Policiales
Crimen de Urizar en Iguazú: dos detenidos y la trama detrás del caso
La investigación por el crimen de Catriel Urizar (30), el emprendedor gastronómico de Puerto Iguazú asesinado de un tiro en el pecho el lunes a la noche mientras realizaba un reparto de comida, avanzó rápidamente en las últimas horas y por el hecho ya hay dos sospechosos detenidos, a la espera de ser trasladados ante la Justicia para prestar declaración indagatoria.
Los implicados son dos jóvenes de 18 años identificados como Catalino P. y Anderson A., quienes fueron aprehendidos mediante procedimientos ejecutados por el personal de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el primero de ellos registraba un pedido de detención vigente por el delito de “amenazas calificadas” y además estaría vinculado a otros hechos cometidos recientemente, tanto en Iguazú como en Foz de Iguazú, Brasil.
Ambos sospechosos estarían severamente comprometidos con el hecho, en virtud de una importante cantidad de indicios que ya fueron recolectados por los investigadores intervinientes, entre declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad y la incautación diversos elementos de interés como prendas de vestir, celulares y un arma de fuego.
El crimen de Urizar se registró el lunes a la noche, cerca de las 23, en el barrio Cataratas del Iguazú.
El caso se descubrió mediante un vecino de la zona, que llamó a la Policía para alertar que mientras estaba en su casa oyó un disparo y al salir a la vereda observó a dos jóvenes huir del interior de una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en las cercanías.
De inmediato, una patrulla de la Comisaría Cuarta acudió al lugar y constató la escena. En el asiento del conductor de la camioneta se encontraba Urizar sin vida, con una lesión de arma de fuego en la región del tórax.
La escena se preservó, el hecho fue informado al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, y la investigación se puso en marcha, con la participación de efectivos de la Dirección Homicidios y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V.
Una comisión se dedicó a reconstruir las últimas horas de Urizar y otra se encargó de seguir la pista de los sospechosos vistos en la escena. La unión de los elementos recolectados permitió develar -en parte- lo sucedido y concretar la detención de dos jóvenes.
De acuerdo a lo reconstruido por fuentes de LVM, minutos antes del hecho Urizar había salido de su local de comidas Como en el Campo para realizar la entrega de un pedido de hamburpizza.
Testimonios recolectadas señalan que Urizar intuyó algo malo detrás del pedido, en razón de que la dirección indicada no era precisa y el supuesto cliente escribía con insistencia, preguntando si el mandado llegaría en motocicleta o en qué vehículo.
Ante esa situación, el hombre decidió dejar la motocicleta e ir hasta el lugar indicado a bordo de su Toyota Hilux. Además, llevó consigo la réplica de un arma de fuego para usarla en caso de encontrarse con asaltantes.
La principal hipótesis del caso es que efectivamente sucedió eso. Que Urizar, al notar que querían roberle, intentó asustar a los jóvenes con la réplica de una pistola que llevaba consigo y en esa instancia los implicados respondieron con un arma real de la cual jalaron el gatillo.
En paralelo, los otros investigadores llegaron hasta los sospechosos y todos los elementos recolectados hacen presumir que se tratarían de los implicados en el homicidio.
Según detallaron las mismas fuentes, el primer paso para dar con ellos fue el hallazgo de una cámara de seguridad que captó a dos jóvenes caminando en cercanías a la escena del crimen en el horario aproximado.
Con esas imágenes, los investigadores comenzaron a realizar averiguaciones y varios testigos indicaron que uno de ellos podría tratarse de Catalino P., un joven que hace algunos días andaba por el barrio ofreciendo un arma de fuego a la venta.
Con esa información sobre el tapete, los efectivos montaron una vigilancia en el domicilio del implicado hasta que lo vieron salir en motocicleta en compañía de otro sujetos, instancia en la cual fueron demorados.
Testimonio clave
Allí fue clave la intervención de ese otro muchacho que estaba con Catalino en la moto, ya que inmediatamente se desligó del hecho y contó lo sucedido durante la noche del crimen.
El testigo contó que el lunes a la noche se encontraba junto a Catalino y otro joven identificado como Anderson, de nacionalidad brasileña, hasta que el primero de ellos decidió realizar el pedido de la hamburpizza desde el celular del extranjero.
El muchacho añadió que en determinado momento Catalino y Anderson se apartaron para ir a buscar el pedido, pero regresaron sin la hamburpizza y dijeron: “metimos la pata”.
Allanamientos
En la continuidad de los operativos, el juez Brites autorizó el allanamiento de las viviendas de los implicados y los elementos hallados comprometerían aún más a los detenidos.
En la casa de Catalino, en el barrio Cataratas, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 milímetros con una vaina servida y un cartucho largo, además de documentaciones a nombre de Anderson, su presunto cómplice en el hecho.
En cuanto al segundo implicado, hubo dos allanamientos. En una casa familiar y en otro inmueble donde pernoctaba como cuidador. En esos lugares secuestraron un teléfono celular con roturas provocadas recientemente y prendas de vestir de similares características a las observadas en las cámaras de seguridad.
El revólver hallado será sometido a pericias balísticas para determinar si se trató del arma homicida. La autopsia determinó que el proyectil que acabó con la vida de Urizar fue un calibre 32, pero hasta el momento todos los informes son preliminares.
El celular incautado, en tanto, también será sometido a una autopsia digital para establecer si fue el aparato utilizado para realiza el pedido de la hamburpizza. Esta labor estará a cargo del personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
Bajo este panorama, los dos implicados quedaron detenidos y se prevé que mañana sean trasladados hacia el Juzgado para prestar declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites.
En esa instancia, serán notificados del hecho que se investiga, de los elementos que se registran en sus contra y serían imputados formalmente.
Urizar tenía 30 años y tenía un emprendimiento gastronómico.
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
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