Policiales

Familia fue desalojada de noche y con tormenta tras vivir 50 años en el Cerro Pelón

Publicado

hace 6 años

03/12/2020

Por

La Voz de Misiones

Hace dos meses, falleció Rubén Fariña, un hombre que desde principio de la década del 70 vivía en una casa ubicada en la avenida Roque Pérez al 543, frente al Cerro Pelón.

Junto a él residía su hijo Gabriel Fariña, con su esposa y sus tres hijos menores de edad. Anoche, los desalojaron en medio de una tormenta y los dejaron en la calle. Hoy terminaron de recoger sus pertenencias y la Justicia cerró las puertas de su hogar.

El equipo de La Voz de Misiones, en forma exclusiva, llegó al lugar anoche, alrededor de las 20, cuando el desalojo ya había comenzado. A través de una transmisión en vivo, se vio el accionar policial, ordenado por el Juez Marcelo Cardozo que, pese a la súplica de la familia, el abogado y los vecinos, que en forma unánime coincidían que la familia vivió ahí toda la vida, no dio el brazo a torcer y el trámite se llevó a cabo igualmente.

Lucas Sebastián Ortega, abogado de los damnificados, dijo: “La señora y el señor tenían que estar inscriptos en el Iprodha para el desalojo, es de noche, son más de las 19 horas y los desalojos tienen que ser antes, de día. Hay una tormenta, hay criaturas, es una familia que vive hace más de 40 años en el lugar”.

Y agregó: “Lastimosamente el Juez Cardozo está siendo el brazo ejecutor de una gran injusticia. Personalmente voy hacer una denuncia al juez ante el Colegio de Abogados, como hice en otras oportunidades, yo denuncio jueces corruptos. Voy a denunciar el procedimiento también porque es ilegítimo, fuera del horario del código del procedimiento”.

El letrado también expresó que: “Además hay una legislación de emergencia que impide los desalojos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estas son consecuencias de escribanos que participan con consentimiento del Poder Judicial para tomar propiedades. Es sabido que la Justicia Penal misionera se queda con propiedades, esto es de vieja data”.

“Estamos en un lugar estratégico de la ciudad de Posadas, es un lugar clave, una propiedad multimillonaria. Cómo puede ser que un expediente y un sumario policial que tarda quince días para elevarse, en dos días fue elevado. Sin lugar a duda estamos frente a un hecho de corrupción”, cuestionó el profesional.

Mirá el vivo de anoche haciendo click aquí

Esta mañana la familia pudo sacar sus pertenecias

Gabriel Fariña, el hijo del difunto Rubén Fariña, nació, se crió y vivió toda su vida en la casa ubicada a 200 metros de la Costanera. Esta mañana, llegó al lugar para sacar el resto de sus pertenencias, ya que ayer le aseguraron que no podría ingresar más a la propiedad. No obstante, hoy a la mañana le permitieron retirar algunos muebles, ropas y cosas que habían quedado.

En ese sentido, Gabriel contó a LVM: “Esa cuna es mía, la recuerdo todavía nítidamente porque tanto yo como mi hermana usamos la misma cuna. Con eso quiero demostrar que no es una casualidad, ni un tema de ocupación por parte nuestra, como se estaba diciendo por ahí, nosotros somos realmente los dueños, los poseedores, los antiguos propietarios del lugar”.

“Ayer cae la policía, me golpean la puerta me intimidan, me dan el aviso y le digo: ‘Bueno esto no se puede realizar de esta manera, me parece que está fuera de lugar’; estaba lloviendo. Yo estaba con mi señora, mi hijo el más chico… a mí no me llegó ni siquiera una cédula de notificación de parte del Juzgado de que esto se iba a llevar a cabo. El primer papel que llega es la orden de desalojo, que todavía no tengo ni siquiera la copia”, explicó el hombre.

“Mi papá nunca me comentó que haya vendido la casa o algo por el estilo. Esto surgió un mes y pico después de que falleció mi viejo, o sea que esto ya se venía preparando. Yo le pido al juez que haga una revisión de la actuación que está llevando a cabo y que por favor se hagan las cosas por las vías legales como tiene que ser, con los tiempos que tienen que ser, con las notificaciones que se tienen que dar. Si hay que presentar pruebas, si hay que llegar a una instancia judicial, me parece que eso sería lo más adecuado. Yo pido que me devuelvan lo que es mío y porque no estoy pidiendo nada regalado”, contó Fariña visiblemente sentido.

“Abuso de poder en el régimen de la Renovación”

El abogado Lloyd Wickström, quien durante años fue fiscal de Estado, se enteró a través de la transmisión de LVM y llegó a la vivienda para denunciar que “es una clara situación de abuso de poder, manifiesto… vengo porque me entero ahora que se ha desalojado indebidamente, es lo que en derecho se llama Inaudita Parte, sin escuchar a la otra parte, que hace más de 40 años vive en el lugar”.

“Ya tienen adquiridos los derechos de posesión veinteñal. Además, se hizo la diligencia fuera de los horarios que establece la ley, es decir, la diligencia se hace del nacimiento a la puesta del sol, y se hizo de noche y en medio de una tormenta, además de eso con criaturas”, sostuvo el letrado.

“Todos los elementos como para no poder hacer una diligencia de esta naturaleza ordenó el juez, con lo cual ha incurrido en un delito. Ya serán hechas las denuncias pertinentes, no solamente la penal sino también en la del jurado de enjuiciamiento”, dijo Wickström.

Para finalizar, el destituido fiscal expresó: “Esto es intolerable, esto es lo que se llama típicamente el abuso de poder, hay documentos públicos, no puede tomar un juez así una medida totalmente arbitraria, es increíble esto”.

Mirá el vivo de esta mañana haciendo click aquí.

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Judiciales

Discusión de tránsito y homicidio en Garupá: pidieron elevar a juicio la causa

Publicado

hace 7 horas

27/08/2026

Por

Jorge Posdeley

A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.

El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.

El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.

Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.

El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.

Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá

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Policiales

Tiene antecedentes e intentó entregar a dos hijos a cambio de un auto

Publicado

hace 8 horas

27/08/2026

Por

Jorge Posdeley

Un hombre de 38 años fue detenido en Aristóbulo del Valle, acusado de haber manifestado su intención de entregar a dos de sus cuatro hijos a cambio de un automóvil o una camioneta. La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de los menores, quien aseguró haber recibido un audio de WhatsApp en el que reconoció la voz de su ex pareja.

La mujer, de 27 años, se presentó en la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y relató que había recibido la grabación, cuyo contenido encendió la alarma de las autoridades. Según su denuncia, el hombre habría expresado allí su intención de entregar a dos de los niños a cambio de un vehículo.

A partir de la presentación, tomó intervención el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo del magistrado Diego Lafata por subrogancia, que ordenó una serie de medidas destinadas tanto a avanzar en la investigación como a resguardar a los cuatro hermanos.

En ese marco, cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda del barrio Municipal y detuvieron a Ramón V. (38), quien registra antecedentes penales.

Tras el procedimiento, los cuatro menores, de 11, 9 y 5 años y de un año y ocho meses, quedaron provisoriamente bajo el cuidado de una tía paterna. Además, una psicopedagoga y una asistente social intervinieron para brindarles contención y asistencia.

Por otra parte, personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres teléfonos celulares: uno perteneciente a la denunciante, otro al acusado y un tercero vinculado a una persona cuya eventual relación con el hecho es ahora materia de investigación.

Los dispositivos fueron puestos bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias para determinar si contienen información que permita confirmar o descartar los hechos denunciados y establecer la posible participación de otras personas.

La causa fue caratulada provisoriamente como “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución”. La investigación continúa para establecer las circunstancias en que se produjo la situación denunciada.

Como antecedente, los investigadores establecieron que los cuatro niños se encontraban desde hacía tiempo bajo el cuidado de su padre, luego de que la madre atravesara una crisis que requirió su internación y derivara en que los menores quedaran al cuidado paterno.

Por el momento, la Justicia mantiene las medidas de protección sobre los hermanos mientras avanza con las pericias y el resto de las diligencias ordenadas en la causa.

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Judiciales

Un misionero condenado y otro absuelto en juicio por red de trata de menores

Publicado

hace 24 horas

26/08/2026

Por

Jorge Posdeley

El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.

La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.

Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.

Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.

Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.

Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.

Aguiar, absuelto

La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.

Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.

Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.

Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.

Corazza, también fue absuelto

El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.

El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.

En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.

La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.

Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.

El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.

La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.