Policiales
Dijo que mató a policía de Garupá y luego declaró que confesó bajo amenazas
A un año y medio del crimen de la sargento Romina Rodríguez, acribillada durante un asalto cometido en su casa de Garupá, la causa judicial está pronta a ser elevada a juicio oral con cuatro jóvenes imputados por un delito que contempla penas de prisión perpetua.
Los involucrados son Claudio O. (19), Adelio “Sacachispas” W. (28) y los hermanos Miguel B. (22) y Braian B. (18). Todos ellos están imputados por “homicidio criminis causa en concurso con aborto”, en un expediente que se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Actualmente, los familiares de los detenidos llevan adelante una serie de protestas con pegatina de carteles y cortes de calle frente al juzgado posadeño, reclamando la excarcelación del cuarteto a razón de la existencia en la causa de un adolescente que admitió el crimen.
En ese panorama, fuentes judiciales consultadas por La Voz de Misiones confirmaron esa línea investigativa, pero afirmaron que la versión carece de sustento probatorio y que incluso el menor de edad manifestó haber declarado en su contra ante las amenazas sufridas.
LVM pudo averiguar que la teoría que involucra a un adolescente en el caso surgió apenas unas semanas después crimen y mientras los cuatro jóvenes actualmente imputados ya estaban detenidos.
Las fuentes señalaron que todo comenzó cuando una mujer se acercó a la comisaría de Garupá y manifestó que su hijo tenía algo para decir respecto a la investigación que se llevaba adelante para esclarecer el asesinato de la sargento Rodríguez, de 35 años y cursando un embarazo de seis meses en aquel entonces.
En esa instancia, efectivos policiales fueron hasta el domicilio de la mujer y se entrevistaron con el adolescente quien, ante la sorpresa de todos, confesó el crimen.
Notificada de esta situación, las autoridades judiciales citaron al joven para que ratificara su testimonio en sede judicial, donde la situación cambió por completo.
La audiencia de declaración informativa fue programada para el 7 de octubre de 2020. El adolescente insistió en autoincriminarse, pero en el transcurso de la declaración se quebró y admitió que lo hacía porque estaba recibiendo amenazas de parte de los familiares de los detenidos.
A partir de ahí, la declaración del menor de edad fue desvalorizada. No sólo por la mención de las amenazas, sino porque su versión tampoco se condecía con las pericias obrantes en el expediente y la imputación de los detenidos se mantuvo hasta hoy.
En detalle, según ampliaron las fuentes, el adolescente aseguró que cometió el crimen utilizando el arma reglamentaria de la mujer y detalló que efectuó un solo disparo desde el exterior de la vivienda.
Todo ello contradice el resultado de las diversas pericias desarrolladas en el marco de la causa. Por ejemplo, criminalística concluyó que en la habitación de Rodríguez se recolectaron vestigios de cuatro detonaciones en el total y la autopsia marcó que la víctima sufrió tres disparos, uno de ellos en la cabeza.
Además, los estudios de balística certificaron que los disparos fueron efectuados por dos armas diferentes, uno de calibre 22 milímetros y otro de calibre 9 milímetros, pero esta última bala no salió del arma de la mujer, sino de una pistola robada a otro policía tiempo antes.
El crimen
El crimen de la sargento Rodríguez fue cometido el 2 de junio de 2020, después de las 7.30 de la mañana, en su casa del barrio Nuevo Garupá.
La reconstrucción del hecho indica que ese día la pareja de Rodríguez salió rumbo a su trabajo y la víctima se quedó utilizando su celular en la cama un rato más, hasta que al menos tres delincuentes ingresaron a su habitación con fines de robo.
En esa instancia, los malvivientes abrieron fuego. Tres disparos dieron contra el cuerpo de la mujer. Un proyectil impactó en su cabeza, otro en su panza, un tercero en dedo pulgar -que además destruyó el aparato celular- y el último dio en la pared.
Toda la escena fue presenciada por el hijo de 6 años de la víctima, que en Cámara Gesell dio una descripción precisa de la vestimenta de los asaltantes, prendas que luego fueron incautadas en el marco de los allanamientos realizados durante la pesquisa del hecho.
En base a las averiguaciones realizadas por la Policía, se pudo saber que la noche previa los cuatro sospechosos se habían reunido en una esquina del barrio, donde compartieron una ronda de alcohol y drogas y habrían planificado robarle a la sargento un dinero que la mujer tenía guardado para realizar refacciones en su casa.
Fue así que habrían esperado que el marido de la mujer saliera para irrumpir en la casa, quizás pensando que en el lugar ya no había nadie.
Se sospecha, entonces, que Claudio O. actuó como “campana”, mientras que los restantes tres ingresaron a la vivienda y al encontrarse con la dueña de casa despierta abrieron fuego.
Después de eso, huyeron de la escena robándose el arma reglamentaria de la mujer, la cual fue puesta en circulación en el mercado negro a las pocas horas.
Cuando la Policía llegó al lugar, la sargento Rodríguez ya no presentaba signos vitales y nada se pudo hacer para salvar el embarazo que cursaba.
Los especialistas de la Dirección Homicidios comenzaron a trabajar en el caso y en pocas horas llegaron a los sospechosos, que hoy permanecen detenidos, imputados y próximos a llegar a juicio.
Judiciales
Remisero detenido por el femicidio de Candia se abstuvo y fue imputado
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
Caso Candia: pericias se centrarán en retazos de tela, celulares y un auto
Policiales
Femicidio seguido de suicidio: el hombre fue denunciado por violencia en 2025
“Cada 31 horas un hombre se convierte en femicida”, fue el cartel que predominó ayer la marcha por el Ni Una Menos en Posadas y ni siquiera un día después se registró otro caso que engrosa la dramática estadística que grafica un flagelo tan presente como alarmante en todo el país.
Patricia Raquel González, de 54 años, madre y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas es la nueva víctima de la violencia machista más extrema. La mujer fue encontrada sin vida esta tarde, en una de las habitaciones de su casa sobre calle Japón -casi avenida Rademacher-, mientras que Luis Roberto Zampedri (64) es el nombre del sindicado femicida, cuyo cuerpo fue hallado en la parte posterior del inmueble, donde decidió quitarse la vida.
La Policía tomó conocimiento del caso esta tarde, cerca de las 16, cuando una hija de González llamó al 911 para solicitar auxilio urgente en el lugar.
Al llegar, los uniformados de la comisaría Tercera constataron la escena: una mujer sin vida en una habitación y un hombre también fallecido, pendiendo de un tirante en el patio trasera de la propiedad.

El hecho ocurrió esta tarde, en una casa sobre calle Japón del barrio Hipólito Yrigoyen.
De acuerdo a la primera revisión de la escena del hecho, se desprende que González pudo haber sido ultimada con un golpe en la cabeza efectuado con un hierro, aunque también presentaba una lesión cortante, compatible con una puñalada, en el estómago.
De igual manera, todo será determinado en forma fehaciente una vez que los peritos del Cuerpo Médico Forense concreten el examen de autopsia a la mujer, cuyos restos iban a ser trasladados a la Morgue Judicial una vez que sean extraídos de la vivienda donde hasta entrada la noche continuaban trabajando los agentes de la División Científica de la fuerza provincial.
Un dato que surgió apenas conocido el hecho y que más tarde fue confirmado por la Policía de Misiones es que Zampedri, empleado de una empresa de seguridad privada, registraba antecedentes por hechos de violencia en perjuicio de su pareja.
Incluso, precisaron que en abril de 2025 el hombre recibió un exclusión de hogar y una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Violencia Familiar Dos de Posadas por un plazo de 30 días.
A la fecha, ahondaron desde la fuerza, no habían medidas vigentes y tampoco existían denuncias posteriores a la radicada en abril del año pasado.
Policiales
Femicidio seguido de suicidio en el barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas
La Policía y la Justicia investigan un posible femicidio seguido de suicidio en una casa del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas.
El hecho fue alertado alrededor de las 16 en una vivienda ubicada sobre calle Japón, casi Rademacher, cuando una mujer se comunicó con el Centro Integral de Operaciones 911 solicitando asistencia urgente.
Según fuentes policiales, en un primer momento la mujer manifestó que su padrastro habría intentado quitarse la vida mediante ahorcamiento. Minutos después volvió a comunicarse indicando que desconocía si el hombre aún presentaba signos vitales y que su madre aparentemente también se encontraba sin vida dentro del inmueble.
Al ingresar a la vivienda, los uniformados constataron que Patricia Raquel González, de 54 años, se hallaba sin signos vitales en una de las habitaciones. Asimismo, en la parte posterior del inmueble encontraron a Luis Roberto Zampedri, de 64 años, suspendido de un tirante, también sin signos vitales.
En abril de 2025 la mujer había radicado una denuncia por violencia familiar contra su pareja, tras la cual el Juzgado de Violencia Familiar Nº 2 dispuso medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por un plazo de treinta días. Según los registros consultados, dichas medidas ya no se encontraban vigentes y no existían nuevas denuncias posteriores.
En el lugar trabajó personal de la comisaría jurisdiccional y de la División Científica, con presencia del juez de Instrucción Seis Ricardo Balor y del fiscal de instrucción Seis René Casals.
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