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Dijo que mató a policía de Garupá y luego declaró que confesó bajo amenazas

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Crimen sargento

A un año y medio del crimen de la sargento Romina Rodríguez, acribillada durante un asalto cometido en su casa de Garupá, la causa judicial está pronta a ser elevada a juicio oral con cuatro jóvenes imputados por un delito que contempla penas de prisión perpetua.

Los involucrados son Claudio O. (19), Adelio “Sacachispas” W. (28) y los hermanos Miguel B. (22) y Braian B. (18). Todos ellos están imputados por “homicidio criminis causa en concurso con aborto”, en un expediente que se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

Actualmente, los familiares de los detenidos llevan adelante una serie de protestas con pegatina de carteles y cortes de calle frente al juzgado posadeño, reclamando la excarcelación del cuarteto a razón de la existencia en la causa de un adolescente que admitió el crimen.

En ese panorama, fuentes judiciales consultadas por La Voz de Misiones confirmaron esa línea investigativa, pero afirmaron que la versión carece de sustento probatorio y que incluso el menor de edad manifestó haber declarado en su contra ante las amenazas sufridas.

LVM pudo averiguar que la teoría que involucra a un adolescente en el caso surgió apenas unas semanas después crimen y mientras los cuatro jóvenes actualmente imputados ya estaban detenidos.

Las fuentes señalaron que todo comenzó cuando una mujer se acercó a la comisaría de Garupá y manifestó que su hijo tenía algo para decir respecto a la investigación que se llevaba adelante para esclarecer el asesinato de la sargento Rodríguez, de 35 años y cursando un embarazo de seis meses en aquel entonces.

En esa instancia, efectivos policiales fueron hasta el domicilio de la mujer y se entrevistaron con el adolescente quien, ante la sorpresa de todos, confesó el crimen.

Notificada de esta situación, las autoridades judiciales citaron al joven para que ratificara su testimonio en sede judicial, donde la situación cambió por completo.

La audiencia de declaración informativa fue programada para el 7 de octubre de 2020. El adolescente insistió en autoincriminarse, pero en el transcurso de la declaración se quebró y admitió que lo hacía porque estaba recibiendo amenazas de parte de los familiares de los detenidos.

A partir de ahí, la declaración del menor de edad fue desvalorizada. No sólo por la mención de las amenazas, sino porque su versión tampoco se condecía con las pericias obrantes en el expediente y la imputación de los detenidos se mantuvo hasta hoy.

En detalle, según ampliaron las fuentes, el adolescente aseguró que cometió el crimen utilizando el arma reglamentaria de la mujer y detalló que efectuó un solo disparo desde el exterior de la vivienda.

Todo ello contradice el resultado de las diversas pericias desarrolladas en el marco de la causa. Por ejemplo, criminalística concluyó que en la habitación de Rodríguez se recolectaron vestigios de cuatro detonaciones en el total y la autopsia marcó que la víctima sufrió tres disparos, uno de ellos en la cabeza.

Además, los estudios de balística certificaron que los disparos fueron efectuados por dos armas diferentes, uno de calibre 22 milímetros y otro de calibre 9 milímetros, pero esta última bala no salió del arma de la mujer, sino de una pistola robada a otro policía tiempo antes.

El crimen

El crimen de la sargento Rodríguez fue cometido el 2 de junio de 2020, después de las 7.30 de la mañana, en su casa del barrio Nuevo Garupá.

La reconstrucción del hecho indica que ese día la pareja de Rodríguez salió rumbo a su trabajo y la víctima se quedó utilizando su celular en la cama un rato más, hasta que al menos tres delincuentes ingresaron a su habitación con fines de robo.

En esa instancia, los malvivientes abrieron fuego. Tres disparos dieron contra el cuerpo de la mujer. Un proyectil impactó en su cabeza, otro en su panza, un tercero en dedo pulgar -que además destruyó el aparato celular- y el último dio en la pared.

Toda la escena fue presenciada por el hijo de 6 años de la víctima, que en Cámara Gesell dio una descripción precisa de la vestimenta de los asaltantes, prendas que luego fueron incautadas en el marco de los allanamientos realizados durante la pesquisa del hecho.

En base a las averiguaciones realizadas por la Policía, se pudo saber que la noche previa los cuatro sospechosos se habían reunido en una esquina del barrio, donde compartieron una ronda de alcohol y drogas y habrían planificado robarle a la sargento un dinero que la mujer tenía guardado para realizar refacciones en su casa.

Fue así que habrían esperado que el marido de la mujer saliera para irrumpir en la casa, quizás pensando que en el lugar ya no había nadie.

Se sospecha, entonces, que Claudio O. actuó como “campana”, mientras que los restantes tres ingresaron a la vivienda y al encontrarse con la dueña de casa despierta abrieron fuego.

Después de eso, huyeron de la escena robándose el arma reglamentaria de la mujer, la cual fue puesta en circulación en el mercado negro a las pocas horas.

Cuando la Policía llegó al lugar, la sargento Rodríguez ya no presentaba signos vitales y nada se pudo hacer para salvar el embarazo que cursaba.

Los especialistas de la Dirección Homicidios comenzaron a trabajar en el caso y en pocas horas llegaron a los sospechosos, que hoy permanecen detenidos, imputados y próximos a llegar a juicio.

Judiciales

Fiscal del caso Belén se opuso al amicus curiae: “Tratan de condicionar”

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Culminada la resolución de las incidencias pendientes, vinculadas a pedidos tanto de la fiscalía como de la defensa, que marcaron la audiencia del lunes, el debate oral para esclarecer la muerte de la adolescente con discapacidad Rocío Belén López (15) avanzó hoy con la incorporación de los últimos elementos de prueba. Para mañana se prevé una jornada de varias horas, con una ampliación de indagatoria por parte de la madre de la víctima y única imputada, como así también con el inicio de la ronda de alegatos.

La última prueba incorporada consiste en un informe emitido por la Municipalidad de Posadas respecto al legajo personal de la imputada Mariela Andrea Ramírez (48), que llegó a este debate acusada de abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado, aunque podría enfrentar un cargo mayor si la fiscalía finalmente decide ampliar la calificación a homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión.

Resta decidir respecto a un pedido formulado por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, quienes solicitaron ser incorporados al proceso en carácter de amicus curiae, planteo al cual el fiscal Vladimir Glinka se opuso y descargó duras críticas contra el escrito.

madre abandono

La imputada, Mariela Ramírez, mañana ampliará su declaración indagatoria. FOTO: Félix Armengol.

“No cualquiera es amicus curiae”

Está tan mal hecho que parece apropósito, todo con tal de que sea rechazado y esto habilite un micrófono externo. Esto tiene que ir directamente a la basura, es una falta de respeto para quienes trabajamos de esto”, disparó el fiscal, quien argumentó que la presentación tiene “once defectos formales en 22 carillas” e incumple con los requisitos estipulados para su admisión.

Glinka consideró que los integrantes de dicho equipo carecen o al menos no adjuntaron nada que acredite algún grado de conocimiento o experiencia puntual sobre el Síndrome de Rett como para ser habilitados como voces legitimadas en el asunto. “No cualquiera es un amicus curiae”, objetó.

“Acá no hablan de un interés público comprometido, sino hablan contra la causa y piden que se valoren pruebas según sus interpretaciones. No vienen con la intención de arrojar luz sobre algunos temas, vienen a tratar de condicionar y de condicionar a ustedes”, señaló en referencia al tribunal presidido por Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Independientemente de la parte técnica-jurídica, Glinka también puso en duda el “interés real” detrás de la presentación formulada. “Solo quieren meter su cuchara trece años después. ¿Creen que les importa la imputada con una nota a destiempo? ¿Creen que les importa Belén trece años después? Hicieron todo mal apropósito. Quisieron aprovechar una causa de trascendencia pública para hacerse más conocidos para fines personales”, remató.

Por su parte, el defensor oficial Miguel Ángel Varela, que el lunes había solicitado nuevas medidas pruebas, entre ellas una “reautopsia” y una nueva testigo, que fueron rechazadas por el tribunal, pidió que no se tenga en cuenta la oposición de Glinka y se autorice el amicus curiae.

Tras los planteos, los jueces dieron por terminada la audiencia y dieron un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30 para reanudar el proceso.

Según la programación estipulada, en primer turno la imputada volverá a pasar frente al tribunal para una ampliación de declaración indagatoria y una vez culminada su deposición se iniciará la ronda de alegatos. La sentencia, en principio, se dará a conocer el jueves.

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Policiales

El caso Golemba, el “pacto de silencio institucional” y los 16 detenidos

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Para la fiscalía que investiga la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, visto por última vez hace 18 años, en el caso hubo un “pacto de silencio institucional” en el que 17 uniformados policiales acordaron un “plan criminal” para asegurar la impunidad del hecho.

Así se desprende de la imputación formulada por la fiscal Silvina Flavia Gutiérrez, titular de la Fiscalía Federal Dos de Posadas, funcionaria que formuló el pedido de detención para los 17 policías, entre activos y retirados, que hoy están bajo la lupa por uno de los casos policiales más emblemáticos de la historia reciente de Misiones.

En su planteo, la fiscal sostiene que el joven agricultor fue víctima de una privación ilegítima de la libertad, seguida de una “permanencia bajo una custodia estatal clandestina” en la comisaría de Dos de Mayo, donde fue objeto de una golpiza y más tarde trasladado hacia un paradero desconocido aún 18 años después.

La acusación reconstruye que, a partir de ahí, se orquestó un “plan criminal” y un “pacto de silencio institucional” en el que, directa o indirectamente, todos los involucrados desplegaron acciones tendientes a impedir que se conociera lo ocurrido, es decir, a asegurar la impunidad.

Plan y silencio

Entre esas acciones, la fiscal Gutiérrez enumera “la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.

En este punto toma relevancia el hecho que, al tratarse de una desaparición forzada de persona un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita solo a quienes hayan ejercido la violencia en forma directa contra Golemba, sino también a todas aquellas personas que en conocimiento del caso hayan omitido denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.

De esta manera, pidió la detención de 17 personas y la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, hizo lugar. Las medidas se concretaron esta mañana mediante una serie de allanamientos concretados por agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

De los 17 sospechosos, 16 fueron arrestados y se encuentran a disposición de las autoridades. Un solo implicado no fue hallado y por estas horas permanece en condición de prófugo, con pedido de captura en su contra. Se trata del radioperador Alfredo Lorenzo Ortiz.

El comisario retirado Ewaldo Katz, uno de los principales apuntados, ahora detenido.

Los detenidos

Entre los detenidos se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, jefe de la comisaría de Dos de Mayo al momento de los hechos y uno de los principales apuntados por la querella encabezada por los letrados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles en representación de la familia Golemba.

El resto forma parte del personal que, de manera permanente o transitoria, cumplió funciones en esa dependencia al momento en que sucedieron los hechos investigados.

Los demás arrestados son: los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce -con causa por transporte de estupefacientes- y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; el radioperador Cristian Andrés Silva, retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).

Todos se encuentran ahora a disposición de la Justicia Federal y en las próximas jornadas serán citados a prestar declaración indagatoria como imputados.

Detuvieron a 16 policías por la desaparición de Mario Golemba en 2008

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Detuvieron a 16 policías por la desaparición de Mario Golemba en 2008

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Después de casi dos décadas, la investigación sobre la desaparición de Mario Fabián Golemba llegó a un punto crucial con la detención de 16 policías, entre agentes activos y retirados, quienes ahora quedarán a disposición de la Justicia Federal para ser sometidos a declaración indagatoria.

Las medidas fueron concretadas este lunes, a partir de un pedido formulado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y ordenado por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, dependencia que tomó intervención en el caso en 2021 luego de que la querella lograra que el expediente sea investigado como “desaparición forzada de persona”.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los procedimientos fueron ejecutados por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en diversos puntos de la provincia y culminaron con la detención de 16 sospechosos, en tanto que uno permanece sin ser hallado y existe la posibilidad de que no se encuentre en el país. Se emitió un pedido de captura. 

Las detenciones alcanzaron a todo el personal, tanto permanente o transitorio, que prestó servicio en la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición de Golemba, visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando salió de su casa en Picada Indumar para acudir a una consulta médica en Oberá.

Entre los detenidos se encuentra Ewaldo Katz, comisario retirado que en su momento era jefe de la dependencia policial donde, de acuerdo a las pruebas recabadas por la querella, el joven agricultor estuvo detenido y fue golpeado hasta ser trasladado hacia un destino desconocido.

Para la querella, encabezada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, Katz es uno de los principales involucrados en el caso, junto a otros cinco agentes que estaban de guardia, aunque ahora la fiscal Gutiérrez amplió el número de sospechosos en virtud de que en este tipo de casos el encubridor se transforma también en un autor, dado que el silencio u ocultamiento de información incide en forma directa en el desarrollo del delito.

El comisario retirado Ewaldo Katz, uno de los principales apuntados, ahora detenido.

El caso

Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.

La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.

A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.

La comisaría de Dos de Mayo, epicentro de las sospechas.

Fue a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.

Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.

La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.

En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.

Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que, a mediados de 2021, la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.

Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.

Sumado a eso, a mediados de 2022 se volvieron a realizar excavaciones en la dependencia de Dos de Mayo y aunque los resultados fueron negativos, lo más importante de aquella jornada de procedimientos fue una inspección ocular que permitió constatar que el testimonio y las descripciones de los testigos coincide con el lugar.

El hermano de Mario Golemba anunció una “inminente definición del caso”

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