Policiales
Crimen de Urizar en Iguazú: dos detenidos y la trama detrás del caso
La investigación por el crimen de Catriel Urizar (30), el emprendedor gastronómico de Puerto Iguazú asesinado de un tiro en el pecho el lunes a la noche mientras realizaba un reparto de comida, avanzó rápidamente en las últimas horas y por el hecho ya hay dos sospechosos detenidos, a la espera de ser trasladados ante la Justicia para prestar declaración indagatoria.
Los implicados son dos jóvenes de 18 años identificados como Catalino P. y Anderson A., quienes fueron aprehendidos mediante procedimientos ejecutados por el personal de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el primero de ellos registraba un pedido de detención vigente por el delito de “amenazas calificadas” y además estaría vinculado a otros hechos cometidos recientemente, tanto en Iguazú como en Foz de Iguazú, Brasil.
Ambos sospechosos estarían severamente comprometidos con el hecho, en virtud de una importante cantidad de indicios que ya fueron recolectados por los investigadores intervinientes, entre declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad y la incautación diversos elementos de interés como prendas de vestir, celulares y un arma de fuego.
El crimen de Urizar se registró el lunes a la noche, cerca de las 23, en el barrio Cataratas del Iguazú.
El caso se descubrió mediante un vecino de la zona, que llamó a la Policía para alertar que mientras estaba en su casa oyó un disparo y al salir a la vereda observó a dos jóvenes huir del interior de una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en las cercanías.
De inmediato, una patrulla de la Comisaría Cuarta acudió al lugar y constató la escena. En el asiento del conductor de la camioneta se encontraba Urizar sin vida, con una lesión de arma de fuego en la región del tórax.
La escena se preservó, el hecho fue informado al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, y la investigación se puso en marcha, con la participación de efectivos de la Dirección Homicidios y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V.
Una comisión se dedicó a reconstruir las últimas horas de Urizar y otra se encargó de seguir la pista de los sospechosos vistos en la escena. La unión de los elementos recolectados permitió develar -en parte- lo sucedido y concretar la detención de dos jóvenes.
De acuerdo a lo reconstruido por fuentes de LVM, minutos antes del hecho Urizar había salido de su local de comidas Como en el Campo para realizar la entrega de un pedido de hamburpizza.
Testimonios recolectadas señalan que Urizar intuyó algo malo detrás del pedido, en razón de que la dirección indicada no era precisa y el supuesto cliente escribía con insistencia, preguntando si el mandado llegaría en motocicleta o en qué vehículo.
Ante esa situación, el hombre decidió dejar la motocicleta e ir hasta el lugar indicado a bordo de su Toyota Hilux. Además, llevó consigo la réplica de un arma de fuego para usarla en caso de encontrarse con asaltantes.
La principal hipótesis del caso es que efectivamente sucedió eso. Que Urizar, al notar que querían roberle, intentó asustar a los jóvenes con la réplica de una pistola que llevaba consigo y en esa instancia los implicados respondieron con un arma real de la cual jalaron el gatillo.
En paralelo, los otros investigadores llegaron hasta los sospechosos y todos los elementos recolectados hacen presumir que se tratarían de los implicados en el homicidio.
Según detallaron las mismas fuentes, el primer paso para dar con ellos fue el hallazgo de una cámara de seguridad que captó a dos jóvenes caminando en cercanías a la escena del crimen en el horario aproximado.
Con esas imágenes, los investigadores comenzaron a realizar averiguaciones y varios testigos indicaron que uno de ellos podría tratarse de Catalino P., un joven que hace algunos días andaba por el barrio ofreciendo un arma de fuego a la venta.
Con esa información sobre el tapete, los efectivos montaron una vigilancia en el domicilio del implicado hasta que lo vieron salir en motocicleta en compañía de otro sujetos, instancia en la cual fueron demorados.
Testimonio clave
Allí fue clave la intervención de ese otro muchacho que estaba con Catalino en la moto, ya que inmediatamente se desligó del hecho y contó lo sucedido durante la noche del crimen.
El testigo contó que el lunes a la noche se encontraba junto a Catalino y otro joven identificado como Anderson, de nacionalidad brasileña, hasta que el primero de ellos decidió realizar el pedido de la hamburpizza desde el celular del extranjero.
El muchacho añadió que en determinado momento Catalino y Anderson se apartaron para ir a buscar el pedido, pero regresaron sin la hamburpizza y dijeron: “metimos la pata”.
Allanamientos
En la continuidad de los operativos, el juez Brites autorizó el allanamiento de las viviendas de los implicados y los elementos hallados comprometerían aún más a los detenidos.
En la casa de Catalino, en el barrio Cataratas, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 milímetros con una vaina servida y un cartucho largo, además de documentaciones a nombre de Anderson, su presunto cómplice en el hecho.
En cuanto al segundo implicado, hubo dos allanamientos. En una casa familiar y en otro inmueble donde pernoctaba como cuidador. En esos lugares secuestraron un teléfono celular con roturas provocadas recientemente y prendas de vestir de similares características a las observadas en las cámaras de seguridad.
El revólver hallado será sometido a pericias balísticas para determinar si se trató del arma homicida. La autopsia determinó que el proyectil que acabó con la vida de Urizar fue un calibre 32, pero hasta el momento todos los informes son preliminares.
El celular incautado, en tanto, también será sometido a una autopsia digital para establecer si fue el aparato utilizado para realiza el pedido de la hamburpizza. Esta labor estará a cargo del personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
Bajo este panorama, los dos implicados quedaron detenidos y se prevé que mañana sean trasladados hacia el Juzgado para prestar declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites.
En esa instancia, serán notificados del hecho que se investiga, de los elementos que se registran en sus contra y serían imputados formalmente.
Urizar tenía 30 años y tenía un emprendimiento gastronómico.
Una vivienda ardió en llamas esta madrugada en la localidad de Santa Ana y una vez apagado el fuego los bomberos intervinientes encontraron un cadáver entre los escombros, por lo que ahora se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro fue reportado a las 4 de hoy, en un inmueble ubicado en inmediaciones a las calles Timbó y Lapacho.
Una vez en el lugar, los agentes de bomberos iniciaron arduo trabajo para sofocar las llamas, labor que se complicó debido a que las llamas ya habían alcanzado toda la estructura de madera, lo que provocó desprendimientos de vigas, columnas y techos.
El procedimiento se extendió unas horas hasta que pudieron controlar la situación y durante una recorrida por el inmueble se toparon con restos de un cuerpo humano consumido por el fuego.
Los policías locales realizaron averiguaciones con vecinos y obtuvieron como dato que en el lugar residía una mujer, que incluso había sido vista en el lugar poco antes de que se inicie el incendio.
El personal de la División Científica procedió a realizar peritajes en la escena para esclarecer las causales del foco ígneo, mientras que la Justicia ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar los estudios complementarios correspondientes para identificar a la víctima.
La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.
El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.
La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.
Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.
Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.
En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.
El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.
Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.
En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.
Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.
Tras la denuncia penal por abuso radicada contra un entrenador de básquet formativo, el Club Atlético Bartolomé Mitre de Posadas anunció una serie de medidas institucionales que incluyen la suspensión inmediata del implicado, una reestructuración interna y capacitaciones orientadas a la prevención de situaciones de violencia en el ámbito deportivo.
La decisión fue adoptada luego de que el club suspendiera preventivamente todas las actividades de las categorías formativas de básquet hasta el próximo 26 de mayo, en medio de la conmoción generada por el caso que tomó estado público durante los últimos días.
A través de un comunicado oficial, las autoridades de la entidad auriazul señalaron que desde el primer momento se mantuvo un acompañamiento cercano a la familia denunciante y se puso a disposición “absolutamente todo lo necesario en virtud de la gravedad de los hechos”.
En ese marco, la Comisión Directiva resolvió en asamblea especial la suspensión del socio denunciado, quien además tiene prohibido el ingreso a cualquiera de las sedes de la institución. Según indicaron, la medida apunta a resguardar el normal desarrollo de las actividades deportivas y sociales que diariamente se realizan en el club.
Asimismo, desde el CABM confirmaron cambios en el organigrama institucional y en la coordinación general, aunque no brindaron mayores detalles sobre las modificaciones que se implementarán.
Paralelamente, los dirigentes mantienen reuniones con subcomisiones de padres con el objetivo de generar espacios de escucha y contención para las familias vinculadas a las divisiones formativas.
“Desde que fuimos notificados de la denuncia jamás avalamos ni encubrimos conductas incompatibles con los valores fundacionales”, remarcaron desde la institución, al tiempo que afirmaron haber actuado de inmediato aplicando los protocolos correspondientes una vez formalizada la presentación judicial.
En el comunicado también adelantaron que en los próximos días se llevarán adelante capacitaciones destinadas tanto al personal del club como a deportistas, orientadas a la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia en ámbitos laborales y deportivos.
Finalmente, desde el Club Mitre reafirmaron su compromiso con “los valores esenciales de respeto y convivencia armónica” y señalaron que continuarán trabajando para garantizar transparencia institucional y fortalecer el diálogo con las familias y responsables de cada categoría.
Respecto a la denuncia, se supo que fue radicada por la madre de una jugadora de básquet de 14 años. El apuntado fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y continúa en libertad.
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