El ex subprefecto bonaerense Jorge Daniel Barceló (39) fue condenado ayer a la pena de 15 años de prisión por una serie de delitos perpetrados contra una subalterna, entre ellos violaciones reiteradas, tras un juicio oral que se extendió durante más de tres meses ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

La sentencia fue dictada por los magistrados Gustavo Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch, quienes estuvieron en reunión deliberativa durante más de cinco horas y el fallo coincidió con la pena solicitada en los alegatos desarrollados por el fiscal Pablo Di Loreto.

Barceló fue declarado penalmente responsable por los delitos de “abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público, un hecho, abuso sexual simple dos hechos y uno en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal dos hechos y uno en grado de tentativa, todo agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad en el ámbito de su función, todo en concurso real”.

El imputado escuchó su condena desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra alojado desde 2023, aunque la investigación comenzó un año antes, tras la denuncia de la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo de la PNA en Posadas, quien acusó a su jefe por varios hechos que se venían sucediendo desde 2020.

En su denuncia la prefecturiana expuso un verdadero calvario que iban desde maltrato laboral, hostigamiento, acoso y al menos tres violaciones perpetradas en horario laboral.

El juicio contra Barceló comenzó el 8 de mayo, instancia en la que se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la extensa causa instruida en su momento por el Juzgado Federal de Posadas y a partir de ahí se sucedieron más de diez audiencias con declaración de testigos, entre ellos la denunciante.

Todas esas audiencias fueron realizadas a puertas cerradas para preservar la integridad de la denunciante y evitar su revictimización.

Juzgan al ex prefecto Barceló por múltiples violaciones contra una subalterna

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Un chacrero de General Alvear fue detenido el martes a la tarde tras ser acusado de matar al perro de su vecino y deshacerse del cuerpo.

El hecho se conoció ayer, minutos después de las 16.30, cuando el damnificado se acercó a la comisaría del pueblo para denunciar que su vecino había asesinado a su can Fosforito con un arma de fuego.

Tras recibir la denuncia, una comisión policial se encargó del caso y mediante las averiguaciones realizadas reconstruyeron que el hecho habría ocurrido mientras el acusado hacía plantaciones de sandía hasta que tomó un rifle y disparó con el perro de su vecino Jorge D. (65).

Después de ello se habría encargado de ocultar el cuerpo del animal muerto, ya que no volvió a ser visto.

En ese marco, el sospechoso, identificado como Víctor B. fue demorado y en su propiedad la Policía secuestró un rifle 22 milímetros y proyectiles del mismo calibre.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación del caso.

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“Uno ya no sabe a quién tiene como vecino”, exclamó hoy un inquilino del edificio Araucaria, mientras desde la calle era testigo de cómo allanaban por una causa de archivos Masi el departamento 3A de un informático con quien comparte ascensor, garaje y grupo de consorcio en Whatsapp.

El procedimiento era en la casa de Mario Daniel T., un hombre de 56 años que reside hace varios años en el complejo ubicado en calle Alvear 1945 del microcentro posadeño y ahora está imputado en una causa por tenencia y facilitación de archivos Masi (material de abuso sexual infantil).

Hasta ese lugar exacto llegaron esta mañana uniformados policiales, agentes de la Secretaría de Apoyo de para las Investigaciones Complejas (Saic) y peritos tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), junto a fiscal de Ciberdelitos Juan Pablo Espeche y el magistrado Juan Manuel Monte.

Los funcionarios irrumpieron en el lugar con una orden de allanamiento vinculado a una investigación derivada de un reporte internacional por descargas de contenido Masi a través de programas de archivos tipo P2p (peer-to-peer o red pares), similar a lo detectado en el caso contra los hermanos Kiczka.

Todo se enmarcó además en un operativo mayor denominado Aliados por la Infancia V, que incluyó procedimientos simultáneos en otras doce provincias del país y culminó con la detención de cinco sospechosos.

El operativo fue en el departamento 3A del edificio Araucaria, por calle Alvear.

El 3A

Uno de esos procedimientos fue el ejecutado esta mañana en el edificio Araucaria y uno de esos detenidos se trata del informático que residía en el departamento 3A con balcón a la calle.

Los uniformados ingresaron al lugar minutos después de las 7 de hoy y allí permanecieron hasta pasada las 14.30, cuando el implicado fue extraído dentro de un patrullero que ingresó al garaje del edificio. El hombre fue ubicado en el asiento de atrás, con el rostro cubierto y escuchó el reclamo de algunos vecinos que aguardaron su salida. 

Según precisó el fiscal Espeche, en el lugar se secuestró “un gran volumen de elementos”, consistentes en su mayoría por computadoras, notebooks y dispositivos de almacenamiento.

“Estamos buscando archivos Masi. La investigación se inició a través de una dirección de IP que arrancó a principios de año y es un operativo a nivel internacional. La denuncia tiene que ver con red per too per, facilitación y tenencia. Ahora todo será enviado para pericias y análisis”, especificó el flamante fiscal especializado en Ciberdelitos ante los medios presentes.

Computadoras, notebooks y dispositivos de almacenamiento se incautaron.

Sobre el sospechoso, se detalló que se trata de un hombre que reside en el lugar hace largos años y desde la muerte de su madre se encuentra a cargo de un hermano con discapacidad, quien ahora quedó a resguardo de otro familiar.

Entre sus vecinos la sorpresa estuvo a la orden del día. Varios de ellos lo describieron como un hombre “activo en las cuestiones del consorcio”, “fanático de las ideas de libertad”, “seguidor de Trump y Milei”, “reservado” y “sin muchos conocidos”.

Otros indicaron que el implicado tenía “acceso a las cámaras de seguridad” de los espacios comunes del edificio, lo cual ahora genera preocupación en muchos de los vecinos.

El informático quedó ahora a disposición del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Monte como subrogante legal, y se espera que en las próximas horas sea trasladado a audiencia de declaración indagatoria.

En esa instancia, tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar.

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