Policiales
Enfermero del Samic Oberá, prófugo tras agredir a dos de sus hijas
Por estas horas, el enfermero Fabián Arnold (49), quien se desempeña en el hospital Samic de Oberá, está prófugo de la Justicia a raíz de un hecho de violencia contra dos de sus hijas, una menor de 15 años y una joven de 20, el pasado 27 de marzo en la vía pública.
Pero “la violencia viene hace más de 20 años, en realidad”, dijo la mayor de las hijas a La Voz de Misiones, y añadió que los hechos de violencia se profundizaron cuando su mamá decidió divorciarse, en enero del 2022, tras haber sufrido amenazas de muerte, golpes y violencia psicológica de parte del señalado.
“Ellos tenían perimetral, pero tenían el 15 de mi hermana. En eso mi papá le pide a mi mamá para juntarse para poder dialogar y le levanta a la fuerza en el auto, junio fue eso, la golpea y le quiere llevar a la (comisaría) Tercera, como son todos amigos de él… le quería hacer pasar por loca, la golpea, casi la mata, dijo que la iba a matar”, contó la mujer, de quien se reserva su identidad.
La joven continuó señalando que los efectivos de la seccional Tercera de la localidad “no hicieron nada, la querían meter presa a mi mamá diciendo que ella rompió la restricción. Él quedó dos meses preso, pero nunca pisó una celda, quedó internado como loco en psiquiatría en el Samic, con custodia policial”.
Luego de cumplirse los dos meses de arresto, siempre de acuerdo al testimonio de la muchacha, Fabián Arnold recuperó la libertad, mientras que la Justicia ordenó que la exesposa tenga custodia permanente, la cual se mantiene hasta la actualidad.
“Como nosotras no tenemos restricción, nos venía a ver y nos pasaba amenazando que iba a matar a mi mamá, nos mostró un arma, la tenía en el auto”, expuso la joven de 20 años sobre los hechos de violencia, de los cuales “siempre fuimos testigos” las cuatro hijas que el ahora prófugo tuvo con su expareja.
Violencia contra sus hijas
Sobre lo que ocurrió el lunes 27 de marzo, la obereña relató: “Mi hermana retiró un estudio médico de mi mamá. Ella estaba justo con mi papá ese día, y él le sacó la mamografía y le empieza a insultar y agredir”.
Las agresiones de parte del enfermero a sus hijas, primero a la menor de 15 años y luego a la mayor, se registraron sobre la avenida Domingo Berrondo, en cercanías de la vivienda de las dos jóvenes.
“Le agarró del cuello y ahí arrancó el auto para irse. Ella empezó a los gritos, le mordió la mano a mi papá y me llamó desesperada que le vaya a buscar”, relató la joven sobre el hecho.
Y continuó: “Le voy a buscar y cuando llegó al lugar, que yo sabía donde la dejaba por la restricción, a unos 300 metros, él le estaba empujando afuera del auto, y como dije en mi denuncia, me subí y le amenace que le iba a romper el auto si él le sigue empujando. Entonces me agarra a mí de los brazos, me lastimó también”.
Seguidamente, la muchacha de 15 años “se dirige a la puerta trasera a buscar sus pertenencias” y el enfermero Fabián Arnold “le golpea con la puerta del auto”.
“La cirugía que le marcó para toda la vida”
Una semana después del hecho, la adolescente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente luego de que se le formaran coágulos de sangre en una de las lesiones que le provocó su progenitor en la pantorrilla de la pierna izquierda.
“La tuvieron que operar de urgencia”, sostuvo la obereña y agregó que su hermana permanece internada en la clínica Nercolini: “No la llevamos al hospital porque ahí siempre supieron sobre la violencia contra mi mamá y nunca hicieron nada”.
“Cuando la tuvieron que operar, yo decidí hacer público todo lo que pasó porque la Policía no hizo nada, no lo metieron preso, como es la Tercera y son todos amigos de él, no me querían tomar la denuncia, igual que en la Comisaría de la Mujer, nunca nos tomaron una denuncia”, apuntó la víctima a LVM.
Además de señalar el accionar de la fuerza provincial, la joven sostuvo que Arnold tiene aceitados vínculos con el juzgado interviniente y “el próximo 14 de abril teníamos una audiencia donde él iba a quedar libre de toda causa, como si nunca hubiera pasado nada”.
A raíz de la publicación de la muchacha en su Facebook, el juzgado que interviene en el hecho libró una orden de detención para el enfermero Fabián Arnold y el secuestro de su vehículo.
“Después de que se viralizó la publicación, ayer nos llamaron de la Unidad Regional y nos pidieron perdón, nos tomaron la denuncia y se empezaron a mover. Ahora, mi papá tiene pedido de captura”, dijo la hija del señalado.
En cuanto al estado de salud de su hermana, la muchacha explicó que, si bien ya pasó la cirugía, “corre riesgo porque puede que le salgan más coágulos”, y añadió: “Esta cirugía le marcó ahora para toda la vida”.
Para finalizar, la joven sostuvo que ellas y su mamá viven con miedo debido a las amenazas de muerte que su progenitor vociferó en reiteradas ocasiones en su contra.
Contra el enfermero Fabián Arnold hay dos causas abiertas, una en el Juzgado de Instrucción Uno, donde se tramita el hecho de violencia contra sus hijas, y la otra en el Juzgado de Instrucción Dos, por la denuncia radicada por su exesposa por violencia de género.
El enfermero Fabián Arnold buscado por la Policía.
Un trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada de este viernes en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Chacabuco de Posadas dejó como saldo un hombre muerto y dos heridos. Efectivos de la comisaría Decimoséptima acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre la colisión de dos vehículos.
Al llegar, los policías encontraron un Fiat Cronos volcado sobre la calzada y, debajo del rodado, a un hombre atrapado. Personal médico confirmó en el sitio que la víctima, identificada como Cornelio Ceferino Agüero (57), había fallecido.
El segundo vehículo involucrado, un Chevrolet Onix, terminó arriba de la vereda. Sus ocupantes, Fiorella Belén C. (33) y Gerardo David F., fueron trasladados de urgencia al Hospital Madariaga, donde permanecen bajo custodia policial.
Al mando del Chevrolet Onix estaba Fiorella Belén C., a quien se le practicó el test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 0,61 gramos de alcohol por litro de sangre.
Policía Científica, Bomberos y los peritos médicos trabajaron en la escena para retirar el cuerpo, asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes.
Por su parte, la Justicia ordenó el traslado del fallecido a la Morgue Judicial y el secuestro de ambos rodados, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del choque.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
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