Judiciales
El modus operandi del misionero que fabricaba causas de lesa humanidad
El misionero Adrián Martínez Moreira, el falso hijo de desaparecidos procesado ayer por la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti como el líder de una banda dedicada a la fabricación de causas de lesa humanidad, seguía un modus operandi que incluía testigos falsos, documentos apócrifos y el armado de causas contra sus oponentes, las verdaderas víctimas: sobrevivientes y familiares de desaparecidos de la dictadura.
Laura Cravello, cuyos padres fueron secuestrados cuando era muy niña, probó los métodos del misionero y su banda, y es una de las denunciantes en la megacausa que instruye Capuchetti contra el grupo de Martínez Moreira, con elementos que se recogieron desde el año 2014, en que aparece la primera denuncia criminal.
Desde Barcelona, España, donde reside hace 20 años, Cravello contó a La Voz de Misiones cómo se involucró en la trama para desenmascarar a Martínez Moreira y frenar las actividades de su grupo criminal, que pretendía montar un negocio a partir de los resarcimientos económicos para familiares y víctimas de la dictadura, establecidos en la Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991 y promulgada al mes siguiente, durante el gobierno de Carlos Menem.
“Soy hija de desaparecidos, vivo en Barcelona. Todo esto lo descubrí desde acá, en pandemia”, se presentó la mujer.
Laura es hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces.
Contó que, en 2020, durante el confinamiento por el covid, reparó en la página de Facebook de la organización de Martínez Moreira: “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, que ofrecía representación jurídica en la tramitación de indemnizaciones a familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad.
“Había una página de Facebook donde la gente se peleaba con un abogado que ofrecía servicio gratuito (después descubrimos que no era tan así) y pedía que todo el mundo les mande las autorizaciones por e-mail”, relató.
Cravello sostuvo que la situación le pareció, por lo menos, “un poco rara”: “Me dio como ‘cosa’ que los compañeros manden documentación tan delicada por e-mail a un perfil desconocido”, argumentó.
“Averiguo un poco y este perfil de Facebook me empezó a escribir. Después, me escribió desde otro perfil, haciéndose pasar por una sobreviviente de un centro clandestino de detención; me habló de mis papás; y ahí inmediatamente me di cuenta que era mentira”, afirmó.
“En ese momento pensé: ¿cómo se pude ser tan cínico y por qué le molesta tanto que pregunte por Omar García?”, recordó Cravello, en referencia al abogado porteño Omar Ramón Enrique García, uno de los procesados junto al misionero Martínez Moreira y tres mujeres: Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
“Después, la gente me empieza a contar que García les pedía que escriban a una dirección de e-mail, y enseguida recibían la llamada de una persona cuyas características vocales eran las de Martínez Moreira”, relató.
Escarbando un poco más, Cravello se enteró de que el fabulador misionero procesado esta semana por la Justicia Federal había enfrentado en 2014 la denuncia de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (ADD), por la fabricación por parte de Martínez Moreira de un testimonio de la sobreviviente del circuito Camps y fundadora de la organización, Adriana Calvo.
El misionero trabajaba por entonces en engrosar su historia y fraguó una supuesta declaración de Calvo, testigo estrella en el juicio a los jerarcas de la junta militar -representado en la reciente película 1985- y una de las militantes de los derechos humanos reconocidas dentro y fuera del país.
Martínez Moreira necesitaba probar la existencia de un supuesto tío que había pasado por un centro clandestino de detención e inventó afirmaciones de Calvo ante las autoridades alemanas en 1999, en una audiencia que después se descubrió que nunca existió.
El misionero adulteró la firma de Calvo, que llevaba fallecida tres años, y presentó el escrito en 2013, en la causa sobre el Plan Cóndor, el plan criminal de los gobiernos militares de la región que supuestamente había desaparecido a sus falsos padres en Paraguay.
La ADD presentó entonces una denuncia penal contra Martínez Moreira, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence.
Vence ya lo conocía. En 2013 el misionero se había presentado en su juzgado haciéndose pasar por víctima en la causa que investigaba al general Santiago Omar Riveros, condenado en 2018 a 45 años de prisión por apropiación de bebés.
En la ocasión, Martínez Moreira fue descubierto por Vence y también por la Procuración General de la Nación.
La jueza concluyó en que toda la versión del misionero sobre sus padres en Paraguay, sobre sí mismo y sobre otros familiares desaparecidos; y los hechos que relataba, eran absolutamente falsos.
La Procuración General de la Nación llegó a la misma conclusión. Se estableció que Martínez Moreira no era su verdadero nombre y había nacido en Jardín América, en 1993 y no en 1986 como él sostenía; fue inscripto como Ovidio Martínez, y dado por sus padres biológicos en adopción a una pareja de Puerto Rico, que lo anotó como Matías Ezequiel López.

Laura Cravello, hija de desaparecidos, denunciante de Martínez Moreira.
A este descubrimiento, Cravello le sumó otro: la denuncia penal contra Martínez Moreira que formalizó en 2016 el abogado porteño Javier Garín, acusando al misionero de haber falsificado su firma como patrocinante en más de 50 causas de lesa humanidad que él desconocía.
En este caso, Cravello descubrió que el abogado de la página de Facebook que había llamado su atención durante la pandemia, era quien defendía a Martínez Moreira en la causa impulsada por Garín.
“Habiendo todo esto, me parecía muy peligroso que la gente le dé información personal o de su familia a esta persona, y entonces me dispuse a informar sobre estos antecedentes”, contó Cravello.
“Finalmente, en octubre de 2020, avisé a la secretaría de derechos humanos de Argentina que estaba pasando esto, y en marzo de 2021, con pruebas fuertes, me presenté en la justicia como denunciante con identidad reservada, una condición que estoy buscando cambiar porque estoy plenamente identificada”, señaló.
El contraataque
La campaña de la verdadera hija de desaparecidos desde España provocó la reacción del misionero y su banda, que articuló su respuesta más clásica: demandas múltiples y en serie contra Cravello.
La mujer contó a LVM que desde el e-mail de la comisión reparadora del grupo viralizaron la carátula de una causa penal que le habían iniciado horas antes, acusándola de asociación ilícita, falsificación de documentos y toda “sarta de sandeces”, señaló.
“Al mismo tiempo, en el contencioso administrativo federal me abrieron una demanda a mí, a la Policía Federal y a otros compañeros y los denunciantes eran todas personas que estaban tramitando las leyes reparatorias con esta gente”, relató.
Cravello agregó que, después de desayunarse con las denuncias de la banda del misionero en su contra, se enteró que lo mismo habían ensayado ya contra el abogado Garín, luego que este denunciara a Martínez Moreira.
“Le abrieron catorce causas de este tipo, que después se probó que provenían de falsos testimonios”, indicó.
Cravello explicó que, en todos los casos, los denunciados eran sobrevivientes, hijos de desaparecidos verdaderos; madres, abuelos, familiares, y sentenció: “Todo lo que él no es, ni será nunca”.
La madeja
Las denuncias falsas de Martínez Moreira patrocinadas por el abogado Omar García no hicieron desistir a Cravello de su investigación personal sobre las actividades del grupo, que seguía operando con absoluta impunidad.
“Seguí estirando del hilo”, ilustró Cravello a LVM. Contó que indagó en el contenido de la página de la organización H.I.J.O.S Paraguay, fundada por el misionero para darle cuerpo a su historia.
“Descubrí mucha falsedad en esa página”, señaló.
Cravello sostuvo que la denuncia penal que formalizó en marzo de 2021 fue contra personas innominadas, pidiendo que la justicia argentina investigue la veracidad de diversos documentos, actuaciones, relatos, testimonios, testigos y víctimas de la dictadura de los sitios de internet de Martínez Moreira y Omar García, y no apuntó específicamente contra ellos.
“Yo presenté una denuncia penal con todo lo que había encontrado, diciendo que podía ser falso, o no, pero que era necesario investigar”, indicó.
“La secretaría (de derechos humanos) se presentó como querellante, y la fiscalía que ya investigaba la falsificación de Garín, sumó todo y se hizo una gran causa, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa, que trabajó dos años, y que sumado al impulso enorme de la secretaría, la causa llegó hoy hasta donde está”, afirmó Cravello.
Caballito, Buenos Aires
El epicentro físico de la trama que tiene como protagonistas al misionero Martínez Moreira y su banda de estafadores se ubica en el 1° C de la avenida Gauna 1.366, en el barrio porteño de Caballito.
Allí, tiene su domicilio legal Martínez Moreira. El lugar fue allanado en 2021, en el marco de la causa iniciada por Garín.
El operativo levantó un sinnúmero de pruebas que, sumadas a otras que fue reuniendo la fiscal Ochoa en los últimos años, le sirven ahora a la jueza Capuchetti para dictar el procesamiento y avanzar en la instrucción.
En ese departamento de Caballito tiene su domicilio profesional el abogado Omar García, matriculado en el Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal (CPACF) el 5 de mayo de 1983.
Cravello sostuvo que García se encuentra inhabilitado para atender causas de lesa humanidad, por cuanto desde diciembre del año pasado tiene prohibición judicial de acercarse a víctimas y familiares de la dictadura.

El psicópata
Adrián Martínez Moreira fue evaluado psiquiátricamente en dos oportunidades.
Primero, durante la investigación de la jueza federal de San Martín, que descubrió que el misionero no era quien decía ser, y en la que intervinieron también la Procuración General de la Nación y la Unidad de Apropiación de Niños durante la dictadura.
En la ocasión, la pericia lo describió como un “simulador”, con características de esquizofrenia paranoica.
La segunda pericia se le realizó en el marco de la causa Garín, cuando ya todo lo actuado había sido girado a la órbita del juzgado federal de Capuchetti.
Esta evaluación buscaba establecer si Martínez Moreira era imputable. El estudio realizado con la asesoría pericial de la Corte Suprema de Justicia comprobó que el misionero no padecía ninguna psicosis y era perfectamente imputable.
Los peritos concluyeron que Martínez Moreira sufre de un trastorno antisocial de la personalidad que lo vuelve incapaz de empatizar con el dolor ajeno e inmune a cualquier sentimiento de culpa.
“Fue un hito que se lo pericie psiquiátricamente, y la pericia fue contudente: es imputable”, festejó Cravello.
A la argentina residente en España, le resulta “siniestro” el personaje de Martínez Moreira.
Contó que cuando se tropezó con él y su banda en las redes en 2020, y comenzó a desenredar la madeja de una trama que no hacía contemplaciones frente a la muerte y el relato de situaciones atroces, sintió “mucha angustia” porque, además, se encontraba preparando el juicio por el secuestro de sus padres.
“Parece que es un tipo muy convincente. Las víctimas me contactan y me cuentan, y lo que vi en los perfiles de Facebook me dio escalofríos, mal”, graficó Cravello, y sentenció: “Es un psicópata, te vive”.
Judiciales
Sentencia por la verdad del crimen de lesa humanidad de Carlos Tereszecuk
El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, de Resistencia, Chaco, dará a conocer el martes 11 próximo la sentencia por el derecho a la verdad en el caso del misionero Carlos Tereszecuk, secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar en 1976.
La audiencia, de carácter virtual, está prevista para las 11:00, y según publicó el sitio web de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde Tereszecuk se graduó en Trabajo Social en los años ’70, estará presidida por la jueza federal Zunilda Niremperger y será trasmitida en vivo en el aula magna de la casa de estudios.
“La sentencia por el Derecho a la Verdad, se da en el marco del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk”, informó el sitio.
Según los testimonios obrantes en la causa, el trabajador social y militante político misionero fue visto con vida por última vez a principios de noviembre de 1976, en la Jefatura de Policía de la capital chaqueña, donde fue ultimado y luego su cuerpo fue arrojado al Rio Paraná, del que, posteriormente, fue rescatado y sepultado como NN en el cementerio de la localidad correntina de Empedrado.
En su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, los familiares de Tereszecuk solicitaron a la Justicia Federal el dictado de una sentencia para reconstruir los hechos y garantizarle el derecho a la verdad de lo sucedido.
La Fiscalía acompañó el pedido de los familiares, fundado en el derecho a la verdad, tomando como base los juicios por la verdad de los años ’90 y el precedente del caso de Pablo Martinelli, un estudiante y militante político asesinado por la dictadura el mismo año que Tereszecuk y también sepultado como NN.
Militancia y desaparición
Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Quiso ser sacerdote e ingresó en el Seminario de Fátima, en la provincia de Córdoba, pero al cabo de un tiempo abandonó aquellos estudios y volvió a la tierra colorada.
Como muchos de los jóvenes de su tiempo, el misionero despuntó en la militancia estudiantil y en 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social, de la Unam.
Al año siguiente, participó de la campaña electoral del Partido Autentico, y pasó a ser secretario de los diputados provinciales electos en 1975, el actual sociólogo y periodista Pablo Fernández Long y Juan El Negro Figueredo, maestro rural secuestrado por la dictadura y desaparecido desde entonces.
En 1975, Tereszecuk sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo de tareas que se infiltró en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar y se refugió en la provincia de Corrientes, donde, finalmente, fue chupado en otro operativo.
La última vez que lo vieron con vida, aquella en la Jefatura de Policía de Resistencia, los testimonios hablan de que se encontraba muy deteriorado por las torturas y que ya no podía caminar.
De acuerdo a la prueba recolectada, se puede reconstruir que Tereszecuk, fue secuestrado los primeros días del mes de noviembre de 1976, y alojado en el primer piso de la jefatura policial chaqueña que estaba acondicionado como Centro Clandestino de Detención, a cargo de la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.
Según los elementos de prueba, el misionero fue asesinado en la segunda semana de noviembre y su cuerpo arrojado al Rio Paraná, de donde fue rescatado el 15 de noviembre de 1976, en la costa de Empedrado, a 70 kilómetros aguas abajo de Resistencia, y sepultado en una tumba sin nombre.
Tereszecuk estuvo como NN hasta 2018, en que fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Judiciales
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
Tras la depuración de testigos acordada entre las partes, este martes se reanudó el juicio oral para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula (34) y gran parte de la jornada se centró sobre una pericia psicológica realizada sobre la oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42), encargada del procedimiento que culminó con el deceso de la víctima como consecuencia de fracturas de costillas que perforaron un pulmón, entre otras lesiones de consecuencias letales.
Para abordar ese informe compareció como testigo la licenciada Carolina Biele, quien explicó que la pericia a Tabarez consistió en tres encuentros donde se entrevistó con la imputada y aplicó diferentes técnicas para llevar adelante su evaluación.
Biele sostuvo que “el objetivo, más allá de confeccionar un perfil psicológico, es poder informar sobre características de personalidad que sean inherentes al hecho o que tengan alguna relación o que ayuden a explicar o resolver el hecho que se investiga”.
Con esa introducción y a consultas efectuadas por el fiscal Vladimir Glinka, la licenciada desarrolló cada punto de su informe, donde se destaca, entre otras cosas, que la oficial Tabarez presentaba indicadores de manipulación, de “imposibilidades de ponerse en el lugar del otro”, “dificultades con la figura de autoridad”, “impulsos agresivos” y “cosificación”.
Sobre la cuestión relacionada a la figura de autoridad, Biele explicó que “todo tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración y eso también da indicadores de una personalidad egocéntrica y narcisista, que no puede ser empática, que no puede soportar ciertas normas o leyes de lugares”.
El tema de la cosificación guardaría relación con el mismo tema y la testigo indicó que “consiste en el trato de uno con los demás. Si uno no puede ser empático, no puede ver al otro como persona, con sus sentimientos y emociones. Es tratar al otro como si fuera un objeto”.

La licenciada Carolina Biele fue una de las testigos clave de esta jornada.
Para Biele, todo ello constituyen “factores de riesgo” con el uso de un uniforme, en este caso de policía.
“Los factores de riesgo son todos estos indicadores: el súper yo, que no puedo frenar a los impulsos, que no puedo reflexionar, indicadores de una persona fría, que manipula, que cosifica. Una persona que está en un rol como de policía y presenta estos indicadores falla”, planteó.
Y ahondó: “Un uniforme también se relaciona con las fallas en la baja autoestima, la poca tolerancia a la frustración e inseguridades. Con una personalidad de baja autoestima, el uniforme, compensa, porque te pone en situación de poder, me hace sentir más segura, con más autoridad y puede llevar a conductas de autoritarismo”.
Entre las conclusiones del informe que ratificó esta mañana, la perita postuló que la oficial Tabarez presenta características que corresponden a una personalidad con rasgos psicopáticos y lo explicó: “La psicopatía es una forma de ser, una estructura de personalidad. Muchas personas en la sociedad tienen esta característica, son aquellas que presentan indicadores de manipulación, cosificación, de falla en la captación del sentimiento del otro, de ponerse en el lugar del otro. Muchas personas funcionan así con esos rasgos, pero el problema es que cuando esas características se suman a la falla en el control de los impulsos. Eso podría llevar a conductas desadaptativas”.
Casi sobre el final de su exposición y en respuesta a una consulta de Mario Ramírez, defensor oficial de la imputada Tabarez, la testigo Biele señaló que en su pericia “no he encontrado indicadores de emoción violenta”, aunque también aclaró que ella no estuvo presente al momento del hecho.
Sangre y alcohol
Previo a Biele, también declaró el licenciado en Criminalística Juan Carlos Maderner, quien participó de las primeras labores periciales efectuadas sobre el patrullero Toyota Hilux en la cual se realizó el traslado de Guirula y sobre el playón de la comisaría Decimotercera de Posadas, donde quedó tendido el cuerpo sin vida de la víctima durante aquella madrugada del 19 de julio de 2014 luego de ser detenido por disturbios en el motel Park.
Maderner confirmó que el hallazgo de “manchas de color escarlata similares a sangre” en la caja de la camioneta y evidencia de “transparencia de humedad del cuerpo al suelo”, lo cual está relacionado al hecho de que los policías arrojaron agua sobre Guirula en un intento de reanimación previo a constatar la muerte del detenido.
En la sala de audiencias también compareció una bioquímica que ratificó que el análisis de humor vítreo arrojó una concentración de 2,42 gramos de alcohol en sangre en Guirula, grado de intoxicación que lo ubicaría en un estado de mayor defensión.

La causa tiene un total de seis ex policías imputados. Pueden ser condenados a prisión perpetua.
El juicio
El debate continuará mañana con más testigos. El proceso se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas, con el magistrado Gregorio Busse como presidente y los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Tabarez; Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque durante el transcurso del debate cuentan con una consigna policial para garantizar que no intenten evadir el proceso.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon 17 testigos y tres de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
El juicio, día a día:
Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana
Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso
Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula
Día 4: Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas
Día 5: Caso Guirula: testimoniales desistidas y cuarto intermedio hasta el martes
Judiciales
Golpes, asfixia y abuso: la acusación que pesa contra Pedro Alejandro Núñez
Golpeada, con signos de estrangulamiento en el cuello, un bollo de papel en la boca, vías respiratorias obstruidas con cinta de embalaje y un hombre semidesnudo encima suyo. Así fue encontrada y rescatada el 5 de diciembre de 2021 una joven estudiante que fue víctima de un ataque sexual que ahora tiene al acusado frente a frente con la Justicia, en un juicio oral que se extenderá hasta la semana que viene en el Tribunal Penal Uno de Posadas.
El implicado es Pedro Alejandro Núñez (30), que al momento del hecho era estudiante de medicina en Santo Tomé y llega a juicio privado de su libertad e imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y femicidio en grado de tentativa con concurso real”, figura bajo la cual puede recibir una severa condena.
La primera audiencia comenzó hoy, poco después de las 8.30, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, formulada por la fiscal de instrucción Siete Patricia Clerici, que también encabezará la acusación durante el proceso oral.

Pedro Alejandro Núñez llega privado de su libertad al juicio.
La acusación
De ese documento se desprende que el hecho comenzó a las 4.30 del 5 de diciembre de 2021, cuando vecinos de un inquilinato ubicado sobre avenida Lavalle, casi Centenario, de Posadas, llamaron al 911 para alertar sobre ruidos, gritos y un posible caso de violencia de género en el edificio.
Los uniformados acudieron al lugar e ingresaron cuando un vecino prestó su llave para abrir el portón principal. De ahí subieron las escaleras y al llegar al monoambiente de la víctima en el tercer piso se toparon con Núñez infraganti y semidesnudo sobre la joven, por lo que fue inmediatamente fue detenido.
Según describieron los agentes involucrados en el procedimiento, la joven estaba desvanecida y con el rostro morado como consecuencia de las cintas de embalaje que le provocaron un principio de asfixia.
Los estudios médicos practicados posteriormente certificaron que la joven presentaba, además, un golpe en la cabeza, marcas de sujeción manual en el cuello y signos de abuso sexual.
En la denuncia radicada desde el hospital, la muchacha narró que esa noche cerró la puerta de su departamento sin llave y se acostó a dormir, hasta que fue sorprendida por su atacante encima suyo, a quien no llegó a verle el rostro.
La joven agregó que se resistió al ataque con tanta potencia que se orinó encima, pero en determinado momento se desvaneció y cuando despertó ya estaba la Policía en el lugar.
En su defensa, Núñez alegó que una semana antes había tenido una cita con la muchacha y sostuvo que el encuentro de esa noche había sido consentido, aunque la fiscal Clerici descartó su versión al contraponer sus dichos con las pruebas recolectadas durante la investigación.
La fiscal sostuvo que en los dispositivos de la víctima no se encontraron registros, ni conversaciones con Núñez. También valoró el testimonio de una amiga de la chica, quien señaló que el día de esa presunta cita ambas estaban estudiando en otro lugar.
La causa fue elevada a juicio en mayo de 2024 con la firma del magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

La fiscal Patricia Clerici participó de la instrucción y también está encabeza la acusación en el juicio.
El juicio
Para el debate que comenzó esta mañana están citados un total de 35 testigos, entre ellos vecinos de la víctima, los agentes policiales que participaron del operativo, médicos y peritos.
Núñez, vestido de traje, pasó frente al tribunal hoy para validar sus datos personales. Se presentó como estudiante y decidió “por el momento” abstenerse de declarar. El joven es defendido por el abogado particular Jorge Zabulanes.
Esta situación marcó el fin del carácter público de la audiencia. El paso siguiente iba ser la declaración de la víctima, quien pidió que durante su comparecencia el imputado no esté presente en la sala.
El debate continuará los días 4, 5, 6, 7, y 10 de noviembre. La jornada prevista para los alegatos y el dictado del veredicto final fue fijada para el día 11.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso está presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado con los jueces Ricardo Balor y César Yaya como vocales subrogantes.
Juzgan desde el lunes a acusado de abuso e intento de femicidio en Posadas
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