Policiales
Dijo que mató a policía de Garupá y luego declaró que confesó bajo amenazas
A un año y medio del crimen de la sargento Romina Rodríguez, acribillada durante un asalto cometido en su casa de Garupá, la causa judicial está pronta a ser elevada a juicio oral con cuatro jóvenes imputados por un delito que contempla penas de prisión perpetua.
Los involucrados son Claudio O. (19), Adelio “Sacachispas” W. (28) y los hermanos Miguel B. (22) y Braian B. (18). Todos ellos están imputados por “homicidio criminis causa en concurso con aborto”, en un expediente que se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Actualmente, los familiares de los detenidos llevan adelante una serie de protestas con pegatina de carteles y cortes de calle frente al juzgado posadeño, reclamando la excarcelación del cuarteto a razón de la existencia en la causa de un adolescente que admitió el crimen.
En ese panorama, fuentes judiciales consultadas por La Voz de Misiones confirmaron esa línea investigativa, pero afirmaron que la versión carece de sustento probatorio y que incluso el menor de edad manifestó haber declarado en su contra ante las amenazas sufridas.
LVM pudo averiguar que la teoría que involucra a un adolescente en el caso surgió apenas unas semanas después crimen y mientras los cuatro jóvenes actualmente imputados ya estaban detenidos.
Las fuentes señalaron que todo comenzó cuando una mujer se acercó a la comisaría de Garupá y manifestó que su hijo tenía algo para decir respecto a la investigación que se llevaba adelante para esclarecer el asesinato de la sargento Rodríguez, de 35 años y cursando un embarazo de seis meses en aquel entonces.
En esa instancia, efectivos policiales fueron hasta el domicilio de la mujer y se entrevistaron con el adolescente quien, ante la sorpresa de todos, confesó el crimen.
Notificada de esta situación, las autoridades judiciales citaron al joven para que ratificara su testimonio en sede judicial, donde la situación cambió por completo.
La audiencia de declaración informativa fue programada para el 7 de octubre de 2020. El adolescente insistió en autoincriminarse, pero en el transcurso de la declaración se quebró y admitió que lo hacía porque estaba recibiendo amenazas de parte de los familiares de los detenidos.
A partir de ahí, la declaración del menor de edad fue desvalorizada. No sólo por la mención de las amenazas, sino porque su versión tampoco se condecía con las pericias obrantes en el expediente y la imputación de los detenidos se mantuvo hasta hoy.
En detalle, según ampliaron las fuentes, el adolescente aseguró que cometió el crimen utilizando el arma reglamentaria de la mujer y detalló que efectuó un solo disparo desde el exterior de la vivienda.
Todo ello contradice el resultado de las diversas pericias desarrolladas en el marco de la causa. Por ejemplo, criminalística concluyó que en la habitación de Rodríguez se recolectaron vestigios de cuatro detonaciones en el total y la autopsia marcó que la víctima sufrió tres disparos, uno de ellos en la cabeza.
Además, los estudios de balística certificaron que los disparos fueron efectuados por dos armas diferentes, uno de calibre 22 milímetros y otro de calibre 9 milímetros, pero esta última bala no salió del arma de la mujer, sino de una pistola robada a otro policía tiempo antes.
El crimen
El crimen de la sargento Rodríguez fue cometido el 2 de junio de 2020, después de las 7.30 de la mañana, en su casa del barrio Nuevo Garupá.
La reconstrucción del hecho indica que ese día la pareja de Rodríguez salió rumbo a su trabajo y la víctima se quedó utilizando su celular en la cama un rato más, hasta que al menos tres delincuentes ingresaron a su habitación con fines de robo.
En esa instancia, los malvivientes abrieron fuego. Tres disparos dieron contra el cuerpo de la mujer. Un proyectil impactó en su cabeza, otro en su panza, un tercero en dedo pulgar -que además destruyó el aparato celular- y el último dio en la pared.
Toda la escena fue presenciada por el hijo de 6 años de la víctima, que en Cámara Gesell dio una descripción precisa de la vestimenta de los asaltantes, prendas que luego fueron incautadas en el marco de los allanamientos realizados durante la pesquisa del hecho.
En base a las averiguaciones realizadas por la Policía, se pudo saber que la noche previa los cuatro sospechosos se habían reunido en una esquina del barrio, donde compartieron una ronda de alcohol y drogas y habrían planificado robarle a la sargento un dinero que la mujer tenía guardado para realizar refacciones en su casa.
Fue así que habrían esperado que el marido de la mujer saliera para irrumpir en la casa, quizás pensando que en el lugar ya no había nadie.
Se sospecha, entonces, que Claudio O. actuó como “campana”, mientras que los restantes tres ingresaron a la vivienda y al encontrarse con la dueña de casa despierta abrieron fuego.
Después de eso, huyeron de la escena robándose el arma reglamentaria de la mujer, la cual fue puesta en circulación en el mercado negro a las pocas horas.
Cuando la Policía llegó al lugar, la sargento Rodríguez ya no presentaba signos vitales y nada se pudo hacer para salvar el embarazo que cursaba.
Los especialistas de la Dirección Homicidios comenzaron a trabajar en el caso y en pocas horas llegaron a los sospechosos, que hoy permanecen detenidos, imputados y próximos a llegar a juicio.
Un docente de 28 años que se desempeñaba frente a alumnos de tercer grado fue detenido este martes en San Ignacio, durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil (Masi).
El procedimiento fue llevado adelante por personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Ministerio Público y efectivos de la Policía de Misiones, bajo orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, y a requerimiento de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, presidido por Juan Pablo Espeche.
El detenido fue identificado como Marcos Jeremías A. (28), quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.
La investigación se inició a partir de reportes remitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo estadounidense que recibe alertas generadas por distintas plataformas digitales ante posibles casos de explotación sexual infantil, mismo mecanismo que ya activó otros procedimientos realizados previamente en distintos puntos de la provincia.
Según indicaron fuentes oficiales, los informes internacionales advertían sobre el presunto almacenamiento de archivos con material de abuso sexual infantil en servicios asociados a un usuario determinado.
Durante el análisis de la información, además, se detectaron imágenes vinculadas a menores de edad de la provincia de Misiones. Entre ellas, una habría sido manipulada mediante herramientas de inteligencia artificial, circunstancia que motivó la profundización inmediata de las medidas investigativas.
En el allanamiento realizado en San Ignacio, los peritos de la Saic efectuaron tareas de constatación sobre dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. De acuerdo al comunicado oficial, los especialistas verificaron coincidencias entre los datos contenidos en los reportes remitidos por el NCMEC y la información obtenida durante el procedimiento.
Como resultado de la medida judicial fueron secuestrados tres pen drives, una computadora portátil y un teléfono celular, que ahora serán sometidos a pericias informáticas forenses especializadas para determinar su contenido y posible relevancia para la investigación.
La causa es instruida por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, con intervención técnica de la Saic y colaboración de la Policía de Misiones.
Detuvieron a un barbero tras doce reportes por archivos Masi en Eldorado
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
Bomberos de distintas dependencias de la Policía de Misiones trabajaron durante la noche del martes para controlar un incendio de grandes proporciones que afectó a una vivienda multifamiliar en un 90%, ubicada sobre las calles 164 y 153 del barrio Primero de Abril, en la capital provincial.
La emergencia fue reportada cerca de las 22:30 en la casa donde residían una mujer de 34 años, su hija de 6 años y otros familiares, quienes fueron trasladados al hospital por prevención, aunque sin presentar lesiones de gravedad.
El rápido avance de las llamas demandó la intervención de efectivos de las divisiones de bomberos de San Isidro, Zona Sur, Zona Oeste e Itaembé Guazú, quienes desplegaron autobombas y camiones cisterna para contener las llamas y evitar su propagación hacia inmuebles linderos.
La vivienda afectada, propiedad de Flavia R.(34), era una construcción de dos plantas con sectores de mampostería y madera, compuesta por habitaciones, cocina y baño.
De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, el fuego provocó daños estimados en el 90% de la estructura, como resultado de una posible falla eléctrica que originó el incendio, según las primeras hipótesis.
Por lo pronto, las causas serán determinadas mediante el relevamiento técnico que realizará personal especializado con luz diurna.
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