Policiales
Corrientes: acusan a la policía de dejar ahogarse al chico encontrado en el Paraná
El abogado de la familia del estudiante correntino Lautaro Rosé, un joven de 18 años desaparecido el lunes a la madrugada cuando se arrojó al río Paraná en una persecución policial, acusó a la policía de dejar ahogarse al muchacho, cuyo cuerpo fue encontrado el martes por unos pescadores.
El letrado, Hermindo Gonzáles, señaló que hay suficiente evidencia para sostener que el muchacho pidió auxilio a los policías porque no sabía nadar, pero éstos lo ignoraron y se retiraron llevándose detenido a otro de los jóvenes, un chico menor de edad.
“Está acreditado por el propio Ministerio de Justicia y Gobierno la existencia de un acto que ellos dicen irregular y yo llamo abandono de persona, ellos mismos han apartado a tres miembros de la fuerza con un sumario administrativo que acredita la existencia del hecho de que Lautaro se encontró en el agua, pidiendo auxilio a estos mismos policías que produjeron el hecho que lo llevó al río. Desoyeron el pedido de auxilio, Lautaro no sabía nadar y quedaron con el menor quien fue esposado y brutalmente golpeado”, dijo González, entrevistado por Página/12.
“No sólo no intervinieron para salvar la vida de Lautaro sino que invisibilizaron la situación porque no pusieron en conocimiento a ninguna autoridad para avanzar en su rescate”, agregó.
“El gobierno mostró el acta de defunción de Lautaro, de asfixia por sumersión, pretendiendo lavar su responsabilidad. Pero es lo contrario. La autopsia revela que la hora del hecho es coincidente con la represión y el abandono, como su consecuencia que fue la muerte. Lo que pretenden sea una descarga es lo contrario, una prueba clara y directa de lo que decimos para imputar a los policías”, expresó.
Los hechos
El joven desapareció la madrugada del lunes, en la zona de la playa Arazaty, en la costanera de la capital correntina.
El relato de su tío, Darío Rosé, lo ubica en una fiesta en cercanías del club Boca Unidos, donde se celebraba el Día del Empleado Municipal.
“En un momento dado se produce un disturbio y la policía comenzó a tirar balas de goma y algunas personas nos dijeron que habrían sido también balas de verdad”, dijo el hombre.
Señaló que un amigo de su sobrino, le contó que la policía entró al predio y encerró a los jóvenes. “Le dan flor de paliza y el amigo de Lautaro cae desmayado, se desvaneció”, describió Darío Rosé.
Agregó que al recuperar la conciencia, el chico se acuerda de Lautaro, y lo busca, y ya no lo encuentra.
El cuerpo del muchacho fue hallado 24 horas después, flotando en el río.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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