Policiales
Dijo que mató a policía de Garupá y luego declaró que confesó bajo amenazas
A un año y medio del crimen de la sargento Romina Rodríguez, acribillada durante un asalto cometido en su casa de Garupá, la causa judicial está pronta a ser elevada a juicio oral con cuatro jóvenes imputados por un delito que contempla penas de prisión perpetua.
Los involucrados son Claudio O. (19), Adelio “Sacachispas” W. (28) y los hermanos Miguel B. (22) y Braian B. (18). Todos ellos están imputados por “homicidio criminis causa en concurso con aborto”, en un expediente que se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Actualmente, los familiares de los detenidos llevan adelante una serie de protestas con pegatina de carteles y cortes de calle frente al juzgado posadeño, reclamando la excarcelación del cuarteto a razón de la existencia en la causa de un adolescente que admitió el crimen.
En ese panorama, fuentes judiciales consultadas por La Voz de Misiones confirmaron esa línea investigativa, pero afirmaron que la versión carece de sustento probatorio y que incluso el menor de edad manifestó haber declarado en su contra ante las amenazas sufridas.
LVM pudo averiguar que la teoría que involucra a un adolescente en el caso surgió apenas unas semanas después crimen y mientras los cuatro jóvenes actualmente imputados ya estaban detenidos.
Las fuentes señalaron que todo comenzó cuando una mujer se acercó a la comisaría de Garupá y manifestó que su hijo tenía algo para decir respecto a la investigación que se llevaba adelante para esclarecer el asesinato de la sargento Rodríguez, de 35 años y cursando un embarazo de seis meses en aquel entonces.
En esa instancia, efectivos policiales fueron hasta el domicilio de la mujer y se entrevistaron con el adolescente quien, ante la sorpresa de todos, confesó el crimen.
Notificada de esta situación, las autoridades judiciales citaron al joven para que ratificara su testimonio en sede judicial, donde la situación cambió por completo.
La audiencia de declaración informativa fue programada para el 7 de octubre de 2020. El adolescente insistió en autoincriminarse, pero en el transcurso de la declaración se quebró y admitió que lo hacía porque estaba recibiendo amenazas de parte de los familiares de los detenidos.
A partir de ahí, la declaración del menor de edad fue desvalorizada. No sólo por la mención de las amenazas, sino porque su versión tampoco se condecía con las pericias obrantes en el expediente y la imputación de los detenidos se mantuvo hasta hoy.
En detalle, según ampliaron las fuentes, el adolescente aseguró que cometió el crimen utilizando el arma reglamentaria de la mujer y detalló que efectuó un solo disparo desde el exterior de la vivienda.
Todo ello contradice el resultado de las diversas pericias desarrolladas en el marco de la causa. Por ejemplo, criminalística concluyó que en la habitación de Rodríguez se recolectaron vestigios de cuatro detonaciones en el total y la autopsia marcó que la víctima sufrió tres disparos, uno de ellos en la cabeza.
Además, los estudios de balística certificaron que los disparos fueron efectuados por dos armas diferentes, uno de calibre 22 milímetros y otro de calibre 9 milímetros, pero esta última bala no salió del arma de la mujer, sino de una pistola robada a otro policía tiempo antes.
El crimen
El crimen de la sargento Rodríguez fue cometido el 2 de junio de 2020, después de las 7.30 de la mañana, en su casa del barrio Nuevo Garupá.
La reconstrucción del hecho indica que ese día la pareja de Rodríguez salió rumbo a su trabajo y la víctima se quedó utilizando su celular en la cama un rato más, hasta que al menos tres delincuentes ingresaron a su habitación con fines de robo.
En esa instancia, los malvivientes abrieron fuego. Tres disparos dieron contra el cuerpo de la mujer. Un proyectil impactó en su cabeza, otro en su panza, un tercero en dedo pulgar -que además destruyó el aparato celular- y el último dio en la pared.
Toda la escena fue presenciada por el hijo de 6 años de la víctima, que en Cámara Gesell dio una descripción precisa de la vestimenta de los asaltantes, prendas que luego fueron incautadas en el marco de los allanamientos realizados durante la pesquisa del hecho.
En base a las averiguaciones realizadas por la Policía, se pudo saber que la noche previa los cuatro sospechosos se habían reunido en una esquina del barrio, donde compartieron una ronda de alcohol y drogas y habrían planificado robarle a la sargento un dinero que la mujer tenía guardado para realizar refacciones en su casa.
Fue así que habrían esperado que el marido de la mujer saliera para irrumpir en la casa, quizás pensando que en el lugar ya no había nadie.
Se sospecha, entonces, que Claudio O. actuó como “campana”, mientras que los restantes tres ingresaron a la vivienda y al encontrarse con la dueña de casa despierta abrieron fuego.
Después de eso, huyeron de la escena robándose el arma reglamentaria de la mujer, la cual fue puesta en circulación en el mercado negro a las pocas horas.
Cuando la Policía llegó al lugar, la sargento Rodríguez ya no presentaba signos vitales y nada se pudo hacer para salvar el embarazo que cursaba.
Los especialistas de la Dirección Homicidios comenzaron a trabajar en el caso y en pocas horas llegaron a los sospechosos, que hoy permanecen detenidos, imputados y próximos a llegar a juicio.
Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.
Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.
La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.
En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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Repercusiones
Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.
“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.
Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.
“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.
Tras un operativo que inició este lunes al mediodía en el marco de una causa por “presunta usurpación” en una propiedad ubicada en Colonia San Miguel de la localidad de Garuhapé, este martes detuvieron al cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y al menos siete integrantes de la comunidad mbya.
El despliegue fue ejecutado por efectivos de la comisaría local quienes, según fuentes policiales, habrían constatado la presencia de integrantes de la mencionada aldea, por lo que avanzaron con las actuaciones judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
El procedimiento se realizó en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, donde en una primera intervención los uniformados detectaron la presencia de siete adultos y seis menores, quienes manifestaron que permanecerían en el lugar por directivas del cacique.
En la mañana de hoy, arribaron al lugar integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes confirmaron que en las últimas horas detuvieron al cacique Ramos “por supuesta usurpación de su propio territorio, relevado por la ley 26160”.
Según confirmaron desde la entidad, durante el operativo también fueron detenidos Claudio Escobar, Juan Cáceres, Sergio González, Sergio Martínez, Esteban Godos, Hilario Villana y Carlos Benítez, además de “varias mujeres trasladadas con niños y bebés en brazos”.
“Necesitamos que llamen a la comisaría de Garuhape para pedir su liberación. Santiago viene llevando una lucha en defensa de su territorio contra las multinacionales forestales como Arauco que invaden con monocultivos de pinos y empresarios forestales como Alfredo Ruff, que usurpan el territorio mbya y desmontan la selva nativa con el aval del Estado provincial”, añadieron a través de un comunicado.
El procedimiento se dio a una semana de la participación de una lideresa mbya Keila Zaya ante la sede norteamericana de la ONU, donde expuso el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y la empresa forestal multinacional Arauco.
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Una joven de 27 años se desvaneció el pasado sábado en horas de la tarde, tras colapsar por un presunto cuadro de sobredosis en inmediaciones de las calles Estado de Israel y Francia, en Posadas. En ese momento fue asistida por la Policía de Misiones y trasladada al Hospital Madariaga, donde ingresó con paro cardiorrespiratorio y permaneció en estado crítico hasta la madrugada de este lunes cuando se confirmó su fallecimiento.
En base a testimonios incorporados a la causa, la investigación apunta a una presunta sobredosis ocurrida tras una reunión previa ocurrida en la noche del viernes, lo que horas más tarde desencadenó en un estado de alteración, provocado por una hipoxia cerebral, según constató el parte médico.
En ese momento, los especialistas indicaron que, debido a la gravedad del cuadro, podrían producirse trastornos neurológicos irreversibles.
De acuerdo al informe médico, la paciente presentaba antecedentes de consumo de cocaína y lesiones leves compatibles con escoriaciones en distintas partes del cuerpo.
En una primera instancia, testigos manifestaron que la joven habría sido dejada en el lugar por un vehículo que luego se retiró, lo que motivó distintas hipótesis investigativas. No obstante, las averiguaciones realizadas posteriormente por la Policía permitieron establecer que la misma habría estado previamente en una reunión con personas de su entorno, donde se registró consumo de estupefacientes.
Según se reconstruyó y acorde a declaraciones testimoniales, al retirarse intentó abordar un vehículo de transporte por aplicación, sin concretar el viaje debido a su estado. Luego se desplazó a pie varias cuadras hasta el domicilio donde finalmente fue asistida.
Desafortunadamente, Camila Mariángeles T. (27), falleció alrededor de las 00:40 de este lunes, como consecuencia de un síndrome post paro, disfunción multiorgánica y shock refractario.
La investigación continúa en curso por parte de la Justicia, a fin de esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.
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