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Arrancó el juicio por el femicidio de Arapayú: la confesión de Puzin como eje

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Juicio Arapayú - Puzin

Con la confesión del hecho por parte de Pablo Lotario Puzin (56) como eje central, esta mañana comenzó el juicio oral y público por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú (49), ultimada a mazazos en su cabeza y luego descartada en un desagüe de agua en su casa de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América, en mayo de 2019.

Si bien el único imputado que tiene el expediente se abstuvo de declarar hoy ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas, sí se leyó el contenido del testimonio que brindó al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria durante la etapa de investigación.

La declaración en la que Puzin admitió haber cometido el femicidio de su pareja se dio el 17 de mayo de 2019, ante el magistrado Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.

En esa oportunidad, el hombre se quebró ante las autoridades que participaron de la audiencia indagatoria, reconstruyó sus últimas horas con la víctima y confesó que mató a Arapayú tras descubrir una infidelidad, aunque aseguró no recordar de qué manera concretó el crimen.

“Ese lunes me acosté temprano, antes que ella. Ella miraba dos novelas. Siempre dormíamos abrazados, pero ese día me pidió que no la abrace porque tenía un grano que le hacía doler. Entonces le agarré la mano y dormimos. A la madrugada noté que estaba despierta, le toco y me saca la mano. Ahí yo le pregunto si andaba con el otro hombre de nuevo y ella me dijo ‘yo no soy digna de tu amor’. Ahí me agarró una amargura”, comienza Puzin, según se desprende de la lectura del contenido de su declaración indagatoria.

Y continúa, adentrándose en el relato del hecho: “Ahí fue tanto la indignación que sentí que me quería morir. La volví a tocar y giró para el otro lado. Cuando me despierto la veo ensangrentada, pero no recuerdo nada. No puedo explicar cómo fue porque no me acuerdo. Cuando levanto las sábanas cae el martillo. Ahí no sabía cómo tratar el problema, tenía miedo por mis hijos y la llevé al pozo”.

Mientras el testimonio era leído por secretaría y en voz alta para todos los presentes en la sala de audiencias, el imputado volvió a quebrarse.

En esa declaración, Puzin -que hoy cumple 60 años- también admitió haber limpiado la escena del crimen y haber mentido en sucesivas oportunidades para ocultar la verdad.

Sin embargo, aseguró que “la conciencia no me dejaba tranquilo y por eso conté la verdad. Nadie me dijo que lo haga”.

Juicio Arapayú - Puzin

Puzin está detenido desde 2019 y pasa sus días y noches en la cárcel de Loreto.

La investigación

El caso Arapayú comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019 como una desaparición de persona.

Fue una de sus hijas quien se acercó a la comisaría de Jardín América para relatar que su madre había salido el día anterior de su casa en Colonia Oasis y nunca regresó, despertando la preocupación de todos.

La versión que Puzin le brindó a la familia, y luego a la Policía, durante esos primeros días de búsqueda, fue que ese lunes 6 de mayo su pareja salió temprano para dirigirse al hospital de jardín América, pero el relato carecía de sustento.

Las sospechas comenzaron, dado que en la casa donde la pareja vivía junto a tres hijos pequeños aún estaba el celular y la cartera con todas las documentaciones de la mujer.

Además, familiares y allegados a Arapayú comenzaron a dar cuenta de antecedentes o episodios de violencia previa en la pareja.

Todo cambió cuando el reactivo de luminol -pericia tendiente a encontrar rastros de sangre- dio positivo en el dormitorio de la pareja y eso apuntaló la investigación. Cuando Puzin se vio acorralado, le terminó indicando a la Policía el lugar donde había escondido el cuerpo de la mujer.

Así fue como, entre la noche del 13 de mayo y la madrugada siguiente, los efectivos policiales, en presencia del juez Sena, rastrillaron la propiedad en Colonia Oasis y en un desagüe de agua en desuso dieron con el cadáver de Arapayú.

La autopsia estableció que la mujer sufrió tres golpes en la cabeza, producidos con un objeto contundente que sería una maza, que le provocaron traumatismos gravísimos y una fisura de la base craneal.

Puzin es representado por la defensora oficial Inés Belloni.

Justamente, en la audiencia de hoy y previo a la lectura de la indagatoria, la defensora oficial de Puzin, Inés Belloni, solicitó la nulidad de casi todas las actuaciones de la causa, al considerar que esa primera declaración de su cliente ante la Policía fue realizada fuera de los marcos legales, lo cual viola las garantías constitucionales.

“Puzin declara, pero declara con quien no tenía que declarar. Arruinaron todo”, lanzó Belloni, apuntando a los efectivos policiales que intervinieron en el caso y realizaron los rastrillajes que esa noche culminó con el hallazgo del cadáver.

Para la letrada, “todos los elementos probatorios surgen de esa declaración, por lo cual todo debería ser nulo”.

En base a ello, Belloni pidió la inmediata libertad de Puzin y adelantó que, en caso de obtener una respuesta negativa por parte del tribunal, acudiría en casación federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fiscal de debate, Vladimir Antonio Glinka, consideró que el pedido es extemporáneo, dado que el mismo planteo ya fue realizado en instancias previas, recibiendo respuestas desfavorables.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal, presidido por César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, decidió diferir la resolución del planteo defensivo para el momento del dictado de la sentencia y dispuso la continuación del debate.

Juicio Arapayú - Glinka

El fiscal Antonio Glinka se opuso a los planteos de nulidad de la defensa.

Los primeros testigos

En el desarrollo de la audiencia declararon siete testigos, en su mayoría peritos profesionales de diversas ciencias.

En último turno declaró Patricia Arapayú, hija de la víctima y quien en su momento radicó la denuncia por la desaparición de su madre.

La joven recordó que les llamó la atención la desaparición de madre, dado que “había dejado su cartera y su celular. Y tampoco se iba a ir así sin llevar a sus hijos menores, que era lo que más amaba”.

Respecto a Puzin, Patricia recordó que “él estaba así como si nada, por esto tuve que ir yo a hacer la denuncia, porque él no lo hizo”.

“Yo viví muchos años con ellos en esa casa, hasta que cumplí los 18. Teníamos un trato inestable con él. Un día podíamos estar bien y al otro todo mal. Era inestable con todos. Bien por uno o dos días, pero después se enojaba por algo y estaba todo mal”, recordó la testigo.

Puzin, al momento de declaración de Patricia, una de la hijas de Arapayú.

Para mañana se espera la declaración de al menos nueve testigos más y se prevé que entre jueves o viernes se dicte sentencia.

Puzin está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, el vínculo de pareja y femicidio, figura ante la cual es pasible de ser condenado a prisión perpetua.

En el auto de elevación a juicio que también fue leído esta mañana, constan declaraciones que afirmaban que Arapayú tenía decidido terminar su relación con Puzin por los maltratos recibidos. Además, daban cuenta que la mujer creía estar embarazada, pero los estudios forenses lo descartaron.

Judiciales

Juicio por la muerte de Belén: testimonios para reconstruir un caso 13 años después

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Juicio muerte belén

El juicio para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Rocío Belén López (15), adolescente con discapacidad por una enfermedad neurodegenerativa, ingresará la semana que viene a su recta final, con el lunes y martes como últimas jornadas para la etapa de incorporación de pruebas antes de la ronda de alegatos prevista inicialmente para el jueves.

El debate oral que tiene a Mariela Andrea Ramírez (48), madre de la niña, como única imputada por “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado muerte”, comenzó el 3 de agosto y durante las primeras cuatro audiencias desarrolladas en el Tribunal Penal Uno de Posadas declararon una veintena de testigos, entre efectivos policiales, peritos forenses, médicos especialistas, familiares, vecinos y compañeros de trabajo de la acusada.

Según los estudios médicos, Belén padecía Síndrome de Rett, una enfermedad neurodegenerativa de origen genético que provoca una pérdida progresiva de las capacidades del habla, el movimiento de las manos y la coordinación motora, condición que torna al paciente incapaz de valerse por sí mismo.

Durante el transcurso del debate se pudo reconstruir que la niña residió gran parte de su vida con sus abuelos y una tía materna, quienes se encargaron de su cuidado, excepto en una temporada comprendida entre 2006 y 2007 cuando vivió junto a su madre en una casa de Itaembé Miní y otro pequeño lapso de diez días en el que regresó circunstancialmente junto a Ramírez a un inmueble del barrio Las Rosas, donde finalmente falleció el 23 de julio de 2013.

La autopsia concluyó que la muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación. En este juicio se intenta determinar qué circunstancias derivaron en ese trágico desenlace y qué grado de responsabilidad en el hecho pudo tener su madre.

Ramírez alega que se vio sobrepasada por la situación. Argumenta que debió afrontar el cuidado de su hija en absoluta soledad, con dificultades económicas y apremiada por obligaciones laborales. La Justicia la tiene imputada por abandono de persona y el fiscal de juicio, Vladimir Antonio Glinka, adelantó que contempla la posibilidad de ampliar la acusación a homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a Belén en forma deliberada para dejarla morir.

La mujer llegó a esta instancia en libertad y bajo la representación del defensor oficial Miguel Ángel Varela, aunque dependiendo de la acusación final que eventualmente reciba hasta podría ser condenada a prisión perpetua. Eso lo decidirá, a su debido tiempo, el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Mariela Ramírez junto al defensor oficial Miguel Ángel Varela.

“Hice lo que pude”

En la primera audiencia, la imputada tomó la palabra y se explayó durante más de horas frente al tribunal. Contó su historia, desde su embarazo hasta la muerte de Belén. Se defendió de las acusaciones, alegó sentirse “sobrepasada” en la última etapa de su cuidado y cuestionó al Estado por la falta de asistencia.

Afirmó que, a pesar de que Belén vivía y estaba al cuidado de sus abuelos, ella nunca se “desentendió” de su hija. “Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, justificó.

Recordó que cuando su padre enfermó debió recibir a Belén en su casa de Itaembé Miní, donde ya vivía junto a su nueva pareja y su segunda hija. Ramírez aseguró que contrató una persona para los cuidados de la niña e indicó que tiempo después debió vender la casa por deudas, tras lo cual Belén volvió con su abuela.

“Después me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, dijo y agregó que “días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.

Según su relató, de ahí en más la situación empeoró día a día: estaba sola, sin dinero y sin posibilidad de faltar al trabajo. Sumado a ello, aseguró que Belén comenzó a rechazar la comida: “Empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca y a comer menos”.

“Yo en ningún momento abandoné a mi hija. Hice lo que pude con lo que tenía”, se defendió y lo mismo repitió en una reciente entrevista con el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, organización que ahora solicitó ser parte del debate oral y aportar su perspectiva del caso como amicus curiae.

Primeros testimonios

Entre los primeros testigos que declararon ante el tribunal estuvieron agentes policiales que trabajaron el día del fallecimiento de Belén y con ellos el fiscal Glinka hizo hincapié en la escena encontrada.

Tanto el comisario retirado Carlos Adolfo Krapp como el agente Javier Olmedo describieron la habitación de la víctima como “un depósito”, con bolsas amontonadas y objetos desparramados alrededor de una cama que tampoco estaba en buenas condiciones. La misma Ramírez admitió que la cama tenía la rejilla rota y apilaba pañales abajo para compensar la cavidad. 

En la segunda jornada declararon Delira Clara Aldana y Clara Argentina Ramírez, abuela y tía de la niña fallecida, respectivamente. Emocionadas, recordaron con dolor el fallecimiento de Belén. “Ella era nuestra vida y nuestros ojos. Nos llamó la atención su muerte, ella estaba bien cuando la dejamos con su mamá”, lanzó Aldana.

Aldana contó que la niña “a veces lloraba” cuando tenía que irse con la mamá y Clara admitió que fue “traumatizante” ver en qué estado murió su sobrina.

Ese mismo día estuvo el neurólogo infantil José Galeano, sobre quien el defensor Varela profundizó respecto a los síntomas, alcances y condiciones de cuidado que requiere una persona con Síndrome de Rett.

“Son dependientes 100% de un tercero para poder subsistir”, resumió y desarrolló, entre otros factores, que “el proceso de deglución, por ejemplo, es muy complejo. Alimentar a un paciente de estas características resulta muy difícil porque realmente no coordina. Hay que tener mucha paciencia y saber cómo alimentarlo”.

El fiscal Vladimir Glinka encabeza la acusación.

Las vecinas

El día más complicado para la imputada fue el miércoles, cuando entre los testigos citados estuvieron una empleada doméstica y dos vecinas que coincidieron al describir condiciones de “descuido” en que presuntamente Ramírez tenía a Belén cuando la adolescente vivía a su cargo en Itaembé Miní.

“La veíamos mucho tiempo afuera en pleno verano, descalza, solo con pañal y muerta de calor en el patio. Estaban todas las puertas cerradas y Belén afuera”, describió Hilda Margot Da Silveira.

“Un día puse una silla para ver por encima del muro y vi que estaba la nena llorando afuera, sola y en pañales en plena noche”, contó después otra testigo, Lourdes Balmaceda, quien ante esa situación decidió llamar a la línea 102 para pedir la intervención de asistentes sociales. 

En esa línea también declaró Esther Leiva, una empleada doméstica que trabajó en la casa de Ramírez en aquel tiempo. “Yo fui contratada para limpiar la casa, no para cuidar a la nena. Cuando entré a la casa me encontré con ella”, dijo, contraponiendo lo dicho por la imputada en su declaración. 

“La encuentro a ella con excremento por todos lados. Yo le bañaba y le daba de comer, le pedía comida a mi otra patrona o le llevaba lo que podía, bifes, huevos, fideos porque la dejaban encerrada y sin comida”, apuntó.

“Ella estaba totalmente abandonada”, definió y a pedido de las partes ahondó: “Vivía en pañales, encerrada, con música y aire. Dormía en una cama que tenía dos almohadones como colchón. A la puerta de su pieza le sacaban el picaporte para que no se pueda abrir”.

El juicio se transmite en vivo por Youtube.

El padre y las compañeras

La cuarta jornada estuvo marcada por la declaración del sindicado padre de la niña y de algunas empleadas municipales que fueron compañeras de Ramírez al momento de los hechos.

César Luis Romero fue convocado al debate como testigo a pedido de la defensa. Al hombre le atribuyen la paternidad de Belén, aunque él lo negó: “Fue mi novia hace muchos años, pero no sabía que quedó embarazada. Me enteré de eso cuando su papá le mandó una carta documento a mi papá diciéndole que ella tuvo un bebe. Mi papá contestó con otra carta documento diciendo que si era mi hijo yo me iba a hacer cargo, pero de ahí en más nunca contestaron”.

Después Romero declararon los ex compañeros de trabajo de la imputada. Sobre esos aportes ahondó el defensor Varela, buscando recabar información sobre las pautas laborales que cumplían y las condiciones económicas en las que se encontraba Ramírez en ese momento.

Entre esos testimonios, el fiscal aprovechó para recordar una declaración dada por Olga Gauto, que en la etapa de instrucción aseguró que en el sepelio de la niña Ramírez estaba “normal, sin arrepentimiento” y que pocos días después la vio “en el boliche Metrópolis”.

Marcelina Arevalos fue la última en comparecer. Ella contó que era amiga de Ramírez, que compartió “varias cenas” en su casa y vio cómo la ahora imputada “cuidaba, atendía, daba de comer y cambiaba los pañales” a Belén. También sostuvo que la mujer varias veces le comentó de sus problemas económicos e incluso le pidió dinero para comprar leche y pañales.

El tribunal es presidido por Gustavo Bernie -en el centro- e integrado por Miguel Mattos y Viviana Cukla como vocales.

Pedidos y etapa final

Antes de finalizar esa jornada, el fiscal Glinka pidió convocar a una nueva testigo: se trata de otra trabajadora municipal que en su momento administraba el sector de cajas donde la imputada trabajaba.

Si su convocatoria no es aceptada, pidió que se solicite a la Municipalidad la remisión de un informe con las novedades volcadas al legajo de Ramírez para constatar si efectivamente la mujer tramitó pedidos de licencias, como así también verificar otros aspectos que considera clave para su teoría del caso.

Ambos planteos, como así también el pedido para que la tía de la fallecida aporte como prueba una foto de Belén tomada días antes de su fallecimiento, serán resueltos por el tribunal en la audiencia del lunes.

Juicio por muerte de niña con discapacidad: “La dejaban encerrada y sin comida”

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Carmen Portillo, la primera jefa mujer de la Unidad Regional III en 50 años

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La Policía de Misiones designó por primera vez a una mujer al frente de la Unidad Regional III de Eldorado, a cinco décadas de la creación de esa estructura. Se trata de la comisario inspector Carmen Patricia Portillo, quien hasta ahora se desempeñaba como segunda jefa de la jurisdicción.

La designación fue dispuesta por la Jefatura de Policía y convierte a Portillo en la primera mujer en asumir la conducción de la Unidad Regional III desde su creación, además de transformarla en la segunda mujer en la historia de la fuerza provincial en alcanzar la jefatura de una Unidad Regional.

Portillo cuenta con una extensa trayectoria dentro del escalafón Seguridad y desarrolló buena parte de su carrera en el norte de la provincia, donde ocupó distintos cargos operativos y de conducción.

La nueva jefa inició su carrera en la comisaría Primera de Puerto Iguazú y posteriormente integró durante casi once años el área de Operaciones de Eldorado, donde estuvo al frente de la planificación operativa.

A lo largo de su trayectoria también condujo las Comisarías de la Mujer de Puerto Iguazú y Eldorado, fue jefa de la División Policía Comunitaria de Bernardo de Irigoyen y estuvo al frente de la División Verificación Automotores de Eldorado.

Ahora tendrá bajo su conducción una estructura integrada por ocho comisarías y una Comisaría de la Mujer, además de los Comandos Radioeléctricos Este y Oeste, la División Prevención de Delitos, Motorizada, Brigada de Investigaciones y el CIO 911.

La Unidad Regional III tiene jurisdicción sobre Eldorado, Puerto Mado, Colonia Victoria, 9 de Julio y Santiago de Liniers, por lo que Portillo también estará a cargo de la administración del personal y los recursos destinados a las tareas de prevención, seguridad e investigación en esas localidades.

Su llegada a la jefatura representa un hecho inédito para la estructura policial de Eldorado, que durante sus primeros 50 años de existencia estuvo conducida exclusivamente por hombres.

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Policiales

Joven de 20 años detenido por una causa Masi en San Javier

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Un joven de 20 años fue detenido este jueves en San Javier durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunta circulación de material de abuso sexual infantil (Masi), que se inició a partir de reportes internacionales.

El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Ministerio Público de Misiones y se concretó por orden de la jueza Selva Raquel Zuetta, titular del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

La causa se inició a partir de reportes CyberTipline enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo estadounidense que recibe denuncias vinculadas con la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Según se informó, los reportes contenían información e identificadores técnicos relacionados con presuntas actividades de tráfico de material de abuso sexual infantil a través de servicios digitales. A partir del análisis de esos datos, los investigadores lograron orientar las pesquisas hacia un domicilio de San Javier.

Con esa información, la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche, solicitó la medida que posteriormente fue autorizada por el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.

El allanamiento fue llevado adelante por especialistas de la Saic, con la colaboración de efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones y personal de la comisaría de San Javier.

Durante el procedimiento, los técnicos realizaron constataciones de evidencia digital en vivo sobre los teléfonos celulares y computadoras encontrados en el inmueble.

De acuerdo con lo informado, esas tareas permitieron establecer coincidencias entre datos e identificadores incluidos en los reportes de NCMEC y la información hallada en los dispositivos.

El joven identificado como L. D. R., de 20 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia. En tanto, los dispositivos incautados fueron preservados para continuar con los análisis forenses.

Las pericias sobre la evidencia digital estarán a cargo del personal especializado de la Saic, mientras que la investigación continúa bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem y con intervención de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos.

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