Transcurridos 4112 días desde el hecho, este lunes comenzó el juicio oral contra los seis ex policías acusados de la muerte del albañil Carlos Guirula (33), registrada el 19 de julio de 2014 durante un procedimiento en un motel de Posadas.

Tal como estaba previsto, el debate oral comenzó esta mañana, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos últimos en carácter de subrogante legal.

El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre y a lo largo de las catorce jornadas fijadas se oirá el testimonio de casi 90 testigos, entre trabajadores del motel, agentes policiales, peritos, médicos forenses y más.

En representación de la fiscalía interviene Vladimir Antonio Glinka, mientras que los acusados cuentan con diferentes abogados defensores, tanto oficiales como particulares.

Los imputados son la oficial Lourdes Beatriz Tabarez y los suboficiales Ricardo Rafael Escobar, Carlos Alberto Zidorak, Carlos Alberto Da Silva, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Claudio Marcelo Servián. Todos ellos están acusados por el delito de “tortura seguida de muerte” y llegan a esta instancia en libertad por el vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque culminado este juicio pueden ser condenados a prisión perpetua.

Una vez planteada las cuestiones preliminares, el tribunal dará inicio al proceso y el primer paso será la lectura del requerimiento y del auto de elevación a juicio del expediente.

Culminado ese trámite, se prevé que el tribunal consulte a los imputados si desean prestar declaración.

La audiencia se desarrolla ante una sala con aforo repleto y puede verse a través de Youtube: https://www.youtube.com/live/D69m61FqSDA?si=EOFCOVCf9bF1EPxr

El hecho

El hecho que se busca esclarecer ocurrió durante la madrugada del 19 de julio de 2014 en un motel ubicado en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas.

En ese lugar estaba Guirula junto a unos amigos hasta que se produjo una discusión que derivó en la intervención de la Policía. Los primeros en llegar fueron tres agentes de la comisaría Decimotercera y más tarde se sumaron uniformados del Comando Radioeléctrico Centro.

Según la reconstrucción del caso, el albañil se resistió al procedimiento y en un momento se atrincheró en su vehículo, pero después de ello logró ser reducido, instancia en la que sufrió lesiones de diversa índole.

Después de ello, Guirula fue cargado a la caja de una camioneta y trasladado a la Decimotercera, donde llegó sin vida. La autopsia marcó que la causa de muerte fue un estallido de pulmón y también detectó marcas de borceguíes en el cuerpo del albañil.

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Un hombre de 40 años perdió la vida este lunes por la tarde al caer a un pozo de agua de 15 metros de profundidad mientras realizaba tareas de mantenimiento en una casa del barrio 25 de Mayo de Puerto Iguazú.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Esteban Echeverría, donde un hombre identificado como Hugo Lima (40) efectuaba tareas de mantenimiento en el interior de un pozo de agua.

Según indicaron sus familiares, el hombre tenía experiencia en estas labores y se encontraba trabajando sin herramientas de seguridad, pero un aparente mareo hizo que se precipitara hasta el fondo de la cavidad.

Al lugar acudieron agentes policiales y efectivos de bomberos de la Policía, quienes practicaron las correspondientes labores de rescate pero no lograron evitar que el trabajador perdiera la vida.

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El Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga a cuatro agentes policiales que en 2019 participaron de un procedimiento en el barrio La Cantera de Apóstoles que culminó un muerto y un herido. 

El uniformado más comprometido es Alan Daniel Chupiak, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma y por el carácter de funcionario público”, en perjuicio de un joven identificado como Luciano Villalba (18). Esta acusación prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

Los demás involucrados son Milton Bernabé Escobar, Gerardo Germán Escobar y Daniel Elías Pereyra, quienes están acusados por “abuso de autoridad y lesiones agravadas” cometidas contra Ramón “Chueco” Piris, hermano del fallecido. 

Al momento del hecho, todos ellos cumplían funciones en diferentes seccionales dependientes de la Unidad Regional VII y hasta junio figuraban como agentes activos, según la planilla de uniformados que el Tribunal Electoral tachó del padrón para las elecciones provinciales, medida que después fue revertida.

Tras el dictamen emitido por la magistrada Zuetta, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha acorde a su calendario para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos investigados. 

El procedimiento que resultó con un muerto y un fallecido ocurrió el 5 de diciembre de 2019 en el barrio La Cantera de Apóstoles.

Operativo y muerte

El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 5 de diciembre de 2019, año que tuvo otros dos casos de violencia institucional: el asesinato de Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; y la persecución y muerte de Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio, causa que ya fue a juicio y culminó con un policía condenado a prisión perpetua.

Aquel 5 de diciembre a la madrugada una serie de patrulleros acudieron al barrio La Cantera de Apóstoles a raíz de un presunto hurto de motocicleta y el objetivo era detener a Chueco Piris, pero los familiares del implicado intentaron entorpecer el procedimiento.

En ese contexto, se produjeron corridas, forcejeos, pedradas y disparos. Uno de esos proyectiles calibre 9 milímetros alcanzó a Luciano Villalba, hermano de Piris. El balazo le perforó un pulmón y le desagarró el corazón, provocándole la muerte en el acto.

Después de ello, el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso la detención de los cuatro uniformados que participaron del operativo y el secuestro de las armas reglamentarias de cada uno de ellos para los correspondientes estudios balísticos. 

A la espera de esos resultados y en medio de movilizaciones a favor de los policías en Apóstoles, los cuatro involucrados recuperaron la libertad.

En el transcurso de la causa, finalmente el juez Faría se apartó del caso y el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, donde se culminó la etapa investigativa.

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