Judiciales
Fue condenado por golpear y obligar a mendigar a una misionera en Buenos Aires
Un joven bonaerense fue condenado a la pena de 4 años de prisión tras ser declarado responsable del delito de “reducción a la servidumbre” perpetrado contra una misionera a quien contactó a través de Facebook y la sedujo hasta lograr que viajara a Buenos Aires, donde la sometió a una trama de violencia de género que incluyó obligarla a mendigar dinero en la calle, además de encierros, golpes y amenazas.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir La Voz de Misiones, la historia comenzó en diciembre de 2020, cuando una joven obereña comenzó a interactuar por Facebook con un hombre oriundo de Buenos Aires. El implicado fue identificado como Cristian Diego Sánchez (23), domiciliado en González Catán.
Ese vínculo virtual se afianzó con el correr de las semanas. Los contactos eran cada vez más asiduos y en un momento decidieron iniciar una relación amorosa, para lo cual el implicado prometió viajar hasta Misiones para convivir con la muchacha, aunque para ello pidió que primero ella viaje hasta Buenos Aires para luego regresar juntos hacia la tierra colorada.
En su declaración vertida en Cámara Gesell, la muchacha contó que viajó junto a hijo de 4 años y que al llegar a Buenos Aires se instalaron en la casa familiar del hombre y al principio todo parecía transcurrir normalmente.
Sin embargo, con el tiempo todo cambio. Sánchez se tornó violento, la despojó de su teléfono celular para impedir que mantuviera contacto con otras personas y la obligó a salir a la calle a pedir limosnas o vender elementos aparentemente robados.
En esas circunstancias la joven vivió desde el 9 de enero hasta el 11 de marzo de 2021, cuando aprovechó un descuido del hombre y huyó junto a su pequeño de la vivienda en la que se encontraba en González Catán.
La víctima narró que en uno de los últimos episodios de violencia recibió dos patadas y un fierrazo en la cintura, en tanto que en otra ocasión el hombre la encerró y comenzó a arrojarle trozos de colchón en llamadas para quemar la habitación donde ella se encontraba.
La joven agregó que durante ese tiempo, además, el hombre había escondido los documentos de su hijo para evitar que ambos escapen y cuando ella no estaba obligaba a que el niño quedase encerrado.
Cuando decidió escapar y regresar a Oberá, la joven estaba cursando un embarazo de ocho semanas. Sánchez se enteró de ello y solicitó conocer a su hijo cuando éste naciera.
Allí, a pesar de la denuncia que ya registraba en su contra, el hombre viajó a Oberá y retomó la relación con la muchacha, aunque la Policía Federal Argentina (PFA) ya estaba tras sus pasos luego de que la Justicia interviniente recolecte toda la información que acreditara los hechos cometidos previamente.
Por ejemplo, en su casa de González Catán, incautaron el pasaje de colectivos a nombre de la víctima desde Oberá hasta San Justo en enero de 2021 y también recolectaron testimonios de vecinos que acusaron a Sánchez de hacer a mendigar a todas las parejas que tuvo.
La detención del hombre se concretó el 8 de junio en Oberá, tras un procedimiento de la División Triple Frontera de la PFA. De allí fue trasladado a Buenos Aires, donde fue procesado penalmente, quedó detenido y ahora fue condenado tras la firma de un acuerdo de juicio abreviado.
Según pudo establecer LVM, Sánchez fue condenado por el Tribunal Oral Federal de San Martín Dos a la pena de 4 años de prisión al ser declarado autor del delito de “reducción a la servidumbre”, previsto por los artículos 45 y 140 del Código Penal de la Nación.
“En el caso, ha quedado probado que la víctima, vulnerable por su condición de mujer, madre joven, de bajos recursos económicos y escasa instrucción, oriunda de otra provincia, fue sometida por el encausado, con quien mantenía un vínculo amoroso signado por un claro e inequívoco contexto de violencia de género, lo que facilitó las condiciones para que aquél la obligara a mendigar y a vender diversos artículos -algunos inclusive, de su propiedad-, y entregarle los frutos de dichas actividades”, refleja la fiscalía en el fallo firmado.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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