Policiales
Cayó por extorsión y amenazas “Kojak” Ríos, ex boxeador de prontuario violento
POSADAS. El ex boxeador Víctor Daniel “Kojak” Ríos fue detenido tras haber sido denunciado por extorsionar a una peluquera, a la que habría amenazado con un arma de fuego para que saldara su deuda con una financiera de Posadas.
Ríos de 38 años, fue baleado por su padre que luego se suicidó; atacó a balazo a un comerciante de Itaembé Miní y se trenzó a golpes por una cuestión de tránsito en la calle, según los antecedentes extra-deportivos que se potenciaron con el papel de “apretador” de la casa de préstamos.
De acuerdo con la denuncia de la mujer, identificada como Karina V, “Kojak” llegó su negocio de la avenida Jauretche, la zona oeste de la ciudad, alrededor de las 20:30 del viernes, extrajo un arma de fuego que le apoyó en el estómago, para exigir el pago pendiente de 2.140 pesos.
“Yo sé dónde vivís. Conozco cuántos hijos tenés. Estoy re-jugado, no me importa nada. Te voy a liquidar. Me podés denunciar. Yo mañana (por ayer, sábado) voy a volver. Te quiero a las 8 en la oficina y sino. vas a saber que voy a volver. Me escuchaste?”, le dijo el ex púgil a la peluquera y se retiró.
La mujer recurrió a la comisaría Séptima y radicó la denuncia con el detalle de los hechos y, además de admitir la deuda, dijo que minutos después de la visita amenazadora de “Kojak”, recibió un llamado de una chica de la misma financiera que le reiteró el cumplimiento del compromiso.
En el caso intervino el juez de instrucción César Yaya, quien además de ordenar la detención del denunciado por los cargos de extorsión y amenazas, también dispuso la citación del gerente de la casa de préstamos en Posadas, como presunto ideólogo de la maniobra.
Fuentes de la investigación, nos descartaron que la trascendencia del accionar delictivo denunciado por la peluquera contribuya con el esclarecimiento de otros casos similares, que habrían sido protagonizados por el ex boxeador en nombre de la financiera.
“Kojak”, apodo que se ganó en el ambiente boxístico por su calva, similar a la del policía neoyorkino de la serie televisiva de los 70, estuvo involucrado a mediados de abril de 2012 en un incidente familiar en el que fue herido por disparo que le descerrajó su padre, Julián “Taragüí” Ríos.
Los dos habrían mantenido una fuerte discusión por el amor de una mujer que terminó trágicamente, ya que el padre se suicidó con la misma arma al creer que le había quitado la vida a su hijo.
En 2009, tras discutir luego de un accidente vial, el boxeador golpeó al médico Jorge Landi en Junín y Mitre, lo que derivó en una denuncia por lesiones y amenazas en su contra, agravado por su condición de profesional del ring.
A mediados de septiembre de 2016, se supo que un comerciante de 26 años fue baleado en un glúteo, al mediodía y en una esquina del barrio Itaembé Miní, hecho por el cual fue detenido el ex boxeador y acusado de tentativa de homicidio.
Por este caso, en noviembre de 2016, “Kojak” que estaba detenido en la seccional Segunda de la Policía, donde había conformado un grupo de spárrings con sus compañeros de cautiverio, con quienes practicaba para volver a las veladas boxísticas. A fin de 2017, la causa estaba lista para ir a juicio.
Los graves incidentes en los que apareció involucrado, opacaron la carrera de este deportista que enfrentó a rivales como “La Hiena” Barrios y Mathysse.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
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