Judiciales
El modus operandi del misionero que fabricaba causas de lesa humanidad

El misionero Adrián Martínez Moreira, el falso hijo de desaparecidos procesado ayer por la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti como el líder de una banda dedicada a la fabricación de causas de lesa humanidad, seguía un modus operandi que incluía testigos falsos, documentos apócrifos y el armado de causas contra sus oponentes, las verdaderas víctimas: sobrevivientes y familiares de desaparecidos de la dictadura.
Laura Cravello, cuyos padres fueron secuestrados cuando era muy niña, probó los métodos del misionero y su banda, y es una de las denunciantes en la megacausa que instruye Capuchetti contra el grupo de Martínez Moreira, con elementos que se recogieron desde el año 2014, en que aparece la primera denuncia criminal.
Desde Barcelona, España, donde reside hace 20 años, Cravello contó a La Voz de Misiones cómo se involucró en la trama para desenmascarar a Martínez Moreira y frenar las actividades de su grupo criminal, que pretendía montar un negocio a partir de los resarcimientos económicos para familiares y víctimas de la dictadura, establecidos en la Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991 y promulgada al mes siguiente, durante el gobierno de Carlos Menem.
“Soy hija de desaparecidos, vivo en Barcelona. Todo esto lo descubrí desde acá, en pandemia”, se presentó la mujer.
Laura es hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces.
Contó que, en 2020, durante el confinamiento por el covid, reparó en la página de Facebook de la organización de Martínez Moreira: “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, que ofrecía representación jurídica en la tramitación de indemnizaciones a familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad.
“Había una página de Facebook donde la gente se peleaba con un abogado que ofrecía servicio gratuito (después descubrimos que no era tan así) y pedía que todo el mundo les mande las autorizaciones por e-mail”, relató.
Cravello sostuvo que la situación le pareció, por lo menos, “un poco rara”: “Me dio como ‘cosa’ que los compañeros manden documentación tan delicada por e-mail a un perfil desconocido”, argumentó.
“Averiguo un poco y este perfil de Facebook me empezó a escribir. Después, me escribió desde otro perfil, haciéndose pasar por una sobreviviente de un centro clandestino de detención; me habló de mis papás; y ahí inmediatamente me di cuenta que era mentira”, afirmó.
“En ese momento pensé: ¿cómo se pude ser tan cínico y por qué le molesta tanto que pregunte por Omar García?”, recordó Cravello, en referencia al abogado porteño Omar Ramón Enrique García, uno de los procesados junto al misionero Martínez Moreira y tres mujeres: Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
“Después, la gente me empieza a contar que García les pedía que escriban a una dirección de e-mail, y enseguida recibían la llamada de una persona cuyas características vocales eran las de Martínez Moreira”, relató.
Escarbando un poco más, Cravello se enteró de que el fabulador misionero procesado esta semana por la Justicia Federal había enfrentado en 2014 la denuncia de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (ADD), por la fabricación por parte de Martínez Moreira de un testimonio de la sobreviviente del circuito Camps y fundadora de la organización, Adriana Calvo.
El misionero trabajaba por entonces en engrosar su historia y fraguó una supuesta declaración de Calvo, testigo estrella en el juicio a los jerarcas de la junta militar -representado en la reciente película 1985- y una de las militantes de los derechos humanos reconocidas dentro y fuera del país.
Martínez Moreira necesitaba probar la existencia de un supuesto tío que había pasado por un centro clandestino de detención e inventó afirmaciones de Calvo ante las autoridades alemanas en 1999, en una audiencia que después se descubrió que nunca existió.
El misionero adulteró la firma de Calvo, que llevaba fallecida tres años, y presentó el escrito en 2013, en la causa sobre el Plan Cóndor, el plan criminal de los gobiernos militares de la región que supuestamente había desaparecido a sus falsos padres en Paraguay.
La ADD presentó entonces una denuncia penal contra Martínez Moreira, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence.
Vence ya lo conocía. En 2013 el misionero se había presentado en su juzgado haciéndose pasar por víctima en la causa que investigaba al general Santiago Omar Riveros, condenado en 2018 a 45 años de prisión por apropiación de bebés.
En la ocasión, Martínez Moreira fue descubierto por Vence y también por la Procuración General de la Nación.
La jueza concluyó en que toda la versión del misionero sobre sus padres en Paraguay, sobre sí mismo y sobre otros familiares desaparecidos; y los hechos que relataba, eran absolutamente falsos.
La Procuración General de la Nación llegó a la misma conclusión. Se estableció que Martínez Moreira no era su verdadero nombre y había nacido en Jardín América, en 1993 y no en 1986 como él sostenía; fue inscripto como Ovidio Martínez, y dado por sus padres biológicos en adopción a una pareja de Puerto Rico, que lo anotó como Matías Ezequiel López.

Laura Cravello, hija de desaparecidos, denunciante de Martínez Moreira.
A este descubrimiento, Cravello le sumó otro: la denuncia penal contra Martínez Moreira que formalizó en 2016 el abogado porteño Javier Garín, acusando al misionero de haber falsificado su firma como patrocinante en más de 50 causas de lesa humanidad que él desconocía.
En este caso, Cravello descubrió que el abogado de la página de Facebook que había llamado su atención durante la pandemia, era quien defendía a Martínez Moreira en la causa impulsada por Garín.
“Habiendo todo esto, me parecía muy peligroso que la gente le dé información personal o de su familia a esta persona, y entonces me dispuse a informar sobre estos antecedentes”, contó Cravello.
“Finalmente, en octubre de 2020, avisé a la secretaría de derechos humanos de Argentina que estaba pasando esto, y en marzo de 2021, con pruebas fuertes, me presenté en la justicia como denunciante con identidad reservada, una condición que estoy buscando cambiar porque estoy plenamente identificada”, señaló.
El contraataque
La campaña de la verdadera hija de desaparecidos desde España provocó la reacción del misionero y su banda, que articuló su respuesta más clásica: demandas múltiples y en serie contra Cravello.
La mujer contó a LVM que desde el e-mail de la comisión reparadora del grupo viralizaron la carátula de una causa penal que le habían iniciado horas antes, acusándola de asociación ilícita, falsificación de documentos y toda “sarta de sandeces”, señaló.
“Al mismo tiempo, en el contencioso administrativo federal me abrieron una demanda a mí, a la Policía Federal y a otros compañeros y los denunciantes eran todas personas que estaban tramitando las leyes reparatorias con esta gente”, relató.
Cravello agregó que, después de desayunarse con las denuncias de la banda del misionero en su contra, se enteró que lo mismo habían ensayado ya contra el abogado Garín, luego que este denunciara a Martínez Moreira.
“Le abrieron catorce causas de este tipo, que después se probó que provenían de falsos testimonios”, indicó.
Cravello explicó que, en todos los casos, los denunciados eran sobrevivientes, hijos de desaparecidos verdaderos; madres, abuelos, familiares, y sentenció: “Todo lo que él no es, ni será nunca”.
La madeja
Las denuncias falsas de Martínez Moreira patrocinadas por el abogado Omar García no hicieron desistir a Cravello de su investigación personal sobre las actividades del grupo, que seguía operando con absoluta impunidad.
“Seguí estirando del hilo”, ilustró Cravello a LVM. Contó que indagó en el contenido de la página de la organización H.I.J.O.S Paraguay, fundada por el misionero para darle cuerpo a su historia.
“Descubrí mucha falsedad en esa página”, señaló.
Cravello sostuvo que la denuncia penal que formalizó en marzo de 2021 fue contra personas innominadas, pidiendo que la justicia argentina investigue la veracidad de diversos documentos, actuaciones, relatos, testimonios, testigos y víctimas de la dictadura de los sitios de internet de Martínez Moreira y Omar García, y no apuntó específicamente contra ellos.
“Yo presenté una denuncia penal con todo lo que había encontrado, diciendo que podía ser falso, o no, pero que era necesario investigar”, indicó.
“La secretaría (de derechos humanos) se presentó como querellante, y la fiscalía que ya investigaba la falsificación de Garín, sumó todo y se hizo una gran causa, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa, que trabajó dos años, y que sumado al impulso enorme de la secretaría, la causa llegó hoy hasta donde está”, afirmó Cravello.
Caballito, Buenos Aires
El epicentro físico de la trama que tiene como protagonistas al misionero Martínez Moreira y su banda de estafadores se ubica en el 1° C de la avenida Gauna 1.366, en el barrio porteño de Caballito.
Allí, tiene su domicilio legal Martínez Moreira. El lugar fue allanado en 2021, en el marco de la causa iniciada por Garín.
El operativo levantó un sinnúmero de pruebas que, sumadas a otras que fue reuniendo la fiscal Ochoa en los últimos años, le sirven ahora a la jueza Capuchetti para dictar el procesamiento y avanzar en la instrucción.
En ese departamento de Caballito tiene su domicilio profesional el abogado Omar García, matriculado en el Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal (CPACF) el 5 de mayo de 1983.
Cravello sostuvo que García se encuentra inhabilitado para atender causas de lesa humanidad, por cuanto desde diciembre del año pasado tiene prohibición judicial de acercarse a víctimas y familiares de la dictadura.
El psicópata
Adrián Martínez Moreira fue evaluado psiquiátricamente en dos oportunidades.
Primero, durante la investigación de la jueza federal de San Martín, que descubrió que el misionero no era quien decía ser, y en la que intervinieron también la Procuración General de la Nación y la Unidad de Apropiación de Niños durante la dictadura.
En la ocasión, la pericia lo describió como un “simulador”, con características de esquizofrenia paranoica.
La segunda pericia se le realizó en el marco de la causa Garín, cuando ya todo lo actuado había sido girado a la órbita del juzgado federal de Capuchetti.
Esta evaluación buscaba establecer si Martínez Moreira era imputable. El estudio realizado con la asesoría pericial de la Corte Suprema de Justicia comprobó que el misionero no padecía ninguna psicosis y era perfectamente imputable.
Los peritos concluyeron que Martínez Moreira sufre de un trastorno antisocial de la personalidad que lo vuelve incapaz de empatizar con el dolor ajeno e inmune a cualquier sentimiento de culpa.
“Fue un hito que se lo pericie psiquiátricamente, y la pericia fue contudente: es imputable”, festejó Cravello.
A la argentina residente en España, le resulta “siniestro” el personaje de Martínez Moreira.
Contó que cuando se tropezó con él y su banda en las redes en 2020, y comenzó a desenredar la madeja de una trama que no hacía contemplaciones frente a la muerte y el relato de situaciones atroces, sintió “mucha angustia” porque, además, se encontraba preparando el juicio por el secuestro de sus padres.
“Parece que es un tipo muy convincente. Las víctimas me contactan y me cuentan, y lo que vi en los perfiles de Facebook me dio escalofríos, mal”, graficó Cravello, y sentenció: “Es un psicópata, te vive”.
Judiciales
Misionero acusado de liderar red de pedofilia irá a juicio el 27 de agosto

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un último planteo presentado por el ex Gran Hermano Marcelo Corazza y confirmó para el 27 de agosto el inicio de las audiencias del debate oral donde se lo juzgará junto a otros cuatro acusados, entre ellos dos misioneros, de integrar una red de trata y pedofilia que captaba víctimas en la tierra colorada.
Los misioneros imputados en esta causa son Francisco Rolando “Rolo” Angelotti Notarbartolo (48), sindicado líder de la organización, y su ladero Leandro Aguiar. Los demás involucrados son Andrés Fernando Charpenet (46) y Raúl Ignacio Mermet (44), además del ya mencionado Corazza, que fue el primer ganador del reality Gran Hermano.
Justamente, el ex GH, quien a diferencia del resto de los imputados se encuentra excarcelado, fue quien presentó un escrito que buscaba suspender el inicio de las audiencias, pero el máximo tribunal penal federal del país desestimó el recurso defensivo por “improcedente”.
La resolución fue firmada en las últimas horas los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes además ratificaron el inicio del juicio previsto para el próximo 27 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 3 de Caba, con sede en Comodoro Py 2002.
En esa instancia, los involucrados deberán responder como acusados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil”.

Aguiar y Notarbartolo, los dos misioneros imputados en la causa que llega a juicio.
Operativo, ardid y escuchas
Cuatro de los involucrados fueron arrestados el 20 de marzo de 2023 tras tras una serie de operativos simultáneos ejecutados en Oberá, donde Angelotti residía, y en diferentes puntos de Buenos Aires.
En el requerimiento de elevación de juicio oral de la causa, los fiscales Carlos Rívolo y Alejandro Mángano sostuvieron que en base a la información recolectada surge “indubitablemente” que los cinco imputados conformaron “una organización criminal destinada a reclutar varones, en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.
En la pesquisa global se analizaron al menos 100 horas de escuchas telefónicas y las transcripciones de esas conversaciones dan cuenta del modus operandi de Angelotti y otros dos imputados: Charpenet y Mermet.
De ese contenido se desprende, por ejemplo, esta conversación:
– Angelotti: Le dije escuchame… Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (…) Mañana cumple “16″ viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: “Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney. Y me dijo: “Bueno dale, dale, sí de una jaja…”.
– Charpenet: jajaja, claro!
– Angelotti: Olvidate, te quedás con Mickey Mouse. Bueno che, y vos ¿cómo andás con tu mini harem?
– Charpenet: Eh bien, el otro día se me pudrió el rancho jajaja.
– Angelotti: Ah sí, me dijiste, te arreglaste con él.
– Charpenet: Ya todo bien, que sé yo, como que ya me aburrí de los dos.
Luego, aparece otro fragmento donde Angelotti se jacta de sus encuentros con menores de edad.
Esa conversación se da con una persona identificada como “G”, donde se refieren a una fiesta y a sus invitados. Allí, “G” le cuestiona al misionero por estar con menores de edad, pero Angelotti retruca: “Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad”.

Marcelo Corazza, ganador del primer GH, es el único que aguarda el juicio en libertad.
Los funcionarios judiciales además reconstruyeron que las maniobras delictivas se desarrollaron al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando fueron detenidos mediante los allanamientos ejecutados.
Los fiscales consideran que las pruebas reunidas demuestran que para captar a las víctimas Angelotti se apoyaba en maniobras de seducción y engaño utilizando aplicaciones de citas.
En ese rol también ubicaron más tarde a Leandro Aguiar, un ladero de Angelotti que fue detenido en agosto de 2024 tras un allanamiento concretado en el barrio Yacyretá de Posadas.
Y en el avance de la pesquisa, el misionero, que en Oberá primero tuvo un ciber, luego administró unos boliches y finalmente ofrecía un pizzas a domicilio, e incluso participó como chef jurado en un torneo de asado, también acumuló acusaciones por abusos sexuales perpetrados contra varios de los mismos chicos que a su vez entregaba a los clientes de la red.
Preventiva a Angelotti: asociación ilícita, trata, abuso y pedofilia
Judiciales
Pidió el desalojo de su mamá en el microcentro y la Justicia lo rechazó

El Juzgado Civil y Comercial Dos de Posadas falló en contra de un pedido de desalojo presentado por un hombre que mantiene una disputa con su madre por el inmueble donde reside la mujer de 75 años en el microcentro de la ciudad.
El fallo que desestima la acción de desalojo fue firmado este lunes por la magistrada Silvina Inés Bacigalupi, quien consideró improcedente el pedido formulado en razón de que la mujer señalada reside en esa propiedad con autorización de otra hija que figura como copropietaria del lugar, entre otros argumentos.
La acción legal fue interpuesta por el abogado y actual presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, Jair Miguel Ángel Dib, en carácter de apoderado del ciudadano Antonio Germán Vigo (45), quien solicitó desalojar a su madre de un inmueble ubicado en calle San Lorenzo 1376, en el microcentro posadeño.
En su planteo, el demandante señaló que en primera instancia prestó el inmueble a su madre hasta que ella consiguiera un lugar donde residir, pero los años pasaron y la propiedad nunca fue restituida a pesar de los pedidos efectuados y de los intentos por conciliar un contrato de alquiler entre las partes.
También se argumentó que “ha quedado demostrada la presencia de personas extrañas habitando el inmueble sin autorización alguna del Sr. Vigo, lo que demuestra que la demandada abusó de la confianza que depositó el actor e hizo inconsultamente un cambio de uso y destino de la vivienda ya que el préstamo lo era para su uso personal y no para que ella alquilara determinadas unidades funcionales existentes”.
Respuesta y rechazo
Ante esta situación, la señora Chavez respondió la demanda efectuada por su propio hijo y lo hizo bajo la representación legal del abogado Sebastián Mieres, que presentó las pruebas de parte y expuso que su clienta cuenta con la autorización de otra hija que aparece como copropietaria del inmueble en litigio.
En el escrito de respuesta, Mieres esgrimió que el demandante “no ha acreditado su legitimación activa al bien, circunstancia por la cual su posición dentro del proceso no se halla sostenida por la prueba” y además enfatizó en que el hombre le “ha despojado de más de 17 lotes a su madre y ahora pretende despojarla del lugar en el que vive”.
Los planteos de ambas partes fueron analizados entonces por la magistrada Bacigalupi, quien resolvió rechazar el pedido de desalojo al advertir que Chávez está autorizada a ocupar el inmueble en disputa.
“El desalojo solo procedería si el ocupante estuviera menoscabando los derechos de todos los condóminos o si su permanencia no estuviera respaldada por ningún título legal. Este no es el caso, ya que la señora Chávez ha demostrado que tiene un título que justifica su ocupación”, señala la resolución a la que La Voz de Misiones tuvo acceso.
“Si bien el actor reclama su derecho a la coposesión del inmueble, lo cierto es que la situación planteada no se encuadra en los supuestos habilitantes de la acción de desalojo”, desarrolla después.
Y sobre el final explica: “Ello es así porque la demandada no ha ingresado al inmueble en calidad de intruso, precarista o sin título, sino como tenedor derivado de un contrato celebrado con una de las coposeedoras, cuya legitimidad, aunque discutible frente a la otra condómina, no ha sido objeto de análisis ni ha sido cuestionada mediante una acción que tienda a obtener la nulidad del comodato, la partición del condominio o indemnización por el uso exclusivo”.
Judiciales
Piden reconocer el crimen de Carlos Tereszecuk como de lesa humanidad

La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó que se dicte una sentencia por el derecho a la verdad en el caso del militante misionero Carlos Enrique Tereszecuk, detenido, torturado, asesinado y desaparecido en noviembre de 1976, tras su paso como preso político en la Jefatura de la Policía chaqueña.
El pedido fue formulado por el fiscal ad hoc de Derechos Humanos Diego Vigay a la jueza federal Zunilda Niremperger, con el objetivo de que se reconstruya lo sucedido y que se establezca que el misionero fue ultimado por razones políticas, declarándolo así víctima de un crimen de lesa humanidad en el marco de las acciones de terrorismo de Estado perpetrado por el régimen militar que llevó adelante un gobierno de facto en el país entre 1976 y 1983.
El requerimiento se da a raíz del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero, y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk, cuyos restos recién fueron identificados en 2018 gracias a un trabajo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Los familiares de Tereszecuk acompañaron el planteo al considerar que un pronunciamiento de este tipo garantiza el derecho a la verdad con un sentido de reparación y contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Tereszecuk -al medio- junto a otros militantes misioneros.
Detenido, torturado, asesinado y desaparecido
Para la fiscalía, las pruebas recolectadas permiten reconstruir que el misionero fue secuestrado en los primeros días de noviembre de 1976 y posteriormente fue llevado a la Jefatura de la Policía de Resistencia, donde fue alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que estaba dirigido de manera conjunta entre la fuerza provincial y el Ejército Argentino.
Tereszecuk fue visto en ese lugar en pésimas condiciones de salud como consecuencia de las graves y diversas torturas padecidas. Su deterioro físico era tal que, según los testimonios recogidos, ya ni podía mantenerse en pie y necesitó ayuda hasta para bañarse.
En la segunda semana de noviembre finalmente fue asesinado y arrojado al río Paraná. Sus restos fueron encontrados días después en la costa de Empedrado y el misionero fue sepultado como NN en el cementerio local.
Los investigadores entienden que entonces que el caso Tereszecuk “su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen”.
El pronunciamiento requerido también solicita que la Justicia declare al arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una maniobra sistemática, respondiendo a un patrón común de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas durante la dictadura.
“Cuerpos desnudos, atados con alambres en manos y pies, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, reconstruye la fiscalía.

Sus restos fueron identificados en 2018 gracias al trabajo del EAAF.
Carlos Tereszecuk
Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Estudió para ser sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero abandonó la carrera.
Luego tuvo una activa militancia estudiantil y política, siendo elegido en 1974 vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones y en 1975 participó de la campaña electoral del Partido Auténtico, pasando a ser secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.
Como secretario legislativo realizó un gran trabajo con representantes de gremios, comisiones barriales, colonos, tareferos, trabajadoras de casas particulares, siendo el autor de diversos proyectos de ley de protección de sus derechos.
En 1975 un operativo de efectivos de civil intentó secuestrarlo en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar, debiendo pasar a la clandestinidad.
En 1976 se refugió en Corrientes, siendo visto finalmente como detenido político y muy torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia Chaco.
Con la vuelta de la democracia su hermano Norberto Tereszecuk realizó la denuncia en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y ante el Juzgado Federal de Resistencia.
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