Por Lino Armando López Torres

@LópezTorres

La relación entra la sociedad y el ambiente parte de una idea sencilla; la conducta humana puede modificar las condiciones de existencia de los seres vivos. Por lo tanto, el derecho —definámoslo aquí simplemente como conjunto de normas — puede (y debe) regular esa conducta a los fines de que ella no afecte la vida de las personas. En este sentido, el derecho ambiental es un derecho humano — si nos importa el árbol no es por el árbol en sí mismo, sino porque su existencia beneficia la vida humana —. La Constitución Nacional (1994) en su art. 41 recepta el derecho a un ambiente sano, contemplando el principio del desarrollo sostenible. Esta es una ética que reposa sobre un postulado de equidad interjurisdiccional e intergeneracional.

La normativa ambiental cristaliza el modelo de como una sociedad define el acceso y uso de sus recursos naturales. El nuevo código civil (2015) reconoce esa cláusula constitucional en términos prácticos (política ambiental). En su afán por emprender un camino tendiente a la des mercantilización de la naturaleza, da una especial atención a lo público por sobre lo privado y a lo colectivo por sobre lo individual. El código menciona los derechos de incidencia colectiva (art. 14), aclarando que la ley de ninguna manera ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando estos puedan afectar el ambiente, además de mencionar el funcionamiento de los ecosistemas, la flora y fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje (art. 240). Sin embargo, en medio de estos avances, el Código introdujo un cambio que generó polémica: la reducción del llamado camino de sirga.

¿De qué se trata? El camino de sirga se encuentra en el capítulo correspondiente a los límites al dominio, cuyo objetivo es permitir sirgar, esto es, remolcar o arrastrar una embarcación desde la orilla. Se aplica a cursos de agua navegables y consiste en una franja de terreno que paso de 35 metros a solo 15 desde la línea de ribera. Aunque es propiedad privada, el propietario no puede realizar en él ningún acto (ejemplo construcciones) que menoscabe la actividad del transporte fluvial. Parte de la doctrina, desde un enfoque que observa el ordenamiento jurídico integral, ha dicho que esa actividad no solo se debe reducir al transporte, sino también a la pesca y al esparcimiento. Lo que hay que entender es que el rio es un bien de dominio público (art. 235) y por ende se debe permitir el acceso a él. Para el derecho no es aceptable el acceso a determinado espacio del rio, debe ser sobre su totalidad.

La reducción del camino de sirga llego en un país donde las denuncias por su incumplimiento ya era moneda corriente. Con la legislación actual, en parte se legitima esas prácticas de obstrucción por parte de los propietarios. Para mencionar un caso extremo: en 2006, Cristian González y dos amigos fueron a pescar a la orilla del rio Quilquihue; desde las cabañas Andina les dispararon tiros intimidatorios, y cuando Cristian pidió explicaciones, el guardia privado Horacio Calderón le efectuó un disparo mortal en el cuello . En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, también abundan los ejemplos. En varias zonas, no solo no se ha respetado el camino de sirga, sino que directamente se han privatizado bienes públicos. Un caso emblemático es lo que sucede con el “montecito” de villa cabello; una reserva urbana ambiental en beneficio de un club privado .

El impedimento ciudadano del acceso a un bien público como el rio tiene una vinculación fuerte entre democracia y derecho. La posibilidad de garantizar un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, así como la preservación al patrimonio natural y cultural, aumenta cuando la sociedad puede ejercer control sobre esos espacios; y para ello, necesariamente debe poder habitarlos. A pesar de todo, el código, deja una puerta abierta. El último párrafo del artículo atinente al camino de sirga dice lo siguiente: (…) “Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo” Lo que significa que cualquier afectado puede demandar judicialmente al propietario por acción y al Estado por omisión. Bastaría hacerlo para ver qué pasa.

Referencias:

Pohl Schnake, V., Mantegna, S., & del Llano, T. (2019). Bienes comunes y conflictos socio-ambientales en torno a la segmentación normativa del territorio a partir del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015. VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, La Plata, Argentina.

La EBY propone trasladar clubes náuticos y reordenar el Brete

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Por Diego René Martín

El 10 de diciembre va a marcar bastante más que el recambio legislativo de cada año: va a abrir una etapa nueva en la política institucional de Misiones, de esas que no se entienden mirando la superficie. Con la asunción de los diputados electos el 8 de junio, la Legislatura va a pasar a un esquema que no se vio desde el regreso de la democracia: dos fuerzas mayoritarias con peso real conviviendo en un mismo recinto. El Frente Renovador de la Concordia, que ganó la elección provincial con Sebastián Macías como cabeza de lista, y La Libertad Avanza, que entró segunda pero con volumen político propio y ahora se ve obligada a traducir discurso, mucho post en X y arenga en reels de Instagram en responsabilidad institucional.

Para algunos, la postal alcanza para imaginar un ring. Para la Renovación, que siempre prefirió el método antes que el caos, la lectura es otra: en Misiones no hay margen para improvisadores profesionales. La presencia de ambos espacios va a obligar a construir una dinámica donde el diálogo deje de ser una palabra linda y pase a ser la única manera de que la provincia no quede rehén del desorden nacional.

Sebastián Macías llega con un capital político que, a nivel nacional, escasea como si fuera especie en extinción. No solo encabezó la lista más votada: con él la Renovación logró lo que en gran parte del país nadie pudo hacer, vencer a La Libertad Avanza en su propio momento de mayor expansión. Llegó con una gestión intensa en Vialidad Provincial que transformó ciudades, abrió caminos, llevó conectividad y desarrollo a municipios que antes no figuraban en el GPS de nadie. Su recorrido lo ubica en ese estante, chiquito, de los renovadores que mezclan territorio, obra, vecinos y algo que hoy parece revolucionario: resultados. No hay un solo renovador que niegue que quedan muchas cosas pendientes, pero tampoco hay nadie que pueda negar que, en un contexto de escasez, se hizo mucho.

En paralelo, la relación política entre la Renovación y La Libertad Avanza tomó un tono que a algunos les molesta, a otros sorprende y a varios les hace ruido porque rompe con esa voluntad, de algunos tribuneros, del “todos contra todos”. Desde la visita de Diego Santilli, el vínculo adquirió pragmatismo. Las fotos no fueron casuales: la Nación necesita de Misiones, y Misiones espera hace demasiados años que se empiecen a saldar deudas históricas. Y como las sorpresas son gratuitas, pareciera ser que puede que un gobierno libertario las salde. Regalías energéticas, fondos previsionales que ANSES no manda, obras estratégicas, recursos viales, compromisos de coparticipación. No son caprichos: son derechos. Y Santilli reconoció el orden administrativo de la provincia y su estabilidad institucional, que en criollo es lo mismo que decir que Misiones hace los deberes.

Incluso en pleno enfriamiento económico, el gobierno provincial eligió sostener una relación institucional respetuosa con la gestión de Javier Milei. No por devoción, pero alguien tiene que mantener una ventana abierta mientras la Casa Rosada cierra puertas, recorta partidas y explica el ajuste como si fuera una revelación divina. Si la Argentina vive a volantazos, el interior no puede darse el lujo de seguir la coreografía.

En ese contexto, Hugo Passalacqua, como figura de estabilidad parece un regalo caído del cielo para los desprevenidos y los que no se acuerdan del discurso de Carlos Rovira en la Casa del Militante el domingo tras las elecciones de 2019. Hugo destaca y aporta esa estabilidad no desde la estridencia, sino desde la presencia. La política argentina suele confundir protagonismo con volumen: se habla más de quien grita que de quien gestiona. De quién postea más, de quién tiene más likes y seguidores. Misiones hace rato que eligió otro camino y sostuvo programas sociales, garantizó servicios esenciales y contuvo sectores productivos golpeados por costos que suben y demanda que cae. Esa previsibilidad no se improvisa: se trabaja. En un país donde cada semana se reescribe el tablero político, sostener un rumbo ya es un mérito.

Mientras tanto, los datos del país muestran un retrato duro: ventas minoristas en baja, combustibles con otro retroceso en ventas pero con aumentos semanales en precios, inflación que no cede en alimentos ni tarifas, caída productiva en el NEA y un mercado laboral al que le llegó un invierno brutal. En Misiones, se siente en el comercio debilitado, en la industria yerbatera asfixiada por la desregulación, en los alquileres atrasados, en las expensas impagas, en la construcción que amaga. A días del brindis de Navidad, lo que domina no es el espíritu festivo, sino la preocupación y pareciera que vamos a escuchar más suspiros que descorches.

En este contexto, el 10 de diciembre no va a ser un acto protocolar más. Va a ser el inicio de una Legislatura que tiene que, obligadamente, leer con madurez una realidad política y económica que no espera a nadie. La convivencia entre el Frente Renovador y La Libertad Avanza va a exigirle, a ambos, acuerdos concretos, responsabilidad y un compromiso directo con las necesidades reales de la gente, no con el algoritmo.

Se viene un verano intenso, político e institucional. Un tiempo para ordenar prioridades, gestionar ante Nación y donde la Renovación tiene que sostener lo que definió al misionerismo durante dos décadas: planificación, estabilidad, cercanía y coherencia. Sin épica innecesaria: con trabajo. Una nueva etapa donde el país decide en qué dirección quiere, o puede, ir.

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Por: Fernando Oz
@F_ortegazabala

Hay visitas que parecen protocolo, pero la del ministro del Interior, Diego Santilli, al Cantón tiene el sabor áspero de los encuentros donde nadie olvida lo que falta y donde las sonrisas se negocian al peso de las deudas. En estos encuentros, cada apretón de manos, cada declaración pública, es una jugada que esconde más de lo que muestra. Porque en la Argentina federal, nadie olvida el precio de los pactos, y mucho menos en la tierra colorada, donde la política se huele, se mastica y, a veces, se traga con amargura.

Llegó con la agenda recargada y el gesto calculado de quien necesita votos para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, pero sabe que el apoyo en el Congreso se cotiza en oro. A tres semanas de asumir, el Colorado acelera la ronda con los gobernadores, intentando sellar apoyos antes de que la Casa Rosada deba afrontar, en diciembre, el examen parlamentario más exigente del año.

El cónclave que mantuvo con Hugo Passalacqua fue, ante todo, el encuentro inevitable entre quienes ejecutan el poder nacional y quienes —como los gobernadores de provincias— lo padecen a diario, gestionando escasez y administrando daños ajenos.

No le bastó con la foto de rigor junto al gobernador; tuvo que reunirse con Carlos Rovira, lo que representa mucho más que cortesía institucional. El líder del Frente Renovador de la Concordia es un hábil estratega que, en más de una ocasión, es visto como un oráculo al que consultan los desesperados de Balcarce 50 cuando la aritmética legislativa los deja en vilo. No hay reforma, presupuesto ni ley que pase sin el guiño de quien, desde el Cantón, conoce como pocos las reglas no escritas del poder.

Misiones no es de las provincias mendicantes, sino de las que muestran sus cuentas en orden, un bloque parlamentario firme y una batería de reclamos puntuales que, mal que le pese al Gobierno Nacional, no admite dilaciones. Los temas están sobre la mesa: regularización de las cajas previsionales, pago de regalías adeudadas por Yacyretá, inclusión de ATN y fondos de combustibles en el Presupuesto 2026, la situación de los productores yerbateros arrinconados por la desregulación y la apertura a las importaciones, la inclusión en la Hidrovía Paraná-Paraguay y el financiamiento para terminar obras eléctricas y de infraestructura. No se trata de caprichos: son deudas concretas, compromisos asumidos y pendientes.

La economía nacional, ese río caudaloso que todo lo arrastra, define el clima de las provincias mucho más que cualquier voluntad local. Inflación, tasas de interés, tipo de cambio, ajuste del gasto nacional, retenciones, recesión: todas esas llaves están en CABA y el agua —cuando baja— suele llegar turbia y escasa. Si arriba hay sequía, abajo no hay milagros. Hay provincias que gestionan con equilibrio, promueven turismo, diseñan planes de consumo, pero ni la creatividad ni el esfuerzo alcanzan cuando la Nación seca la plaza de pesos, paraliza la obra pública o desregula mercados enteros, como el de la yerba, dejando a productores a la intemperie.

Pero si hay un punto donde la paciencia se ha agotado es en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. Los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño exigen que los ATN se distribuyan de manera automática. Nada de discrecionalidad, nada de “premios” a la conducta dócil, prácticas que los diferentes mandatarios que pasaron por la Casa Rosada parecen haber institucionalizado. Entre enero y octubre, el Gobierno Nacional apenas giró el 16,9% de los ATN que provienen de la masa coparticipable: hablamos de un remanente millonario que pertenece a las provincias; la cartera de Economía no puede administrarlo como propio, y en el Cantón el espíritu es llevar el reclamo al Congreso para que escuche hasta el último burócrata de Buenos Aires.

El trasfondo de la visita de Santilli es, también, el ajuste fiscal feroz que recorre la Nación, dejando a las provincias con cuentas en rojo y obras paralizadas. La bronca de los gobernadores llegó al Congreso, donde intentaron —sin éxito— blindar el reparto automático por norma. El presidente Milei rechazó la iniciativa, convencido de que el látigo
del financiamiento provincial aún compra voluntades. Pero la realidad es otra: los reclamos se acumulan, la paciencia mengua y el aire se espesa.

En el escenario legislativo, La Libertad Avanza se ha fortalecido en ambas cámaras tras las últimas elecciones, pero el número no alcanza para las grandes cruzadas: necesita aliados. El partido de los hermanos Milei juega a potenciar su primera minoría en Diputados y a mantener el vínculo con aliados esquivos como el PRO y los bloques provinciales. Pero la aritmética es caprichosa: cada pase, cada interbloque, cada salto de bancada, agrega tensión y obliga a negociar con quienes de verdad inclinan la balanza.

Santilli no ignora el peso específico de Misiones en el tablero nacional. La provincia controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores, suficientes para torcer una votación reñida, sostener o desfondar una reforma clave. Rovira lo sabe: el Congreso es un campo minado donde el mapa cambia a diario, y solo resisten quienes entienden que el poder no se ostenta, se construye.

El enviado de Milei, lejos de los flashes protocolares, dejó la promesa de un trabajo conjunto, con compromisos que ahora deberán traducirse en fondos, obras y programas concretos. La etapa de la espera terminó: Misiones exige resultados, y la ciudadanía merece saber dónde está el origen de la crisis. La llave maestra la tiene la Nación, pero las provincias no se contentan con el relato. Reclaman, gestionan y, si la corriente baja envenenada, al menos luchan por no naufragar. Porque, como enseñaría un buen capitán de tormentas, cuando arriba truena, abajo se navega con lo que hay. Pero nunca sin pedir cuentas a quien maneja el timón.

Resolver las deudas federales no es solo una cuestión contable; es el primer paso para reconstruir la confianza en una Nación que debe entender, de una vez por todas, que el federalismo se ejerce, no se promete.

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