Judiciales
Caso Irma, el juicio: dos testigos vieron lesiones en las manos de Esteche
El juicio por el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), registrado en diciembre de 2016 en Garupá, continuó hoy y dos testigos declararon haber visto -y certificado- lesiones en ambas manos del imputado Alejandro Esteche al momento de su ingreso como detenido a la comisaría interviniente.
Las declaraciones que pueden complicar el futuro de Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), único imputado en la causa, fueron brindadas por Héctor Giménez, que al momento del hecho trabajaba como personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), y Liliana Benítez, que era médica policial con funciones en la Comisaría Quinta.
A su turno, Giménez indicó que su intervención en el caso comenzó el 18 de diciembre al mediodía -más de un día después del hecho- y a continuación relató de qué forma el grupo de investigadores llegó hasta el hoy imputado.
El hombre indicó que la comisión abocada al caso se interiorizó en los pormenores del hecho y realizó un relevamiento por la zona, obteniendo testimonios que ubicaban a Esteche en la fiesta de fin de año que se desarrollaba en el predio de “La Económica” en Garupá, evento al cual Irma asistió y conoció al acusado.
“Prácticamente todos describieron características físicas y de vestimenta que eran coincidentes con lo que dijo Frutos”, señaló Giménez, haciendo referencia al testigo Lucas Frutos, ex prefecturiano que auxilió a Irma malherida y quien ubicó al imputado en la escena del hecho.
Luego, Giménez agregó que “vamos a su domicilio y lo demoramos. De ahí lo llevamos a la Comisaría Quinta porque era la jurisdicción. Ahí le hicimos una revisión médica porque nos llamó la atención la lesión que tenía en la palma derecha y en el dorso de la mano izquierda”.
En un momento, el testigo fue consultado por Edgardo Cabrera, abogado defensor de Esteche, sobre una supuesta “indagatoria” a su defendido en la seccional policial, a lo cual Giménez respondió que “eso es solo por los dichos de su defendido, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho algún interrogatorio. No lo tenemos permitido”.

El fiscal Martín Rau y el defensor Edgardo Cabrera compartiendo escritorio durante una testimonial por videoconferencia.
El siguiente turno fue para la testigo Liliana Benítez, la doctora que ese mismo día firmó el certificado de la revisión médica practicada a Esteche tras ser detenido y alojado en la Comisaría Quinta de Garupá.
La mujer ratificó lo volcado en el documento y declaró en coincidencia con el testigo Giménez, al señalar que el detenido presentaba “escoriaciones en la palma de la mano derecha y en el dorso de la mano izquierda”.
Allí, la profesional dio precisiones y definiciones sobre las escoriaciones, mencionando que las mismas pueden ser “sangrantes o no sangrentes” y pueden originarse con “un simple rascado, con un rasguño, un golpe violento o con un objeto contundente. Todo depende del mecanismo de acción”.
Cabrera volvió a intervenir. El letrado preguntó si la lesión de Esteche podía corresponderse a una caída, a lo cual Benítez contestó que “en la foto -de la mano lesionada- se ve una lesión más puntual. Un arrastre de caída va a generar más lesiones, como las lesiones que se provocan en la rodilla con una caída”.
La discusión de las lesiones tiene un especial en interés, teniendo en cuenta que la víctima fue sufrió golpes de puño en el rostro y que luego fue ultrajada sexualmente y empalada con la rama de un árbol, lo cual le provocó severas lesiones internas que derivaron en su muerte después de 30 horas de agonía.

Esteche está detenido e imputado bajo una figura que prevé prisión perpetua. El juicio podría culminar el próximo lunes.
Más testigos
En la continuidad de la quinta audiencia del debate oral declararon otros cinco testigos, entre los cuales hubo familiares del acusado, profesionales en criminalística, bioquímicos, psicólogos y trabajadores sociales.
En esa línea, Facundo, ex cuñado de Esteche, desde Zárate y mediante una aplicación de videoconferencia, recordó que el imputado bailó unos minutos con la víctima en la fiesta de fin de año y aseguró que vio al hombre salir del lugar apenas unos minutos después que la mujer.
La psicóloga Ana María Bogado, en tanto, recordó cómo fue su encuentro con Irma en el hospital y describió que “ella refería sufrir mucho. Lloraba, gritaba, gemía de dolor. Era desgarrador estar ahí, en la habitación con ella. Era una escena terrible”.
El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con más testimoniales. Se prevé que la sentencia sea impartida el próxima lunes.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Yaya -subrogante-. El Ministerio Público Fiscal, en tanto, está representado por Martín Rau.
Esteche está imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”, que prevé una pena de prisión perpetua.
Judiciales
Rechazan anular causa contra contador imputado desde 2013 por delitos fiscales
El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.
El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.
En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.
Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.

Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.
Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.
Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.
La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.
Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.
En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).
Judiciales
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.
La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.
De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.
La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.
La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.
Crimen y sospechas
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.
Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana
Judiciales
Crimen del penitenciario: su hermana designó abogado y declara el miércoles
El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.
En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.
Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.
El caso
Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.
Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento
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