Policiales
Crimen de Urizar en Iguazú: dos detenidos y la trama detrás del caso
La investigación por el crimen de Catriel Urizar (30), el emprendedor gastronómico de Puerto Iguazú asesinado de un tiro en el pecho el lunes a la noche mientras realizaba un reparto de comida, avanzó rápidamente en las últimas horas y por el hecho ya hay dos sospechosos detenidos, a la espera de ser trasladados ante la Justicia para prestar declaración indagatoria.
Los implicados son dos jóvenes de 18 años identificados como Catalino P. y Anderson A., quienes fueron aprehendidos mediante procedimientos ejecutados por el personal de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el primero de ellos registraba un pedido de detención vigente por el delito de “amenazas calificadas” y además estaría vinculado a otros hechos cometidos recientemente, tanto en Iguazú como en Foz de Iguazú, Brasil.
Ambos sospechosos estarían severamente comprometidos con el hecho, en virtud de una importante cantidad de indicios que ya fueron recolectados por los investigadores intervinientes, entre declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad y la incautación diversos elementos de interés como prendas de vestir, celulares y un arma de fuego.
El crimen de Urizar se registró el lunes a la noche, cerca de las 23, en el barrio Cataratas del Iguazú.
El caso se descubrió mediante un vecino de la zona, que llamó a la Policía para alertar que mientras estaba en su casa oyó un disparo y al salir a la vereda observó a dos jóvenes huir del interior de una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en las cercanías.
De inmediato, una patrulla de la Comisaría Cuarta acudió al lugar y constató la escena. En el asiento del conductor de la camioneta se encontraba Urizar sin vida, con una lesión de arma de fuego en la región del tórax.
La escena se preservó, el hecho fue informado al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, y la investigación se puso en marcha, con la participación de efectivos de la Dirección Homicidios y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V.
Una comisión se dedicó a reconstruir las últimas horas de Urizar y otra se encargó de seguir la pista de los sospechosos vistos en la escena. La unión de los elementos recolectados permitió develar -en parte- lo sucedido y concretar la detención de dos jóvenes.
De acuerdo a lo reconstruido por fuentes de LVM, minutos antes del hecho Urizar había salido de su local de comidas Como en el Campo para realizar la entrega de un pedido de hamburpizza.
Testimonios recolectadas señalan que Urizar intuyó algo malo detrás del pedido, en razón de que la dirección indicada no era precisa y el supuesto cliente escribía con insistencia, preguntando si el mandado llegaría en motocicleta o en qué vehículo.
Ante esa situación, el hombre decidió dejar la motocicleta e ir hasta el lugar indicado a bordo de su Toyota Hilux. Además, llevó consigo la réplica de un arma de fuego para usarla en caso de encontrarse con asaltantes.
La principal hipótesis del caso es que efectivamente sucedió eso. Que Urizar, al notar que querían roberle, intentó asustar a los jóvenes con la réplica de una pistola que llevaba consigo y en esa instancia los implicados respondieron con un arma real de la cual jalaron el gatillo.
En paralelo, los otros investigadores llegaron hasta los sospechosos y todos los elementos recolectados hacen presumir que se tratarían de los implicados en el homicidio.
Según detallaron las mismas fuentes, el primer paso para dar con ellos fue el hallazgo de una cámara de seguridad que captó a dos jóvenes caminando en cercanías a la escena del crimen en el horario aproximado.
Con esas imágenes, los investigadores comenzaron a realizar averiguaciones y varios testigos indicaron que uno de ellos podría tratarse de Catalino P., un joven que hace algunos días andaba por el barrio ofreciendo un arma de fuego a la venta.
Con esa información sobre el tapete, los efectivos montaron una vigilancia en el domicilio del implicado hasta que lo vieron salir en motocicleta en compañía de otro sujetos, instancia en la cual fueron demorados.
Testimonio clave
Allí fue clave la intervención de ese otro muchacho que estaba con Catalino en la moto, ya que inmediatamente se desligó del hecho y contó lo sucedido durante la noche del crimen.
El testigo contó que el lunes a la noche se encontraba junto a Catalino y otro joven identificado como Anderson, de nacionalidad brasileña, hasta que el primero de ellos decidió realizar el pedido de la hamburpizza desde el celular del extranjero.
El muchacho añadió que en determinado momento Catalino y Anderson se apartaron para ir a buscar el pedido, pero regresaron sin la hamburpizza y dijeron: “metimos la pata”.
Allanamientos
En la continuidad de los operativos, el juez Brites autorizó el allanamiento de las viviendas de los implicados y los elementos hallados comprometerían aún más a los detenidos.
En la casa de Catalino, en el barrio Cataratas, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 milímetros con una vaina servida y un cartucho largo, además de documentaciones a nombre de Anderson, su presunto cómplice en el hecho.
En cuanto al segundo implicado, hubo dos allanamientos. En una casa familiar y en otro inmueble donde pernoctaba como cuidador. En esos lugares secuestraron un teléfono celular con roturas provocadas recientemente y prendas de vestir de similares características a las observadas en las cámaras de seguridad.
El revólver hallado será sometido a pericias balísticas para determinar si se trató del arma homicida. La autopsia determinó que el proyectil que acabó con la vida de Urizar fue un calibre 32, pero hasta el momento todos los informes son preliminares.
El celular incautado, en tanto, también será sometido a una autopsia digital para establecer si fue el aparato utilizado para realiza el pedido de la hamburpizza. Esta labor estará a cargo del personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
Bajo este panorama, los dos implicados quedaron detenidos y se prevé que mañana sean trasladados hacia el Juzgado para prestar declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites.
En esa instancia, serán notificados del hecho que se investiga, de los elementos que se registran en sus contra y serían imputados formalmente.
Urizar tenía 30 años y tenía un emprendimiento gastronómico.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por acoso y abuso sexual radicada por una trabajadora del Concejo Deliberante de esa misma localidad y, mientras se investigan los hechos señalados, la Justicia le impuso al jefe comunal una restricción de acercamiento hacia la mujer.
La presentación que dio inicio a una causa penal fue realizada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, aunque los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado.
Según la denuncia radicada, uno de los sucesos tuvo lugar el 8 de julio de 2024, cuando el intendente citó a la mujer de 30 años en su despacho para tratar una cuestión laboral y le terminó acariciando las manos de manera indebida.
El siguiente episodio ocurrió el 4 de septiembre, cuando presuntamente el jefe comunal fue hasta el Concejo Deliberante para llevarle una caja de bombones a la denunciante por el Día de la Secretaria.
En esa ocasión mantuvieron una conversación dentro de una oficina, pero en determinado momento -según la denuncia- Peyer trabó la puerta, forcejó con la mujer y abusó de ella.
En su presentación la mujer indicó que en ese momento le dejó en claro al acusado que iba a radicar la denuncia por el hecho, pero el intendente amenazó con tomar represalias labores contra su esposo y por eso se mantuvo en silencio los meses siguientes, hasta que decidió accionar penalmente.
Al momento de la denuncia, la fiscalía estaba a cargo de Jorge Fernández como subrogante, quien realizó el requerimiento de instrucción formal.
La trabajadora fue citada este miércoles para realizar una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez.
Según consignaron fuentes consultadas, en la audiencia de hoy la mujer ratificó cada una de sus acusaciones e incluso nombró a una persona que fue testigo de los hechos ocurridos el 8 de julio, quien ahora será citada a prestar declaración testimonial.
Las mismas fuentes recordaron que el jefe comunal no puede ser detenido por contar con fueros, aunque como medida preventiva recibió una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
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