Policiales
Incautan un arsenal en operativos por el tiroteo en una plaza de Posadas
A seis días del tiroteo registrado en una plaza de juegos de Posadas, la Policía de Misiones incautó un arsenal tras allanamientos realizados esta mañana en viviendas vinculadas a uno de los involucrados que se encuentra prófugo desde el momento del hecho.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, son al menos 7 los procedimientos simultáneos que se realizan desde las 5 de la madrugada, y una de las viviendas allanadas pertenece al padre de Joel P., de 41 años, de quien se sospecha participó del intercambio de disparos entre bandas enfrentadas que se registró el jueves a la tarde en una plaza de juegos infantiles ubicada sobre la avenida San Roque Sáenz Peña y frente a la Iglesia Sagrada Familia, en cuyas paredes quedaron impactos de balas.
Se estima que Joel era quien estaba tomando tereré en la plaza hasta que dos hombres abordo de un Ford Ka azul pasaron por enfrente y abrieron fuego en contra suya, aunque el hombre -que aparentemente se esperaba un ataque similar en cualquier momento- también extrajo un arma y repelió el ataque con más balazos.
Producto de ese enfrentamiento, el conductor del Ka resultó herido y hasta hoy permanece internado con riesgo de muerte en el hospital Madariaga de Posadas. El herido se trata de Héctor “Keko” Sotelo, de 36 años, primo de Cristian Casimiro Sotelo, de 40 años, asesinado en junio del año pasado tras otra lluvia de balas registrada en el barrio A3-2 de Posadas.
Quien iba junto a Keko era su hermano, Marcos David, de 32 años, también primo de Casimiro Sotelo y sobreviviente de aquella balacera en el A3-2 y de otra registrada el 19 de enero en el mismo barrio. Fue detenido cuando llevó a su familiar al hospital.
En virtud de estos antecedentes, la hipótesis es que todos los tiroteos están conectados y que en el último episodio del jueves pasado los Sotelo pretendieron vengarse de sus disparadores anteriores.
Por el crimen de Casimiro Sotelo hay cuatro detenidos con prisión preventiva y Joel P. -ahora prófugo- estaría vinculados a al menos uno de ellos.
El hombre ya estuvo en mira de la Justicia en 2020, cuando en su casa hallaron la pistola reglamentaria 9 milímetros que le robaron a la sargento Romina Rodríguez, asesinada por un grupo de jóvenes que la asaltó en su casa del barrio Nuevo Garupá.
Allanamientos
Según adelantaron las fuentes de LVM, en los allanamientos de esta mañana la Policía incautó un arsenal: pistolas, armas largas, municiones, miras telescópicas y más. Se cree que entre ellas estaría el arma utilizada para herir para Keko. Todo será esclarecido mediante pericias que ahora deberá realizar el personal de la Dirección de Policía Científica de la fuerza provincial.
También se secuestraron estupefacientes y cheques posiblemente apócrifos.
En el procedimiento, además, se detuvo -hasta ahora- a una persona que estaría ligada a Joel y que no se descarta que también haya tenido participación en alguna de las balaceras.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
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