Policiales
Arrancó el juicio por el femicidio de Arapayú: la confesión de Puzin como eje
Con la confesión del hecho por parte de Pablo Lotario Puzin (56) como eje central, esta mañana comenzó el juicio oral y público por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú (49), ultimada a mazazos en su cabeza y luego descartada en un desagüe de agua en su casa de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América, en mayo de 2019.
Si bien el único imputado que tiene el expediente se abstuvo de declarar hoy ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas, sí se leyó el contenido del testimonio que brindó al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria durante la etapa de investigación.
La declaración en la que Puzin admitió haber cometido el femicidio de su pareja se dio el 17 de mayo de 2019, ante el magistrado Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
En esa oportunidad, el hombre se quebró ante las autoridades que participaron de la audiencia indagatoria, reconstruyó sus últimas horas con la víctima y confesó que mató a Arapayú tras descubrir una infidelidad, aunque aseguró no recordar de qué manera concretó el crimen.
“Ese lunes me acosté temprano, antes que ella. Ella miraba dos novelas. Siempre dormíamos abrazados, pero ese día me pidió que no la abrace porque tenía un grano que le hacía doler. Entonces le agarré la mano y dormimos. A la madrugada noté que estaba despierta, le toco y me saca la mano. Ahí yo le pregunto si andaba con el otro hombre de nuevo y ella me dijo ‘yo no soy digna de tu amor’. Ahí me agarró una amargura”, comienza Puzin, según se desprende de la lectura del contenido de su declaración indagatoria.
Y continúa, adentrándose en el relato del hecho: “Ahí fue tanto la indignación que sentí que me quería morir. La volví a tocar y giró para el otro lado. Cuando me despierto la veo ensangrentada, pero no recuerdo nada. No puedo explicar cómo fue porque no me acuerdo. Cuando levanto las sábanas cae el martillo. Ahí no sabía cómo tratar el problema, tenía miedo por mis hijos y la llevé al pozo”.
Mientras el testimonio era leído por secretaría y en voz alta para todos los presentes en la sala de audiencias, el imputado volvió a quebrarse.
En esa declaración, Puzin -que hoy cumple 60 años- también admitió haber limpiado la escena del crimen y haber mentido en sucesivas oportunidades para ocultar la verdad.
Sin embargo, aseguró que “la conciencia no me dejaba tranquilo y por eso conté la verdad. Nadie me dijo que lo haga”.
Puzin está detenido desde 2019 y pasa sus días y noches en la cárcel de Loreto.
La investigación
El caso Arapayú comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019 como una desaparición de persona.
Fue una de sus hijas quien se acercó a la comisaría de Jardín América para relatar que su madre había salido el día anterior de su casa en Colonia Oasis y nunca regresó, despertando la preocupación de todos.
La versión que Puzin le brindó a la familia, y luego a la Policía, durante esos primeros días de búsqueda, fue que ese lunes 6 de mayo su pareja salió temprano para dirigirse al hospital de jardín América, pero el relato carecía de sustento.
Las sospechas comenzaron, dado que en la casa donde la pareja vivía junto a tres hijos pequeños aún estaba el celular y la cartera con todas las documentaciones de la mujer.
Además, familiares y allegados a Arapayú comenzaron a dar cuenta de antecedentes o episodios de violencia previa en la pareja.
Todo cambió cuando el reactivo de luminol -pericia tendiente a encontrar rastros de sangre- dio positivo en el dormitorio de la pareja y eso apuntaló la investigación. Cuando Puzin se vio acorralado, le terminó indicando a la Policía el lugar donde había escondido el cuerpo de la mujer.
Así fue como, entre la noche del 13 de mayo y la madrugada siguiente, los efectivos policiales, en presencia del juez Sena, rastrillaron la propiedad en Colonia Oasis y en un desagüe de agua en desuso dieron con el cadáver de Arapayú.
La autopsia estableció que la mujer sufrió tres golpes en la cabeza, producidos con un objeto contundente que sería una maza, que le provocaron traumatismos gravísimos y una fisura de la base craneal.
Puzin es representado por la defensora oficial Inés Belloni.
Justamente, en la audiencia de hoy y previo a la lectura de la indagatoria, la defensora oficial de Puzin, Inés Belloni, solicitó la nulidad de casi todas las actuaciones de la causa, al considerar que esa primera declaración de su cliente ante la Policía fue realizada fuera de los marcos legales, lo cual viola las garantías constitucionales.
“Puzin declara, pero declara con quien no tenía que declarar. Arruinaron todo”, lanzó Belloni, apuntando a los efectivos policiales que intervinieron en el caso y realizaron los rastrillajes que esa noche culminó con el hallazgo del cadáver.
Para la letrada, “todos los elementos probatorios surgen de esa declaración, por lo cual todo debería ser nulo”.
En base a ello, Belloni pidió la inmediata libertad de Puzin y adelantó que, en caso de obtener una respuesta negativa por parte del tribunal, acudiría en casación federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal de debate, Vladimir Antonio Glinka, consideró que el pedido es extemporáneo, dado que el mismo planteo ya fue realizado en instancias previas, recibiendo respuestas desfavorables.
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal, presidido por César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, decidió diferir la resolución del planteo defensivo para el momento del dictado de la sentencia y dispuso la continuación del debate.
El fiscal Antonio Glinka se opuso a los planteos de nulidad de la defensa.
Los primeros testigos
En el desarrollo de la audiencia declararon siete testigos, en su mayoría peritos profesionales de diversas ciencias.
En último turno declaró Patricia Arapayú, hija de la víctima y quien en su momento radicó la denuncia por la desaparición de su madre.
La joven recordó que les llamó la atención la desaparición de madre, dado que “había dejado su cartera y su celular. Y tampoco se iba a ir así sin llevar a sus hijos menores, que era lo que más amaba”.
Respecto a Puzin, Patricia recordó que “él estaba así como si nada, por esto tuve que ir yo a hacer la denuncia, porque él no lo hizo”.
“Yo viví muchos años con ellos en esa casa, hasta que cumplí los 18. Teníamos un trato inestable con él. Un día podíamos estar bien y al otro todo mal. Era inestable con todos. Bien por uno o dos días, pero después se enojaba por algo y estaba todo mal”, recordó la testigo.
Puzin, al momento de declaración de Patricia, una de la hijas de Arapayú.
Para mañana se espera la declaración de al menos nueve testigos más y se prevé que entre jueves o viernes se dicte sentencia.
Puzin está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, el vínculo de pareja y femicidio, figura ante la cual es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
En el auto de elevación a juicio que también fue leído esta mañana, constan declaraciones que afirmaban que Arapayú tenía decidido terminar su relación con Puzin por los maltratos recibidos. Además, daban cuenta que la mujer creía estar embarazada, pero los estudios forenses lo descartaron.
La investigación por el millonario robo a una tienda de celulares en el barrio El Palomar de Posadas sumó cuatro nuevos detenidos este lunes y ahora ya son seis los sospechosos puestos a disposición de la Justicia, entre ellos los sindicado “cabecillas” del golpe.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, durante la jornada de hoy fueron arrestados Facundo “Homero” P. y Diego “Oveja” B., quienes fueron señalados como los principales integrantes de la banda.
A ellos se sumaron dos mujeres que habrían actuado como “encubridoras” del hecho. Ellas fueron identificadas como Pamela Q. (28) y Agustina L. (21) y, al igual que los dos hombres, fueron detenidas durante allanamientos realizados en inmuebles ubicados en las chacras 120 y 128 de Posadas.
Según detallaron, hasta los nuevos sospechosos se llegó mediante trabajos de geolocalización desarrollados en forma conjunta entre la fuerza provincial y el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).
Estos cuatro detenidos se suman a los otros jóvenes arrestados horas después del hecho, uno de ellos identificado como Marcos B. (19), cuya captura se concretó en el barrio La Flor.
En paralelo, se aguarda el peritaje para determinar si los 50 teléfonos robados, en su mayoría Iphone, se encuentran entre los 90 aparatos incautados el fin de semana en una “cueva” de objetos sustraídos.
El inmueble ubicado en la chacra 225 fue allanado en la madrugada del sábado y allí fue detenido un joven de 26 años que en el mundillo de hampa es conocido como “reducidor” de objetos robados.
El robo bajo investigación ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre, cuando al menos seis delincuentes en moto forzaron el ingreso al local ubicado sobre calles Barrufaldi y Líbano.
Una vez dentro, los malvivientes vaciaron el comercio, llevándose celulares, notebooks, relojes y dinero en efectivo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la llegada en moto de los ladrones, como así también todo el accionar desplegado en el interior del local.
Dos detenidos por millonario robo a tienda de celulares en Posadas
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.
El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, tres de los ocho implicados en la causa por conspiración e intento de sedición, fueron detenidos esta mañana durante un episodio registrado frente a la Casa de Gobierno.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, los tres ex uniformados acudieron hoy a Casa de Gobierno para entregar un petitorio e iniciar una “protesta pacífica”.
En ese marco, una versión indica que los policías de servicio se acercaron a ellos para consultar sobre la medida y allí se produjo un tumulto que derivó en incidentes.
El motivo de detención y la nueva causa es por resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas que se tramitará ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
El procedimiento fue ejecutado por personal de Infantería, que subió a la plaza y con tenazas cortaron las cadenas con las que los manifestantes se ataron a las rejas de la Rosadita.
Los familiares de los hermanos Arrieta, por su parte, explicaron a La Voz de Misiones que “luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a Guirula”.
En estos momentos, Horacio Couto e Iván y Alejandro Arrieta se encuentran detenidos en la comisaría de la Seccional Primera.
El reclamo
Previo a la detención, los tres involucrados presentaron un documento fechado el 21 de septiembre de 2026 en Posadas, dirigido al gobernador Hugo Mario Passalacqua.
El escrito lleva las firmas de Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta y Elías Coutto, ex integrantes de la Policía de Misiones, quienes, según el reclamo, se encuentran apartados de sus funciones sin percibir haberes ni contar con una definición legal o laboral.
Al mismo tiempo, explicaron que se enteraron por medios públicos de que otros dos ex compañeros vinculados a la misma causa (Diego Correa y Adolfo Guirula) lograron un acuerdo con el gobierno provincial para su reincorporación y el reconocimiento de sus haberes.
Aclarando que respetan dicho acuerdo y no buscan perjudicar a nadie, solicitaron igualdad de condiciones, una audiencia para exponer su situación en persona y la posibilidad de encontrar una vía de diálogo dentro del marco legal vigente que les permita volver a trabajar, percibir ingresos y dar estabilidad a sus familias, ofreciendo además sus disculpas si sus reclamos anteriores causaron molestias.
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