Policiales
Familia fue desalojada de noche y con tormenta tras vivir 50 años en el Cerro Pelón
Hace dos meses, falleció Rubén Fariña, un hombre que desde principio de la década del 70 vivía en una casa ubicada en la avenida Roque Pérez al 543, frente al Cerro Pelón.
Junto a él residía su hijo Gabriel Fariña, con su esposa y sus tres hijos menores de edad. Anoche, los desalojaron en medio de una tormenta y los dejaron en la calle. Hoy terminaron de recoger sus pertenencias y la Justicia cerró las puertas de su hogar.
El equipo de La Voz de Misiones, en forma exclusiva, llegó al lugar anoche, alrededor de las 20, cuando el desalojo ya había comenzado. A través de una transmisión en vivo, se vio el accionar policial, ordenado por el Juez Marcelo Cardozo que, pese a la súplica de la familia, el abogado y los vecinos, que en forma unánime coincidían que la familia vivió ahí toda la vida, no dio el brazo a torcer y el trámite se llevó a cabo igualmente.
Lucas Sebastián Ortega, abogado de los damnificados, dijo: “La señora y el señor tenían que estar inscriptos en el Iprodha para el desalojo, es de noche, son más de las 19 horas y los desalojos tienen que ser antes, de día. Hay una tormenta, hay criaturas, es una familia que vive hace más de 40 años en el lugar”.
Y agregó: “Lastimosamente el Juez Cardozo está siendo el brazo ejecutor de una gran injusticia. Personalmente voy hacer una denuncia al juez ante el Colegio de Abogados, como hice en otras oportunidades, yo denuncio jueces corruptos. Voy a denunciar el procedimiento también porque es ilegítimo, fuera del horario del código del procedimiento”.
El letrado también expresó que: “Además hay una legislación de emergencia que impide los desalojos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estas son consecuencias de escribanos que participan con consentimiento del Poder Judicial para tomar propiedades. Es sabido que la Justicia Penal misionera se queda con propiedades, esto es de vieja data”.
“Estamos en un lugar estratégico de la ciudad de Posadas, es un lugar clave, una propiedad multimillonaria. Cómo puede ser que un expediente y un sumario policial que tarda quince días para elevarse, en dos días fue elevado. Sin lugar a duda estamos frente a un hecho de corrupción”, cuestionó el profesional.
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Esta mañana la familia pudo sacar sus pertenecias
Gabriel Fariña, el hijo del difunto Rubén Fariña, nació, se crió y vivió toda su vida en la casa ubicada a 200 metros de la Costanera. Esta mañana, llegó al lugar para sacar el resto de sus pertenencias, ya que ayer le aseguraron que no podría ingresar más a la propiedad. No obstante, hoy a la mañana le permitieron retirar algunos muebles, ropas y cosas que habían quedado.
En ese sentido, Gabriel contó a LVM: “Esa cuna es mía, la recuerdo todavía nítidamente porque tanto yo como mi hermana usamos la misma cuna. Con eso quiero demostrar que no es una casualidad, ni un tema de ocupación por parte nuestra, como se estaba diciendo por ahí, nosotros somos realmente los dueños, los poseedores, los antiguos propietarios del lugar”.
“Ayer cae la policía, me golpean la puerta me intimidan, me dan el aviso y le digo: ‘Bueno esto no se puede realizar de esta manera, me parece que está fuera de lugar’; estaba lloviendo. Yo estaba con mi señora, mi hijo el más chico… a mí no me llegó ni siquiera una cédula de notificación de parte del Juzgado de que esto se iba a llevar a cabo. El primer papel que llega es la orden de desalojo, que todavía no tengo ni siquiera la copia”, explicó el hombre.
“Mi papá nunca me comentó que haya vendido la casa o algo por el estilo. Esto surgió un mes y pico después de que falleció mi viejo, o sea que esto ya se venía preparando. Yo le pido al juez que haga una revisión de la actuación que está llevando a cabo y que por favor se hagan las cosas por las vías legales como tiene que ser, con los tiempos que tienen que ser, con las notificaciones que se tienen que dar. Si hay que presentar pruebas, si hay que llegar a una instancia judicial, me parece que eso sería lo más adecuado. Yo pido que me devuelvan lo que es mío y porque no estoy pidiendo nada regalado”, contó Fariña visiblemente sentido.
“Abuso de poder en el régimen de la Renovación”
El abogado Lloyd Wickström, quien durante años fue fiscal de Estado, se enteró a través de la transmisión de LVM y llegó a la vivienda para denunciar que “es una clara situación de abuso de poder, manifiesto… vengo porque me entero ahora que se ha desalojado indebidamente, es lo que en derecho se llama Inaudita Parte, sin escuchar a la otra parte, que hace más de 40 años vive en el lugar”.
“Ya tienen adquiridos los derechos de posesión veinteñal. Además, se hizo la diligencia fuera de los horarios que establece la ley, es decir, la diligencia se hace del nacimiento a la puesta del sol, y se hizo de noche y en medio de una tormenta, además de eso con criaturas”, sostuvo el letrado.
“Todos los elementos como para no poder hacer una diligencia de esta naturaleza ordenó el juez, con lo cual ha incurrido en un delito. Ya serán hechas las denuncias pertinentes, no solamente la penal sino también en la del jurado de enjuiciamiento”, dijo Wickström.
Para finalizar, el destituido fiscal expresó: “Esto es intolerable, esto es lo que se llama típicamente el abuso de poder, hay documentos públicos, no puede tomar un juez así una medida totalmente arbitraria, es increíble esto”.
Mirá el vivo de esta mañana haciendo click aquí.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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