En el Juzgado Federal de Oberá se tramita una causa que investiga posibles delitos de captación y explotación laboral de aborígenes misioneros en territorio brasileño, un drama que como antecedente más reciente tiene un rescate de catorce víctimas durante la inspección de un campo de pepinos en Itapiranga, a pocos kilómetros de la frontera con Misiones.

En ese caso se había relevado que en el lugar los indígenas argentinos eran sometidos a trabajo en condiciones similares a la esclavitud, residiendo en condiciones insalubres, sin herramientas ni elementos de seguridad adecuados, expuestos a pesticidas y agrotóxicos, sin agua potable ni alimentos en buen estado.

Tampoco estaban registrados ni recibían un salario formal, un cúmulo de irregularidades que derivó en la intervención de la Fiscalía de Trabajo de Santa Catarina, cuyas autoridades a comienzos de octubre dictaron un embargo de bienes preventivo en contra de dos productores rurales apuntados por el hecho.

En ese marco, fuentes consultadas por La Voz de Misiones confirmaron que en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, actualmente tramita una causa que investiga delitos similares en perjuicio de al menos tres integrantes de las comunidades mbya guaraní Jejy Mirí de El Soberbio y El Pocito de Capioví.

Según explicaron, por el momento se dispuso que los tres jóvenes mbya presten declaración en Cámara Gesell y a partir de allí se evalúen próximas medidas. 

En esa línea, precisaron que en caso de confirmarse que haya delito, el juzgado tendrá competencia para investigar lo concerniente a la “captación”, pero respecto a la “explotación” la competencia corresponderá a la Justicia brasileña, hacia donde se remitirían los informes con las declaraciones y los elementos probatorios que pudieran recogerse en la pesquisa.

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En la madrugada de este viernes, tras el aviso de un familiar, agentes de la Policía de Misiones asistieron a un soldado retirado que permanecía armado y alterado en su vivienda, ubicada en calles 124 y 137 de la chacra 249 de Posadas, donde fue asistido y posteriormente lo detuvieron.

Según fuentes policiales, se trató de una intervención de alta complejidad, donde los agentes negociadores, junto a grupos tácticos especializados, lograron desactivar la crisis del hombre, evitando un desenlace trágico y garantizando la seguridad de todos los involucrados.

El hombre fue identificado como Aldo S. de 55 años de edad, retirado del Ejército Argentino, y ante la gravedad de la situación, efectivos de la Comisaría 13.ª, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (G.O.E.), la Comisaría de la Mujer Zona Oeste y bajo la supervisión del Juez de Instrucción Uno, a cargo de Juan Manuel Monte, implementaron un anillo de seguridad y aplicaron el protocolo de negociación en crisis, con la intervención de profesionales del Departamento de Negociación de la Policía de Misiones.

Protocolo

Durante más de una hora, los negociadores mantuvieron diálogo controlado y técnicas de contención verbal con el hombre, logrando que depusiera su actitud. Una vez asegurado el perímetro, el personal táctico ingresó al domicilio y redujo al sujeto de manera segura, sin que se registraran heridos.

En el lugar, se procedió al secuestro de una pistola High Power calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y 12 cartuchos, elementos que fueron entregados a la División Policía Científica Itaembé Guazú para su peritaje.

En paralelo, los efectivos brindaron asistencia a una mujer de 52 años, quien sería la concubina del involucrado. La misma se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, siendo trasladada en ambulancia al Hospital René Favaloro, donde recibió atención médica y contención psicológica.

Finalmente, el hombre fue trasladado a sede policial a disposición de la Justicia, mientras que la mujer continúa siendo acompañada por el Gabinete Interdisciplinario de la Policía de Misiones, compuesto por psicólogos y psicopedagogos que brindan asistencia integral tras situaciones de crisis.

Liberan a ex soldado y sigue el misterio sobre la mujer asesinada en Irigoyen

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El ex policía Ricardo Rafael Escobar (42) se defendió de las acusaciones efectuadas un día antes por dos de sus consortes de causa en el juicio por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (33) y sumó incriminaciones hacia la ex oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42), una de las principales apuntadas por el procedimiento que resultó de manera mortal.

“Reconozco que le apoyé el pie en la espalda al detenido, pero lo hice sin ejercer fuerza. Lo hice por mi seguridad, por la del detenido y por la de mis amigos”, esgrimió Escobar en respuesta a las declaraciones dadas ayer por los ex policías también imputados Carlos Alberto Da Silva (35) y Carlos Alberto Zidorak (35).

En ese sentido, Escobar también negó haber “saltado” encima de Guirula durante el traslado del detenido desde el motel Park hasta la comisaría Decimotercera. “Yo no voy a aceptar que se diga que yo iba saltando encima del detenido. No sé si hay testigos civiles que pueden decir eso, son dos camaradas los que hoy me están acusando. Si fue así tan aberrante como dicen por qué nadie me paró”, arremetió.

Al momento del hecho, él cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico I de Posadas y fue parte del primer patrullero Chevrolet Corsa que acudió al motel en modo de apoyo.

“Cuando llegamos estaban -Claudio Marcelo- Servián -otro policía imputado- y Da Silva estaban forcejeando con Guirula para sacarlo del auto. Tabarez entró por la otra puerta y estaba pateándole para que salga”, recordó.

Escobar es el tercer imputado que declara desde el inicio del debate. De fondo, el fiscal Vladimir Glinka. 

Sobre Tabarez además apuntó que “ella estaba exaltada” y cuando el fiscal Vladimir Glinka le pidió que sea más preciso describió: “Le gritaba hijo de puta, quién te crees que sos, te voy a procesar por pegarle a una mujer”.

No fue lo único que declaró contra la oficial que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 era la encargada del procedimiento. Escobar sostuvo que la mujer “le tiró patadas de punta en la cabeza y en la parte de abajo” a Guirula cuando ya estaba en el piso aunque sin esposas.

El imputado ratificó que se arrojó gas pimienta contra el albañil para poder reducirlo, aunque negó haber sido él quien le impartió esa orden a Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), otro de los ex uniformados que hoy ocupan un lugar en el banquillo de los acusados.

Los seis ex uniformados afrontan una imputación por “tortura seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, acusación bajo la cual son pasibles de ser condenados a prisión perpetua. Todos cuentan con abogados defensores diferentes.

Búsqueda y cuarto intermedio

La declaración de Escobar fue lo único que ocurrió este jueves en el marco de la tercera jornada del debate oral que se lleva adelante en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado con los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes.

La audiencia de hoy preveía oír el testimonio de las dos chicas que aquella madrugada estaban junto a Guirula y otros amigos en el motel y son consideradas “testigos presenciales” del hecho, aunque ninguna pudo ser localizada a pesar de los intentos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la fuerza provincial.

El fiscal Glinka insistió en persistir con la búsqueda de ambas y el juez Busse dispuso que se arbitren los mecanismos necesarios para dar con el paradero o encargarle esa misión a funcionarios de otra fuerza de seguridad.

Zidorak, Allosa y, por último, Escobar. Los imputados son seis en total.

El juicio se reanudará el próximo martes con la declaración de otros siete testigos, entre ellos médicos forenses que realizaron el examen de autopsia al cuerpo del fallecido.

Según consta en los informes de ese estudio, Guirula falleció como consecuencia de una suma de golpes en distintas partes del cuerpo que provocaron un edema cerebral y fracturas costales, múltiples y bilaterales, que provocaron una contusión pulmonar y una insuficiencia respiratoria aguda.

El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014 cuando Guirula fue detenido en el motel Park en medio de una serie de disturbios por no querer pagar dos botellas wiskis, aunque trabajadores del lugar declararon que el conflicto ya había solucionado cuando llegó el primer móvil encabeza por la oficial Tabarez.

Tras ser reducido, el albañil fue trasladado en la cajuela de un patrullero Toyota Hilux y llegó muerto a la comisaría Decimotercera, ubicada a 7 avenidas del motel.

Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

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