los investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaban tras sus pasos pretendían agarrarlo con una carga de estupefacientes encima.

En esas circunstancias, la hipótesis acusatoria sostiene que en esas circunstancias Rojas advirtió movimientos extraños y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de Canteros, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.

La autopsia marcó que la víctima fue ejecutada con una pistola 9 milímetros y recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

Rojas junto a Canteros, comprando carne para el asado que compartieron antes del crimen.

Rojas fue atrapado ocho días después, en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto a concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.

Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa y Diego Iglesias, este último de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio. 

Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga. 

En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.

“Soy un perseguido”

En su declaración de hoy, Rojas solo se hizo cargo de la cocaína que tenía en su poder al momento de ser detenido en La Aventura y se desligó tanto del crimen de Canteros como del PCF.

“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, afirmó Rojas, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.

En su extensa declaración, el misionero que es alcanzado por el “protocolo de gestión de presos de alto riesgo” anunciado por Patricia Bullrich, describió: “Yo estaba ahí porque había ido a buscar lo mío, que era la cocaína. Canteros trabajaba para muchos grupos de narcotráfico. Él era el aguantadero de mucha gente. Yo sé quién mató a Canteros. La jueza de Posadas lo dejó ir, estaba ahí en La Aventura. No puedo decir quién es porque está en peligro la vida de mi familia si lo hago”.

Sin poder mantener un hilo cronológico, navegando en cuestiones de otras causas y divagando por momentos en críticas hacia jueces, principalmente hacia Miguel Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado, e “hijos del poder”, Rojas además cuestionó los métodos de investigación trazada en su contra e intentó desvalorizar las escuchas telefónicas sobre las cuales se asienta gran parte de la acusación.

“Le volé la cabeza”, se oye en uno de esos audios que luego salieron a la luz, aunque el imputado se aleja de ello. “Todas las causas grandes Procunar se basan en escuchas telefónicas, es decir, de persecución. Todo eso se puede editar, falsificar. Ahora hay Inteligencia Artificial, el otro día escuché a Messi relatar un poema”, ejemplificó, punto que fue suficiente como para que el juez Alonso lo advirtiera por tercera vez y casi a los gritos por “divagar”.

Tanto los dos imputados como los tres jueces y los fiscales participaron del debate en forma telemática.

Al momento de responder preguntas, el implicado admitió no saber explicar por qué el arma utilizada para matar a Canteros apareció oculta en la casa de su ex suegro en Eldorado. “No sé, yo quisiera que me expliquen. Pudo haber sido plantada, eso ocurre con normalidad en mi provincia”, expuso, casi sin poder esquivar una de las principales pruebas que lo vinculan con el crimen que puede conducirlo a la prisión perpetua.

Rojas dividió en dos su declaración indagatoria. En la segunda parte se refirió a la causa que lo ubica como organizador y financista del PCF, delito del cual también se desligó.

“Cuando caí preso yo no tenía plata ni para el abogado. Me sostuve con plata que me mandaba mi familia. A veces no tenía ni para comer. Ese es el gran narco que pintan que soy. Pero bueno, a mi también me cocinaron los medios. Mi caso fue mediático porque yo siempre fui bocón, pero fui bocón por contar mi verdad”, lanzó.

Para Rojas, las escuchas donde se lo oye decir “graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores” no alcanzan para determinar que es él y por eso pidió pericias de análisis de voz.

Según se defiende, tampoco es él quien habla en la intervención telefónica que amenaza así: “A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve”.

De todo eso el misionero detenido en Marcos Paz deberá defenderse en el proceso cuya segunda jornada aún no tiene fecha definida. “Quisiera que me den la oportunidad de interrogar a los testigos”, pidió, aunque para ello estará su abogado, el defensor oficial federal Marco Racagni.

Pedidos de presencialidad

Justamente, tanto Racagni como Mariano Romero, defensor oficial de Campos, tuvieron marcado protagonismo en la última media hora de la extensa jornada de este lunes.

Ambos letrados cuestionaron no haber tenido la posibilidad de realizar planteos preliminares antes de que los imputados declararan y más efusivos se pusieron cuando el tribunal consideró que habían perdido la oportunidad por no haber pedido la palabra.

De igual manera, los dos abogados plantearon reservas de casación y expusieron la intención de reconsiderar la cuestión de la virtualidad de sus asistidos al argumentar que esta modalidad impide un correcto ejercicio de la defensa.

Los defensores oficiales Marco Racagni (Oberá) y Mariano Romero (Santiago del Estero) representan a Rojas y a Campos, respectivamente.

“Este mecanismo rompe la regla de la inmediatez, de ser oído y perjudica la defensa. Acá tenemos un guardarropas sin nombre que son las escuchas y yo no puedo consultar nada con mi defendido cuando es mencionado”, postuló Romero.

Racangni, apuntó en mismo sentido. “Este sistema de virtualidad se instaló en tiempos de pandemia, pero ahora ya no estamos en pandemia. Me violenta que no se me haya dado la palabra porque se pone en duda mi profesionalidad y entonces lo tengo que plantear”, afirmó.

Al momento de opinar sobre la cuestión, el fiscal auxiliar de la Procunar, Martín Uriona, señaló que la discusión sobre la presencialidad es un tema ya resuelto en instancias previas y argumentó que en el caso de Rojas la recomendación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) era reducir al máximo los traslados ante latentes peligros de fuga. 

Tras estas exposiciones, el tribunal cerró la audiencia y quedó en responder a los planteos en la próxima audiencia, la cual en principio estaba fijada para el 3 de junio, aunque habrá que reprogramarla en virtud de que el juez Bosch tiene otra audiencia ese mismo día.

@lavozdemisiones

• Lo acusan de matar a tres personas, de planificar el crimen de un juez y de montar una empresa narco inspirada en el Primer Comando Capital. Esta es la historia de Néstor Fabián “El Negro” Rojas, el criminal más peligroso de Misiones en los últimos años. #LaVozDeMisiones #TintaRoja #ElNegroRojas

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Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena

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Concepción de la Sierra bebés

Dos causas judiciales que a fines del año pasado se tradujeron en sentencias después de un extenso proceso de investigación bajo la órbita de la Justicia Federal develan los métodos, los actores y los artilugios utilizados para la entrega de niños recién nacidos en la zona sur de Misiones.

Los casos ocurrieron entre 2021 y 2022 con Concepción de la Sierra como punto neurálgico de la operación orquestada entre intermediarios, madres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y parejas dispuestas a saltearse el proceso de adopción legal.

En los expedientes no se alcanzaron a comprobar transacciones financieras como hablar de “venta de bebés”, pero sí constan acuerdos de mantenimiento y cobertura económica para alimentación, traslados y cuidados médicos para las madres durante el embarazo.

El ardid evidenciado pareciera sencillo y requiere de un intermediario que conecte las partes interesadas, una madre dispuesta a entregar a su niño y una pareja en busca de un menor.

Pero todo esto es completamente ilegal porque vulnera los derechos del niño y los adultos involucrados incurren en delitos penados por ley. 

Caso 1

El primer hecho comenzó a investigarse en diciembre de 2021. Involucró a Lourdes Edith Giménez, funcionaria en ese momento del Registro de las Personas de Concepción de la Sierra; a su esposo Pablo Fernando Lemes, secretario de Acción Social del municipio entre 2021 y 2023; y a A. A. S., una joven del pueblo cuya identidad completa se preserva para resguardar los derechos de su beba.

El nacimiento de la niña se produjo en junio de 2022 y Lemes fue anotado como su padre biológico, aunque más tarde el examen de ADN diría lo contrario y sería determinante para el avance de la causa que se tramitó ante el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata.

Cuando la maniobra quedó al descubierta, todos los implicados fueron citados a declarar. Ante la Justicia señalaron que A. A. S. trabajó como empleada doméstica de ellos y durante esa tiempo mantuvo encuentros íntimos a escondidas con Lemes, tras lo cual quedó embarazada y el hombre aceptó hacerse cargo de la niña.

“Creo que fue un error mío no haberme hecho un ADN antes de anotar a (…), confié en su mamá que yo era el padre”, se defendió Lemes en la etapa investigativa, aunque para la Justicia su versión no tuvo asidero y el expediente continuó su proceso hasta que finalmente admitió su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado.

Tanto la madre de la niña como Lemes tienen un dictamen firmado el 9 de octubre de 2025, en el que aceptan ser condenados a 3 años de prisión en suspenso como autores de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, ambos en concurso ideal. Giménez, en tanto, fue sobreseída en instancia previa.

En paralelo al accionar penal, en lo referido a la protección de la niña involucrada intervino el Juzgado Multifuero de Apóstoles, cuyas autoridades que finalmente dispusieron que la beba continúe a cargo de su madre, que después del proceso solicitó la tenencia de su hija.

Caso 2

El segundo caso tiene características similares, aunque involucra a una pareja bonaerense, quienes alcanzaron a llevarse a la niña y convivir con ella durante un tiempo hasta que el mismo juzgado multifuero activó un operativo de rescate.

Los actores en este hecho son el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez, su esposa Lorena Soledad Márquez y Y. A. F., madre de la beba que fue entregada a los bonaerenses.

La denuncia del caso fue realizada el 18 de marzo de 2022, cuando la Directora de Niñez e Infancia de Concepción de la Sierra alertó que una beba de 4 meses había sido inscripta como hija de un hombre que en realidad no era su padre, lo cual más tarde fue confirmado mediante un cotejo genético. 

Cuando el Juzgado Federal liderado por Skanata tomó cartas en el asunto descubrió que la niña había nacido a fines de 2021 en el hospital Madariaga, que su acta de nacimiento con datos falseados se había firmado en Apóstoles y que en marzo de 2022 la pareja foránea vino a la tierra colorada para llevársela.

Fue allí que se disparó un operativo de rescate que se concretó el 3 de junio, tras lo cual la niña quedó bajo la guarda de una familia preadoptiva que luego completó los trámites y en poco tiempo se transformaron en sus adoptantes legales.

En paralelo se instruyó la causa penal por la maniobra irregular, donde los involucrados esbozaron el mismo relato que en el hecho anterior.

La pareja contó que la Y. A. F. trabajó como empleada doméstica en su casa de Buenos Aires, donde Ibáñez tuvo una relación extramatrimonial con ella y allí se produjo el embarazo del que luego decidieron “hacerse cargo” porque tenían mejores “condiciones de vida”.

La diferencia es que en el medio hubo un paso más. Cuando Ibáñez anotó la hija como suya, también pretendió hacer una autorización de viaje para llevar a la niña hasta Buenos Aires sin tener problemas con controles de ruta, pero como el trámite se iba a demorar más de lo esperado decidieron que la madre de la beba también viaje con ellos para asegurar la partida.

En el medio también se develó que Lorena Márquez era prima de una ex pareja de la madre de la beba, ante lo cual ella fue considerada como la “intermediaria” que posibilitó la concreción de la maniobra.

Los tres involucrados también terminaron admitiendo sus responsabilidades en el caso y resolvieron sus situaciones penales mediante la firma de un acuerdo de juicio abreviado.

Para todos se dispuso la misma pena, 3 años de prisión en suspenso, aunque Márquez fue considerada autora de “promoción e intermediación en la alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años y participe necesaria de la Falsedad ideológica de un instrumento público”, ambos en concurso ideal, mientras que Ibáñez y Y. A. F. como autores de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, ambos en concurso ideal.

Este acuerdo ya fue homologado por el Tribunal Federal de Posadas (TOF) y transformado en sentencia el pasado 31 de octubre de 2025. El fallo también dispone que los condenados deben someterse a un régimen de conducta a cumplir estrictamente para mantener el beneficio de cumplir la pena en suspenso, es decir, sin ir a prisión.

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Imputaron por homicidio al médico que apuñaló a un gitano en Oberá

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médico homicidio gitano

La Justicia imputó por “homicidio” al médico Ernesto Omar Ramp (55), ex director del hospital de Aristóbulo del Valle, detenido desde el 26 de diciembre por apuñalar durante una pelea a un gitano cuyo fallecimiento se produjo cinco días después.

El profesional de la salud fue trasladado hoy hacia el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo del magistrado Horacio Alarcón, donde fue notificado del agravamiento de la acusación en su contra y posteriormente volvió a ser trasladado a una celda de la comisaría Segunda, donde permanece privado de su libertad.

Con el cambio de carátula, la situación de Ramp se ve más que comprometida, dado que la imputación por homicidio prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral.

Pelea y muerte

El hecho de violencia se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y dos de sus hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.

Según detallaron las fuentes, la herida le ocasionó a Marco perforación de pulmón y a pesar de los esfuerzos médicos perdió la vida en la mañana del 31 de diciembre, mientras seguía hospitalizado en Posadas.

Tras el hecho, en redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.

En paralelo, allegados al médico también iniciaron una junta de firmas para solicitar la liberación del médico que en 2023 fue candidato a intendente de Aristóbulo del Valle.

Murió el gitano apuñalado durante una discusión con el médico Ernesto Ramp

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Grooming en Garupá: el padre de una las niñas se constituyó como querellante

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grooming querellante

El padre de una de las niñas que escapó del hogar Papa Francisco de Garupá y terminó cautiva en una fábrica abandonada se constituyó como querellante particular en la causa que investiga por grooming y otros delitos a cuatro sospechosos, entre ellos un efectivo de la Policía misionera.

El requerimiento formal fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas y la solicitud fue aceptada por el magistrado Fernando Verón, en carácter subrogante legal de dicha dependencia judicial.

De esta manera, el padre de una de las víctimas, a través del abogado Roberto Oscar Oudin como querellante, podrá ser parte activa del proceso, participando de las audiencias, ofreciendo pruebas, solicitando medidas y emitiendo opinión en planteos defensivos y/o resoluciones del magistrado interviniente.

La causa continúa en trámite y tiene cuatro sospechosos imputados por “grooming”, aunque hasta el momento no se dictó prisión preventiva para ninguno. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y el policía Cristian Rolando M.(38).

Inicialmente hubo otros detenidos, el gomero Matías C. (19) y otro policía identificado como Mario Enrique M. (48), aunque ambos fueron excarcelados y aunque continúan supeditados a la causa sus respectivas defensas avanzan en los pedidos de sobreseimiento.

La hipótesis del caso es que una de las niñas del hogar Papa Francisco fue contactada por Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

La invitación se extendió hacia otra menor, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en el predio abandonado y sórdido descubierto ese 14 de octubre pasado.

Las pistas condujeron la pesquisa hacia el predio de la ex firma Envasadora Misionera en Ñu Porá, arrestaron a tres de los sospechosos y también encontraron a la niña que estaba desaparecida.

La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados, describieron las fuentes consultadas en su momento.

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