Policiales
Descartan abuso en beba misionera que murió en hospital de Dionisio Cerqueira
Cinco días después de la detención en Dionisio Cerqueira (Brasil) de un joven misionero acusado de violar y provocar la muerte de su pequeña hija de cuatro meses, la Policía Civil del vecino país emitió un comunicado en el que descartan una muerta violenta en la niña y añaden que se aguardan medidas de pruebas complementarias para definir la situación del implicado.
Todo comenzó el sábado a la noche, cuando una pareja misionera, oriunda de la localidad de Pozo Azul, llegó al hospital de Dionisio Cerqueira, localidad ubicada frente a Bernardo de Irigoyen, solicitando auxilio médico para la hija de cuatro meses de ambos.
Desafortunadamente, a las pocas horas se produjo el fallecimiento de la niña y en una primera revisión los galenos en turno detectaron indicios compatible con un hecho de abuso sexual, por lo cual comunicaron todo lo sucedido a la Policía y las autoridades de dicha fuerza decidieron detener al padre de la infante.
Medios del vecino país, incluso, informaron que en esa instancia la madre de la beba, una adolescente de 15 años, se quebró ante las autoridades y narró que días antes su pareja había abusado sexualmente de la niña, pero cuando la joven regresó a Misiones grabó un video desmintiendo esa información, argumentando que fue presionada por investigadores brasileños para inculpar a su pareja.
Ahora, en el comunicado emitido hoy, la Policía brasileña confirma que el cuerpo de la niña fallecida fue analizada por médicos forenses que descartaron signos de violencia física, más allá de algunas marcas en las zonas genitales propias del roce del pañal con la piel y la falta de un aseo adecuado.
En esa línea, agregaron que para terminar de esclarecer la causal de muerte de la beba solicitaron la realizaron de estudios periciales complementarios, cuyos resultados aún no fueron dados a conocer.
Mientras tanto, el misionero identificado como Rafael N. (19) continúa detenido al otro lado de la frontera pero podría recuperar en las próximas horas en virtud de los resultados de los nuevos estudios.
En el caso intervienen autoridades del juzgado y de la fiscalía local, como así también el abogado defensor del misionero detenido.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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