Policiales
Cárcel común para Sidders, protegido del obispo de Iguazú, acusado de abuso
La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata revocó el pedido de prisión domiciliaria a Raúl Anatoly Sidders. El cura deberá cumplir prisión preventiva mientras dure el proceso legal.
Esta mañana, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata negó la prisión domiciliaria a beneficio Raúl Anatoly Sidders, el cura denunciado por abuso sexual y quien desde principios de mayo de 2020 fue trasladado a la Diócesis de Puerto Iguazú.
La Justicia consideró que el religioso “goza de buena salud”, por lo cual le confirmó la prisión preventiva en cárcel común, mientras se lleven adelante el proceso legal.
Los representantes de la víctima, una ex alumna del religioso cuando éste ejercía como capellán de un colegio platense, manifestaron en un comunicado: “Tras constatar que Sidders goza de excelente salud”, la Cámara confirmó su “prisión lisa y llana”.
Asimismo, solicitan que cesen las presiones que imponen los allegados al acusado: “La querella exhortó asimismo al Arzobispado y demás allegados de Sidders a hacer cesar las presiones sobre la Justicia que originaron este innecesario incidente y llevaron al extremo de que el fiscal mutara en pocas horas su firme solicitud de prisión efectiva por el de un beneficio absurdo, ahora abortado”, reza el comunicado.
Pedido de prisión domiciliaria
En el 2020, el juez de Garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar al pedido de prisión preventiva para el cura destinado en Puerto Iguazú, Raúl Anatoly Sidders, acusado por abusar sexualmente de una menor de edad.
El fiscal Álvaro Garganta, quien en primera instancia había acompañado el pedido de detención efectiva de la querella encabezada por Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, en diciembre pasado propuso se beneficie al religioso con una domiciliaria.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata no hizo lugar al pedido de Garganta y, tras constatar que Sidders goza de excelente salud, confirmó su prisión lisa y llana en una cárcel común.
Entre algodones
Luego de una serie de denuncias públicas que salieron a la luz en La Plata, el ex capellán del Colegio San Vicente de Paul recaló en julio del año pasado en Puerto Iguazú.
En la Ciudad de las Cataratas, compartió el calor del hogar, ubicado en la calle Guatambú, con el obispo Nicolás Baisi. Allí se refugió el presbítero a la espera de lo que parecía inevitable, una denuncia formal por abuso de menores, que finalmente llegó a mediados de agosto de 2020.
El señalamiento de Sidders por parte de una ex alumna obligó al Obispado de Iguazú a romper el silencio y defender al presbítero, al calificar la denuncia como una “fake news”.
Allí también aseguraron que el cura desempeñaba “labores pastorales con adultos” y que “no hay ningún antecedente de acusaciones que comprometieran el comportamiento sacerdotal del padre Raúl en los 32 años que lleva de sacerdote, más allá de las diferencias con respecto a su modo de expresarse”.
Ahora, la decisión de la Justicia de La Plata no sólo significa un revés para la libertad de Sidders, sino para la acérrima defensa ejercida por el Obispado de Puerto Iguazú.
Judiciales
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.
El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.
“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).
“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.
Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.
Dealer del barrio
Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
FOTO: EL TERRITORIO
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
Policiales
Empleado de cooperativa montó una estafa de $30 millones a productores
Un empleado de la Cooperativa Actim (Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones) fue detenido este jueves en el marco de una investigación por presuntas maniobras de estafa contra unos 30 productores de la zona, ardid que habría generado un perjuicio cercado a los 30 millones de pesos.
El procedimiento fue ordenado por el magistrado Ariel Belda Palomar, titular del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, en relación a una investigación impulsada por la Fiscalía de Ciberdelitos a través de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
De acuerdo a la información difundida desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el operativo incluyó la realización dos de allanamientos, uno en la sede de Actim y otra en un domicilio particular de San Pedro, donde el sospechoso finalmente fue detenido.
Las mismas fuentes añadieron que el implicado fue identificado como N. B. (23) y la pesquisa sostiene que la maniobra consistía en confeccionar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) apócrifos para simular el cumplimiento de obligaciones tributarias ante Arca (ex Afip).
A partir de ese ardid, el implicado cobraba importantes sumas de dinero de parte de los productores, quienes a su vez creían estar cumpliendo sus obligaciones tributarias.
Según las primeras estimaciones, los damnificados serían alrededor de 30 productores de la zona, en tanto que el perjuicio económico rondaría los 30 millones de pesos.
“Durante los procedimientos se realizaron operaciones técnicas forenses de constatación sobre equipos informáticos y se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento de datos vinculados con la investigación, con el objeto de preservar y asegurar evidencia digital de interés para la causa”, especificaron desde el Ministerio Público.
Policiales
Un detenido por grooming en Irigoyen: la víctima es una niña de 10 años
Un hombre de 29 años fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en el barrio Vista Alegre de Bernardo de Irigoyen, en el marco de una investigación por el presunto delito de grooming, cuya víctima es una niña de 10 años.
El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), a pedido de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y por orden del juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar.
Del operativo también participaron efectivos de la comisaría local, Infantería y la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones.
Como resultado de la medida judicial, los investigadores detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular que será sometido a una extracción forense y un análisis integral de datos por parte de personal especializado de la Saic.
Durante el allanamiento, además, los peritos realizaron la constatación de distintos elementos considerados de interés para la causa y verificaron información que, de acuerdo al Ministerio Público, coincidiría con los datos aportados por la madre de la niña al momento de radicar la denuncia.
La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche, que busca determinar el alcance de las comunicaciones atribuidas al detenido y reunir nuevas pruebas a partir del análisis del dispositivo secuestrado.
El delito de grooming consiste en el contacto de una persona adulta con un niño, niña o adolescente a través de medios digitales con fines de abuso o explotación sexual y está previsto en el artículo 131 del Código Penal argentino.
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