Judiciales
Juicio por Baez Sosa: declaró uno de los rugbiers sobreseídos
Este lunes 16 se realizó en el Tribunal Penal Unos de Dolores la audiencia 11 del juicio oral contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020.
Para la jornada de hoy estaban citados a declarar Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes estuvieron detenidos en un principio y después fueron sobreseídos por no hallarse pruebas en su contra, y Tomás Ítalo Colazzo- amigo de Luciano Pertossi-, que era menor de edad al momento de la muerte de Fernando y participó de la salida a Le Brique, pero nunca fue imputado en la causa.
Momentos antes de entrar a la sala a declarar, Juan Pedro Guarino habló con los medios y dijo que se presentaba para “ayudar, justicia por Fernando”.
Durante su testimonio, Guarino, que había viajado a Villa Gesel con los ocho acusados, sostuvo que “no con todos tenía una amistad íntima”, y detalló que era amigo de Luciano y Ciro Pertossi, que Blas Cinalli era amigo del colegio y que a Máximo Thomsen lo conocía de rugby, según informó el medio El Diario Ar.
Además, el ex imputado agregó un dato, que ya había sido aportado por otros testigos: “Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones”, dijo.
En la audiencia, el joven tuvo que ver videos registrados el 18 de enero del 2020, de los momentos previos a la muerte de Fernando, ocurridos adentro del boliche, y luego a la salida, donde se desencadenaron los hechos. En total, fueron cuatro las grabaciones que vio.
Según precisó el medio El Perfil, en los primeros videos Guarino no pudo identificar a nadie, sino hasta el cuarto, en el cual señaló a Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Enzo Comelli. También, en otras de las grabaciones de la pelea, reconoció a Ciro Pertossi, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz y, una vez más, Enzo Comelli.
Sobre lo ocurrido dentro de Le Brique, Guarino dijo: “Fue normal la noche, hasta que veo que cerca mío, en la barra, están discutiendo Máximo Thomsen y Matias Benicelli con uno o dos chicos”.
Y continuó: “Me enteré que era porque habían tirado un vaso. Después de eso hubo avalancha de gente, se hace una ronda gigante y veo cómo están sacando a Máximo Thomsen y a todos del boliche. Ahí es cuando yo pensé ‘no me voy a quedar solo adentro’. Nadie me sacó y me fui”.
En ese sentido, agregó que, una vez fuera del local bailable, “veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico, no sé quién era. Él cruza, yo voy a ver cómo estaba. Nos sentamos y le pregunté cómo estaba, en eso viene Ciro Pertossi y después se escucharon gritos”.
“Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer”, señaló el testigo y sobre el momento del ataque detalló: “Yo miré y vi a todos los otros y a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso. Después al otro día me enteré quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojo muchísimo y me fui”.
Posteriormente, afirmó que “se fue porque estaba cansado de la situación, habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado otras veces”, señaló y reconoció que había hablado con su madre y su novia, avisando que “si volvía a pasar se iba a volver de las vacaciones”.
Consultado por Fernando Burlando, abogado de los padres de la víctima, sobre los supuestos festejos después de la pelea, Guarino dijo “no escuchó nada”. Además, el sobreseído negó haber visto alguno de los golpes que recibió Baez Sosa.
Al terminar su declaración, Juan Pedro Guarino le dio sus condolencias a la familia de Fernando: “Nunca pude hacerlo. Quería que vean que ya no estaba en la causa y que lo mío es sincero”, dijo y confesó: “Todos los días, desde que pasó, me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”.
Luego de la declaración de Guariano fue el turno de Tomás Colazzo, que tenía 17 años en el momento del crimen. El joven se reconoció en uno de los videos recostado en una pared cómo “espectador de la pelea”, sostuvo el medio El Diario Ar.
También ubicó a Luciano Pertossi en la escena, detrás de Ciro, su hermano, e identificó a Luciano como agresor directo de Fernando.
“En un momento veo a alguien en el piso y ahí fue cuando le pongo el brazo a Máximo -Thomsen- en el pecho y lo tiro para atrás. A mí no me gusta pelear. Esto fue muy rápido, fueron segundos. Muy cerca estaba Ciro. Hago eso y Máximo me mira, y ve que era yo, pero no puedo recordar si siguió pegando o terminó ahí”, manifestó Colazzo.
Además, contó que conocía a Luciano porque iban a la misma escuela y que el día del hecho había chateado con él y quedó en sumarse al grupo para ir primero a una previa y luego a Le Brique. Reconoció que conoce a los ocho imputados y dijo que “son buenos chicos”.
Por último, sobre la declaración del segundo imputado y luego sobreseído, Alejo Milanesi, se supo que el abogado querellante, Fernando Burlando, pidió prescindir de su testimonio.
Mientras que Milanesi, momentos antes de entrar al Tribunal Penal Uno de Dolores, dijo a la prensa: “Vengo a declarar para que se haga justicia”.
Foto: Telam
El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.
La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.
En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.
El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).
Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.
“Sometimiento sin defensa”
El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.
Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.
Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.
“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.
En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.
Filmaciones
El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.
Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.
“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.
En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.
Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.
En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.
“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.
Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.
El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra.
Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.
Fuga, choque y muerte
El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.
Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
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