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Ex gendarme misionero recibió 6 años de prisión por fraude en Chaco

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El ex gendarme misionero Héctor Hugo Procop, jefe del Escuadrón XIV de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en Las Palmas, Chaco, hasta 2018, fue condenado a la pena de seis años de prisión por delitos configurados como fraude a la administración pública tras un fallo dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia.

Procop, oriundo de Concepción de la Sierra y ostentando el rango de comandante principal al momento de ser detenido en 2018, fue condenado como autor del delito de “fraude a la administración pública, en concurso real con el delito de abuso de autoridad”. Además, recibió una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, según consignaron en el portal del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En el marco de la misma causa también fue condenado el alférez y jefe de sección Braian Camargo, quien recibió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena como autor de “sustracción de objetos custodiados en concurso real con abuso de autoridad”.

Por su parte, el TOF de Resistencia aplicó penas de un año de prisión para los gendarmes Luciano Cardozo y Anastacio Mártires Mora como partícipes secundarios del delito de fraude, en tanto que decidieron absolver a los uniformados federales identificados como David Gómez, Antonio Luque y Eduardo Augusto Manuel Jorge.

De igual manera, el fallo no se ajustó solo en integrantes de la GNA, sino que también alcanzó al empresario Rubén Fimiani, titular de la firma Agua Vittal, acusado de facilitar facturas y remitos con los que se simulaba la compra de mercadería para Escuadrón dirigido por el misionero Procop.

Por esta razón, el hombre deberá pasar cuatro años de prisión al ser declarado partícipe necesario del delito de fraude a la administración pública.

Fraude de $1.000.000

La causa que ahora culminó en sentencia del TOF chaqueño a instancias del fiscal general Federico Carniel, se destapó en octubre de 2018, cuando Procop y el resto de los implicados fueron detenidos tras una serie de procedimientos efectuados en Las Palmas, aunque la pesquisa había comenzado tiempo antes.

El grupo fue acusado, en otras palabras, por quedarse con dinero destinado a la compra de alimentos para caballos y electrodomésticos de depósitos donde se guardaban encomiendas incautadas.

Según detallaron en el portal fiscales.gob.ar, el 1 de agosto de 2017 el gendarme misionero y otros funcionarios de la GNA gestionaron una compra alimentos para consumo equino por un valor de $1.195.280, pero esa mercadería nunca llegó al Escuadrón XIV, a pesar de la firma de actas de recepción.

El 13 de noviembre, en tanto, un total de $1.059.839 ingresaron a la cuenta del empresario Fimiani y al día siguiente de esa misma caja se extrajeron $1.000.000, según un informe emitido por el Nuevo Banco del Chaco. Para el fiscal Carniel, esta maniobra comprueba que ese era el dinero destinado a la compra de los alimentos para caballos.

Otro hechos que fueron materia de acusación estuvieron vinculados al secuestro de juguetes y electrodomésticos de origen extranjero que desaparecieron del sistema de registro de la GNA.

Esos elementos se encontraban en el depósito judicial, área que se encontraba a cargo de Procop y de Camargo, quienes presionaban a miembros de escalafones inferiores para que no asientes daños o faltantes de paquetes en sus informes, según declararon en la causa.

Por pedido de Carniel, en la causa también intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) y mediante todo lo recolectado se acreditó que tanto el gendarme misionero Procop como Carmargo “ejecutaron reiterados actos de acoso laboral” sobre dos uniformadas y que sobre una de ellas realizaron “conductas de acoso sexual”.

Según consta en los archivos, Procop cumplió labores en diferentes dependencias de la GNA, entre las cuales aparecen la Sección Puerto Rico, el Escuadrón XI de San Ignacio y el Escuadrón 50 de Posadas.

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso

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Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.

El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.

En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.

En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.

Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia

 

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Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso

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Mario peyer abuso

El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.

La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.

Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.

La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.

Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.

Denuncia y causa

La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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