Judiciales
Hoy se define el futuro de los hermanos Germán y Sebastián Kiczka
Este miércoles, a partir de las 8.30, se comenzará a definir el futuro de los hermanos Germán (47) y Sebastián Kiczka (49), imputados en una causa por “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos” y juzgados desde el 31 de marzo en un debate oral que acapara la atención del país.
Después de once audiencias y la declaración de 53 testigos, entre policías, peritos informáticos, psicólogos, consultores técnicos, familiares directos y hasta políticos como Pedro Puerta, quienes en su mayoría ratificaron todo el contenido del expediente, hoy será el turno de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales para que luego el tribunal dicte su veredicto.
Se prevé que los primeros en exponer sean los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, quienes ya adelantaron que durante el proceso lograron acreditar su “teoría del caso”, ante lo cual se decanta que solicitarán una sentencia condenatoria contra ambos imputados.
“Llegó el momento de la verdad, tenemos una gran cantidad de pruebas perfectamente auditables para que vean que fue un proceso transparente y cristalino”, había adelantado Rau en su alegato de apertura y en esa misma ocasión sentenció: “Les vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”.
Los fiscales Martín Rau -a la derecha- y Vladimir Glinka expondrán en primer turno.
En segundo término alegarán las defensas. Gonzalo De Paula actúa como abogado del ex diputado Germán Kiczka, mientras que el equipo integrado por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga representan los intereses de Sebastián Kiczka.
En sus alegatos iniciales, De Paula insistió en la inocencia del ex legislador que fue desaforado como consecuencia de esta investigación, en tanto que la defensa de Sebastián buscará demostrar que el imputado sufre un trastorno de salud mental que requiere una medida de seguridad como una internación y no una pena de prisión.
Después de ello, habrá un tiempo destinado para la etapa de réplicas y dúplicas, para que recién allí el tribunal disponga un cuarto intermedio hasta regresar al reciento de debate con el veredicto alcanzado.
El juicio se realiza en el SUM del Palacio de Justicia y el proceso está a cargo del Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por los magistrados Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).
La audiencia será la segunda en realizarse de manera pública, dado que las jornadas destinadas a la recepción de testimoniales se efectuaron a puertas cerradas por tratarse de una causa que trata delitos contra la integridad sexual.
Los jueces Gustavo Bernie -al centro-, Viviana Cukla y César Yaya deberán emitir su veredicto tras los alegatos.
La palabra de los hermanos
Durante el transcurso de las audiencias ambos imputados hicieron uso de la palabra. Germán Kiczka solicitó declarar en dos oportunidades, aunque en ninguna aceptó contestar preguntas.
Ante el tribunal el ex diputado se declaró inocente y atribuyó todas las responsabilidades del caso a su hermano Sebastián, quien en concordancia a lo que parece ser la estrategia defensiva de ambos admitió las acusaciones que pesan en su contra, aunque alegó desconocer que el consumo de archivos Masi constituían un delito.
A los hermanos se los acusa de poseer, facilitar y distribuir 913 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia. En su defensa, Germán afirmó que los aparatos informáticos incautados con archivos Masi eran utilizados por su hermano, por ende, se declaró inocente e insistió en una “persecución política” en su contra.
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Sebastián fue más conciso. Ya en su primera declaración se hizo cargo de todo e incluso le pidió perdón a su hermano. Cuando volvió a pedir la palabra el último lunes agregó que no sabía que era ilegal ver contenidos de este tipo, aunque en pocos segundos se contradijo, ya que después señaló que al usar la computadora de su hermano intentó “borrar” los archivos para “no dejar pistas”.
Los dos se encuentran detenidos desde hace más de 200 días en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. Allí fueron alojados tras sus respectivas detenciones. Germán fue atrapado en un camping de la localidad correntina de Loreto, mientras que Sebastián fue interceptado casi como un linyera en Concepción de la Sierra.
VIVO. POSADAS. Dos autos chocaron, uno volcó frente a la escuela de Robótica https://t.co/J2EJLul15y
— La Voz de Misiones (@lavozdmisiones) April 16, 2025
Fiscales del caso Kiczka: “Demostraremos que hay una conducta criminal grave”
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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