Policiales
Cárcel común para Sidders, protegido del obispo de Iguazú, acusado de abuso
La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata revocó el pedido de prisión domiciliaria a Raúl Anatoly Sidders. El cura deberá cumplir prisión preventiva mientras dure el proceso legal.
Esta mañana, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata negó la prisión domiciliaria a beneficio Raúl Anatoly Sidders, el cura denunciado por abuso sexual y quien desde principios de mayo de 2020 fue trasladado a la Diócesis de Puerto Iguazú.
La Justicia consideró que el religioso “goza de buena salud”, por lo cual le confirmó la prisión preventiva en cárcel común, mientras se lleven adelante el proceso legal.
Los representantes de la víctima, una ex alumna del religioso cuando éste ejercía como capellán de un colegio platense, manifestaron en un comunicado: “Tras constatar que Sidders goza de excelente salud”, la Cámara confirmó su “prisión lisa y llana”.
Asimismo, solicitan que cesen las presiones que imponen los allegados al acusado: “La querella exhortó asimismo al Arzobispado y demás allegados de Sidders a hacer cesar las presiones sobre la Justicia que originaron este innecesario incidente y llevaron al extremo de que el fiscal mutara en pocas horas su firme solicitud de prisión efectiva por el de un beneficio absurdo, ahora abortado”, reza el comunicado.
Pedido de prisión domiciliaria
En el 2020, el juez de Garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar al pedido de prisión preventiva para el cura destinado en Puerto Iguazú, Raúl Anatoly Sidders, acusado por abusar sexualmente de una menor de edad.
El fiscal Álvaro Garganta, quien en primera instancia había acompañado el pedido de detención efectiva de la querella encabezada por Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, en diciembre pasado propuso se beneficie al religioso con una domiciliaria.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata no hizo lugar al pedido de Garganta y, tras constatar que Sidders goza de excelente salud, confirmó su prisión lisa y llana en una cárcel común.
Entre algodones
Luego de una serie de denuncias públicas que salieron a la luz en La Plata, el ex capellán del Colegio San Vicente de Paul recaló en julio del año pasado en Puerto Iguazú.
En la Ciudad de las Cataratas, compartió el calor del hogar, ubicado en la calle Guatambú, con el obispo Nicolás Baisi. Allí se refugió el presbítero a la espera de lo que parecía inevitable, una denuncia formal por abuso de menores, que finalmente llegó a mediados de agosto de 2020.
El señalamiento de Sidders por parte de una ex alumna obligó al Obispado de Iguazú a romper el silencio y defender al presbítero, al calificar la denuncia como una “fake news”.
Allí también aseguraron que el cura desempeñaba “labores pastorales con adultos” y que “no hay ningún antecedente de acusaciones que comprometieran el comportamiento sacerdotal del padre Raúl en los 32 años que lleva de sacerdote, más allá de las diferencias con respecto a su modo de expresarse”.
Ahora, la decisión de la Justicia de La Plata no sólo significa un revés para la libertad de Sidders, sino para la acérrima defensa ejercida por el Obispado de Puerto Iguazú.
Judiciales
Sobreseyeron a dos gendarmes misioneros investigados por homicidio en La Quiaca
El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy
Policiales
San Ignacio: arrastró un perro con su moto, fue filmado y terminó preso
Luego de que se viralizaran imágenes de un hombre, que con la moto en marcha arrastró a un perro en plena vía pública durante varios metros, un operativo policial logró interceptar y capturar al responsable quien quedó a disposición de la justicia.
El hecho fue filmado por un transeúnte generando indignación y repudio en redes sociales, lo que también habría impulsado la rápida respuesta policial luego de que los investigadores iniciaran tareas que permitieron identificar al implicado y montar el operativo que derivó en su captura.
La aprehensión del hombre involucrado, de 69 años de edad, se concretó ayer martes a las 16 sobre la ruta 210, cuando el acusado aún llevaba al animal atado a la motocicleta.
Intervino la comisión policial de la comisaría local, que interceptó al implicado sobre la arteria provincial, mientras circulaba en sentido San Ignacio–Colonia Pastoreo y procedió a su detención.
Tras el rescate, el animal fue examinado por una médica veterinaria, quien constató lesiones compatibles con el arrastre, incluyendo escoriaciones en extremidades y otras afecciones que requerían atención.
Por disposición judicial, se notificó la detención del implicado en el marco de una causa por maltrato animal. En tanto, el perro fue entregado a una asociación protectora para su resguardo y posterior adopción responsable.

Rescate y resguardo del perro afectado
Policiales
Incautan 300 ampollas de fentanilo en un monte de Puerto Esperanza
En un operativo realizado en la zona de Puerto Esperanza, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron casi 300 ampollas de fentanilo valuadas en aproximadamente 660 millones de pesos, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de estupefacientes proveniente de Paraguay.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú durante la mañana del domingo, a partir de tareas de inteligencia criminal que advertían sobre un posible envío de droga bajo la modalidad encubierta.
Con intervención de la Justicia Federal, se dispuso un operativo de vigilancia discreta en un sector previamente identificado como punto de entrega, en una zona de frontera señalada por su utilización para maniobras ilegales de cruce.
Durante el despliegue, los efectivos detectaron un bulto negro oculto entre la vegetación. Tras varias horas de observación sin que ninguna persona se presentara a retirarlo, y ante el empeoramiento de las condiciones climáticas, se informó a la autoridad judicial, que ordenó la apertura del paquete.
En el interior se encontró una caja con casi 300 ampollas plásticas que contenían una sustancia líquida. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que se trataba de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia.
El cargamento fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, que dispusieron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.
La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra y determinar la organización criminal involucrada en el intento de tráfico internacional de estupefacientes.
Incautan 300 ampollas de fentanilo cruzadas en canoa desde Paraguay
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