Policiales
Dijo que mató a policía de Garupá y luego declaró que confesó bajo amenazas
A un año y medio del crimen de la sargento Romina Rodríguez, acribillada durante un asalto cometido en su casa de Garupá, la causa judicial está pronta a ser elevada a juicio oral con cuatro jóvenes imputados por un delito que contempla penas de prisión perpetua.
Los involucrados son Claudio O. (19), Adelio “Sacachispas” W. (28) y los hermanos Miguel B. (22) y Braian B. (18). Todos ellos están imputados por “homicidio criminis causa en concurso con aborto”, en un expediente que se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Actualmente, los familiares de los detenidos llevan adelante una serie de protestas con pegatina de carteles y cortes de calle frente al juzgado posadeño, reclamando la excarcelación del cuarteto a razón de la existencia en la causa de un adolescente que admitió el crimen.
En ese panorama, fuentes judiciales consultadas por La Voz de Misiones confirmaron esa línea investigativa, pero afirmaron que la versión carece de sustento probatorio y que incluso el menor de edad manifestó haber declarado en su contra ante las amenazas sufridas.
LVM pudo averiguar que la teoría que involucra a un adolescente en el caso surgió apenas unas semanas después crimen y mientras los cuatro jóvenes actualmente imputados ya estaban detenidos.
Las fuentes señalaron que todo comenzó cuando una mujer se acercó a la comisaría de Garupá y manifestó que su hijo tenía algo para decir respecto a la investigación que se llevaba adelante para esclarecer el asesinato de la sargento Rodríguez, de 35 años y cursando un embarazo de seis meses en aquel entonces.
En esa instancia, efectivos policiales fueron hasta el domicilio de la mujer y se entrevistaron con el adolescente quien, ante la sorpresa de todos, confesó el crimen.
Notificada de esta situación, las autoridades judiciales citaron al joven para que ratificara su testimonio en sede judicial, donde la situación cambió por completo.
La audiencia de declaración informativa fue programada para el 7 de octubre de 2020. El adolescente insistió en autoincriminarse, pero en el transcurso de la declaración se quebró y admitió que lo hacía porque estaba recibiendo amenazas de parte de los familiares de los detenidos.
A partir de ahí, la declaración del menor de edad fue desvalorizada. No sólo por la mención de las amenazas, sino porque su versión tampoco se condecía con las pericias obrantes en el expediente y la imputación de los detenidos se mantuvo hasta hoy.
En detalle, según ampliaron las fuentes, el adolescente aseguró que cometió el crimen utilizando el arma reglamentaria de la mujer y detalló que efectuó un solo disparo desde el exterior de la vivienda.
Todo ello contradice el resultado de las diversas pericias desarrolladas en el marco de la causa. Por ejemplo, criminalística concluyó que en la habitación de Rodríguez se recolectaron vestigios de cuatro detonaciones en el total y la autopsia marcó que la víctima sufrió tres disparos, uno de ellos en la cabeza.
Además, los estudios de balística certificaron que los disparos fueron efectuados por dos armas diferentes, uno de calibre 22 milímetros y otro de calibre 9 milímetros, pero esta última bala no salió del arma de la mujer, sino de una pistola robada a otro policía tiempo antes.
El crimen
El crimen de la sargento Rodríguez fue cometido el 2 de junio de 2020, después de las 7.30 de la mañana, en su casa del barrio Nuevo Garupá.
La reconstrucción del hecho indica que ese día la pareja de Rodríguez salió rumbo a su trabajo y la víctima se quedó utilizando su celular en la cama un rato más, hasta que al menos tres delincuentes ingresaron a su habitación con fines de robo.
En esa instancia, los malvivientes abrieron fuego. Tres disparos dieron contra el cuerpo de la mujer. Un proyectil impactó en su cabeza, otro en su panza, un tercero en dedo pulgar -que además destruyó el aparato celular- y el último dio en la pared.
Toda la escena fue presenciada por el hijo de 6 años de la víctima, que en Cámara Gesell dio una descripción precisa de la vestimenta de los asaltantes, prendas que luego fueron incautadas en el marco de los allanamientos realizados durante la pesquisa del hecho.
En base a las averiguaciones realizadas por la Policía, se pudo saber que la noche previa los cuatro sospechosos se habían reunido en una esquina del barrio, donde compartieron una ronda de alcohol y drogas y habrían planificado robarle a la sargento un dinero que la mujer tenía guardado para realizar refacciones en su casa.
Fue así que habrían esperado que el marido de la mujer saliera para irrumpir en la casa, quizás pensando que en el lugar ya no había nadie.
Se sospecha, entonces, que Claudio O. actuó como “campana”, mientras que los restantes tres ingresaron a la vivienda y al encontrarse con la dueña de casa despierta abrieron fuego.
Después de eso, huyeron de la escena robándose el arma reglamentaria de la mujer, la cual fue puesta en circulación en el mercado negro a las pocas horas.
Cuando la Policía llegó al lugar, la sargento Rodríguez ya no presentaba signos vitales y nada se pudo hacer para salvar el embarazo que cursaba.
Los especialistas de la Dirección Homicidios comenzaron a trabajar en el caso y en pocas horas llegaron a los sospechosos, que hoy permanecen detenidos, imputados y próximos a llegar a juicio.
Policiales
Un hombre mató a su pareja y se suicidó en una chacra de Gobernador Roca
Una mujer de 41 años fue asesinada de un disparo en su chacra de Gobernador Roca y en el lugar la Policía también encontró el cuerpo sin vida de su pareja, de 68, quien se habría quitado la vida tras cometer el femicidio.
Según informó la fuerza provincial, el hecho se conoció a las 15.45 de hoy y ocurrió en una vivienda de colonia Yacutinga.
Al lugar acudieron agentes de la Comisaría de la Mujer y de la Unidad Regional IX de Jardín América tras un llamado que alertaba sobre una serie de disparos oídos.
Al llegar, los agentes se encontraron con Claudia De Lisboa (41) sin vida, con un disparo en el pecho y, más tarde, durante un rastrillaje realizado en la propiedad, también encontraron el cuerpo de Omar Rozsinieski (68) con un balazo en la cabeza y una escopeta calibre 28 milímetros a su costado.
Se estima que ese mismo arma fue utilizado para el crimen de De Lisboa y la principal hipótesis es que el hecho se trata de un femicidio seguido de suicidio, aunque las pericias continúan en proceso para esclarecer la secuencia del suceso.
Con este caso el número de femicidios en la provincia llega a diez en lo que va del año, siendo el peor registro desde al menos 2015.
Judiciales
Condenan a madre que cepilló los dientes de su hijo de 4 años con cocaína
El Tribunal Oral Federal de Posadas condenó a la mujer que en el 2018 reconoció que le cepilló los dientes a su hijo de 4 años, en ese entonces, con cocaína para “calmar” un dolor de muela.
Mediante un juicio abreviado, Antonia Alves De Olivera (30) recibió la pena de 4 años y 6 meses de prisión a cumplir en modalidad de arresto domiciliario. La mujer admitió su culpabilidad y fue condenada por el delito de “suministro a terceros de sustancia estupefaciente en forma gratuita en perjuicio de un menor de edad”.
Aunque por un veredicto previo contra la encartada por “tráfico de estupefacientes”, emitido por el Tribunal Oral Federal de San Martín N.º 3, las penas fueron unificadas y deberá cumplir 7 años de prisión bajo la modalidad domiciliaria.
El hecho
El 31 de mayo del 2018, en horas de la madrugada, Alves De Oliveira llegó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio posadeño A4 junto a su hijo G. A. J. R., que en ese momento tenía 4 años de edad, porque presentaba “convulsiones” y “temblores”.
Debido al cuadro del menor, desde el CAPS ordenaron su traslado hasta el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro y, tras practicarles análisis, los médicos confirmaron que tenía clorhidrato de cocaína en su organismo.
La investigación del hecho se activó a raíz de la denuncia de los profesionales de la salud del pediátrico posadeño.
En tanto, en su declaración indagatoria, Antonia relató que ese día “vi que mi hijo J. tenía una bolsita transparente como esas de helado en la mano de él, yo le pregunté de dónde sacó y él me dijo que encontró afuera en el portón, entonces yo le saqué la cosa que tenía en su mano y se ve que él ya se había metido en su boca porque él me decía que quería agua que le daba asco, en eso yo le llevo al baño y le empiezo a cepillar los dientes”.
La madre continuó relatando a la Justicia que luego de cepillar los dientes a su hijo “vi que estaba bien y me acosté”, pero después de un rato notó que “él movía sus piernas… y pensando que metió esa cosa en la boca lo llevo al médico del CAPS del barrio”.
Finalmente, la progenitora admitió que al médico del centro de salud “le dije que le limpié los dientes con cocaína y me volvió a preguntar y me decía ‘con cocaína'”.
Condena
Además de la declaración de la acusada, el Tribunal Oral Federal de Posadas tuvo en consideración la historia clínica del menor G.A.J.R. remitida por el hospital pediátrico, así como también la declaración testimonial de los médicos que lo atendieron esa madrugada y de los profesionales de salud de la Policía de Misiones.
En tanto, resolvió condenar a Antonia Alves De Olivera a la pena única de siete años de prisión y una multa de $135.000 tras encontrarla penalmente responsable del delito “suministro a terceros de sustancia estupefacientes en forma gratuita en perjuicio de menor de edad” en concurso real con el delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y transporte, agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada” en calidad de coautora, unificando así el veredicto emitido en 2021 por otro tribunal.
Debido a que la mujer tiene dos hijos de 10 y 11 años de edad a su cargo, el tribunal dispuso que cumpla la condena en su domicilio con monitoreo electrónico y control trimestral del Departamento de Ejecución Penal.
“Teniendo presente que la condenada nombrada tiene dos hijos menores de edad que se encuentran a su cargo y cuidado, de 10 y 11 años de edad, y que percibe por ellos la asignación universal, además que trabaja en su domicilio de manicura y peluquería los fines de semana; sumado a la situación de vulnerabilidad de los menores referida por la representante del Ministerio Pupilar interviniente en autos, y que, la situación de encierro le impedirá brindar la asistencia, atención y contención permanente a sus hijos, entiendo que la prisión domiciliaria, como medida alternativa, atiende el interés superior de los menores, por lo que incumbe otorgar dicho beneficio a la causante a los fines de que cumpla el resto de la pena unificada impuesta”, argumentó la Justicia en el fallo que este viernes fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Judiciales
Juzgan desde el lunes a acusado de abuso e intento de femicidio en Posadas
Desde el próximo lunes y hasta el martes 11 de noviembre, en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Posadas, se desarrollará el juicio oral contra Pedro Alejandro Núñez, el joven de 28 años acusado de violar e intentar asesinar obstruyéndole con cintas de embalaje las vías respiratorias a una estudiante que residía en un inquilinato sobre la avenida Lavalle.
Según la programación oficial, tanto la primera audiencia, como la última, destinada a la ronda de alegatos y dictado del veredicto, serán de carácter público con transmisión en vivo a través de los canales habilitados en Youtube.
Las demás audiencias, previstas para los días 4, 5, 6, 7, y 10 de noviembre se realizarán a puertas cerradas en virtud de tratarse de un expediente que investiga delitos contra la integridad sexual y debe preservarse la intimidad de la víctima.
Pedro Alejandro Núñez llega al banquillo de los acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal y femicidio en grado de tentativa con concurso real” y contará con un abogado particular como defensa.
En la fiscalía, por su parte, ya no estará Martín Rau, que recientemente fue designado como nuevo juez del Tribunal Penal Dos de Posadas, por lo que en su lugar intervendrá la fiscal de instrucción Patricia Clerici, la misma que llevó adelante el expediente en la etapa investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que posteriormente fue firmado por el juez Miguel Mattos, del Juzgado de Instrucción Siete.
Los encargados de llevar adelante el proceso serán los magistrados Viviana Cukla y Gustavo Bernie, mientras que el tercer puesto del tribunal será completado por un juez subrogante.
In fraganti
Núñez está privado de su libertad desde el 5 de diciembre de 2021, cuando en plena madrugada efectivos policiales fueron alertados de un hecho de violencia de género en un inquilinato sobre avenida Lavalle -casi Centenario- y al llegar lo detuvieron dentro del departamento de la víctima.
Según detallaron fuentes del caso que intervinieron en ese momento, el implicado fue hallado in fraganti, semidesnudo y sobre el cuerpo de una joven estudiante que tenía las manos atadas y el rostro cubierto con cintas de embalaje que le obstruían las vías respiratorias.
El cuadro fue tal que la muchacha presentaba un principio de asfixia y debió recibir maniobras de RCP de parte de los efectivos presentes, quienes luego incluso fueron reconocidos por su labor por el Ministerio de Gobierno.
La víctima también presentaba varios hematomas en el rostro, producto de diversos golpes recibidos.
La joven, de 21 años, permaneció internada en observación dos días, hasta que pudo ser dada de alta. Desde el hospital realizó la denuncia por el hecho y días después ratificó su testimonio ante la Justicia.
En esa instancia, aseguró que fue sorprendida por su agresor sexual mientras dormía y que no conocía al detenido.
Por aquel entonces, su antigua defensa planteó que los jóvenes se conocían y que el hecho se dio en el marco de un acto sexual sadomasoquista consentido.
Sin embargo, en las pericias realizadas sobre los aparatos telefónicos y computadoras incautadas en el marco de la causa no se detectaron conversaciones activas ni ningún otro tipo de contacto entre la víctima y el imputado.
Más tarde, también se supo que Núñez fue denunciado en 2019 por intentar ingresar al departamento de una joven en un inquilinato de Santo Tomé, localidad donde el muchacho estudiaba medicina.
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