Policiales

A 13 años de la desaparición de Golemba: “Sin verdad ni justicia, pero con memoria”

Publicado

hace 5 años

27/03/2021

Por

Cecilia Britez

La Justicia Federal investigará como Desaparición Forzada el caso Golemba

El 27 de marzo del 2008, Mario Golemba salió de su domicilio, en Dos de Mayo, rumbó a Oberá, para una consulta médica. Desde aquel día, el joven no volvió a su hogar.

Hoy se cumplen un nuevo aniversario de la desaparición de Mario, sin saber nada sobre él. Su familia lo recuerda y, a través de un comunicado, renovaron el pedido de justica.

En el escrito, subrayaron: “Tiempo después de su desaparición, dos testigos aseguraron que vieron a Mario la noche de su desaparición, en la comisaría de Dos de Mayo (entonces a cargo del comisario Ewaldo Katz). Aseguran haberlo visto golpeado, pidiendo clemencia”.

Los familiares y allegados a Mario apuntaron a la inacción de la Justicia porque “existen más personas que saben lo que pasó, pero por temor callan. La Justicia nunca investigó el caso como es debido y a estas alturas no nos quedan dudas de que la jueza que tuvo el caso todos estos años, Alba Kunzmann de Gauchat, no hizo lo suficiente y necesario para que pueda esclarecerse”.

Además, quienes piden que se esclarezca el hecho ocurrido en 2008 remarcaron: “Todo indica que existe un pacto de silencio, inquebrantable”, reza el comunicado y agrega: “Es por eso que familiares y allegados llegamos a este nuevo aniversario sin verdad ni justicia, pero con Memoria”.

A 13 años, 13 preguntas

Ante un nuevo aniversario de la desaparición del joven de Dos de Mayo, y sin ningún avance de la Justicia de Misiones para saber qué pasó, los familiares plasmaron 13 preguntas en la misiva, dirigida a la sociedad y a los medios de comunicación “ya que no es concebible una democracia con desaparecidos”.

¿Por qué no se investigó a fondo la pista más significativa, que es la única hipótesis que tiene asidero?
Son dos los testigos que declararon que vieron cómo golpeaban a Mario en la comisaría de Dos de Mayo. Don Antonio Golemba, padre de Mario, se reunió con ambos por separados. Sus testimonios son coincidentes: Mario estuvo en la comisaría de Dos de Mayo esa noche. Sin embargo, nunca se profundizó en esas declaraciones y jamás la justicia aceptó el pedido del careo entre los detenidos y los policías que estuvieron la noche del 27 de marzo del 2008 solicitado por los padres de Mario. En cambio, se “investigaron” otras supuestas pistas, falsas, sin sustento. Es urgente retomar con decisión y en profundidad esa hipótesis, que repetimos, es la única que puede llevar a conocer la verdad de lo ocurrido. Exigimos que se termine el manto de protección y quienes fueron responsables paguen por sus actos. Si fue el Estado, debe saberse.
¿Por qué la justicia no ordena un careo entre los testigos y los policías que actuaron en la noche del 27 de marzo de 2008 en la comisaría de Dos de Mayo?
Seguimos sin entender cuál es la razón por la cual nunca se dio lugar a esta instancia fundamental. Solamente nos cierra la hipótesis de la protección y el encubrimiento.
¿Por qué un policía en funciones se acercó a pedir la recompensa y luego se alejó de la familia?
Un supuesto ex policía se acercó a la familia pidiendo un porcentaje de la recompensa ofrecida en su momento por el gobierno de Misiones, alegando que tenía una empresa de seguridad y datos certeros sobre lo sucedido con Mario.

Antonio Golemba, se acercó al entonces gobernador Maurice Closs para solicitarle ese porcentaje: éste le respondió que no se preocupe, que él mismo estaba “al frente de la investigación”. Luego, pasado el tiempo, Antonio se encuentra en un acto con este supuesto ex policía, vestido con el uniforme. Lo ninguneó. Al tiempo, se enteró que lo habían ascendido. El señor Closs nunca volvió a comunicarse con la familia.
¿Por qué el intendente de la localidad de Dos de Mayo nunca visitó a la familia Golemba?
El ingeniero José Luis Garay, intendente en ese entonces, luego ministro del Agro y la Producción de la provincia, actual intendente, jamás se acercó a la casa de la familia Golemba, ni siquiera para solidarizarse.
¿Por qué nadie se anima a declarar?Mucha gente se acercó a la familia a contar su versión de los hechos, muchos escucharon en lugares públicos a miembros de la misma policía decir que “a Mario lo mataron, se les fue la mano porque los confundieron”, pero siempre que se les requirió que se acercaran a una delegación a declarar, nadie quiere involucrarse ¿Miedo? ¿A qué o a quiénes?
¿Por qué los padres de Mario fueron víctimas de varios robos y otras situaciones extrañas luego de su desaparición?
En el transcurso de la búsqueda de Mario, Irma y Antonio fueron víctimas de reiterados hechos delictivos. Delincuentes entraron a su vivienda llevándose herramientas de trabajo, electrodomésticos y otros bienes personales, violando la intimidad de su hogar sustrayendo todo aquello que consiguieron con esfuerzo y trabajo de años.

Cansados de vivir esta situación una y otra vez, en una ocasión, luego de llegar destruidos del velorio de una sobrina (que falleció en un terrible accidente junto a toda su familia), al encontrar su casa en completo desorden, se dirigieron a la comisaría local a realizar la denuncia. La respuesta que recibieron de uno de los efectivos fue: “evidentemente ustedes tienen un problema con la policía”.

Esto hace suponer que Antonio e Irma fueron víctimas de una persecución. Por ejemplo, existe un hecho puntual: Antonio una mañana se subió a su camioneta rumbo a su chacra y en un punto del trayecto, chocó contra un barranco; luego se daría cuenta que estaban flojas todas las tuercas de una de las ruedas de la camioneta Ford, modelo 1973, como si hubiesen sido aflojadas adrede por alguien.
¿Qué pasó con los uniformados que estuvieron en la noche del 27 de marzo de 2008?
Se supone que en todo hecho ilícito donde estén involucrados miembros de la fuerza de seguridad, estos deben ser apartados de sus funciones hasta que se clarifique el hecho; nada de eso ocurrió en el caso de Mario, todos fueron trasladados o ascendidos.

Incluso el máximo responsable de la comisaría, Ewaldo Katz, fue trasladado a otras comisarías e incluso fue designado a Director General de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de Misiones, sin que la justicia lo convoque a dar explicaciones.
¿Por qué el gobierno provincial no se compromete con la causa?
La desaparición de Mario Golemba debería ser un asunto de Estado urgente, más aún cuando pesa la sospecha de que su desaparición estuvo directamente vinculada a un posible caso de violencia institucional. Sin embargo, justamente desde que esta hipótesis vio la luz, el gobierno se fue alejando de la familia y apostando al desgaste y el olvido.
¿Quién está a cargo de la causa actualmente?
Este año, se jubiló la jueza del Juzgado de Instrucción de Oberá, donde está estancada la causa de Mario Golemba. Sus familiares desconocemos quién está a cargo de la causa ya que desde el Juzgado no se comunican ni informan nada.
¿Cómo sigue la causa judicial?
Hace años no se conocen actuaciones concretas de la justicia en cuanto a la investigación por el caso Golemba. ¿Hasta cuándo tendrá el Juzgado de Instrucción de Oberá la causa cajoneada? Exigimos que la causa cambie de carátula, de desaparición de persona a desaparición forzada y se investigue debidamente en este sentido.
¿Por qué no se actualiza la recompensa y la campaña de difusión para que los posibles testigos puedan aportar datos debidamente protegidos?
En 2015, el Estado Provincial ofreció a través de un decreto, una recompensa de 100 mil pesos a quienes aportasen datos que ayuden a la investigación judicial. Duró solo 180 días y excluía a las fuerzas de seguridad. Es necesario que este tipo de estímulos se reanuden, que el caso se difunda en todos los medios estatales, y que se habiliten vías seguras para que los testigos aporten información.
¿Qué pasó con Mario Golemba?
¿Quiénes son los responsables de su desaparición?

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Judiciales

Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

Publicado

hace 1 hora

26/11/2025

Por

Valeria Druckmann

El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.

Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.

En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.

La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.

La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.

Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.

Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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Policiales

Investigan muerte de adolescente aplastado por pilar de energía en Guaraní

Publicado

hace 2 horas

26/11/2025

Por

Valeria Druckmann

Esta mañana fue hallado el cuerpo de un joven de 15 años en un baldío del lote 108, parcela 4 del loteo Carlos Weirich, donde un pilar de mampostería cayó sobre él por motivos que aún se investigan.

El adolescente fue identificado como Marcos Emanuel Bruno, quien fue hallado sin vida alrededor de las 6 por efectivos que constataron que un pilar de mampostería destinado al tendido eléctrico, sin conexión a la red, se encontraba caído, impactando de manera directa sobre el cuerpo del joven, que yacía en posición de cúbito ventral.

El padre del menor, se presentó en el sitio y reconoció el cuerpo. En tanto, la médica policial examinó al adolescente y diagnosticó “traumatismo grave de cráneo”, disponiendo la autopsia médico-legal para determinar las causas exactas del deceso.

En el lugar trabajó la División Criminalística UR-II, que realizó las pericias correspondientes y documentó la escena. La Policía mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. Por estas horas aguardan los resultados de la autopsia.

Hombre de 77 años falleció tras sufrir accidente con tractor en El Soberbio

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Judiciales

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

Publicado

hace 15 horas

25/11/2025

Por

Jorge Posdeley

Crisis económica, lucha colectiva y derecho a protesta fueron las palabras que más se repitieron esta mañana en el inicio del juicio oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, acusados de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte” durante el acampe realizado entre mayo y junio de 2024 en reclamo por una recomposición salarial.

La audiencia comenzó minutos después de las 8.30, pero ambos imputados estuvieron desde temprano en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde recibieron el apoyo de un centenar de trabajadores de la educación, militantes sociales y dirigentes políticos que montaron una vigilia en la vereda del edificio emblema del Poder Judicial misionero.

Tanto Gurina como Sánchez tomaron el micrófono y ante la muchedumbre repitieron las palabras que luego utilizarían como defensa ante la jueza Correccional y de Menores Uno Marcela Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargado de impartir justicia en esta causa.

Previo a prestar declaración indagatoria, los docentes y gremialistas oyeron el auto de elevación a juicio, documento donde se asienta la carga probatoria y la hipótesis acusatoria que oportunamente fue formulada por la fiscal de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Clerici.

Mónica Gurina en el ingreso al Palacio de Justicia.

La acusación

De acuerdo al documento, los hechos imputados contra los dos acusados ocurrieron entre el 1 y el 4 de junio del año pasado, cuando en desobediencia a una orden de desalojo firmada por el juez Ricardo Balor continuaron con el acampe docente instalado sobre la avenida Uruguay, metros antes del campamento policial montado frente al Comando Radioeléctrico Uno, obstaculizando así el tránsito sobre esa arteria.

Para la fiscal Clerici los docentes enjuiciados tenían “poder en la protesta”, “condicionaron el acatamiento de la orden judicial vigente” y “utilizaron su ascendencia sobre los docentes para continuar obstruyendo el tránsito”.

En ese marco, la hipótesis acusatoria sostiene que Gurina y Sánchez “provocaron dolosamente el entorpecimiento del tránsito desobedeciendo una orden judicial” y “no hay elemento jurídico que justifique su accionar”.

Culminada la lectura del auto de elevación a juicio, la fiscal del debate, María Laura Álvarez, solicitó incorporar como testigo al gerente de Tipoka para que detalle los perjuicios sufridos por la empresa de transporte durante los días en que ocurrieron los hechos investigados, aunque la jueza Leiva rechazó la solicitud.

Colectivo y asambleario

Siendo las 9.45, finalmente llegó el momento de los enjuiciados. La primera en declarar fue Mónica Gurina, que conforme a los pasos procesales debió presentarse ante la jueza antes de brindar su descargo.

“Es extraño estar acá y no el aula con tizas en la mano”, expresó Gurina, de 62 años, maestra de grado, dirigente sindical de CTA Autónoma y candidata opositora en varias elecciones.

Gurina sostuvo que la escalada del conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando el acuerdo paritario que consignaba aumentos conforme a la inflación “dejó de cumplirse” y contextualizó que “en marzo de 2024 arrancamos el ciclo lectivo con 13% de aumento frente a una inflación acumulada de 115%”.

La docente luego se defendió de las acusaciones. Señaló que la decisión del acampe sobre la avenida Uruguay fue “colectivo, asambleario y en pos del conjunto del sistema educativo”, al tiempo que lanzó: “El derecho a la protesta no es un delito”.

El debate es dirigido por un tribunal unipersonal presidido por la jueza Correccional y de Menores Marcela Leiva.

Ajuste de Milei

En mismo sentido declaró Leandro Sánchez, de 55 años y oriundo de Entre Ríos, aunque hace más de dos décadas que trabaja como docente en Panambí, sobre la costa del río Uruguay.

Sánchez ahondó en el clima social que imperaba por aquellos meses de protesta multisectorial en Misiones, con epicentro en Posadas. “Estamos convencidos de que lo que nos llevó a la calle fue el contexto socioeconómico. Esto no fue resultado de nuestras acciones, sino el ajuste macroeconómico del gobierno de Milei”, dijo y enumeró tres factores condicionantes: la devaluación del 13 de diciembre de 2023, los tarifazos y la caída de subsidios.

Sánchez también hizo mención a la eliminación del FONID y consideró que “a la situación nacional la provincia sumó condimentos como la falta de respuestas y la corrupción en el CGE”.

Sobre las acusaciones, postuló que “fue la Policía la que nos invitó al acampe y la asamblea votó que viniéramos. No lo decidimos solo nosotros dos, este conflicto es colectivo. Nosotros hacemos asambleas en las plazas, en las rutas, en las escuelas, decidimos todo a la vista de todos, no a escondidas. Practicamos la democracia”.

“Tengo la sensación de que nos van a condenar y van a condenar la protesta social. Van a dar el argumento jurídico para llenar de maestros las cárceles porque nosotros vamos a seguir en las calles para defender la educación. Pienso que nos van a condenar, pero sé que la historia nos absolverá”, cerró, casi entre lágrimas y ante aplausos del público, entre los que habían dirigentes políticos y sociales de talla nacional como el ex diputado y presidente de Unidad Popular Claudio Lozano y el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar.

Leandro Sánchez junto a Graciela Franzen, presa política en la dictadura y militante por los derechos humanos.

Mañana alegatos y sentencia

La audiencia no culminó allí porque la defensa de los docentes, encabezada por los abogados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, solicitó incorporar como testigos a los maestros Estela Genesini y Carlos Lezcano, lo cual no tuvo objeción por parte de la fiscalía.

Los dos testigos hicieron hincapié en la crisis salarial que afrontaba el sector como el principal motivo de protesta y sostuvieron que todas las medidas de fuerza llevadas adelante fueron decididas en asamblea. “Nosotros no tenemos un líder, somos todos rebeldes, opinamos, debatimos y después decidimos por mayoría”, dijo Lezcano.

Lo último de la jornada fue la intervención de Marta Maffei, docente, ex legisladora y referente de la Carpa Blanca en la década de los 90. La mujer expuso ante el tribunal a pedido de la defensa y en carácter de amicus curiae (amigos del tribunal).

Maffei hizo un repaso de los derechos conquistados a partir de manifestaciones sociales, reivindicó la lucha colectiva y defendió el derecho a protesta. “Hay que poner por encima las demandas colectivas. No creo que sea un conflicto para el transporte hacer una cuadra de más”, resumió.

El debate continuará mañana, con las testimoniales pendientes, la ronda de alegatos y el dictado de la sentencia. El proceso durará menos de lo previsto, debido a la depuración de testigos realizada hoy por las partes, que desistieron de al menos una decena de las comparecencias originalmente acordadas.