Policiales
Arrancó el juicio por el femicidio de Arapayú: la confesión de Puzin como eje

Con la confesión del hecho por parte de Pablo Lotario Puzin (56) como eje central, esta mañana comenzó el juicio oral y público por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú (49), ultimada a mazazos en su cabeza y luego descartada en un desagüe de agua en su casa de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América, en mayo de 2019.
Si bien el único imputado que tiene el expediente se abstuvo de declarar hoy ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas, sí se leyó el contenido del testimonio que brindó al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria durante la etapa de investigación.
La declaración en la que Puzin admitió haber cometido el femicidio de su pareja se dio el 17 de mayo de 2019, ante el magistrado Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
En esa oportunidad, el hombre se quebró ante las autoridades que participaron de la audiencia indagatoria, reconstruyó sus últimas horas con la víctima y confesó que mató a Arapayú tras descubrir una infidelidad, aunque aseguró no recordar de qué manera concretó el crimen.
“Ese lunes me acosté temprano, antes que ella. Ella miraba dos novelas. Siempre dormíamos abrazados, pero ese día me pidió que no la abrace porque tenía un grano que le hacía doler. Entonces le agarré la mano y dormimos. A la madrugada noté que estaba despierta, le toco y me saca la mano. Ahí yo le pregunto si andaba con el otro hombre de nuevo y ella me dijo ‘yo no soy digna de tu amor’. Ahí me agarró una amargura”, comienza Puzin, según se desprende de la lectura del contenido de su declaración indagatoria.
Y continúa, adentrándose en el relato del hecho: “Ahí fue tanto la indignación que sentí que me quería morir. La volví a tocar y giró para el otro lado. Cuando me despierto la veo ensangrentada, pero no recuerdo nada. No puedo explicar cómo fue porque no me acuerdo. Cuando levanto las sábanas cae el martillo. Ahí no sabía cómo tratar el problema, tenía miedo por mis hijos y la llevé al pozo”.
Mientras el testimonio era leído por secretaría y en voz alta para todos los presentes en la sala de audiencias, el imputado volvió a quebrarse.
En esa declaración, Puzin -que hoy cumple 60 años- también admitió haber limpiado la escena del crimen y haber mentido en sucesivas oportunidades para ocultar la verdad.
Sin embargo, aseguró que “la conciencia no me dejaba tranquilo y por eso conté la verdad. Nadie me dijo que lo haga”.

Puzin está detenido desde 2019 y pasa sus días y noches en la cárcel de Loreto.
La investigación
El caso Arapayú comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019 como una desaparición de persona.
Fue una de sus hijas quien se acercó a la comisaría de Jardín América para relatar que su madre había salido el día anterior de su casa en Colonia Oasis y nunca regresó, despertando la preocupación de todos.
La versión que Puzin le brindó a la familia, y luego a la Policía, durante esos primeros días de búsqueda, fue que ese lunes 6 de mayo su pareja salió temprano para dirigirse al hospital de jardín América, pero el relato carecía de sustento.
Las sospechas comenzaron, dado que en la casa donde la pareja vivía junto a tres hijos pequeños aún estaba el celular y la cartera con todas las documentaciones de la mujer.
Además, familiares y allegados a Arapayú comenzaron a dar cuenta de antecedentes o episodios de violencia previa en la pareja.
Todo cambió cuando el reactivo de luminol -pericia tendiente a encontrar rastros de sangre- dio positivo en el dormitorio de la pareja y eso apuntaló la investigación. Cuando Puzin se vio acorralado, le terminó indicando a la Policía el lugar donde había escondido el cuerpo de la mujer.
Así fue como, entre la noche del 13 de mayo y la madrugada siguiente, los efectivos policiales, en presencia del juez Sena, rastrillaron la propiedad en Colonia Oasis y en un desagüe de agua en desuso dieron con el cadáver de Arapayú.
La autopsia estableció que la mujer sufrió tres golpes en la cabeza, producidos con un objeto contundente que sería una maza, que le provocaron traumatismos gravísimos y una fisura de la base craneal.

Puzin es representado por la defensora oficial Inés Belloni.
Justamente, en la audiencia de hoy y previo a la lectura de la indagatoria, la defensora oficial de Puzin, Inés Belloni, solicitó la nulidad de casi todas las actuaciones de la causa, al considerar que esa primera declaración de su cliente ante la Policía fue realizada fuera de los marcos legales, lo cual viola las garantías constitucionales.
“Puzin declara, pero declara con quien no tenía que declarar. Arruinaron todo”, lanzó Belloni, apuntando a los efectivos policiales que intervinieron en el caso y realizaron los rastrillajes que esa noche culminó con el hallazgo del cadáver.
Para la letrada, “todos los elementos probatorios surgen de esa declaración, por lo cual todo debería ser nulo”.
En base a ello, Belloni pidió la inmediata libertad de Puzin y adelantó que, en caso de obtener una respuesta negativa por parte del tribunal, acudiría en casación federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal de debate, Vladimir Antonio Glinka, consideró que el pedido es extemporáneo, dado que el mismo planteo ya fue realizado en instancias previas, recibiendo respuestas desfavorables.
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal, presidido por César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, decidió diferir la resolución del planteo defensivo para el momento del dictado de la sentencia y dispuso la continuación del debate.

El fiscal Antonio Glinka se opuso a los planteos de nulidad de la defensa.
Los primeros testigos
En el desarrollo de la audiencia declararon siete testigos, en su mayoría peritos profesionales de diversas ciencias.
En último turno declaró Patricia Arapayú, hija de la víctima y quien en su momento radicó la denuncia por la desaparición de su madre.
La joven recordó que les llamó la atención la desaparición de madre, dado que “había dejado su cartera y su celular. Y tampoco se iba a ir así sin llevar a sus hijos menores, que era lo que más amaba”.
Respecto a Puzin, Patricia recordó que “él estaba así como si nada, por esto tuve que ir yo a hacer la denuncia, porque él no lo hizo”.
“Yo viví muchos años con ellos en esa casa, hasta que cumplí los 18. Teníamos un trato inestable con él. Un día podíamos estar bien y al otro todo mal. Era inestable con todos. Bien por uno o dos días, pero después se enojaba por algo y estaba todo mal”, recordó la testigo.

Puzin, al momento de declaración de Patricia, una de la hijas de Arapayú.
Para mañana se espera la declaración de al menos nueve testigos más y se prevé que entre jueves o viernes se dicte sentencia.
Puzin está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, el vínculo de pareja y femicidio, figura ante la cual es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
En el auto de elevación a juicio que también fue leído esta mañana, constan declaraciones que afirmaban que Arapayú tenía decidido terminar su relación con Puzin por los maltratos recibidos. Además, daban cuenta que la mujer creía estar embarazada, pero los estudios forenses lo descartaron.
Policiales
Certificados médicos truchos: cayó un cómplice y no descartan más detenciones

A partir de pistas obtenidas con pericias a un teléfono celular, la Policía de Misiones concretó viernes la detención de un supuesto cómplice del psiquiatra imputado por la confección de certificados médicos truchos.
De acuerdo a lo consignado por la fuerza provincial, el nuevo implicado se trata de Héctor Gabriel O. (44), quien aparece señalado como “el nexo” entre el médico y los interesados que adquirían los certificados falsas a cambio de dinero.
La detención se efectuó en un domicilio de la chacra 152 de Posadas y el nuevo sospechoso quedó bajo la lupa a partir de pistas obtenidas mediante las pericias realizadas por el personal de la Dirección Cibercrimen al aparato telefónico del psiquiatra Ramón Manuel G. (70).
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves 4 de septiembre, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La pesquisa comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una investigación interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención al Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Hasta el momento se pudo determinar que el médico emitía certificados falsos a cambio de dinero, que eran utilizados para defraudar a organismos públicos como el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, el Ministerio de Educación y el Servicio Penitenciario Federal, además de empresas privadas como Casino Club. Asimismo, se investiga que esas constancias también habrían sido utilizadas en demandas civiles de gran magnitud.
Desde la Unidad Regional I informaron que la investigación continúa en curso y que no se descartan nuevas detenciones, dado que la causa apunta a un entramado delictivo con múltiples implicados.
Con cámara oculta descubren a psiquiatra que firmaba certificados truchos
Policiales
Abogada de Rita Flores: “Jabornicky miente y es un ser violento”

“El señor Jabornicky miente. Es un violento, un oportunista y se cree impune. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, retrucó la abogada Silvia Risko, que esta mañana confirmó que tanto Rita Flores como la también diputada electa Débora Mangnone se constituyeron bajo su representación como querellantes particulares en la causa por violencia de género contra el letrado Alejandro Jabornicky.
La respuesta se dio en el marco de una conferencia de prensa que Risko realizó en su estudio jurídico y se da horas después de las declaraciones públicas efectuadas por el abogado denunciado, quien acusó a su ex pareja Flores, a Magnone y al marido de esta Walter Ríos, todos ellos diputados electos por el partido Por la Vida y los Valores, de “drogarlo” para robarle dinero y apartarlo del armado político.
En representación de las denunciantes, Risko hoy respondió sin vacilar: “El señor Alejandro Jabornicky miente. Miente y es un ser violento, agresor y oportunista”.
Ante los medios presentes, la letrada confirmó que tanto Flores como Magnone ya fueron admitidas como querellantes particulares en el expediente que se investiga bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
“Se presentó hoy el escrito y nos han incorporado. Aparte de la denuncia y por citación del juzgado ellas ya han concurrido a ratificar los hechos e hicieron la reserva para ampliación de las medidas a tomar”, precisó Risko, que también supo desempeñarse como legisladora provincial.
Si bien evitó expresarse sobre los hechos puntualmente incorporados en la denuncia, Risko apuntó contra Jabornicky al señalar que “esta persona considera ve a la mujer como una cosa o una banca en este momento. Por eso digo que miente, que es violento y un oportunista además”.
“¿Quién es él?”
Para ella, la versión brindada por al acusado no es más que un intento de desviar el foco de atención: “Todo debemos tener en cuenta que esto es una causa por violencia de género. Este ser se cree tan impune como para después pretender, con sus declaraciones públicas, desviar la atención hacia lo político partidario. No lo podemos permitir porque es invalidar nuevamente a la señora Rita Flores”.
“Resulta que ahora sale a denunciar públicamente cosas muy graves, como que lo drogaron. Fíjense el mecanismo, de victimizarse cuando es el agresor. Cuando dice que es una operación política yo me pregunto ¿quién es él? ¿qué partido tiene? Ni siquiera tiene matrícula como abogado”, disparó.
Risko detalló que Flores cuenta con una restricción de acercamiento a su favor y también recibió un botín de pánico entregado por el 911.
La perimetral se extiende también hacia la hija menor de edad de Flores y hacia la propia Magnone.
“La verdad que tanto Rita, como su hija y como la señora Magnone sienten terror”, aseveró la abogada y expuso: “Si ellas, con el nivel de protagonismo que tienen sufren este tipo de actos impunemente, públicamente, de una manera descarnada como en la que fueron tratadas, ¿qué dejamos para la mujer del barrio San Lorenzo que no tiene la visibilidad que puede tener este caso por las personas de las que se trata?. Por eso debemos ir hasta las últimas consecuencias”.
“Hoy Rita está mal, siente terror. Rita perdió la paz mental hace tres años cuando comenzó la relación con esta persona. Está siendo contenido y va a seguir siendo contenida con un equipo interdisciplinario porque en este estudio jurídico brindamos servicios integrales a víctimas de violencia, trabajamos como hay que trabajar. Ella tiene 34 años y yo conozco muy bien la invalidación de las mujeres en la política, del partido que sea, del sector que sea. Es bueno que hagamos algo entre todos y todas”, cerró.
La diputada Flores amplió denuncia contra Jabornicky y recibió botón antipánico
Judiciales
Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
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