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Condenaron a los policías que robaban armas de un depósito judicial en Eldorado

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El Tribunal Federal de Posadas condenó a penas de entre cinco y tres años de prisión a la banda eldoradense detenida en 2019 e integrada por dos policías que se dedicaban a robar armas de fuego y municiones del depósito judicial que custodiaban, para luego comercializarlas en el mercado negro.

Los condenados se tratan del sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega (43), el sargento Marcelino Segundo “Tibo” Sanabria (43), Oscar Alberto Ríos (49) y Yeni Paola Cañiza (30).

Los dos ex uniformados recibieron penas de 4 años y 3 meses y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente, al ser declarados responsables de varios delitos, entre ellos “asociación ilícita”, “violación de los deberes de funcionario público” y “sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente”.

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Ríos, por su parte, recibió 5 años de prisión, ya que la Justicia también le atribuyó los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda nacional y/o extranjera”, “acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal” y “asociación ilícita y encubrimiento de contrabando de importación”.

Por último, a Cañiza le impusieron 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir no irá a la cárcel.

Investigación

La banda fue desbaratada en marzo de 2019, luego de una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Eldorado después de una investigación iniciada a partir de un informe que la Agencia Federal Inteligencia (AFI) elevó a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En ese informe que disparó la causa, la AFI alertaba sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en la zona Norte de Misiones con Ríos como actor clave, aunque esto no pudo ser probado en el expediente.

Sin embargo, mediante esa pista el Juzgado ordenó una serie de intervenciones telefónicas y con esas escuchas salieron a la luz los otros delitos por los cuales también quedaron bajo la lupa los efectivos Vega y Sanabria.

Es que a partir de ahí los investigadores recolectaron datos que permitieron presumir que los uniformados se dedicaban a sustraer armas de fuego y municiones que estaban a resguardo como pruebas de otros expedientes en el depósito de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado, donde ellos cumplían servicio de custodia.

La sospecha era, entonces, que los efectivos sustraían las armas y las entregaban a Ríos, que se dedicaba a comercializarlas en el mercado negro. Se estima que en un año se sustrajeron cerca de 40 armas de los depósitos judiciales.

Los investigadores continuaron sumando elementos para sustentar esta hipótesis y en marzo de 2019 consideraron que era el momento de dar el golpe. Fue entonces que dispusieron la detención de los involucrados y la realización de varios allanamientos que terminaron confirmando las sospechas, ya que hallaron más de una decena de armas de fuego.

Desde ese momento, los dos efectivos y Ríos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, que instruyó el expediente a fines de 2020 dispuso la elevación a juicio de la causa.

Después de ello, los implicados debían ocupar un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal de Posadas y enfrentar un debate oral, pero finalmente decidieron firmar un acuerdo de juicio abreviado en el cual admitieron sus responsabilidades en el hecho. El fallo fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).

Actualmente, los dos uniformados se encuentran detenidos en la Unidad Penal 1 de Loreto, mientras que Ríos está alojado en una celda de la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco. Cañiza, por su parte, es la única que se encuentra en libertad.

Los policías Vega y Sanabria fueron inmediatamente apartados de la fuerza provincial cuando se concretaron sus detenciones.

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Estafa piramidal en Iguazú: uno de los hermanos pidió la eximición de prisión

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Mientras las denuncias se replican y el pedido de captura internacional sigue activo, Noemí Fariña (60), uno de los hermanos acusados de orquestar una millonaria estafa piramidal en la localidad de Puerto Iguazú, presentó un escrito ante la Justicia designando abogado defensor y solicitando una eximición de prisión.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el documento fue presentado en las últimas horas ante el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, cuyo titular Martín Brites, encabeza las actuaciones del caso tras las múltiples denuncias radicadas desde la semana pasada.

Las mismas fuentes señalaron que en dicho escrito la mujer, que tendría domicilio en Foz de Iguazú (Brasil), designó un abogado defensor y a la vez solicitó la eximición de prisión, lo que equivale a no quedar detenida en caso de presentarse ante la Justicia.

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La solicitud ya fue corrida vista a la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo de Horacio Paniagua, quien debe analizar el planteo y emitir su opinión, tras lo cual la decisión final quedará en manos del juez Brites.

“Los damnificados refieren que ella era la que más ponía la cara, que era con la que más trato tenían cundo todo funcionaba”, precisó una fuente consultada por LVM.

La mujer, junto a su hermano Diego Fariña (57), están acusados de perpetrar una millonaria estafa piramidal a través de un mecanismo en el cual recibían dinero de parte de “ahorristas” o “inversionistas” a los cuales luego les giraban retornos con intereses a cobrar.

Ese mecanismo aparentemente funcionó durante los primeros tiempo, pero tras la pandemia los pagos se fueron interrumpiendo. Cuando los damnificados comenzaron a pedir explicaciones, los hermanos Fariña desaparecieron.

Las fuentes añadieron que seis personas de Iguazú radicaron las primeras denuncias contra los hermanos Fariña y en las últimas horas recibieron más acusaciones, incluida de ciudadanos brasileños brasileños. Cada uno de ellos refiere pérdidas de 100.000 dólares.

Tras las denuncias, el juez Brites ordenó allanamientos en los locales involucrados (Fininver y Carfar) y libró los pedidos de captura internacional para los hermanos apuntados. Los implicados exponían sus vidas en las redes sociales con viajes al exterior, principalmente a Brasil y Estados Unidos, por lo que no se descarta que estén algunos de esos países.

Se estima que los damnificados podrían ser más de cien y la cifra total de la estafa alcanzaría los 7 millones de dólares. Entre los denunciantes hay empresarios hoteleros, gastronómicos, comerciantes y profesionales de diversas ramas.

 

FOTO: CVI Noticias – Puerto Iguazú

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Iguazú: piden captura internacional para hermanos por millonaria estafa piramidal

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El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, libró en las últimas sendos pedidos de captura internacional para dos hermanos de esa ciudad acusados de perpetrar una millonaria estafa piramidal.

Los implicados están identificados como Diego Humberto (57) y Marina Noemí Fariña (60), quienes eran propietarios de financieras, casas de cambio y locales similares en Iguazú, algunas de ellas de nombre Fininver y Carfar.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, seis ciudadanos de Iguazú radicaron las primeras denuncias contra los hermanos Fariña y ahora se sumaron ocho brasileños que también aseguran haber sido damnificados de la misma manera. Las fuentes consultadas indicaron que cada uno de ellos refiere pérdidas de 100.000 dólares.

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Según explicaron, la operación consistía en conseguir inversionistas que ingresen montos de dinero que supuestamente eran redireccionados a empresas y proyectos inmobiliarios en otros países, tras lo cual los participantes del mecanismo recibirían retornos con intereses.

Aparentemente, el mecanismo funcionó durante un tiempo, pero tras la pandemia todo se complicó. Los retornos comenzaron a interrumpirse y cuando los damnificados pidieron explicaciones los hermanos Fariña desaparecieron.

Tras las denuncias, el juez Brites ordenó allanamientos en los locales involucrados y libró los pedidos de captura. Los hermanos implicados exponían sus vidas en las redes sociales con viajes al exterior, principalmente a Brasil y Estados Unidos, por lo que no se descarta que estén algunos de esos países.

Si bien hasta el momento se recibieron seis denuncias en Argentina, se estima que los damnificados podrían ser más de cien y la cifra total de la estafa alcanzaría los 7 millones de dólares. Entre los denunciantes hay empresarios hoteleros, gastronómicos, comerciantes y profesionales de diversas ramas.

“Ellos operaban como cualquier banco. Uno depositaba dinero, teníamos una carpeta personal que podíamos cobrar dos personas habilitadas. Mensualmente uno podía retirar los intereses, agregar o sacar. Así durante años, en un local conocido por todos. Nunca nos imaginamos llegar a esta situación. Vino la pandemia, que a todos nos trajo problemas, pero nunca tuvimos de parte de los directivos, los hermanos Fariña, una respuesta”, señaló el médico Diego Vanzini, uno de los damnificados, al canal CVI Noticias de Iguazú.

El hombre añadió que “hace un año se cortó totalmente la cadena de pagos. Hasta que decidimos contratar un estudio jurídico que muy bien nos representa. La Justicia se movió rápido. Ordenaron el pedido de captura internacional, así que de momento para otro estos personajes pueden caer. Queremos una explicación de qué pasó con nuestros ahorros”.

Por último, el damnificado se mostró dolido por la situación y expresó que “esto era plata generada, plata heredada, plata de trabajo, nada ganado en el azar. Es una situación frustrante, desagradable. Plata de 22 años confiamos en este lugar y nos encontramos con que las personas a cargo, los directivos, están fuera del país. Se fueron. Hace más de un año que no tenemos respuestas. Hay más de 150 damnificados que están en la misma situación”.

 

FOTO: Clarín

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Investigan denuncia por posible mala praxis tras muerte de un bebé en Posadas

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La Justicia de Posadas investiga una denuncia por presunta mala praxis radicada contra el hospital Materno Neonatal tras la muerte de un bebé dos días después de nacer.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la denuncia fue radicada ante la Comisaría Cuarta de Posadas por un joven de 20 años, quien aseguró que la muerte de su pequeño se dio como consecuencia de una mala praxis por parte de médicos del hospital Madariaga, quienes retrasaron el parto de su pareja y la situación generó complicados en el recién nacido.

En su presentación, el padre del bebé fallecido relató que su pareja, de 27 años, tenía fecha de parto previsto para el 3 de agosto en el hospital Materno Neo Natal y ese día se presentaron a las 16, pero el personal médico que los atendió les manifestó que la muchacha todavía no estaba en condiciones de dar a luz.

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En esa instancia, le habrían recomendado que vuelva a la casa y que regrese al nosocomio días más tarde, cuando experimente contracciones más fuertes.

Fue así que el sábado la muchacha comenzó con fuertes contracciones y cerca de las 23 asistieron nuevamente al hospital Materno Neonatal, donde el personal de guardia diagnosticó que tenía una dilatación fase 2. La recomendación allí fue que la mujer regrese al día siguiente, a las 8, para hacer el trabajo de parto.

Ese domingo la pareja regresó al hospital y la embarazada quedó internada. Al día siguiente fue revisada por otra médica de guardia, quien diagnosticó que la mujer presentaba una dilatación fase 8, por lo que le iban a realizar trabajo de parto de forma normal, cuando en principio el nacimiento se iba a dar por cesárea.

En su denuncia, el padre del niño aseguró que antes de nacer su hijo ingirió material fecal y líquido amniótico como consecuencia del retraso del parto.

Desde ese momento, el niño quedó internado, con complicaciones en los pulmones y siendo sometido a lavajes de estómago, pero desafortunadamente el miércoles por la tarde se produjo su fallecimiento.

Luego de ello, el muchacho acudió a la Policía y radicó una denuncia ante un posible hecho de mala praxis.

En el caso intervino el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien dispuso que el cuerpo del bebé sea sometido a un examen de autopsia para establecer las causales de muerte y poder avanzar en la investigación del hecho.

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