Policiales
Fijaron para el 2 de mayo la indagatoria a fiscal federal investigado
En medio de nuevos planteos y apelaciones, la investigación contra el fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, apuntado por una multiplicidad de denuncias, podría dar un paso clave el próximo 2 de mayo, fecha pautada por la Justicia para que finalmente se lleve adelante la audiencia de declaración indagatoria al funcionario puesto bajo la lupa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la medida fue dispuesta por el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara una impugnación defensiva de la junta médica que dictaminó que el funcionario investigado se encuentra en condiciones de afrontar la indagatoria.
Ahora, desde la defensa de González Glaría presentaron una nueva apelación y se espera una resolución al respecto en los próximos días, aunque de igual manera el fiscal investigado debería comparecer a la indagatoria programada para el 2 de mayo, instancia en la cual puede brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.
La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y ya tuvo otras dos citaciones a indagatoria (en octubre y noviembre pasado), aunque ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban un cuadro de “trastorno depresivo” en el implicado.
Fue después de ello que el fiscal Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso.
Ese pedido fue cumplido por el juez Casals y la pericia médica se llevó adelante el último 9 de marzo.
Los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años y cursando un tratamiento oncológico, se encuentra en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debe ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.
Denuncias y defensa
La investigación en su contra comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.
“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que puede darse el 2 de mayo.
González Glaría ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Misiones desde 1993.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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