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Misiones registra 10 femicidios en 2025, la cifra más alta en un año desde 2015

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Misiones femicidios 2025

Con el reciente asesinato de Claudia De Lisboa (41) en su chacra de Gobernador Roca, la provincia de Misiones suma diez femicidios en lo que va del 2025, siendo la mayor cifra registrada en un año desde 2015.

El crimen de De Lisboa se registró el domingo pasado, en su vivienda rural de Colonia Yacutinga, donde fue ultimada de un escopetazo efectuado por su marido, Omar Rozsinieski (68), que después del hecho se suicidó con la misma arma.

Previo a este caso la tierra colorada fue testigo de otros nueve femicidios, registrados desde el 18 de enero, cuando la jubilada Amanda Müller (70) fue asesinada a golpes y puñaladas en su casa de Santa Ana.

Por ese hecho detenido y procesado con prisión preventiva por femicidio el ex agente penitenciario Isaías Keller (30).

Más tarde se sucedieron los femicidios de Soledad Machuca en Posadas; Juana Maciel en Puerto Iguazú; Claudia Batista en San José; Marciana Rodríguez en Salto Encantado; Marisa Acuña en San Vicente; Elvira Irene Medina, en Puerto Esperanza; Gloria Soledad Yrepa en Oberá; y Daiana Raquel Da Rosa en Comandante Andresito.

Casi todos estos crímenes tienen un sospechoso entre rejas e imputados por femicidios. La mayoría de ellos son parejas, ex parejas o tenían algún tipo de vínculo con sus víctimas.

Sus nombres son Gustavo Cardozo (caso Machuca); Ismael Centurión (caso Maciel); Gabriel Cruz (caso Batista); Hugo G. (caso Rodríguez); Marcelo Da Rosa (caso Acuña) y Andrés Garcete (caso Medina).

Daniel “Porteño” García (caso Yrepa), Natanael Comes (caso Da Rosa) y el mencionado Omar Rozsinieski por el reciente caso De Lisboa, se suicidaron tras sus crímenes.

La cifra de diez femicidios contabilizados en lo que va del año ubica al 2025 con el peor índice anual de la última década.

De 2015 a 2020

Un repaso histórico realizado por La Voz de Misiones concluye que el primer femicidio de 2015 se registró el 23 de marzo, cuando Mirta Gladis González (45) fue asesinada en su casa de Bernardo de Irigoyen. Luis “Polaco” G., su ex pareja, fue condenado a perpetua un año más tarde.

Luego, el 7 de abril, ocurrió el crimen de la adolescente Miriam Cuba (16), en Puerto Piray. El caso tuvo un condenado a 25 años de prisión. Apenas unos días después, la víctima fue la niña Luz Natalia Ramos (12). El caso ocurrió en 9 de Julio y un vecino de la víctima, de nacionalidad brasileña, fue condenado a perpetua.

A mitad de ese mismo año surgió el movimiento Ni Una Menos y el 16 de agosto ocurrió uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de la provincia.

La víctima fue Horacelia Marasca, una adolescente de 16 años que fue asesinada, descuartizada y descartada en las alcantarillas del arroyo Martíres en Posadas. Por ese crimen fue condenado a prisión perpetua su ex pareja, el carpintero Martín Monzón, tras un juicio realizado en 2023.

Martín Monzón purga prisión perpetua por el femicidio de Horacelia Marasca, cometido en 2016.

Meses después, el 21 de octubre de 2015, la víctima fue Hilda Manzur (36), en Leandro L. Alem, caso por el cual fue detenida su pareja, aunque el caso hasta el momento no llegó a debate oral.

De allí hay que pasar a 2016, año en el cual se contabilizaron cinco mujeres asesinadas en contextos de violencia de género: Gisel Rodríguez Da Silva (26); Angélica Suárez (20); Margarita Valdez (76); Evelyn Rojas (26); e Irma Ferreyra Da Rocha (47).

Salvo el caso de Margarita Valdez, por el asesinato de todas las demás chicas ya hubo responsables condenados a prisión perpetua.

Da Silva fue estrangulada en su casa de la chacra 32-33 de Posadas y por ese hecho purga prisión el carnicero Carlos Martín Ruiz Díaz, que tras el crimen escapó a Paraguay y fue detenido en Encarnación.

Por el caso Angélica Suárez, quien también fue estrangulada y luego arrojada dentro de una valija al arroyo El Soberbio, cumple prisión perpetua su ex pareja Oscar Baungardt.

El crimen de la joven trans Evelyn Rojas también fue considerado como femicidio por la Justicia y en esa causa fue condenado fue Ramón Da Silva, más conocido como Junior, Ramoncito o Polaquito. La sentencia también incluyó el agravante de “odio a la identidad de género”, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo eliminó tras analizar el fallo, aunque no modificó la pena.

El último femicidio del 2016 fue del Irma Ferreyra da Rocha (47), abusada y asesinada luego de una fiesta en Garupá. Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34) purga prisión perpetua por aquel crimen.

Al año siguiente se registraron cuatro asesinatos marcados por la violencia de género. María Belén Rivas (16), que además estaba embarazada de siete meses, en Puerto Iguazú y Paulina Portillo (27) en Eldorado. Por el primer caso fue sentenciado a perpetua Carlos Batista, mientras que por el crimen de Portillo fue detenido Máximo Barúa.

Los restantes femicidios de ese año fueron el de Viviana Soledad Cabrera en Bonpland (26) y el de Mirta Roxana Carvallo en Villa Bonita (43). Los asesinos fueron Lucas Cabrera y Luis Ricardo Coussin (43), quienes se suicidaron tras los crímenes.

2018 fue el año con el peor registro de la década analizada, con un total de 9 femicidios. Las víctimas de ese año fueron Elsa Inés Glosniski (64), de Aristóbulo del Valle; María Larrosa (51), de Dos Hermanas; Carolina Aguerre (30), de Oberá; Raquel Dos Santos (17), de San Pedro; Ruth Gómez (17), de Iguazú; Liliana Toth (56), de Gobernador Roca; Natalia Samaniego (25), de Posadas; Claudia Dino (27), de San Martín; y Cecilia Krujoscki (34), de Aristóbulo del Valle.

Baugardt cumple prisión perpetua por el asesinado de Angélica Suárez en El Soberbio.

Las perpetuas fueron para Ariel Duarte, por el caso Gómez; Teodoro Lukasiewicz por Toth; Juan Carleris por Samaniego; Daniel Salvayot por Dino; y Miguel Ángel Feldick por Krujoscki.

En 2019 los casos registrados fueron seis y las víctimas fueron más porque hubo un triple femicidio vinculado: María Belén González (16), de Iguazú; Fiorella Itatí Aghem (20), de San Vicente; Antonela Bernhardt (27) de Oberá (asesinada en Posadas); Estela Fidencia Arapayú (49), de Colonia Oasis; Raquel Pereira (22) y sus hijos Thiago (5) y Jefferson (8), de San Pedro; y, por último, Vilma Mercado (19), también de Iguazú.

Todos los hechos estuvieron marcados por la crudeza, más aún el de Raquel Pereira, que junto a sus hijos fue masacrada a machetazos por su ex pareja Silvio Mogarte, que después de la matanza intentó suicidarse, pero no lo logró y tras quedar detenido fue condenado a prisión perpetua, al igual los asesinos de las demás chicas: Sebastián EstridelLeopoldo BorovskiLotario Puzin; y el soldado Carlos Leandro Luis Villar.

En el caso Bernhardt, cuyo acusado fue el fotógrafo Cristian Vargas, llegó a juicio imputado por femicidio pero el Tribunal Penal Uno decidió condenarlo a 20 años de prisión por homicidio simple, aunque luego el Superior Tribunal de Justicia (STJ) modificó el fallo y le aplicó perpetua. 

De 2020 a la actualidad

En 2020, año marcado por el inicio de la pandemia y las restricciones sanitarias, hubo 7 casos: Salete Rodríguez López (54), en San Antonio; Sonia Cerpa (40), en Dos Hermanas; Lorena Barreto (32), en Puerto Libertad; María Solange Diniz Rabela (24), en la comunidad mbya Tarumá Poty de San Vicente; Yésica Tavárez (19), en San Javier; Cintia Lemos (27), en Montecarlo; y Patricia Mereles (32).

Por esos siete casos se dictaron cuatro condenas a perpetua, aunque en uno de ellos, en el crimen de Mereles, el STJ ordenó que se dicte una nueva sentencia sin el agravante de femicidio.

Otro hecho tiene a su imputado a la espera del juicio oral. Se trata del cacique Claudio, que el 18 de junio enfrentará a la Justicia por el asesinato de su pareja Diniz Rabela.

Los restantes casos se trataron de femicidios seguido de suicidios.

El segundo año de la pandemia, es decir, 2021, se dirigía a terminar sin femicidios, pero el sábado 27 de noviembre la joven madre Amalia Pamela Torres (22) fue hallada sin vida en su casa de Oberá.

Todas las sospechas recayeron sobre su ex pareja, quien fue detenido a las pocas horas pero tras un meses quedó libre por falta de pruebas y el caso camino hacia la impunidad.

Para 2022 el flagelo volvió a tomar otra dimensión con otras siete mujeres asesinadas en contextos de violencia machista: Estefanía Beatriz Benítez (22), en Oberá; Gabriela Agüero (39) y su hija Débora Elizalde (24), en San Antonio; la taxista Claudia Benítez (34), en Posadas; Beatriz Machado (17), en San Antonio; Dora Samaniego (79), en Posadas; y Virginia Riquelme (41), en Wanda.

Aguardan indagatoria a detenido por el femicidio de Fabiana Sirino

Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34) está detenido por el crimen de Fabiana Sirino, de 8 años.

De entre esos casos, hasta el momento solo fue condenado el responsable de la muerte de Machado, Pablo Rafael Alvez Policeno. Las demás causas tienen detenidos a la espera de juicio o se suicidaron tras el hecho.

El panorama en 2023 no fue muy diferente, con otros siete femicidios. Las víctimas de ese año fueron Natalia Castro (41), en Posadas; la gendarme Jéssica Galeano (31), en Posadas; Daniela Carmen Radke (23), en San Vicente; Norma Maidana (40), en Garupá; Jéssica Silvana Duarte (30), en Comandante Andresito; y Adriana Estefanía Dos Santos (16), en San Pedro.

Los siete casos tiene a sus respectivos sospechosos detenidos y a la espera del avance de las investigaciones. Todos están imputados por femicidio, que prevé prisión perpetua.

En 2024 la tendencia negativa se mantuvo. Fueron seis los crímenes de este tipo registrados a lo largo de ese año: la niña Milagros Ayelén Prestes (10), en Colonia Aurora; Graciela Beatriz Soto (49), en San Ignacio; Ramona Morínigo (39); en Posadas; Priscila Cecilia Díaz (20), en Jardín América; otra niña, Fabiana Sirino (8), en 25 de Mayo; y María Ofelia Calixto (33), en Alberdi.

Todos los hechos tienen detenidos bajo firme sospecha de ser autores de los crímenes investigados, a excepción del caso Soto, que permanece sin resolverse y del de Calixto, cuyo responsable se suicidó.

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Detienen a tres policías por supuesto cobro de coimas a comerciante en Posadas

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La Jefatura de Policía arrestó y puso a disposición de la Justicia a tres efectivos investigados por presunto cohecho, luego de que un comerciante realizara una denuncia asegurando haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención.

Según fuentes policiales, en primera instancia intervino la Dirección General de Asuntos Internos, cuando el comerciante denunció haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio.

A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.

Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.

El procedimiento se concretó anoche, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.

Desde la Jefatura de Policía anunciaron que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente.

Además, remarcaron que la institución “mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial”.

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Liberan mbyas tras diez horas demorados por conflicto territorial en Garuhapé

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Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.

Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.

La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.

Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.

En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

 

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Repercusiones

Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.

“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.

Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.

Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.

“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.

Detienen a ocho mbyas por conflicto territorial en Garuhapé

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Detienen a ocho mbyas por conflicto territorial en Garuhapé

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Tras un operativo que inició este lunes al mediodía en el marco de una causa por “presunta usurpación” en una propiedad ubicada en Colonia San Miguel de la localidad de Garuhapé, este martes detuvieron al cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y al menos siete integrantes de la comunidad mbya.

El despliegue fue ejecutado por efectivos de la comisaría local quienes, según fuentes policiales, habrían constatado la presencia de integrantes de la mencionada aldea, por lo que avanzaron con las actuaciones judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.

El procedimiento se realizó en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, donde en una primera intervención los uniformados detectaron la presencia de siete adultos y seis menores, quienes manifestaron que permanecerían en el lugar por directivas del cacique.

En la mañana de hoy, arribaron al lugar integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes confirmaron que en las últimas horas detuvieron al cacique Ramos “por supuesta usurpación de su propio territorio, relevado por la ley 26160”.

Según confirmaron desde la entidad, durante el operativo también fueron detenidos Claudio Escobar, Juan Cáceres, Sergio González, Sergio Martínez, Esteban Godos, Hilario Villana y Carlos Benítez, además de “varias mujeres trasladadas con niños y bebés en brazos”.

Necesitamos que llamen a la comisaría de Garuhape para pedir su liberación. Santiago viene llevando una lucha en defensa de su territorio contra las multinacionales forestales como Arauco que invaden con monocultivos de pinos y empresarios forestales como Alfredo Ruff, que usurpan el territorio mbya y desmontan la selva nativa con el aval del Estado provincial”, añadieron a través de un comunicado.

El procedimiento se dio a una semana de la participación de una lideresa mbya Keila Zaya ante la sede norteamericana de la ONU, donde expuso el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y la empresa forestal multinacional Arauco.

Lideresa mbya ante la ONU: “Nuestro modo de vida está en riesgo en todo el país”

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