Judiciales
Hoy se define el futuro de los hermanos Germán y Sebastián Kiczka
Este miércoles, a partir de las 8.30, se comenzará a definir el futuro de los hermanos Germán (47) y Sebastián Kiczka (49), imputados en una causa por “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos” y juzgados desde el 31 de marzo en un debate oral que acapara la atención del país.
Después de once audiencias y la declaración de 53 testigos, entre policías, peritos informáticos, psicólogos, consultores técnicos, familiares directos y hasta políticos como Pedro Puerta, quienes en su mayoría ratificaron todo el contenido del expediente, hoy será el turno de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales para que luego el tribunal dicte su veredicto.
Se prevé que los primeros en exponer sean los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, quienes ya adelantaron que durante el proceso lograron acreditar su “teoría del caso”, ante lo cual se decanta que solicitarán una sentencia condenatoria contra ambos imputados.
“Llegó el momento de la verdad, tenemos una gran cantidad de pruebas perfectamente auditables para que vean que fue un proceso transparente y cristalino”, había adelantado Rau en su alegato de apertura y en esa misma ocasión sentenció: “Les vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”.
Los fiscales Martín Rau -a la derecha- y Vladimir Glinka expondrán en primer turno.
En segundo término alegarán las defensas. Gonzalo De Paula actúa como abogado del ex diputado Germán Kiczka, mientras que el equipo integrado por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga representan los intereses de Sebastián Kiczka.
En sus alegatos iniciales, De Paula insistió en la inocencia del ex legislador que fue desaforado como consecuencia de esta investigación, en tanto que la defensa de Sebastián buscará demostrar que el imputado sufre un trastorno de salud mental que requiere una medida de seguridad como una internación y no una pena de prisión.
Después de ello, habrá un tiempo destinado para la etapa de réplicas y dúplicas, para que recién allí el tribunal disponga un cuarto intermedio hasta regresar al reciento de debate con el veredicto alcanzado.
El juicio se realiza en el SUM del Palacio de Justicia y el proceso está a cargo del Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por los magistrados Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).
La audiencia será la segunda en realizarse de manera pública, dado que las jornadas destinadas a la recepción de testimoniales se efectuaron a puertas cerradas por tratarse de una causa que trata delitos contra la integridad sexual.
Los jueces Gustavo Bernie -al centro-, Viviana Cukla y César Yaya deberán emitir su veredicto tras los alegatos.
La palabra de los hermanos
Durante el transcurso de las audiencias ambos imputados hicieron uso de la palabra. Germán Kiczka solicitó declarar en dos oportunidades, aunque en ninguna aceptó contestar preguntas.
Ante el tribunal el ex diputado se declaró inocente y atribuyó todas las responsabilidades del caso a su hermano Sebastián, quien en concordancia a lo que parece ser la estrategia defensiva de ambos admitió las acusaciones que pesan en su contra, aunque alegó desconocer que el consumo de archivos Masi constituían un delito.
A los hermanos se los acusa de poseer, facilitar y distribuir 913 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia. En su defensa, Germán afirmó que los aparatos informáticos incautados con archivos Masi eran utilizados por su hermano, por ende, se declaró inocente e insistió en una “persecución política” en su contra.
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Sebastián fue más conciso. Ya en su primera declaración se hizo cargo de todo e incluso le pidió perdón a su hermano. Cuando volvió a pedir la palabra el último lunes agregó que no sabía que era ilegal ver contenidos de este tipo, aunque en pocos segundos se contradijo, ya que después señaló que al usar la computadora de su hermano intentó “borrar” los archivos para “no dejar pistas”.
Los dos se encuentran detenidos desde hace más de 200 días en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. Allí fueron alojados tras sus respectivas detenciones. Germán fue atrapado en un camping de la localidad correntina de Loreto, mientras que Sebastián fue interceptado casi como un linyera en Concepción de la Sierra.
VIVO. POSADAS. Dos autos chocaron, uno volcó frente a la escuela de Robótica https://t.co/J2EJLul15y
— La Voz de Misiones (@lavozdmisiones) April 16, 2025
Fiscales del caso Kiczka: “Demostraremos que hay una conducta criminal grave”
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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