Judiciales
El lunes arranca el juicio a acusada de intentar matar a su beba en 2020
El lunes, a partir de las 8.30, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, comenzará el juicio oral y público contra Rita Marianela Cervantes Martínez, la mujer de 31 años que el 7 de septiembre de 2020 fue detenida y acusada de intentar matar a su beba recién nacida, aunque la defensa sostiene que todo ocurrió en un contexto de psicosis puerperal, por lo cual la cuestión de la salud mental será uno de los tópicos de discusión.
El tribunal encargado de llevar adelante el debate estará integrado por los magistrados Carlos Giménez, Gregorio Busse y César Yaya, mientras que la fiscalía estará representada por Vladimir Glinka y la imputada contará con la defensa de las letradas Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez De Olivera.
Rita llega a esta instancia detenida en una celda de la Unidad Penal V Correccional de Mujeres y procesada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”, lo cual equivale a una expectativa de pena alta en caso de ser considerada penalmente responsable al final del proceso.
La causa que se ventilará en debate tuvo su inicio el 7 de septiembre de 2020, cuando un atleta corría por la Costanera Oeste de Posadas y se topó con una bolsa plástica con una beba recién nacida malherida en su interior.
La investigación posterior determinó que la niña era hija de Rita Cervantes Martínez, que esa misma noche fue detenida en estado shock.
La reconstrucción trazada indica que dos días antes salió de su casa para atenderse en el hospital por una fibroma, pero al someterse a estudios constató que cursaba un embarazo de 36 semanas.
Ya desde el comienzo del caso, la defensa de Rita sostiene que la imputada en ningún momento supo de su estado, que experimentó un embarazo sin síntomas y todo se produjo en el contexto de una “psicosis puerperal”.
“Rita tuvo psicosis puerperal”
Las defensoras Sommer Aramí y Rodríguez De Olivera confían en demostrar toda esta cuestión con pruebas científicas y celebran el desarrollo del juicio como una oportunidad para que Rita “se escuchada por primera vez y pueda contar qué sucedió para que tanto el tribunal como la sociedad sepa su historia de primera mano”.
“Sin dudas es un caso que plantea muchísimos desafíos probatorios, en el sentido de que no son situaciones habituales. Ella tuvo un embarazo sin síntomas, no tuvo panza y menstruó durante todo ese tiempo. Todas estas circunstancias ya de por sí son particulares y a ello se suma la cuestión de la salud mental, que no están trabajadas a nivel social pero sí a nivel científico y eso es lo que vamos a probar en este juicio”, sostuvo Sommer Aromí en diálogo con La Voz de Misiones.
En esa línea, la letrada descartó de plano la hipótesis acusatoria plasmada en la elevación a juicio del expediente tramitado por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
“La hipótesis acusatoria plantea un 100% del uso de las capacidades físicas y mentales de Rita. Es decir, contempla el accionar como un accionar doloso, lo que significa que la fiscalía tiene el difícil trabajo de probar que ella al momento del hecho sabía lo que estaba haciendo, que quería actuar en consecuencia, motivándose con la idea de quitarle la vida a su hija”, agregó Sommer Aromí.
En contraposición a ello, la abogada defensora postuló que “Rita tuvo un episodio de psicosis puerperal. Ella ni siquiera se acuerda qué fue lo que pasó. Incluso para la defensa lo ideal sería que ella pudiera explicar qué fue lo que sucedió, pero están los profesionales médicos psiquiatras, psicólogos y obstetras que van a explicar en el juicio cómo este fenómeno hace que la persona disocie, anule, olvide o no tenga la capacidad de materializar qué fue lo que sucedió en el lapso de tiempo que la psicosis duró”.
La letrada contó que a pesar de su detención, Rita mantiene el vínculo con su pareja y sus dos hijos, uno que ya tenía 3 años al momento del hecho y la recién nacida en aquel entonces.
“Rita es una madraza, hasta el día de hoy es una mamá presente, que todos los días está pendiente de sus dos hijos. Los dos la reconocen como mamá. Tienen un vínculo hermoso que lastimosamente ahora es mayormente por videollamada. Ella lo que más quiere es tener ese contacto verdadero con sus hijos. El papá de los chicos pide que ella tenga vinculo, él sabe que ella es una excelente madre”, destacó por último la abogada penalista.
El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
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