(*) Por Nicolás Marchiori

En la política, en los negocios y en otros ámbitos se suele usar la frase “el fin justifica los medios”. Atribuida erróneamente a Nicolás Maquiavelo en la famosa obra El Príncipe, esta frase enfatiza que el objetivo de la acción es más importante o justifica las maneras para alcanzar ese objetivo. Se asume que si el fin es lícito también lo son los medios. A pesar de la aceptación de este aforismo, estas palabras chocan con la realidad. El fin no
justifica los medios.

El economista liberal salvadoreño Manuel Hinds considera que los medios pueden destruir el fin. Esta afirmación parte de un problema ético: al usar medios antiéticos para lograr fines éticos, quienes impulsan la acción terminan perdiendo legitimidad. El exámen de legitimidad de los medios valida el objetivo y le confiere un sentido superior. No es verdad que “todo vale” a la hora de lograr un objetivo, muchas veces se transforma en una excusa para alcanzar metas a través de cualquier medio que se necesite, sin importa cuán inmoral o ilegal puedan llegar a ser. Tanto los medios medios como el fin conllevan una carga ética y moral.

Cuando una persona se convence de que “el fin justifica los medios”, puede terminar cruzando líneas muy peligrosas, como violar la ley o perjudicar a terceros. De esta forma, buenas intenciones puede transformarse en actos injustificables. En ese camino, se pierde la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente.

Cuando aplicamos este principio corremos el riesgo de justificar el uso de la violencia, todo en nombre de una “buena causa” que muchas veces sólo termina siendo buena para quien la impone.

Validar cualquier acción solo porque uno cree tener la razón lleva a actuar sin empatía y con un desprecio hacia los demás. Así se rompe el tejido social y se alimentan conflictos. Dicho esto, si no se miden las consecuencias y no se pone un límite ético, lo que comienza como un causa justa se termina desvirtuando y causando un daño irreversible.

Es muy común ver esta mentalidad en los populistas cuando afirman que todo vale si se hace “por el pueblo”. De esta forma, buscan justificar decisiones autoritarias o irresponsables bajo la excusa de representar la “voluntad popular”.

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Derecho a protestar: ¿vale todo?

El prestigioso jurista argentino especializado en derechos humanos Roberto Gargarella desarrolló un interesante trabajo titulado “Un diálogo sobre la ley y la protesta social”, en el que plasma una investigación sobre protestas sociales y la ley, tomando ejemplos principalmente de la Argentina. En la presentación explica que el mismo se realizó con información recolectada, particularmente con informaciones jurídicas sobre el tema y que el objetivo es reflexionar sobre cómo la ley debería reaccionar frente a la violación de derechos fundamentales y las graves tensiones sociales.

Citando como leading case “Cameron vs. Johnson”, Gargarella expone que las decisiones de las cortes en Estados Unidos han sido muy rigurosas cuando los manifestantes no tenían permiso para realizar sus manifestaciones y cuando ellos habían interferido innecesariamente con el tránsito en las calles.

Para los constitucionalistas existen muchas normas constitucionales que de relevancia en esta discusión. Entre los ejemplos, podríamos referirnos al derecho que poseen las personas a la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de peticionar ante las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) o a los amplios derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis entre los que se incluye el derecho a huelga.

En Argentina, en una de las primeras decisiones judiciales sobre este tema, el juez federal Ricardo Napolitani, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Rivadavia, sostuvo en julio de 1999 que “no hay derechos absolutos, porque todos los derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los regulan, tomando en cuenta su finalidad así como los intereses que estos protegen”.

En los casos analizados por Gargarella en su trabajo de investigación, este tipo de alegatos supuso que los manifestantes no podían ser autorizados a ejercer, por ejemplo, su derecho a protesta en formas que afecten severamente los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a libre tránsito y el derecho a ejercer el comercio. En una decisión más reciente e importante, en el caso Schiffrin, la Cámara Nacional de Casación citó a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al afirmar que “los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que razonablemente regulaban su ejercicio”.

La linea argumentativa que encontramos en las opiniones de muchos juristas reconocidos es clara, Gregorio Badeni sostuvo que “la libertad de expresión es una libertad legítima, pero no absoluta”. De manera similar, Juan Carlos Cassagne, afirmó que el derecho a peticionar ante las autoridades “no era absoluto”, porque este, como todo otro derecho, “debería ser ejercido de acuerdo con las leyes que regulan su ejercicio y respetando los límites establecidos por la Constitución en el artículo 22 (que se refiere al delito de sedición)”. Citando a uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi, Cassagne concluyó su argumento diciendo que “la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad de sus prójimos”.

La huelga puede representar el ejercicio pleno de un derecho constitucional conforme el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, o bien, puede convertirse en un acto de abuso del derecho y hasta en un acto extorsivo y manifiestamente ilegal. Cuando el poder de daño es muy alto, aumenta la posibilidad de que la huelga deje de ser una medida de presión para transformarse en una virtual extorsión en virtud de que los daños que habría que soportar son muy graves comparados con el costo de las reivindicaciones que se llevan adelante.

El abuso del derecho es aquel en el cual el titular ejerce el mismo en exceso de las facultades y atribuciones concedidas por la legislación, de modo que afectan la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad, la moral y las buenas costumbres, y en particular, el objetivo ético y central de ese derecho, para lograr un rédito irrazonable y
desproporcionado que trae aparejado daños impredecibles y distorsivos.

El Código Civil argentino es claro, en su artículo 10 establece que hay abuso del derecho cuando se vulnera el ejercicio regular de un derecho propio. Por ende, la ley no ampara el ejercicio abusivo de de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por
la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Asimismo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.

Una protesta política disfrazada

Mayo de 2024 no fue un mes más en el calendario para los misioneros, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por reclamos salariales, personas vinculadas a la docencia y a los policías pergeñaron una manifestación que reunió todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Es menester dejar en claro que los reclamos por mejoras salariales son justos, pero cuando se lo utiliza como pantalla para disfrazar un movida que en realidad tiene una intencionalidad política, ese justo reclamo pierde todo tipo de legitimidad.

Rememorando lo sucedido, todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas.

Un grupo de policías robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la policía científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.

Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta había cometido graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elementos”.

Consultada sobre el conflicto en Misiones, la entonces Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera”. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según el Máximo Tribunal, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.

Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Al frente de esas acciones se encontraban la dirigente de la CTA Mónica Gurina y los dirigentes docentes Leandro Sanchez, Estela Genesini y Carlos Lezcano, entre otros.

Luego del hecho, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al
edificio de la Legislatura Misionera. Llamó la atención la presencia en esa lista de Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.

Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y de otros espacios opositores durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar del acampe para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos.

Lo cierto es que un genuino reclamo de algunos sectores de trabajadores misioneros que han sufrido el cimbronazo de la crisis económica nacional fue desvirtuado groseramente y terminó convirtiéndose en una protesta hiperpolitizada desde algunos sectores opositores que, envueltos en un mar de contradicciones y en su propia torpeza, quedaron expuestos.

Los meses posterior terminaron de confirmar lo que se especulaba desde el principio: la verdadera motivación de la protesta era política. Ramón Amarilla, Germán Palavecino y Mónica Gurina finalmente terminaron siendo candidatos a legisladores dentro de espacios opositores.

Un freno al uso abusivo de los derechos

A raíz de un expediente que tuvo origen tras denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron que el acampe docente les generaba pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en la mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal, el 31 de mayo de 2024 el juez de turno Ricardo Balor impartió una
orden judicial tendiente a despejar la avenida Uruguay de Posadas. El día 1 de junio la Policía notificó a los manifestantes, en presencia de testigos y en ese momento la calzada fue desocupada. Horas más tardes del mismo día, volvieron a cortar totalmente la avenida, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Justicia. El 3 de junio, la Policía de Misiones constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigente
sindicales imputados en la causa.

Aunque el 7 de junio de 2024 se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, en el cual se establecía el compromiso de no promover acciones legales contra los manifestantes que participaron del acampe, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública.

Esta causa llegó a debate oral la semana pasada, previo rechazo de una probation por parte de los sindicalistas Gurina y Sánchez. Al respecto, la Fiscal que intervino en el juicio María Laura Álvarez subrayó que la causa llegó a juicio oral porque los imputados rechazaron la suspensión del juicio a prueba ofrecida días antes. “Era una alternativa de resolución de conflicto. Yo sugerí que ellos enseñen, que den clases en un comedor durante un tiempo, y con eso se extinguía la acción penal”, manifestó la funcionaria judicial.

Por otra parte, aclaró que aceptar la probation no implica admitir culpabilidad, ya que el artículo 76 bis del Código Penal expresa que no implica reconocimiento del hecho. Se suspende el juicio por un plazo determinado y, cumpliendo tareas comunitarias, se extingue la acción penal.

En una entrevista en Misiones Online, la fiscal Álvarez se refirió a la supuesta “criminalización de la protesta” que se intento instalar por parte de los abogados de los sindicalistas que basaron toda su defensa en fundamentos del garantismo penal, corriente de pensamiento criminológico con sesgo utilitarista impulsada por el ex ministro de la
Corte Eugenio Zaffaroni. Al respecto sostuvo que “no se criminaliza la protesta. Yo soy hija de la democracia y es un derecho constitucional. Pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera a otros.”

En ese sentido, enumeró los derechos afectados: “el libre tránsito público y privado, el derecho al comercio, el consecuente derecho alimentario, el daño al medio ambiente por la quema de neumáticos”. Y remarcó que “cuando un derecho colisiona con otros, hay que ponderar. La Corte Suprema lo ha dicho: ningún derecho es absoluto”.

La condena de la jueza Marcela Leiva se transforma en un antecedente histórico que pone un freno al abuso del derecho. El fallo dispuso reglas de conductas estrictas: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y cumplir ocho horas mensuales de trabajo comunitario fuera del horario laboral, acreditando cada mes el cumplimiento ante la
Justicia.

El derecho a reclamar por un salario digno es legítimo, pero cuando ese ejercicio del derecho se vuelve abusivo, perjudicando derechos de terceros la Justicia tiene la obligación de hacer cesar esa conducta. Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra, es un principio que rige la convivencia social y debe ser
respetado.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

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Por Gustavo González

@GonzalezUCR

En estos días, se cumplieron 20 años (11-11-05) del pase de Eduardo Lorenzo ‘Borocotó’, del macrismo al kirchnerismo, marcando un camino que con el tiempo se tornó habitual.

Si bien no era el primer caso, lo de Borocotó fue tan escandaloso que se convirtió en un verbo que se utiliza en política: Borocotizar.

¿Por qué hace 20 años la sociedad se escandalizaba y hoy parece algo no reprochable?

Lo que fue un escándalo, hoy se naturalizó, de la mano de la degradación institucional y de la crisis de los partidos políticos.

El caso Misiones

Durante el año, observamos cómo concejales, diputados y hasta un intendente, que fueron electos por un partido distinto, decidieron pasarse al oficialismo nacional o provincial.

Con la excusa de acompañar “el cambio que quiere la mayoría” o de “no sentirse representados por el partido que les permitió ser electos”, deciden acercarse al calor del poder, defraudando a muchos y colaborando con la degradación de lo que debiera ser una noble actividad política.

Luego de las elecciones de junio y octubre hay algo muy claro: la mayoría de los misioneros le dio la espalda al Frente Renovador. Pero también quiere un proyecto serio en frente.

De los 40 diputados que van a integrar la Cámara de Representantes a partir del 10 de diciembre, hay 19 que no son renovadores, o que por lo menos fueron electos por otro partido. Hace años que no pasaba eso.

Los representantes de la oposición misionera tienen una responsabilidad mayor mirando a 2027: construir una estrategia común que respete la identidad de cada uno (no hace falta ponerse la camiseta); y coincidir en un núcleo de propuestas para desarrollar Misiones y dejar atrás finalmente el rovirismo.

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Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

La reciente controversia en torno a la feria judicial me resulta una película conocida. ¿Saben qué? Si en el país existen castas, el Poder Judicial del Cantón bien podría encabezar la nómina. Los jueces gozan de beneficios que harían sonrojar a cualquier monarca: inamovilidad en el cargo, horarios flexibles, licencias generosas; la mayoría de ellos disfruta de excepciones impositivas, además de un poder de fuego institucional que les permite, entre otras cosas, blindarse ante críticas externas. Los conozco.

La feria judicial, que este año suma unos 52 días, es la muestra más acabada de una tradición corporativa que se resiste a los vientos de cambio. Y, como si fuera poco, el Superior Tribunal, con la Acordada 172/25, redujo el horario de atención durante la feria a tres horas diarias. Un récord de productividad, si usted lo mira con los ojos de la ironía.

El primero que me contó los ritos y privilegios de esa casta pulcra e inamovible fue el doctor Luis Vicente Thomas, el Negro Thomas para quienes tuvimos la suerte de estar entre sus amigos. Sucedió a principios de 2003: él presidía el Colegio de Abogados y quien suscribe corría para la escudería de Misiones On Line. Había ido a golpearle la puerta a pedido de un mentor que tuve de joven. Cuando me hizo pasar, fui al grano y le expliqué que Marcelo Almada me había asignado la sección de Judiciales y que necesitaba aprender el paño. El Negro encendió un cigarrillo y, con la paciencia de los grandes maestros, me enseñó cómo traducir un expediente judicial al vulgo, sin necesidad de pasar vergüenza frente a los doctos del derecho.

El resto lo aprendí gastando suela de zapatos por los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, de la avenida de Los Inmigrantes o los de la calle Talcahuano, entre otros tantos. Compré diccionarios jurídicos, códigos, hasta tratados, todo para entender el expediente de cualquier fuero. Pero lo que más me interesaba era intentar comprender el pensamiento de las partes del proceso, especialmente las de su señoría. Lo que intento decir es que llevo más de dos décadas hablando con magistrados de todas las instancias, fiscales, defensores y con cada miembro del engranaje, incluyendo sus operadores. Sé lo que les digo.

Y aunque mi primo el juez se enoje y mis compañeros de promoción que usan toga no me saluden para estas fiestas, les voy a decir que no hay épica en la burocracia. Y menos todavía en la que, desde un aire acondicionado y un sillón bien tapizado, mira por encima del hombro al mundo real. No exagero.

Volviendo a la controversia, es lógico que el Colegio de Abogados —la única voz que parece recordar que el Poder Judicial, aunque a veces lo olvida, es un servicio público— haya puesto el grito en el cielo. Pide acortar la feria, ampliar los horarios, que la justicia funcione como debe funcionar: para las personas. No para los expedientes muertos ni para la comodidad de quienes confunden la función con el privilegio. Y hace bien el Colegio en reclamar. Porque, como marca la Constitución provincial, integra el Jurado de Enjuiciamiento, tiene el deber y el derecho de ser contrapeso y actor crítico. Sin ese rol, la casta judicial sería aún más blindada, más hermética, más tentada de perpetuarse. ¿Será por eso que quieren eliminar los colegios a nivel nacional?

Y es que los jueces en Misiones, a menos que una tormenta política decida lo contrario, permanecen en sus cargos hasta la jubilación. Nadie los mueve. Nadie los incomoda. La estabilidad es virtud, dicen, pero cuando deviene en inercia, se transforma en obstáculo. Porque el Poder Judicial, no lo olvidemos, es el único que puede privar a las personas de sus derechos más esenciales: la libertad, la propiedad, la dignidad. No es poca cosa; es por eso que sobre sus espaldas pesa una exigencia superior: legalidad, diligencia, transparencia, publicidad de los actos.

El gremio judicial, por su parte, defiende lo suyo con argumentos que no carecen de lógica: descansar para no enfermar, evitar el estrés, preservar la salud y la continuidad del servicio. Nadie pide jueces exhaustos ni empleados derrumbados. Pero hay un límite: la justicia no puede ser un castillo amurallado donde solo importa el bienestar de quienes lo habitan y el ciudadano espera afuera, empapado y sin respuestas. La experiencia enseña que ampliar horarios no resolvió nada, que el sistema está atrasado, que se requieren reformas profundas: digitalización, agilidad, procesos modernos, y no más días de fiesta.

Las demandas salariales no son un capricho. El deterioro económico es real, los empleados judiciales la pasan mal, los contratos son una trampa de inestabilidad. El reciente reclamo de aumento no es solo una cifra, es un reflejo de la crisis que cruza todo el Estado. Pero el remedio no puede ser clausurar el servicio o aislarse en la burbuja de los propios problemas. Porque la justicia, repito, es para las personas, no para sí misma.

El Poder Judicial, a veces tan rápido para blindarse, se muestra lento para autolimitarse y abrirse a la crítica. Cuando la prensa molesta, la reacción es el cerrojo, la cautelar, el bozal —como en Tucumán—. Pero la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia y todo intento de cercenarla huele a prebenda mal digerida, a miedo a la luz. Si la justicia quiere respeto, debe dar ejemplo. Si quiere independencia, que la ejerza con transparencia.

Misiones, como tantas otras provincias, pide a gritos una reforma judicial seria, que involucre desde la digitalización total de los expedientes hasta una revisión profunda del sistema de enjuiciamiento. El modelo actual es un engranaje oxidado que solo gira cuando la casta lo permite. Ya es hora de cambiar.

El ciudadano, al final, es el gran ausente y el verdadero destinatario. Merece una justicia bien paga, sí, pero sobre todo merece una justicia que funcione como la de cualquier país serio. El Superior Tribunal debe entender que la ley no es excusa para el privilegio, sino mandato de ejemplo.

En suma, la cuestión de la feria judicial en Misiones es el síntoma de una enfermedad mayor: la casta judicial y su resistencia. Los reclamos sectoriales revelan la necesidad de discutir en serio el servicio de justicia, de abrir el juego al control ciudadano y de exigir transparencia. Un Poder Judicial bien remunerado pero sometido a reglas claras y exigentes debe ser el norte. La modernización no es una opción: es una obligación. El Colegio de Abogados, en su rol crítico, debe seguir incomodando, denunciando y exigiendo. Los periodistas debemos resistir la tentación del silencio. Y los ciudadanos, jamás resignarse.

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