Policiales
Crimen en Los Paraísos: “Lo mataron a golpes como si fuera un animal”
“La familia está destrozada. Mi viejo no tenía nada que ver, se la comió de arriba y lo mataron a golpes como si fuera un animal”. Con esas palabras resumió Ariel Bonifato el asesinato de su padre, Mario Torres, de 61 años, cometido el jueves pasado durante una gresca en el barrio Los Paraísos de Posadas.
El hombre dialogó con La Voz de Misiones, relató cómo fue la secuencia mortal, reveló detalles del espiral de violencia detrás del hecho y clamó justicia.
Bonifato es hijo de Mario Torres, pero además es nieto materno de Elma Benítez, de 86 años, en cuya vivienda se inició el conflicto que terminó de la peor manera.
La reconstrucción del caso que Bonifato aporta indica que el jueves por la tarde la hija de Benítez, identificada como Claudia A. y su pareja Marcelo M., fueron hasta la casa de la anciana y se toparon con otros familiares de la señora que habían a ido a ayudarla a limpiar la casa.
Fue en esas circunstancias en que aparentemente se habría iniciado el conflicto y Torres, al interceder, terminó siendo agredido de un botellazo que lo dejó malherido en el suelo y siendo rematado a golpes y patadas por parte de la pareja acusada y otros cinco vecinos que sumaron a la trifulca.
El hijo de Torres señaló a LVM que los conflictos entre Benítez y su hija eran una constante en el barrio. Incluso, relató que uno de los episodios que pudo haber sido un detonante de todo lo ocurrido el último jueves se registró el 27 de diciembre, cuando presuntamente la mujer actualmente detenida maltrató y robó dinero a su madre.
“Ella y su marido se pasaron la vida robando, haciendo trata de personas, vendiendo drogas. De todo lo peor que puede haber ellos hacen. El 27 de diciembre entraron a la casa de mi abuela, la drogaron, la acostaron, la desnudaron y le pusieron el aire en caliente, siendo que ese día hacía como 40 grados. Ese día también le robaron 45.000 pesos a mi abuela”, señaló Bonifato.
Y continuó: “Nosotros hicimos la denuncia de todo eso. Yo tenía el celular de mi abuela en ese momento y ahí hay imágenes, audios, mensajes, de todo lo que hacía su hija. Ella se quería quedar con el terreno de mi abuela”.
El hombre contó que después ello nada pasó, hasta que el jueves pasado se desató la gresca que culminó con la muerte de Torres, que reside en Chaco y sólo había venido a pasar las fiestas junto a su familia.
“Pensamos que después de nuestra denuncia los iban a ir a detener o algo, pero no pasó nada y el 6 de enero, mis hermanos vinieron a mi casa y fueron a limpiar la casa de mi abuela. Mientras limpiaban, tipo 17 horas, llegan Claudia y Marcelo. La mujer entra, agarra un cuchillo e intenta hincar a mi hermana”, relató el entrevistado.
Bonifato recuerda que mientras eso sucedía, su padre estaba junto a su madre en su casa tomando tereré a pocas cuadras de allí, pero al oír el escándalo acudió en auxilio de sus hijas y de Benítez, que sería su ex suegra.
“Claudia le avanza a mi hermana con el cuchillo y ahí mi papá le empuja. En eso, el marido de ella le pega un botellazo a mi viejo. Él cae y ahí vienen los vecinos, los tres hermanos Núñez, que fueron directo a pegarle a mi papá. En el piso siguieron pegando, le dieron golpes en todos lados. Él tenía múltiples fracturas en la cabeza”, agregó el hijo del fallecido.
Seis detenidos y un prófugo
Actualmente, el incipiente expediente judicial por el hecho se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno y tiene a seis personas involucradas, entre ellas un adolescente de 17 años que, según Bonifato, ya recuperó la libertad.
Los detenidos son: Rodrigo Maximiliano “Hachi” M. (24), Esteban Alejandro B. (24), los hermanos Rodrigo Fernando “Bollerito” N. (30), Matías Facundo N. (26) -atrapado hoy al mediodía por personal de la Dirección Homicidios-, Yonathan Ezequiel “Bollerito” N. (17) y Claudia A., una de las principales sospechosas y una de las más complicadas por los testigos.
El único que resta atrapar por estas horas es Marcelo M., la pareja de la mujer detenida.
Todos permanecen a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que hoy tenía previsto citar a la mayoría de los involucrados a audiencia de declaración indagatoria.
Bonifato asegura, además, que Hachi, está detenido injustamente y que nada tiene que ver con el crimen.
“Yo quiero que se haga justicia por mi viejo. Esta gente ya estuvo presa un tiempo pero después salió. Viven robando y haciendo de todo, esperaron que a maten a mi papá para hacer algo”, culminó.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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