Policiales
Arrancó el juicio por el femicidio de Arapayú: la confesión de Puzin como eje
Con la confesión del hecho por parte de Pablo Lotario Puzin (56) como eje central, esta mañana comenzó el juicio oral y público por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú (49), ultimada a mazazos en su cabeza y luego descartada en un desagüe de agua en su casa de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América, en mayo de 2019.
Si bien el único imputado que tiene el expediente se abstuvo de declarar hoy ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas, sí se leyó el contenido del testimonio que brindó al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria durante la etapa de investigación.
La declaración en la que Puzin admitió haber cometido el femicidio de su pareja se dio el 17 de mayo de 2019, ante el magistrado Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
En esa oportunidad, el hombre se quebró ante las autoridades que participaron de la audiencia indagatoria, reconstruyó sus últimas horas con la víctima y confesó que mató a Arapayú tras descubrir una infidelidad, aunque aseguró no recordar de qué manera concretó el crimen.
“Ese lunes me acosté temprano, antes que ella. Ella miraba dos novelas. Siempre dormíamos abrazados, pero ese día me pidió que no la abrace porque tenía un grano que le hacía doler. Entonces le agarré la mano y dormimos. A la madrugada noté que estaba despierta, le toco y me saca la mano. Ahí yo le pregunto si andaba con el otro hombre de nuevo y ella me dijo ‘yo no soy digna de tu amor’. Ahí me agarró una amargura”, comienza Puzin, según se desprende de la lectura del contenido de su declaración indagatoria.
Y continúa, adentrándose en el relato del hecho: “Ahí fue tanto la indignación que sentí que me quería morir. La volví a tocar y giró para el otro lado. Cuando me despierto la veo ensangrentada, pero no recuerdo nada. No puedo explicar cómo fue porque no me acuerdo. Cuando levanto las sábanas cae el martillo. Ahí no sabía cómo tratar el problema, tenía miedo por mis hijos y la llevé al pozo”.
Mientras el testimonio era leído por secretaría y en voz alta para todos los presentes en la sala de audiencias, el imputado volvió a quebrarse.
En esa declaración, Puzin -que hoy cumple 60 años- también admitió haber limpiado la escena del crimen y haber mentido en sucesivas oportunidades para ocultar la verdad.
Sin embargo, aseguró que “la conciencia no me dejaba tranquilo y por eso conté la verdad. Nadie me dijo que lo haga”.

Puzin está detenido desde 2019 y pasa sus días y noches en la cárcel de Loreto.
La investigación
El caso Arapayú comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019 como una desaparición de persona.
Fue una de sus hijas quien se acercó a la comisaría de Jardín América para relatar que su madre había salido el día anterior de su casa en Colonia Oasis y nunca regresó, despertando la preocupación de todos.
La versión que Puzin le brindó a la familia, y luego a la Policía, durante esos primeros días de búsqueda, fue que ese lunes 6 de mayo su pareja salió temprano para dirigirse al hospital de jardín América, pero el relato carecía de sustento.
Las sospechas comenzaron, dado que en la casa donde la pareja vivía junto a tres hijos pequeños aún estaba el celular y la cartera con todas las documentaciones de la mujer.
Además, familiares y allegados a Arapayú comenzaron a dar cuenta de antecedentes o episodios de violencia previa en la pareja.
Todo cambió cuando el reactivo de luminol -pericia tendiente a encontrar rastros de sangre- dio positivo en el dormitorio de la pareja y eso apuntaló la investigación. Cuando Puzin se vio acorralado, le terminó indicando a la Policía el lugar donde había escondido el cuerpo de la mujer.
Así fue como, entre la noche del 13 de mayo y la madrugada siguiente, los efectivos policiales, en presencia del juez Sena, rastrillaron la propiedad en Colonia Oasis y en un desagüe de agua en desuso dieron con el cadáver de Arapayú.
La autopsia estableció que la mujer sufrió tres golpes en la cabeza, producidos con un objeto contundente que sería una maza, que le provocaron traumatismos gravísimos y una fisura de la base craneal.

Puzin es representado por la defensora oficial Inés Belloni.
Justamente, en la audiencia de hoy y previo a la lectura de la indagatoria, la defensora oficial de Puzin, Inés Belloni, solicitó la nulidad de casi todas las actuaciones de la causa, al considerar que esa primera declaración de su cliente ante la Policía fue realizada fuera de los marcos legales, lo cual viola las garantías constitucionales.
“Puzin declara, pero declara con quien no tenía que declarar. Arruinaron todo”, lanzó Belloni, apuntando a los efectivos policiales que intervinieron en el caso y realizaron los rastrillajes que esa noche culminó con el hallazgo del cadáver.
Para la letrada, “todos los elementos probatorios surgen de esa declaración, por lo cual todo debería ser nulo”.
En base a ello, Belloni pidió la inmediata libertad de Puzin y adelantó que, en caso de obtener una respuesta negativa por parte del tribunal, acudiría en casación federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal de debate, Vladimir Antonio Glinka, consideró que el pedido es extemporáneo, dado que el mismo planteo ya fue realizado en instancias previas, recibiendo respuestas desfavorables.
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal, presidido por César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, decidió diferir la resolución del planteo defensivo para el momento del dictado de la sentencia y dispuso la continuación del debate.

El fiscal Antonio Glinka se opuso a los planteos de nulidad de la defensa.
Los primeros testigos
En el desarrollo de la audiencia declararon siete testigos, en su mayoría peritos profesionales de diversas ciencias.
En último turno declaró Patricia Arapayú, hija de la víctima y quien en su momento radicó la denuncia por la desaparición de su madre.
La joven recordó que les llamó la atención la desaparición de madre, dado que “había dejado su cartera y su celular. Y tampoco se iba a ir así sin llevar a sus hijos menores, que era lo que más amaba”.
Respecto a Puzin, Patricia recordó que “él estaba así como si nada, por esto tuve que ir yo a hacer la denuncia, porque él no lo hizo”.
“Yo viví muchos años con ellos en esa casa, hasta que cumplí los 18. Teníamos un trato inestable con él. Un día podíamos estar bien y al otro todo mal. Era inestable con todos. Bien por uno o dos días, pero después se enojaba por algo y estaba todo mal”, recordó la testigo.

Puzin, al momento de declaración de Patricia, una de la hijas de Arapayú.
Para mañana se espera la declaración de al menos nueve testigos más y se prevé que entre jueves o viernes se dicte sentencia.
Puzin está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, el vínculo de pareja y femicidio, figura ante la cual es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
En el auto de elevación a juicio que también fue leído esta mañana, constan declaraciones que afirmaban que Arapayú tenía decidido terminar su relación con Puzin por los maltratos recibidos. Además, daban cuenta que la mujer creía estar embarazada, pero los estudios forenses lo descartaron.
Policiales
Ministro Carlos Sartori protagonizó accidente en ruta 6: heridos leves
Un siniestro vial entre dos camionetas se registró este jueves sobre la ruta provincial 6, a la altura del paraje Yacutinga, y tuvo como protagonista al ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, quien viajaba en uno de los vehículos involucrados.
Según fuentes policiales, el choque ocurrió de manera frontal entre una camioneta que se dirigía desde Gobernador Roca hacia Campo Viera, conducida por Sartori, y otro vehículo que circulaba en sentido contrario. El funcionario provincial no sufrió lesiones.
En el segundo vehículo viajaban cinco personas y, producto del impacto, tres de sus ocupantes sufrieron lesiones leves. De acuerdo a la misma fuente, ninguno de los involucrados presentó heridas de gravedad y tampoco se reportaron víctimas fatales.
Luego del impacto, uniformados de la Policía de Misiones y agentes sanitarios acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de ambos camionetas, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.
Ver esta publicación en Instagram
Policiales
Detienen a tres policías por supuesto cobro de coimas a comerciante en Posadas
La Jefatura de Policía arrestó y puso a disposición de la Justicia a tres efectivos investigados por presunto cohecho, luego de que un comerciante realizara una denuncia asegurando haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención.
Según fuentes policiales, en primera instancia intervino la Dirección General de Asuntos Internos, cuando el comerciante denunció haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio.
A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.
Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.
El procedimiento se concretó anoche, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.
Desde la Jefatura de Policía anunciaron que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente.
Además, remarcaron que la institución “mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial”.
Policiales
Liberan mbyas tras diez horas demorados por conflicto territorial en Garuhapé
Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.
Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.
La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.
En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
Ver esta publicación en Instagram
Repercusiones
Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.
“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.
Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.
“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.
-
Opinión hace 6 díasLa cultura del encuentro y la Secesión del Monte Sacro
-
Policiales hace 4 díasInvestigan sobredosis tras deceso de joven que colapsó en la calle
-
Política hace 3 díasAcusan al posadeño Javier Lanari de ser “el cajero de Karina junto con Adorni”
-
Opinión hace 6 díasEl malestar de la producción
-
Cultura hace 4 díasMarcelo Toledo desde Nueva York: el sonido imaginado y la cosmogonía guaraní
-
Cultura hace 3 díasDesvalijan a cineasta Marcia Majcher y le piden $40 millones para conectar luz
-
Policiales hace 1 díaMinistro Carlos Sartori protagonizó accidente en ruta 6: heridos leves
-
Posadas hace 2 díasEmpleados reclaman hasta cuatro meses de atraso salarial en Sanatorio Posadas
