Policiales
Condenaron a los policías que robaban armas de un depósito judicial en Eldorado
El Tribunal Federal de Posadas condenó a penas de entre cinco y tres años de prisión a la banda eldoradense detenida en 2019 e integrada por dos policías que se dedicaban a robar armas de fuego y municiones del depósito judicial que custodiaban, para luego comercializarlas en el mercado negro.
Los condenados se tratan del sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega (43), el sargento Marcelino Segundo “Tibo” Sanabria (43), Oscar Alberto Ríos (49) y Yeni Paola Cañiza (30).
Los dos ex uniformados recibieron penas de 4 años y 3 meses y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente, al ser declarados responsables de varios delitos, entre ellos “asociación ilícita”, “violación de los deberes de funcionario público” y “sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente”.
Ríos, por su parte, recibió 5 años de prisión, ya que la Justicia también le atribuyó los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda nacional y/o extranjera”, “acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal” y “asociación ilícita y encubrimiento de contrabando de importación”.
Por último, a Cañiza le impusieron 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir no irá a la cárcel.
Investigación
La banda fue desbaratada en marzo de 2019, luego de una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Eldorado después de una investigación iniciada a partir de un informe que la Agencia Federal Inteligencia (AFI) elevó a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En ese informe que disparó la causa, la AFI alertaba sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en la zona Norte de Misiones con Ríos como actor clave, aunque esto no pudo ser probado en el expediente.
Sin embargo, mediante esa pista el Juzgado ordenó una serie de intervenciones telefónicas y con esas escuchas salieron a la luz los otros delitos por los cuales también quedaron bajo la lupa los efectivos Vega y Sanabria.
Es que a partir de ahí los investigadores recolectaron datos que permitieron presumir que los uniformados se dedicaban a sustraer armas de fuego y municiones que estaban a resguardo como pruebas de otros expedientes en el depósito de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado, donde ellos cumplían servicio de custodia.
La sospecha era, entonces, que los efectivos sustraían las armas y las entregaban a Ríos, que se dedicaba a comercializarlas en el mercado negro. Se estima que en un año se sustrajeron cerca de 40 armas de los depósitos judiciales.
Los investigadores continuaron sumando elementos para sustentar esta hipótesis y en marzo de 2019 consideraron que era el momento de dar el golpe. Fue entonces que dispusieron la detención de los involucrados y la realización de varios allanamientos que terminaron confirmando las sospechas, ya que hallaron más de una decena de armas de fuego.
Desde ese momento, los dos efectivos y Ríos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, que instruyó el expediente a fines de 2020 dispuso la elevación a juicio de la causa.
Después de ello, los implicados debían ocupar un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal de Posadas y enfrentar un debate oral, pero finalmente decidieron firmar un acuerdo de juicio abreviado en el cual admitieron sus responsabilidades en el hecho. El fallo fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Actualmente, los dos uniformados se encuentran detenidos en la Unidad Penal 1 de Loreto, mientras que Ríos está alojado en una celda de la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco. Cañiza, por su parte, es la única que se encuentra en libertad.
Los policías Vega y Sanabria fueron inmediatamente apartados de la fuerza provincial cuando se concretaron sus detenciones.
Minutos antes de las 20 de hoy, encontraron un cuerpo en inmediaciones al by pass de Posadas y agentes de la Policía de Misiones rastrillan la zona.
De momento, no hay información sobre la identidad del cadáver hallado, ni si se trata del chofer de Uber, Jorge Daniel Acuña (48) desaparecido desde el lunes.
Están presentes en el lugar, el Juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, acompañado del subjefe de la Policía, Marcos López Ascencio, para presenciar el operativo de rastrillaje en la zona, entre la rotonda de la ex 213 y Cocomarola.
Durante la jornada de hoy, los investigadores ejecutaron dos allanamientos en el marco de la investigación por la desaparición de Jorge Acuña. Como resultado, detuvieron a un personal activo de la Policía e incautaron un Renault Kwind.
Caso Acuña: un policía detenido, un auto incautado y dos casas allanadas
La investigación por la desaparición del chofer de Uber, Jorge Daniel Acuña (48), cuyo paradero es una incógnita desde el lunes a la tarde, tuvo uno de sus puntos de mayor inflexión esta tarde, con dos allanamientos, un policía detenido y un automóvil secuestrado.
El primer procedimiento se concretó en la vivienda del mecánico hacia donde Acuña se dirigió ese lunes antes de desaparecer. Ese inmueble está ubicado sobre avenida Lavalle, casi Carlos Pellegrini, una cuadra antes de la avenida Tambor de Tacuarí, donde agentes de la Policía Científica y personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) efectuaron pericias de luminol, tanto dentro del hogar como en la zona del garaje.
Casi en paralelo, otra comisión de investigadores se dirigió hacia una casa ubicada sobre Tomás Guido, casi Blas Parera, donde detuvieron a un personal activo de la Policía de Misiones y además incautaron un Renault Kwind que habría sido captado por cámaras de seguridad en el marco de la revisión de las imágenes de dispositivos de vigilancia instaladas en cercanías al lugar donde el miércoles a la tarde apareció abandonado el automóvil Fiat Siena que Acuña utilizaba para trabajar como chofer de aplicación.
Ese vehículo estaba estacionado sobre la rampa de la vivienda y de inmediato fue cubierto por un gazebo de la Policía Científica y preparado para ser sometido a pericias de luminol.
Pericias de luminol en la primera vivienda allanada.
Los procedimientos de este viernes estuvieron dirigidos por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, actualmente en turno y a cargo de la pesquisa.
En los allanamientos también estuvieron presentes altos mandos de la fuerza provincial, entre ellos el comisario general Sandro Martínez, jefe de la Policía.
Cabe recordar que otro día clave en la pesquisa del hecho fue el miércoles a la tarde, cuando se encontró el Siena abandonado y en una primera revisión constataron en su interior vestigios de al menos dos disparos y manchas de sangre en la parte delantera.
Esos indicios, lamentablemente, hacen suponer el peor final, aunque hasta el momento no hay mayores datos sobre el paradero de Acuña, quien reside en el barrio Santa Helena de Garupá, de donde el lunes a la tarde salió para encontrarse con el mecánico de la avenida Lavalle pero nunca más se supo de él.
Si bien la ubicación del rodado se concretó el miércoles, se cree que el vehículo ya había sido abandonado en ese lugar el mismo lunes en que el chofer Uber dejó de dar señales.
Fuentes consultadas adelantaron que en el correr de las horas se podrían efectuar más procedimientos en otros puntos de la ciudad.
La segunda vivienda allanada está ubicada sobre avenida Tomás Guido, donde fue detenido un policía.
El tercer día de búsqueda de Acuña cerró con pericias de luminol en su auto
Un vecino de Gobernador Roca denunció haber vendido a través de Marketplace un motor de lancha y concretó el envío del producto a su comprador, aunque luego advirtió que el comprobante de transferencia era apócrifo y, en consecuencia, no recibió ningún pago.
La estafa virtual fue denunciada esta mañana, por parte de un hombre de 33 años, quien se presentó en la comisaría del pueblo para denunciar lo que padecido luego de caer en una trampa.
En su denuncia, la víctima narró que a comienzos de mes publicó en Marketplace –la plataforma de ventas de Facebook– un motor fuera de borda a la venta por 1,5 millones de pesos, tras lo cual fue contactado a través de Whatsapp por un interesado que dijo residir en la localidad entrerriana de Concordia.
Tras avanzar en diálogos, el vecino acordó la venta del producto y realizó el envío del motor una vez que recibió un comprobante de transferencia, aunque luego advirtió que el dinero nunca ingresó a su cuenta bancaria, ante lo cual constató que el certificado recibido era apócrifo.
El caso fue remitido al personal de División Cibercrimen de la Unidad Regional IX, cuyos especialistas realizarán los trámites de rigor para tratar de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables, además de recuperar lo perdido.
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