Judiciales
Fiscalía de Iguazú pidió elevar a juicio la causa por el crimen de Urizar

El titular de la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Horacio Paniagua, consideró agotada la investigación por el asesinato del emprendedor gastronómico Catriel Urizar (30) registrado en marzo de este año y solicitó que el expediente sea elevado a instancia de juicio oral.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en su requerimiento el fiscal consideró que los dos detenidos por el hecho, Catalino Paniagua (18) y Anderson Álvarez (18), deben ir a juicio como coautores de los delitos de “homicidio en ocasión de robo y portación de arma de fuego”, imputación bajo la cual pueden recibir penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Los dos detenidos tienen 18 años y pueden enfrentarse a penas de entre 10 y 25 años de prisión.
El documento fue presentado en las últimas horas ante el Juzgado de Instrucción Tres de la misma ciudad y ahora será el magistrado Martín Brites el encargado de firmar el pedido, siempre y cuando la defensa no se oponga o solicite otras medidas.
En caso de que el juez Brites firme la elevación a juicio del caso, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Penal Uno de Eldorado, cuyas autoridades deberán fijar fecha para las correspondientes audiencias del debate oral y público.
El crimen de Urizar
El crimen de Urizar, propietario del local de comidas Como el Campo, se registró el 28 de marzo, cerca de las 23, en el barrio Cataratas del Iguazú.
En ese lugar la víctima fue hallada sin vida, en el asiento del conductor de su camioneta Toyota Hilux, con una lesión de arma de fuego en la región del tórax.
La reconstrucción del hecho marca que minutos antes Urizar recibió un pedido de “hamburpizza”, pero intuyó que algo andaba mal porque la dirección dada por los clientes no era precisa e insistían constantemente en saber las características del vehículo que haría el delivery.

Urizar fue hallado asesinado de un disparo dentro de su camioneta Toyota Hilux.
En esas circunstancias, el hombre consideró que podía ser víctima de un robo, ante lo cual decidió ir a realizar la entrega del pedido en su camioneta y llevó consigo la réplica de un arma de fuego.
Su intuición no falló. Al llegar se encontró con dos jóvenes que pretendían robarle, instancia en la cual intentó extraer su pistola de juguete, pero allí mismo recibió un disparo proveniente de un arma real.
Esos dos jóvenes fueron Catalino Paniagua y Anderson Álvarez, quienes fueron detenidos pocas horas después. Ambos fueron captados por cámaras de seguridad en cercanías a la zona del hecho y uno de ellos admitió haber disparado contra Urizar al pensar que extraería un arma.
En la vivienda de Catalino, en tanto, se secuestró un revólver calibre 38 milímetros que sería el arma homicida.
Catalino también fue noticia a mediados de abril, cuando escapó de la comisaría donde estaba alojado, aunque fue recapturado poco después.
Judiciales
Juzgan al ex prefecto Barceló por múltiples violaciones contra una subalterna

Esta mañana, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el juicio oral contra el ex subprefecto bonaerense Jorge Daniel Barceló (39), acusado de siete conductas delictivas perpetradas contra una misma subalterna, hechos que van desde hostigamiento, maltrato, amenazas coactivas, acoso laboral y hasta reiterados abusos sexuales cometidos mientras compartían horas de servicio.
Este jueves, en la primera de doce jornadas previstas en total, y con el imputado conectado de manera virtual desde el penal de Marcos Paz, el tribunal procedió a dar lectura del requerimiento de elevación de la causa, que en la etapa de instrucción fue accionada por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y dirigida por la jueza federal María Verónica Skanata.
En ese instrumento probatorio constan todas las acusaciones que pesan contra Barceló, que al momento del hecho se desempeñaba como primer jefe de la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Sipa) de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Posadas, con varios agentes designados a su cargo, entre ellos la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo, con especializaciones y condecoraciones por su labor.
Según denunció la víctima, la extensa secuencia de hechos tuvo inicio a comienzos de 2020, apenas unos meses después del arribo de Barceló, que anteriormente estaba en Quequén, provincia de Buenos Aires.
Era el 8 de febrero de 2020 cuando la joven, que además estaba en pareja en un prefecto retirado y tenía dos hijos menores, se fracturó un brazo en un accidente de tránsito y Barceló le asignó tareas a pesar de que la muchacha estaba impedida de hacerlo, ya que lo correspondiente era el otorgamiento de una licencia médica.
La situación se agravó un mes después, más precisamente el 4 de marzo, cuando el subprefecto arrimó la silla de su computadora hacia la joven y abrazándola a la altura de los hombros la “invitó a salir”.
La invitación recibió un rechazo de parte de la muchacha, ante lo cual Barceló cambió completamente de actitud y al día siguiente exigió la presentación del certificado médico por la lesión de febrero, aunque para ese entonces ya había vencido el plazo para la presentación del documento, ante lo cual incurrió en una irregularidad que le significó una sanción.
En ese marco, el jefe comenzó con amenazas coactivas de más sanciones o de calificaciones negativas contra la joven, además de ejercer violencia psicológica, física, verbal y actos de acoso constante. Para la fiscalía todas estas acciones conforman un solo hecho y se encuadran como “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario pública y amenazas coactivas”.

El juicio se realiza en el Tribunal Oral Federal de Posadas y el acusado sigue el debate desde una celda de Marcos Paz.
Abusos
Pero eso fue tan solo el comienzo del infierno que la víctima denunció padecer de allí en adelante, con cinco hechos de abuso sexual en total, algunos en grado de tentativa, otros de tipo simple y tres violaciones consumadas, con acceso carnal.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, el primer abuso ocurrió en 2021, un día en que fue abordada en el baño de la oficina de Sipa y luego llevada a la fuerza hacia el camarote masculino, donde en primera instancia fue manoseada y luego accedida carnalmente. Incluso, la joven narró que después del hecho Barceló “se fue a hacer un mate como si nada”.
El segundo caso de abuso sucedió pocos meses después, durante un servicio que ambos prestaron en Puerto Rico y mientras se alojaban en un inmueble de la misma fuerza, que linda con el edificio de la delegación de PNA en esa localidad.
En esa ocasión, la agente fue abordada después de la ducha y nuevamente sufrió tocamientos, aunque lo peor sucedió después, cuando Barceló la convenció de dar una caminata para “charlar” sobre lo sucedido, aunque volvió a insinuarse sexualmente, recibiendo otro rechazo.
Ante ello -denunció la víctima-, el subprefecto la llevó hacia un descampado, donde la arrojó al piso y volvió a violarla, provocándole además lesiones en distintas partes del cuerpo.
El calvario de la joven se extendió durante un largo tiempo, período en el cual debió continuar compartiendo funciones con su abusador, que además era su jefe, con toda la significancia jerárquica que ello conlleva dentro de una fuerza.
Ya en 2022, en medio de tareas para el rescate de un barco hundido, el subprefecto volvió a realizar tocamientos contra la muchacha y un tiempo después consumó un último hecho abuso sexual con acceso carnal.

El Ministerio Público Fiscal es representado por Pablo Di Loreto.
Denuncia y juicio
Todo este historial de abusos fue finalmente expuesto en una denuncia que la uniformada radicó el 28 de octubre de 2022, lo cual dio inicio a una investigación que quedó manos de la fiscal federal Silvina Gutiérrez.
Barceló fue llevado a indagatoria tiempo después, el 26 de julio de 2023, instancia en la que se defendió de las acusaciones, alegando que todo consistió en una “falsa denuncia” orquestada para apartarlo de su cargo.
Desde ese momento el implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal II de Marcos Paz, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El juicio en su contra comenzó hoy y se extenderá a lo largo de doce jornadas, aunque solo la audiencia de inicio y la audiencia de cierre serán abiertas al público, medida dispuesta para evitar la revictimización de la denunciante durante el aporte de testigos o la exhibición de pruebas que puedan herir su honor.
El tribunal encargado de llevar adelante es presidido por el magistrado Gustavo Cardozo e integrado por sus pares Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.
En representación de la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que como Defensora Pública de la Víctima participa la letrada Andreina Fossatti. El acusado es defendido por los abogados particulares Federico Tilli y Cristian Bareiro.
Judiciales
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex

Juana Maciel, la joven mbya guaraní asesinada el lunes a la madrugada en la comunidad Yryapú de Puerto Iguazú, recibió un total de 27 puntazos, uno de los cuales le perforó un pulmón.
Así lo determinó el examen forense efectuado el martes en la morgue judicial de Posadas y notificado en las últimas horas al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites.
El informe con los primeros resultados de autopsia marca que el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, detallaron los forenses que uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Tras recibir este informe, el magistrado interviniente dispuso que Ismael Centurión (29), ex pareja de Maciel e integrante de la misma comunidad mbya, comparezca en audiencia de declaración indagatoria como único sospechoso del crimen.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, al momento de comparecer ante la Justicia Centurión se abstuvo de declarar y fue imputado formalmente por el delito de homicidio agravado por femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Tras cumplimentar el procedimiento judicial, el acusado volvió a ser alojado en una celda dependiente de la Unidad Regional V de la Policía y allí permanecerá mientras avance la instrucción de la causa en su contra.
Judiciales
Ex empleado municipal firmó 18 años de prisión por un homicidio en El Soberbio

Esta mañana debía comenzar en el Tribunal Penal Uno de Oberá el juicio oral por el homicidio del camionero Alberto Alvez Da Costa (33), perpetrado en enero de 2022 en un bar de la localidad de El Soberbio, pero el proceso debió suspenderse dado que el único imputado por el hecho decidió firmar un acuerdo de juicio abreviado por 18 años de prisión.
Julio “Polaco” De Cuadros (53) es el nombre del acusado, quien ahora admitió su responsabilidad en el caso y aceptó ser condenado como autor del delito de “homicidio simple”, acuerdo que ahora debe ser homologado por los jueces del tribunal obereño, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y un subrogante designado para la ocasión.
El hecho que iba a ser ventilado en debate este miércoles tuvo lugar en la madrugada del 3 de enero de 2022, cuando De Cuadros y Da Costa, más conocido como Toto Polinario, se enfrentaron tras una discusión registrada en el Bar de Jair, ubicado en el barrio Unión de El Soberbio.
La víctima sufrió al menos dos puntazos con un arma blanca y falleció a los pocos minutos, mientras que De Cuadros, que hasta ese momento se desempeñaba como empleado municipal, escapó del lugar pero fue ubicado y detenido poco después.
El sindicado homicida permanece privado de su libertad desde ese momento y deberá continuar varios años en esa condición para purgar su pena en la Unidad Penal II de Oberá.
Lo mató a puñaladas tras una gresca en un bar de El Soberbio
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