Judiciales
Fiscales del caso Kiczka: “Demostraremos que hay una conducta criminal grave”

“Vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”, aseveró el fiscal Martín Rau apenas empezó a desandar su alegato de apertura hoy, en la primera jornada del juicio oral en contra del ex diputado provincial Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián (47), imputados por delitos de tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
Los hermanos ingresaron a la sala especialmente acondicionada para la ocasión en el SUM del Palacio de Justicia a las 8.35, apenas cinco minutos después del horario establecido para el inicio del proceso calificado como histórico al tratarse de la primera causa por archivos Masi que llega a instancia de juicio oral en la provincia.
Para ese entonces, el recinto ya estaba repleto, entre periodistas, fotógrafos, corresponsales de medios porteños, funcionarios judiciales, agentes policiales, estudiantes universitarios y público en general que ocuparon la totalidad de las sillas dispuestas en la sala.
Una catarata de flashes se disparó contra los imputados, quienes no eran registrados públicamente desde aquel 1 de septiembre de 2024, cuando fueron filmados a las risas durante una visita familiar que recibieron en la comisaría Segunda de Apóstoles, lugar en el que permanecieron menos de 24 horas, ya después de ello fueron trasladados a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde ya acumularon más de 200 días detenidos.
A las risas también se presentó hoy Germán en la sala. Escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y esposado, pero su primera reacción fue sonreír ante las avalancha de cámaras. Distinto fue el semblante de Sebastián, que con mirada fija ocupó su lugar sin ninguna otra mueca y permaneció inmóvil durante un largo tiempo.
Con todas las partes presentes, el juez Gustavo Bernie, presidente del Tribunal Penal Uno de Posadas, dio pie a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, cuyo proceso abarcó tres de las cinco horas que duró esta primera audiencia.
El documento revela la complejidad, magnitud y gravedad de lo investigado. De allí se desprende toda la acusación que recae sobre los hermanos Kiczka.

El ex diputado Germán Kiczka se mostró distendido en cada impasse de la audiencia.
“Son chicos muy chicos”
El requerimiento fue formulado por Silvia Barronis, titular de la Fiscalía de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien en base a todos los elementos de prueba recolectados durante la pesquisa consideró que el ex diputado provincial debe responder en juicio por la tenencia y distribución de un total de 913 archivos Masi encontrados en diversos dispositivos informáticos que eran de su propiedad.
En la resolución además se repasa la cronología completa de la investigación trazada entre febrero y diciembre del año pasado, como así también el “mapa” informático, con todas las aplicaciones, descargas, carpetas, subcarpetas, rutas y chats que se rastrearon en laboratorio digital para encontrar cada uno de los archivos que exhiben niños, niñas y adolescentes siendo víctimas de abuso.
“No es necesario hacer una escala de Tanner sobre los niños que se ven en los videos. Es fácil advertir la edad de esos niños y son claramente menores. Son muy, muy chicos, criaturas de cerca de dos años. Ustedes van a ver la prueba por sí mismos”, ahondó el fiscal Rau durante su alegato, anticipando el contenido que en el transcurso del proceso exhibirán ante el tribunal en audiencias que, a partir de ahora, se desarrollarán a puertas cerradas justamente por el tenor de las imágenes al que hacen referencia.
“Es un material que a mí en lo personal me dolió en el alma, es fuerte. Son menores, no hay una sobre actuación y no son solo videitos, acá hay niños vulnerados”, afirmó, a modo respuesta a las consideraciones efectuadas desde la defensa de los imputados en declaraciones previas al juicio que tiene previsto culminar el 16 de abril.

Los fiscales Glinka y Rau están encargados de la acusación.
Tanto Rau como el fiscal adjunto Vladimir Glinka prometieron, además, dejar en claro que el expediente no persigue ningún interés político. “Llegó el momento de la verdad, tenemos una gran cantidad de pruebas perfectamente auditables para que vean que fue un proceso transparente y cristalino”, aseguró Rau y sentenció: “Les vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”.
A su turno, Glinka se adelantó a la defensa, trazó tres posibles escenarios estratégicos que los abogados Eduardo Paredes (por Sebastián) y Gonzalo De Paula (por Germán) podrían desarrollar y los desacreditó uno por uno.
Según el razonamiento del fiscal, las defensas podrían alegar sobre la carga mediática que tuvo la causa, como así también denunciar un posible perseguimiento político o, incluso, derivar toda la responsabilidad del caso a Sebastián, sobre quien arguyen una “desviación” que requiere tratamiento de salud mental.
“Debo darles estas advertencias porque ellos van a tratar de engañarlos. Ellos tratarán de confundirlos y cambiar víctimas por victimarios”, dirigió Glinka al tribunal al cerrar una exposición que duró pocos segundos menos de los 13 minutos cronometrados que prometió.
Defensas
La audiencia continuó el alegato de apertura de los abogados defensores. Eduardo Paredes, que representa a Sebastián Kiczka, a quien además se le acusa de un abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente.
Paredes adujo que los materiales encontrados en los aparatos de su defendido están probados e incluso el acusado lo admite, pero superpone una cuestión de salud mental: una “desviación”, una “parafilia”. El abuso prácticamente lo descarta.
“Lo de Sebastián no es un problema de prueba, es un problema de culpabilidad. Sería un error aplicar una pena y no una medida de seguridad”, expresó, considerando como alternativa la aplicación de una “internación obligatoria para tratamiento de salud mental con control del Estado”.

Sebastián Kiczka, atento a la audiencia. En la otra punta, su hermano Germán.
Gonzalo De Paula, por su parte, en una breve exposición, afirmó que el caso de Germán se reduce a un consumo pornográfico, alegando que su defendido desconocía gran parte de los contenidos descargados. “Era una búsqueda a ciegas, como lo dijo en su indagatoria. Acá no hubo distribución, ni facilitación”, agregó.
El letrado también desligó a Germán Kiczka de la notebook Acer incautada en la casa de su padre, aparato donde se halló gran parte del material probatorio. “Desde 2019 que ya no residía en ese lugar”, argumentó.
Pedro Puerta
Culminado los alegatos, entre las cuestiones preliminares a resolver antes de avanzar con el proceso la fiscalía insistió en la citación del diputado Pedro Puerta como testigo en la causa.
El legislador provincial aparece en el listado de 67 testigos admitidos por el tribunal, pero poco antes del inicio del juicio las defensas trabaron un recurso buscando frenar la convocatoria de Puerta al proceso, como así también de otras dos personas citadas para prestar declaración testimonial.
La controversia que se daba en los papeles se replicó hoy en la oralidad, ya que las partes no arribaron a un acuerdo y ahora se aguarda que el tribunal resuelva la cuestión.
“Tenemos alguna serie de mensajes intercambiados con algunos de los imputados y queremos que nos explique sobre eso. Él está como testigo”, explicó ante la prensa Rau una vez culminada la audiencia.
Juicio a los Kiczka: archivos Masi y el paradigma de la evidencia digital
Judiciales
Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

El actual intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, fue citado por la Justicia para declarar en la causa que lo investiga por “usurpación de tierras y amenazas” contra los hermanos Julio y Germán Llanos.
La primera citación a declaración indagatoria fue en diciembre pasado, cuando Núñez decidió abstenerse. En tanto, la próxima audiencia está prevista para el viernes 19 de septiembre a las 10 en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
Consultado por La Voz de Misiones, el abogado de los denunciantes, Maximiliano Medina, aclaró que aún queda pendiente la citación por otro caso en el que se lo acusa por “falsificación de instrumentos públicos”, en referencia a un boleto de compraventa, fechado en 2013 y presentado por Núñez en la Municipalidad de Colonia Polana.
Según los hermanos Llanos, ese fue el documento con el que Núñez había iniciado la toma de las 107 hectáreas que se encontraban a nombre de Julio César Llanos (padre) y cuya firma fue sometida a pericias caligráficas por parte de los denunciantes, que determinaron que era falsa.
Al respecto, Medina aclaró que: “Es una causa distinta. Tiene un número de expediente distinto, pero es conexo a la usurpación y la exhibición del instrumento que da lugar a la pericia que demuestra que el instrumento es apócrifo y eso da lugar a la nueva denuncia por falsificación de instrumento público y privado”.
Raúl Núñez, fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de Colonia Polana, hasta que pasó a desempeñarse en el cargo de intendente tras el fallecimiento de su madre Antonia Medina, el pasado 23 de agosto, quien ejerció como jefa comunal desde el 10 de diciembre del año 2015.
Respecto a su continuidad como intendente del municipio en el marco de las causas penales y civiles por las que se lo investiga, la fuente consultada considera que, aunque lo procesen, “la única forma de destituirlo sería a través de una sesión del Concejo Deliberante cuya mayoría la tiene el mismo oficialismo”.
Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial
Judiciales
Prisión preventiva para joven mbya acusado por el femicidio de su ex en Iguazú

El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
Judiciales
Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
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