Policiales
Cárcel común para Sidders, protegido del obispo de Iguazú, acusado de abuso
La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata revocó el pedido de prisión domiciliaria a Raúl Anatoly Sidders. El cura deberá cumplir prisión preventiva mientras dure el proceso legal.
Esta mañana, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata negó la prisión domiciliaria a beneficio Raúl Anatoly Sidders, el cura denunciado por abuso sexual y quien desde principios de mayo de 2020 fue trasladado a la Diócesis de Puerto Iguazú.
La Justicia consideró que el religioso “goza de buena salud”, por lo cual le confirmó la prisión preventiva en cárcel común, mientras se lleven adelante el proceso legal.
Los representantes de la víctima, una ex alumna del religioso cuando éste ejercía como capellán de un colegio platense, manifestaron en un comunicado: “Tras constatar que Sidders goza de excelente salud”, la Cámara confirmó su “prisión lisa y llana”.
Asimismo, solicitan que cesen las presiones que imponen los allegados al acusado: “La querella exhortó asimismo al Arzobispado y demás allegados de Sidders a hacer cesar las presiones sobre la Justicia que originaron este innecesario incidente y llevaron al extremo de que el fiscal mutara en pocas horas su firme solicitud de prisión efectiva por el de un beneficio absurdo, ahora abortado”, reza el comunicado.
Pedido de prisión domiciliaria
En el 2020, el juez de Garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar al pedido de prisión preventiva para el cura destinado en Puerto Iguazú, Raúl Anatoly Sidders, acusado por abusar sexualmente de una menor de edad.
El fiscal Álvaro Garganta, quien en primera instancia había acompañado el pedido de detención efectiva de la querella encabezada por Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, en diciembre pasado propuso se beneficie al religioso con una domiciliaria.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata no hizo lugar al pedido de Garganta y, tras constatar que Sidders goza de excelente salud, confirmó su prisión lisa y llana en una cárcel común.
Entre algodones
Luego de una serie de denuncias públicas que salieron a la luz en La Plata, el ex capellán del Colegio San Vicente de Paul recaló en julio del año pasado en Puerto Iguazú.
En la Ciudad de las Cataratas, compartió el calor del hogar, ubicado en la calle Guatambú, con el obispo Nicolás Baisi. Allí se refugió el presbítero a la espera de lo que parecía inevitable, una denuncia formal por abuso de menores, que finalmente llegó a mediados de agosto de 2020.
El señalamiento de Sidders por parte de una ex alumna obligó al Obispado de Iguazú a romper el silencio y defender al presbítero, al calificar la denuncia como una “fake news”.
Allí también aseguraron que el cura desempeñaba “labores pastorales con adultos” y que “no hay ningún antecedente de acusaciones que comprometieran el comportamiento sacerdotal del padre Raúl en los 32 años que lleva de sacerdote, más allá de las diferencias con respecto a su modo de expresarse”.
Ahora, la decisión de la Justicia de La Plata no sólo significa un revés para la libertad de Sidders, sino para la acérrima defensa ejercida por el Obispado de Puerto Iguazú.
Policiales
Los tres ex policías continúan detenidos y el jueves van a indagatoria
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Judiciales
Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio
Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”
Policiales
Un hombre murió en una vereda del barrio Fátima II e investigan las causas
Un hombre murió esta mañana en una vereda del barrio Fátima II de Garupá y efectivos policiales investigan en qué circunstancias se produjo el deceso, como así también el origen de las lesiones que presentaba en brazos y piernas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el fallecido se trataría de un hombre identificado como Alberto Valdés y su cuerpo quedó tendido en inmediaciones a las calles Santa Fe y Paraná.
La intervención policial se dio a las 9.30 de hoy, cuando vecinos reportaron a través del sistema 911 de la presencia de un hombre que caminó varias cuadras trastabillándose hasta que se desvaneció en el lugar y murió.
Los efectivos intervinientes constataron, además, que el hombre presentaba lesiones en brazos y piernas, heridas que ahora intentarán determinar su origen.
En el lugar intervienen la dependencia jurisdiccional y la Policía Científica, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para confirmar su identidad y determinar las circunstancias de la muerte.
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