Policiales
Familia fue desalojada de noche y con tormenta tras vivir 50 años en el Cerro Pelón
Hace dos meses, falleció Rubén Fariña, un hombre que desde principio de la década del 70 vivía en una casa ubicada en la avenida Roque Pérez al 543, frente al Cerro Pelón.
Junto a él residía su hijo Gabriel Fariña, con su esposa y sus tres hijos menores de edad. Anoche, los desalojaron en medio de una tormenta y los dejaron en la calle. Hoy terminaron de recoger sus pertenencias y la Justicia cerró las puertas de su hogar.
El equipo de La Voz de Misiones, en forma exclusiva, llegó al lugar anoche, alrededor de las 20, cuando el desalojo ya había comenzado. A través de una transmisión en vivo, se vio el accionar policial, ordenado por el Juez Marcelo Cardozo que, pese a la súplica de la familia, el abogado y los vecinos, que en forma unánime coincidían que la familia vivió ahí toda la vida, no dio el brazo a torcer y el trámite se llevó a cabo igualmente.
Lucas Sebastián Ortega, abogado de los damnificados, dijo: “La señora y el señor tenían que estar inscriptos en el Iprodha para el desalojo, es de noche, son más de las 19 horas y los desalojos tienen que ser antes, de día. Hay una tormenta, hay criaturas, es una familia que vive hace más de 40 años en el lugar”.
Y agregó: “Lastimosamente el Juez Cardozo está siendo el brazo ejecutor de una gran injusticia. Personalmente voy hacer una denuncia al juez ante el Colegio de Abogados, como hice en otras oportunidades, yo denuncio jueces corruptos. Voy a denunciar el procedimiento también porque es ilegítimo, fuera del horario del código del procedimiento”.
El letrado también expresó que: “Además hay una legislación de emergencia que impide los desalojos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estas son consecuencias de escribanos que participan con consentimiento del Poder Judicial para tomar propiedades. Es sabido que la Justicia Penal misionera se queda con propiedades, esto es de vieja data”.
“Estamos en un lugar estratégico de la ciudad de Posadas, es un lugar clave, una propiedad multimillonaria. Cómo puede ser que un expediente y un sumario policial que tarda quince días para elevarse, en dos días fue elevado. Sin lugar a duda estamos frente a un hecho de corrupción”, cuestionó el profesional.
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Esta mañana la familia pudo sacar sus pertenecias
Gabriel Fariña, el hijo del difunto Rubén Fariña, nació, se crió y vivió toda su vida en la casa ubicada a 200 metros de la Costanera. Esta mañana, llegó al lugar para sacar el resto de sus pertenencias, ya que ayer le aseguraron que no podría ingresar más a la propiedad. No obstante, hoy a la mañana le permitieron retirar algunos muebles, ropas y cosas que habían quedado.
En ese sentido, Gabriel contó a LVM: “Esa cuna es mía, la recuerdo todavía nítidamente porque tanto yo como mi hermana usamos la misma cuna. Con eso quiero demostrar que no es una casualidad, ni un tema de ocupación por parte nuestra, como se estaba diciendo por ahí, nosotros somos realmente los dueños, los poseedores, los antiguos propietarios del lugar”.
“Ayer cae la policía, me golpean la puerta me intimidan, me dan el aviso y le digo: ‘Bueno esto no se puede realizar de esta manera, me parece que está fuera de lugar’; estaba lloviendo. Yo estaba con mi señora, mi hijo el más chico… a mí no me llegó ni siquiera una cédula de notificación de parte del Juzgado de que esto se iba a llevar a cabo. El primer papel que llega es la orden de desalojo, que todavía no tengo ni siquiera la copia”, explicó el hombre.
“Mi papá nunca me comentó que haya vendido la casa o algo por el estilo. Esto surgió un mes y pico después de que falleció mi viejo, o sea que esto ya se venía preparando. Yo le pido al juez que haga una revisión de la actuación que está llevando a cabo y que por favor se hagan las cosas por las vías legales como tiene que ser, con los tiempos que tienen que ser, con las notificaciones que se tienen que dar. Si hay que presentar pruebas, si hay que llegar a una instancia judicial, me parece que eso sería lo más adecuado. Yo pido que me devuelvan lo que es mío y porque no estoy pidiendo nada regalado”, contó Fariña visiblemente sentido.
“Abuso de poder en el régimen de la Renovación”
El abogado Lloyd Wickström, quien durante años fue fiscal de Estado, se enteró a través de la transmisión de LVM y llegó a la vivienda para denunciar que “es una clara situación de abuso de poder, manifiesto… vengo porque me entero ahora que se ha desalojado indebidamente, es lo que en derecho se llama Inaudita Parte, sin escuchar a la otra parte, que hace más de 40 años vive en el lugar”.
“Ya tienen adquiridos los derechos de posesión veinteñal. Además, se hizo la diligencia fuera de los horarios que establece la ley, es decir, la diligencia se hace del nacimiento a la puesta del sol, y se hizo de noche y en medio de una tormenta, además de eso con criaturas”, sostuvo el letrado.
“Todos los elementos como para no poder hacer una diligencia de esta naturaleza ordenó el juez, con lo cual ha incurrido en un delito. Ya serán hechas las denuncias pertinentes, no solamente la penal sino también en la del jurado de enjuiciamiento”, dijo Wickström.
Para finalizar, el destituido fiscal expresó: “Esto es intolerable, esto es lo que se llama típicamente el abuso de poder, hay documentos públicos, no puede tomar un juez así una medida totalmente arbitraria, es increíble esto”.
Mirá el vivo de esta mañana haciendo click aquí.
Una semana después del informe que releva un esquema de entrega de bebés en Concepción de la Sierra llegó una amenaza de censura contra La Voz de Misiones. Lo hizo el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, quien ahora se desempeña como abogado defensor particular de una pareja bonaerense que fue condenada por los delitos cometidos en el hecho investigado.
El ex magistrado, que fue destituido por un juicio político realizado en 2007, envío una carta documento a título a personal que llegó este lunes a la mañana a la redacción de La Voz de Misiones, medio que el 5 de enero pasado publicó la nota “Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena”.
En dicha publicación, LVM expuso dos casos de entrega de niños recién nacidos que ocurrieron entre 2021 y 2022 en Concepción de la Sierra, donde los diversos autores implicados, tanto la madre biológica, como quienes oficiaron de intermediarios y quienes recibieron a los menores, asumieron sus respectivas responsabilidades en sendos acuerdos de juicio abreviado que se tradujeron en sentencias condenatorias.
Uno de esos involucra a la pareja conformada por el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez y a su esposa Lorena Soledad Márquez, quienes residen en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero que en marzo de 2022 vinieron hasta la tierra colorada para llevarse a una niña de cuatro meses con la que convivieron unos pocos meses hasta que el Juzgado Multifuero de Apóstoles descubrió la maniobra y ordenó un operativo de rescate que se concretó exitosamente.
Después de ello, se activó una causa penal que fue dirigida por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas. El expediente continuó su curso normal, con incorporación de pruebas, toma de indagatorias y exámenes de ADN, hasta que fue enviado a juicio oral, aunque antes de llegar a esa instancia los bonaerenses firmaron un acuerdo de juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad con la anuencia de Reyes como abogado defensor.
De esa manera, tanto Ibáñez como Márquez recibieron 3 años de prisión en suspenso por delitos de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, con la diferencia de que a la mujer también se le atribuyó “promoción e intermediación”.
La carta documento de Reyes fue emitida el 9 de enero y llegó hoy a la redacción de LVM.
“Merecen la censura”
Ahora, Reyes, en su carácter de abogado defensor de ambos condenados, pero a título personal y desde su estudio en J.J. Lanusse 136 de Apóstoles, envío una carta documento intimando al medio a eliminar la nota publicada argumentando “calumnias”, atacando la fuente de información y considerando que los datos revelados “merecen la censura”.
“Intimo se abstenga a calumniar a mis defendidos mencionados en el segundo caso publicado en las redes sociales, en clara violación ART. 1° Ley 27.708, que únicamente pudieron ser obtenidos de fuentes judiciales del fuero penal federal y provincial”, invoca Reyes.
En otro párrafo, arguye que “el periodismo viola el ART. 28 CN porque están incurriendo en el delito revelando los datos de los involucrados judicialmente y con ello perjudican el honor, la reputación e integridad de personas concretas”.
“Es indudable que obtuvieron esos datos y los publicaron injustificadamente con un efecto de amplitud y velocidad impredecible que merecen la censura”, remata luego.
Incluso, añade cuestiones que de índole cuasi personal que en ningún momento fueron objeto de la publicación efectuada por este diario. En su escrito Reyes acusa que “el juez y la defensora oficial de Apóstoles inculparon falsamente a sus defensores por instigadores a cometer delito supresión de identidad” y acto seguido se defiende “nunca antes tuvimos contactos con ellos ni la madre de la niña”.
El documento cierra con una intimidación de 72 horas para “retractarse y suprimir de las redes dicha noticia”, con la advertencia de ser “demandados y querellados” en caso contrario.
Información pública
Asesores consultados por LVM calificaron la presentación como “errónea, improcedente y hasta contradictoria”.
Por ejemplo, explicaron que uno de los articulados citados, el ART. 1° Ley 27.708 (Ley Argentina Digital), que tiene por objeto declarar “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, normativa considerada “no aplicable” para este caso puntual.
Además, yerra severamente Reyes cuando hipotetiza sobre el origen de la información. Es que, más allá de las inobjetables fuentes consultadas por este medio, el fallo que condena a sus defendidos es de público conocimiento en internet, donde el documento está a solo unos click’s de distancia para quien sabe navegar en sitios oficiales de información pública.
Sin ir más lejos, la sentencia condenatoria de 16 páginas emitida por el Tribunal Oral Federal de Posadas contra los defendidos de Reyes se encuentra aún disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), siendo de esta manera información pública, a disposición de cualquier ciudadano.
El fallo que condena a los defendidos de Reyes es público en el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
Destituido
Reyes, que ahora ejerce como abogado particular, supo ser un juez marcado por resoluciones polémicas que incluso le valieron un juicio político que derivó en su destitución.
El ex magistrado fue titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero fue acusado de habilitar un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE”, que le permitió extraer 3 millones de pesos del banco Macro, supuestamente en concepto de pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Esa situación le valió un Jury que culminó en 2007 con su destitución del cargo. Para evitar la expulsión había renunciado, pero la dimisión no le fue aceptada.
El nombre Reyes, además, volvió a ser noticia recientemente cuando se supo que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 dentro del destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.
El primero en atender esa causa fue Reyes cuando dirigía el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero en tres meses decidió archivar el expediente al considerar el hecho como suicidio, tesis que aún 20 años después sigue en duda, con fuertes indicios de que en realidad se trató de un caso de violencia institucional.
Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena
En la madrugada de este lunes, un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 66 años, circulaba en sentido Iguazú–Posadas cuando embistió a un peatón, provocando su muerte sobre la ruta 12 a la altura del kilómetro 1441, en jurisdicción de la ciudad de Jardín América.
La víctima fue identificada como Hugo Orlando Villar (60), quien se encontraba domiciliado en Colonia Primavera. Al momento del impacto quedó sobre la banquina, sin obstruir la circulación vehicular.
En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Seccional Primera de Jardín América, dependiente de la Unidad Regional IX.
Por disposición judicial, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo involucrado y practicaron los exámenes de dosaje sanguíneo tanto al conductor como a la víctima
Por estas horas realizan las averiguaciones correspondientes a fin de establecer la identidad del fallecido y los motivos que desencadenaron el fatal desenlace.
Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a un familiar para velatorio y posterior inhumación.
Identificaron al peatón que murió atropellado sobre avenida Quaranta
Un hombre que conducía una motocicleta con dominio brasileño y cuya identidad aún no fue establecida falleció esta tarde en un accidente de tránsito protagonizado contra un automóvil sobre la avenida Quaranta de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 16.50, en Quaranta y avenida Zapiola, en jurisdicción de la comisaría Decimoctava, dependiente de la Unidad Regional X.
En ese sitio, por causas que se intentan establecer, colisionaron un automóvil Chevrolet Prisma conducido por Fabián Guillermo E. y una motocicleta BMW GS, patente brasileña, guiada por un hombre cuya identidad aún se desconoce.
Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar, mientras que el conductor del auto fue trasladado al hospital Madariaga para recibir la atención médica correspondiente.
En el lugar trabajó el personal de la comisaría jurisdiccional y los agentes especializados de la División Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar posibles responsabilidades.
El auto era conducido por Fabián Guillermo E., quien fue llevado al hospital.
Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
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