Judiciales

Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”

Publicado

hace 1 año

27/05/2024

Por

Jorge Posdeley

Jorge Posdeley
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Recluido en la cárcel federal de Marcos Paz y a través de videoconferencia para evitar su traslado a la provincia, el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) comenzó a ser juzgado hoy en el marco de dos de los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos por la multiplicidad de delitos que le achacan desde al menos 2014 cuando libró una seguidilla de hechos de narcotráfico, asesinatos y amenazas de muerte a jueces.

Es la primera vez que el hombre nacido el 6 de agosto de 1976 en Puerto Iguazú enfrenta un debate oral, dado que si bien registra una pena única de 8 años de prisión como antecedente, a esa sentencia se arribó mediante la firma de diferentes juicios abreviados. Por eso, en esta ocasión intentó aprovechar al máximo esta nueva experiencia.

“Agradezco la oportunidad de poder ser escuchado. No tengo nada que esconder. Mi declaración va a traer luz sobre muchas cosas”, adelantó apenas se le otorgó el uso de la palabra a las 9.28. Desde allí, no paró de hablar hasta pasada las 13.30.

Repitió una y otra vez su inocencia. Lo hizo casi hasta el hartazgo de las partes y recibió varios varios llamados de atención por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, integrado circunstancialmente por los magistrados Víctor Alonso -presidente-, Fermín Amado Ceroleni y Enrique Bosch, todos de ellos otras jurisdicciones. “Ya está haciendo abuso de su derecho”, le marcó Alonso como último aviso a las 13.20.

En este juicio Rojas enfrenta dos causas que fueron acumuladas. En una está imputado como “organizador de conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes modalidades de almacenamiento y transporte” y “homicidio agravado por criminis causa”, mientras que en el otro expediente lo acusan como “organizador y financista del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas”.

La primera es por el asesinato de su ladero de mayor confianza: Aldo Andrés Canteros, quien fue ejecutado de cuatro balazos en un fundo de Gobernador Roca durante la tarde del 5 de agosto de 2018. La otra es por crear desde el penal de Ezeiza una organización narco transnacional a la que bautizó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual según los investigadores alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en menos de un año.

Rojas está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz, en Buenos Aires.

Pero en el registro del iguazuense que llegó a ser el criminal más buscado de Misiones hay más antecedentes. También tiene un expediente abierto por el doble crimen mafioso de El Acuerdo perpetrado en 2014 y otro por orquestar desde la prisión un plan para asesinar al juez de esa causa (Fernando Verón) utilizando sicarios brasileños a mediados de 2020.

Por eso, cuando esta mañana tomó la palabra declaró durante cuatro horas con un mínimo descanso de 15 minutos. Es que tenía que dar explicaciones por demasiadas cuestiones, aún cuando en este proceso sólo interesan el caso Canteros y la creación del PCF.

En su contra Rojas tiene testimonios, escuchas telefónicas, registros fílmicos y más elementos de prueba, pero él se considera “un perseguido” y promete: “Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”.

El crimen de su ladero y el PCF

El homicidio de Canteros se registró el 5 de agosto de 2018 en su chacra ubicada en Gobernador Roca, lugar donde se almacenaban las cargas estupefacientes que eran ingresadas desde Paraguay y que luego eran enviadas tanto a Buenos Aires como a Entre Ríos. Cuando se descubrió el asesinato, la Policía se topó con 1.779 kilogramos de marihuana en una cava en la tierra.

Según consta en el expediente, Rojas, que en ese momento llevaba más de tres años viviendo en las sombras con un pedido de captura internacional sobre la espalda por el caso de El Acuerdo, ya había sido marcado operando junto a Canteros desde marzo de 2018, aunque su detención se demoraba porque los investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaban tras sus pasos pretendían agarrarlo con una carga de estupefacientes encima.

En esas circunstancias, la hipótesis acusatoria sostiene que en esas circunstancias Rojas advirtió movimientos extraños y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de Canteros, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.

La autopsia marcó que la víctima fue ejecutada con una pistola 9 milímetros y recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

Rojas junto a Canteros, comprando carne para el asado que compartieron antes del crimen.

Rojas fue atrapado ocho días después, en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto a concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.

Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa y Diego Iglesias, este último de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio.

Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga.

En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.

“Soy un perseguido”

En su declaración de hoy, Rojas solo se hizo cargo de la cocaína que tenía en su poder al momento de ser detenido en La Aventura y se desligó tanto del crimen de Canteros como del PCF.

“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, afirmó Rojas, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.

En su extensa declaración, el misionero que es alcanzado por el “protocolo de gestión de presos de alto riesgo” anunciado por Patricia Bullrich, describió: “Yo estaba ahí porque había ido a buscar lo mío, que era la cocaína. Canteros trabajaba para muchos grupos de narcotráfico. Él era el aguantadero de mucha gente. Yo sé quién mató a Canteros. La jueza de Posadas lo dejó ir, estaba ahí en La Aventura. No puedo decir quién es porque está en peligro la vida de mi familia si lo hago”.

Sin poder mantener un hilo cronológico, navegando en cuestiones de otras causas y divagando por momentos en críticas hacia jueces, principalmente hacia Miguel Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado, e “hijos del poder”, Rojas además cuestionó los métodos de investigación trazada en su contra e intentó desvalorizar las escuchas telefónicas sobre las cuales se asienta gran parte de la acusación.

“Le volé la cabeza”, se oye en uno de esos audios que luego salieron a la luz, aunque el imputado se aleja de ello. “Todas las causas grandes Procunar se basan en escuchas telefónicas, es decir, de persecución. Todo eso se puede editar, falsificar. Ahora hay Inteligencia Artificial, el otro día escuché a Messi relatar un poema”, ejemplificó, punto que fue suficiente como para que el juez Alonso lo advirtiera por tercera vez y casi a los gritos por “divagar”.

Tanto los dos imputados como los tres jueces y los fiscales participaron del debate en forma telemática.

Al momento de responder preguntas, el implicado admitió no saber explicar por qué el arma utilizada para matar a Canteros apareció oculta en la casa de su ex suegro en Eldorado. “No sé, yo quisiera que me expliquen. Pudo haber sido plantada, eso ocurre con normalidad en mi provincia”, expuso, casi sin poder esquivar una de las principales pruebas que lo vinculan con el crimen que puede conducirlo a la prisión perpetua.

Rojas dividió en dos su declaración indagatoria. En la segunda parte se refirió a la causa que lo ubica como organizador y financista del PCF, delito del cual también se desligó.

“Cuando caí preso yo no tenía plata ni para el abogado. Me sostuve con plata que me mandaba mi familia. A veces no tenía ni para comer. Ese es el gran narco que pintan que soy. Pero bueno, a mi también me cocinaron los medios. Mi caso fue mediático porque yo siempre fui bocón, pero fui bocón por contar mi verdad”, lanzó.

Para Rojas, las escuchas donde se lo oye decir “graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores” no alcanzan para determinar que es él y por eso pidió pericias de análisis de voz.

Según se defiende, tampoco es él quien habla en la intervención telefónica que amenaza así: “A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve”.

De todo eso el misionero detenido en Marcos Paz deberá defenderse en el proceso cuya segunda jornada aún no tiene fecha definida. “Quisiera que me den la oportunidad de interrogar a los testigos”, pidió, aunque para ello estará su abogado, el defensor oficial federal Marco Racagni.

Pedidos de presencialidad

Justamente, tanto Racagni como Mariano Romero, defensor oficial de Campos, tuvieron marcado protagonismo en la última media hora de la extensa jornada de este lunes.

Ambos letrados cuestionaron no haber tenido la posibilidad de realizar planteos preliminares antes de que los imputados declararan y más efusivos se pusieron cuando el tribunal consideró que habían perdido la oportunidad por no haber pedido la palabra.

De igual manera, los dos abogados plantearon reservas de casación y expusieron la intención de reconsiderar la cuestión de la virtualidad de sus asistidos al argumentar que esta modalidad impide un correcto ejercicio de la defensa.

Los defensores oficiales Marco Racagni (Oberá) y Mariano Romero (Santiago del Estero) representan a Rojas y a Campos, respectivamente.

“Este mecanismo rompe la regla de la inmediatez, de ser oído y perjudica la defensa. Acá tenemos un guardarropas sin nombre que son las escuchas y yo no puedo consultar nada con mi defendido cuando es mencionado”, postuló Romero.

Racangni, apuntó en mismo sentido. “Este sistema de virtualidad se instaló en tiempos de pandemia, pero ahora ya no estamos en pandemia. Me violenta que no se me haya dado la palabra porque se pone en duda mi profesionalidad y entonces lo tengo que plantear”, afirmó.

Al momento de opinar sobre la cuestión, el fiscal auxiliar de la Procunar, Martín Uriona, señaló que la discusión sobre la presencialidad es un tema ya resuelto en instancias previas y argumentó que en el caso de Rojas la recomendación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) era reducir al máximo los traslados ante latentes peligros de fuga.

Tras estas exposiciones, el tribunal cerró la audiencia y quedó en responder a los planteos en la próxima audiencia, la cual en principio estaba fijada para el 3 de junio, aunque habrá que reprogramarla en virtud de que el juez Bosch tiene otra audiencia ese mismo día.

@lavozdemisiones

• Lo acusan de matar a tres personas, de planificar el crimen de un juez y de montar una empresa narco inspirada en el Primer Comando Capital. Esta es la historia de Néstor Fabián “El Negro” Rojas, el criminal más peligroso de Misiones en los últimos años. #LaVozDeMisiones #TintaRoja #ElNegroRojas

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Sentencia por la verdad del crimen de lesa humanidad de Carlos Tereszecuk

Publicado

hace 18 horas

06/11/2025

Por

Marcelo Ameri

El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, de Resistencia, Chaco, dará a conocer el martes 11 próximo la sentencia por el derecho a la verdad en el caso del misionero Carlos Tereszecuk, secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar en 1976.

La audiencia, de carácter virtual, está prevista para las 11:00, y según publicó el sitio web de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde Tereszecuk se graduó en Trabajo Social en los años ’70, estará presidida por la jueza federal Zunilda Niremperger y será trasmitida en vivo en el aula magna de la casa de estudios.

“La sentencia por el Derecho a la Verdad, se da en el marco del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk”, informó el sitio.

Según los testimonios obrantes en la causa, el trabajador social y militante político misionero fue visto con vida por última vez a principios de noviembre de 1976, en la Jefatura de Policía de la capital chaqueña, donde fue ultimado y luego su cuerpo fue arrojado al Rio Paraná, del que, posteriormente, fue rescatado y sepultado como NN en el cementerio de la localidad correntina de Empedrado.

En su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, los familiares de Tereszecuk solicitaron a la Justicia Federal el dictado de una sentencia para reconstruir los hechos y garantizarle el derecho a la verdad de lo sucedido.

La Fiscalía acompañó el pedido de los familiares, fundado en el derecho a la verdad, tomando como base los juicios por la verdad de los años ’90 y el precedente del caso de Pablo Martinelli, un estudiante y militante político asesinado por la dictadura el mismo año que Tereszecuk y también sepultado como NN.

Militancia y desaparición

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Quiso ser sacerdote e ingresó en el Seminario de Fátima, en la provincia de Córdoba, pero al cabo de un tiempo abandonó aquellos estudios y volvió a la tierra colorada.

Como muchos de los jóvenes de su tiempo, el misionero despuntó en la militancia estudiantil y en 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social, de la Unam.

Al año siguiente, participó de la campaña electoral del Partido Autentico, y pasó a ser secretario de los diputados provinciales electos en 1975, el actual sociólogo y periodista Pablo Fernández Long y Juan El Negro Figueredo, maestro rural secuestrado por la dictadura y desaparecido desde entonces.

En 1975, Tereszecuk sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo de tareas que se infiltró en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar y se refugió en la provincia de Corrientes, donde, finalmente, fue chupado en otro operativo.

La última vez que lo vieron con vida, aquella en la Jefatura de Policía de Resistencia, los testimonios hablan de que se encontraba muy deteriorado por las torturas y que ya no podía caminar.

De acuerdo a la prueba recolectada, se puede reconstruir que Tereszecuk, fue secuestrado los primeros días del mes de noviembre de 1976, y alojado en el primer piso de la jefatura policial chaqueña que estaba acondicionado como Centro Clandestino de Detención, a cargo de la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.

Según los elementos de prueba, el misionero fue asesinado en la segunda semana de noviembre y su cuerpo arrojado al Rio Paraná, de donde fue rescatado el 15 de noviembre de 1976, en la costa de Empedrado, a 70 kilómetros aguas abajo de Resistencia, y sepultado en una tumba sin nombre.

Tereszecuk estuvo como NN hasta 2018, en que fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

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Judiciales

Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero

Publicado

hace 3 días

04/11/2025

Por

Jorge Posdeley

Tras la depuración de testigos acordada entre las partes, este martes se reanudó el juicio oral para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula (34) y gran parte de la jornada se centró sobre una pericia psicológica realizada sobre la oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42), encargada del procedimiento que culminó con el deceso de la víctima como consecuencia de fracturas de costillas que perforaron un pulmón, entre otras lesiones de consecuencias letales.

Para abordar ese informe compareció como testigo la licenciada Carolina Biele, quien explicó que la pericia a Tabarez consistió en tres encuentros donde se entrevistó con la imputada y aplicó diferentes técnicas para llevar adelante su evaluación.

Biele sostuvo que “el objetivo, más allá de confeccionar un perfil psicológico, es poder informar sobre características de personalidad que sean inherentes al hecho o que tengan alguna relación o que ayuden a explicar o resolver el hecho que se investiga”.

Con esa introducción y a consultas efectuadas por el fiscal Vladimir Glinka, la licenciada desarrolló cada punto de su informe, donde se destaca, entre otras cosas, que la oficial Tabarez presentaba indicadores de manipulación, de “imposibilidades de ponerse en el lugar del otro”, “dificultades con la figura de autoridad”, “impulsos agresivos” y “cosificación”.

Sobre la cuestión relacionada a la figura de autoridad, Biele explicó que “todo tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración y eso también da indicadores de una personalidad egocéntrica y narcisista, que no puede ser empática, que no puede soportar ciertas normas o leyes de lugares”.

El tema de la cosificación guardaría relación con el mismo tema y la testigo indicó que “consiste en el trato de uno con los demás. Si uno no puede ser empático, no puede ver al otro como persona, con sus sentimientos y emociones. Es tratar al otro como si fuera un objeto”.

La licenciada Carolina Biele fue una de las testigos clave de esta jornada.

Para Biele, todo ello constituyen “factores de riesgo” con el uso de un uniforme, en este caso de policía.

“Los factores de riesgo son todos estos indicadores: el súper yo, que no puedo frenar a los impulsos, que no puedo reflexionar, indicadores de una persona fría, que manipula, que cosifica. Una persona que está en un rol como de policía y presenta estos indicadores falla”, planteó.

Y ahondó: “Un uniforme también se relaciona con las fallas en la baja autoestima, la poca tolerancia a la frustración e inseguridades. Con una personalidad de baja autoestima, el uniforme, compensa, porque te pone en situación de poder, me hace sentir más segura, con más autoridad y puede llevar a conductas de autoritarismo”.

Entre las conclusiones del informe que ratificó esta mañana, la perita postuló que la oficial Tabarez presenta características que corresponden a una personalidad con rasgos psicopáticos y lo explicó: “La psicopatía es una forma de ser, una estructura de personalidad. Muchas personas en la sociedad tienen esta característica, son aquellas que presentan indicadores de manipulación, cosificación, de falla en la captación del sentimiento del otro, de ponerse en el lugar del otro. Muchas personas funcionan así con esos rasgos, pero el problema es que cuando esas características se suman a la falla en el control de los impulsos. Eso podría llevar a conductas desadaptativas”.

Casi sobre el final de su exposición y en respuesta a una consulta de Mario Ramírez, defensor oficial de la imputada Tabarez, la testigo Biele señaló que en su pericia “no he encontrado indicadores de emoción violenta”, aunque también aclaró que ella no estuvo presente al momento del hecho.

Sangre y alcohol

Previo a Biele, también declaró el licenciado en Criminalística Juan Carlos Maderner, quien participó de las primeras labores periciales efectuadas sobre el patrullero Toyota Hilux en la cual se realizó el traslado de Guirula y sobre el playón de la comisaría Decimotercera de Posadas, donde quedó tendido el cuerpo sin vida de la víctima durante aquella madrugada del 19 de julio de 2014 luego de ser detenido por disturbios en el motel Park.

Maderner confirmó que el hallazgo de “manchas de color escarlata similares a sangre” en la caja de la camioneta y evidencia de “transparencia de humedad del cuerpo al suelo”, lo cual está relacionado al hecho de que los policías arrojaron agua sobre Guirula en un intento de reanimación previo a constatar la muerte del detenido.

En la sala de audiencias también compareció una bioquímica que ratificó que el análisis de humor vítreo arrojó una concentración de 2,42 gramos de alcohol en sangre en Guirula, grado de intoxicación que lo ubicaría en un estado de mayor defensión.

La causa tiene un total de seis ex policías imputados. Pueden ser condenados a prisión perpetua.

El juicio

El debate continuará mañana con más testigos. El proceso se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas, con el magistrado Gregorio Busse como presidente y los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes.

La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Tabarez; Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).

Todos llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque durante el transcurso del debate cuentan con una consigna policial para garantizar que no intenten evadir el proceso.

El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon 17 testigos y tres de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.

Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.

Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.

El juicio, día a día:

Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana

Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula

Día 4: Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas

Día 5: Caso Guirula: testimoniales desistidas y cuarto intermedio hasta el martes

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Judiciales

Golpes, asfixia y abuso: la acusación que pesa contra Pedro Alejandro Núñez

Publicado

hace 4 días

03/11/2025

Por

Jorge Posdeley

Golpeada, con signos de estrangulamiento en el cuello, un bollo de papel en la boca, vías respiratorias obstruidas con cinta de embalaje y un hombre semidesnudo encima suyo. Así fue encontrada y rescatada el 5 de diciembre de 2021 una joven estudiante que fue víctima de un ataque sexual que ahora tiene al acusado frente a frente con la Justicia, en un juicio oral que se extenderá hasta la semana que viene en el Tribunal Penal Uno de Posadas.

El implicado es Pedro Alejandro Núñez (30), que al momento del hecho era estudiante de medicina en Santo Tomé y llega a juicio privado de su libertad e imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y femicidio en grado de tentativa con concurso real”, figura bajo la cual puede recibir una severa condena.

La primera audiencia comenzó hoy, poco después de las 8.30, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, formulada por la fiscal de instrucción Siete Patricia Clerici, que también encabezará la acusación durante el proceso oral.

Pedro Alejandro Núñez llega privado de su libertad al juicio.

La acusación

De ese documento se desprende que el hecho comenzó a las 4.30 del 5 de diciembre de 2021, cuando vecinos de un inquilinato ubicado sobre avenida Lavalle, casi Centenario, de Posadas, llamaron al 911 para alertar sobre ruidos, gritos y un posible caso de violencia de género en el edificio.

Los uniformados acudieron al lugar e ingresaron cuando un vecino prestó su llave para abrir el portón principal. De ahí subieron las escaleras y al llegar al monoambiente de la víctima en el tercer piso se toparon con Núñez infraganti y semidesnudo sobre la joven, por lo que fue inmediatamente fue detenido.

Según describieron los agentes involucrados en el procedimiento, la joven estaba desvanecida y con el rostro morado como consecuencia de las cintas de embalaje que le provocaron un principio de asfixia.

Los estudios médicos practicados posteriormente certificaron que la joven presentaba, además, un golpe en la cabeza, marcas de sujeción manual en el cuello y signos de abuso sexual.

En la denuncia radicada desde el hospital, la muchacha narró que esa noche cerró la puerta de su departamento sin llave y se acostó a dormir, hasta que fue sorprendida por su atacante encima suyo, a quien no llegó a verle el rostro.

La joven agregó que se resistió al ataque con tanta potencia que se orinó encima, pero en determinado momento se desvaneció y cuando despertó ya estaba la Policía en el lugar.

En su defensa, Núñez alegó que una semana antes había tenido una cita con la muchacha y sostuvo que el encuentro de esa noche había sido consentido, aunque la fiscal Clerici descartó su versión al contraponer sus dichos con las pruebas recolectadas durante la investigación.

La fiscal sostuvo que en los dispositivos de la víctima no se encontraron registros, ni conversaciones con Núñez. También valoró el testimonio de una amiga de la chica, quien señaló que el día de esa presunta cita ambas estaban estudiando en otro lugar.

La causa fue elevada a juicio en mayo de 2024 con la firma del magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

La fiscal Patricia Clerici participó de la instrucción y también está encabeza la acusación en el juicio.

El juicio

Para el debate que comenzó esta mañana están citados un total de 35 testigos, entre ellos vecinos de la víctima, los agentes policiales que participaron del operativo, médicos y peritos.

Núñez, vestido de traje, pasó frente al tribunal hoy para validar sus datos personales. Se presentó como estudiante y decidió “por el momento” abstenerse de declarar. El joven es defendido por el abogado particular Jorge Zabulanes.

Esta situación marcó el fin del carácter público de la audiencia. El paso siguiente iba ser la declaración de la víctima, quien pidió que durante su comparecencia el imputado no esté presente en la sala.

El debate continuará los días 4, 5, 6, 7, y 10 de noviembre. La jornada prevista para los alegatos y el dictado del veredicto final fue fijada para el día 11.

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso está presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado con los jueces Ricardo Balor y César Yaya como vocales subrogantes.