Judiciales
Julio López ratificó que Norma se suicidó y lo imputaron por femicidio
Julio López (38), detenido en el marco de la investigación por la muerte de su pareja Norma Maidana (40), fue trasladado hoy al Juzgado de Instrucción Dos de Posadas para una ampliación de declaración indagatoria, instancia en la que ratificó que la mujer se autolesionó con fuego para quitarse de la vida, aunque de igual manera fue formalmente imputado por femicidio y continuará tras las rejas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia se concretó esta mañana, instancia en la cual López aceptó declarar por primera vez, ya que en la primera indagatoria realizada cuando Maidana aún estaba con vida había optado por el silencia.
En ese contexto, las fuentes indicaron que el implicado ratificó la versión dada esa misma noche que la Policía intervino en el hecho, la cual apunta a que la mujer se presentó en su lugar de trabajo, en el establecimiento Mamá Chela, de Santa Inés, Garupá, donde se inició “una discusión por celos” y luego se prendió fuego a lo bonzo con intenciones suicidas.
Tras declarar, fue notificado nuevamente de los elementos de que se registran en su contra y pasó de ser imputado por “femicidio en grado de tentativa” a “femicidio”, delito que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable en un futuro juicio oral.
Las fuentes de LVM señalaron que en los pasillos del juzgado ya comenzaron a desfilar los diferentes testigos vinculados a la investigación, quienes fueron citados a prestar declaración testimoniales.
Entre ellos destaca el aporte que pudieran dar los primeros efectivos policiales que intervinieron en el caso, quienes aseguraron haber oído las últimas palabras de Maidana mientras se encontraba malherida a la espera de ser trasladada a un centro asistencial.
“Él fue. Él me hizo esto”, fue lo que oyó de parte de Maidana uno de los uniformados presentes en la escena de la hecho y lo dejó asentado en una testimonial dada en sede policial. Dicha cuestión debe ser ratificada o rectifica ante la Justicia. A partir de ahí, la declaración pasaría a conformar una prueba clave para la causa.
Mientras tanto, los investigadores judiciales aguardan también la recepción de informes criminalísticos de mayor complejidad que sirvan para esclarecer la mecánica de lo sucedido y/o despejar dudas respecto a cómo ocurrieron los hechos.
Otro punto en espera es la incorporación de pericias telefónicas a los celulares incautados.
El caso
El caso se registró el 21 de mayo a la madrugada y quien llamó a la Policía fue justamente Julio López, quien en esa instancia aseguró que la mujer llegó a su lugar de trabajo para reclamarle dinero correspondiente a una cuota alimentaria y, tras una discusión, se roció con nafta y prendió fuego con intenciones de quitarse la vida.
Julio López fue demorado y recuperó la libertad a las pocas horas, pero con el devenir de la pesquisa quedó formalmente detenido e imputado.
Al momento del hecho, estaba vigente una restricción de acercamiento para los dos y entre ambos se registraron denuncias cruzadas por hechos de violencia denunciados desde noviembre del año pasado.
Sobre el acusado, Esteban Maidana aseguró a LVM que “él dijo que mi hermana se intentó suicidar, cosa que creemos imposible porque nosotros somos cristianos y va en contra de nuestra creencia” y sostuvo que la mujer habría dicho a los policías intervinientes “que ella prendió un cigarrillo y Julio le tiró un líquido encima”.
La causa se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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