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Transportistas advierten que el servicio está en riesgo ante quita de subsidios

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En un comunicado subido a sus redes sociales este martes, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) rechazó la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador para el Transporte del Interior y advirtió: “Los ciudadanos del interior serán privados del único transporte público del que disponen”.

En el documento, titulado “Transporte público del interior, crónica de una crisis con responsables”, la organización que nuclea a más de 250 empresas de todo el país, alertó sobre la quita de los subsidios y consideró la decisión como el tiro de gracia a un sistema que experimentaba un deterioro de larga data.

“Desde hace varios años, Fatap viene advirtiendo que la movilidad masiva de las ciudades del Interior se encaminaba hacia un triste final”, arranca el comunicado de la entidad empresaria.

“La intempestiva decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al transporte del Interior, después de haber afirmado que terminaría con la discriminación que este último sufría en la asignación de recursos, es la culminación del proceso de deterioro denunciado”, afirma.

“Lamentablemente, las consecuencias de la desidia suelen hacerse presentes en los momentos más inoportunos, como el actual, cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores -principales usuarios del transporte público- quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro, si no se adoptan medidas urgentes”, advierte.

La Fatap apunta que la situación “reconoce como responsables a que quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte público del Interior y han contribuido, por acción u omisión, a esmerilar el capital de las empresas prestadoras, su infraestructura y material rodante, llevándolas a una situación de impotencia y riesgo cierto de desaparición”.

Fuera de tiempo

La entidad empresaria sostiene que la preocupación de los gobiernos provinciales y municipales llegó “a destiempo”, y acusa: “Recién hoy ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron”.

“Las apelaciones al federalismo y la equidad en el reparto de fondos estatales son banderas que Fatap ha levantado desde siempre”, aclara la organización empresarial y arremete: “Mientras, los titulares de los servicios privilegiaban la coyuntura y soslayaban las consecuencias de la discriminación que sufrió el Interior durante varios años, que hoy los interpela”.

“En este contexto, no hay tiempo para perder en disputas y pases de facturas”, manifiesta la Fatap y sentencia: “Es urgente emplear las energías en retomar el respeto a los contratos; privilegiar el profesionalismo y la capacidad en la toma de decisiones y, en suma, elevarse por sobre la coyuntura generando reglas claras, previsibles y duraderas que faciliten y protejan la inversión y el trabajo”.

Plan inmediato

“Las más de 250 empresas argentinas nucleadas en Fatap, han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica”, argumenta.

Frente a ello, la entidad, explica que “las definiciones de financiamiento a los usuarios expresadas por el Gobierno Nacional no son idóneas para superar el estado de cosas descripto”, y repasa, en cuatro puntos, el cuadro de situación.

“El sistema de transporte público del interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto”, apunta y reclama: “Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero”.

“No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido”, agrega en el punto 2.

En un tercer ítem, los transportistas señalan que “los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales”.

Por último, la entidad reclama, “de modo inmediato, un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte”.

El comunicado de los transportistas alega, en su último párrafo, que “sin un plan de acción que implemente inmediatamente lo expresado en los puntos anteriores, con la conformación de una mesa de trabajo integrada por las autoridades municipales, provinciales y Fatap, que genere las normativas y diseñe las acciones necesarias, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades”.

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La inflación fue de 1,9% en julio y acumula 36,6% en los últimos doce meses

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La inflación de julio fue del 4%: la más baja desde enero del 2022

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de julio, el cual se ubicó en 1,9% y acumuló un 36,6% en los últimos doce meses. Mientras que, en lo que va del año suma un 17,3%.

Este resultado da cuenta de que hubo un leve incremento respecto al mes de junio, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,6%.

El rubro que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general.

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).

Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.

Días atrás las mediciones privadas anticipaban que la suba de casi 14% del dólar en julio no impactaría tanto sobre la inflación, lo que puede contrastarse con el mes anterior, cuando la inflación fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora la menor de los últimos cinco años.

La inflación fue de 1,6% en junio y acumula 15,1% en el año

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Oficializaron el triple veto de Milei: jubilaciones, moratoria y discapacidad

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En la mañana de hoy se conoció el decreto 534/2025, con el que el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Estas tres iniciativas fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, obtuvo 34 ausencias.

Con la nueva medida quedarán sin efecto, tal como lo había anticipado por el mandatario apenas las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta.

El triple veto fue firmado el pasado sábado y publicado en el Boletín Oficial este lunes con las firmas de Milei y los miembros de su gabinete. 

A partir de ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso y para sostener el veto el oficialismo necesitará 86 votos.

Los detalles

La decisión presidencial deja sin efecto el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70.000 a $110.000, y que iba a actualizarse por inflación, según la norma aprobada por el Senado.

Paralelamente se había aprobado la reapertura por dos años de la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes, lo que también fue vetado.

Por último, quedó sin efecto el proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

En los considerandos del decreto presidencial se menciona como argumento central para desestimarlas, que estas leyes, de instrumentarse, romperían el equilibrio fiscal, ya que implicarían “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026“.

Argumentación del triple veto

El decreto señala una serie de irregularidades, entre las que sobresale que: “la sesión fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación” y recordó que se trata de un punto que “garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente”.

Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica: “además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría“.

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Javier Milei ratificó el veto del gobierno al aumento de las jubilaciones

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La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país

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Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), nucleados en la Multisectorial, se declararon en estado de asamblea permanente luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, anunciara el decreto 462/25 que pondría en riesgo el funcionamiento de dicho organismo junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi), entre otros de ciencia y tecnología.

Sin Inti no hay calidad de vida, no hay seguridad alimentaria, no hay control, ni de la calidad, ni de la cantidad de productos que consumimos cotidianamente. El Inti es imparcial en ese sentido. De alguna manera estamos vinculados a este organismo con sus más de 50 centros de investigación, desarrollo e innovación en biotecnología, química, ambiente, plásticos, nanotecnología y metrología”, describió desde Bariloche Julieta Caló en diálogo con La Voz de Misiones

Caló cuenta con una trayectoria de catorce años dentro del Inti, donde supo ejercer su profesión como diseñadora industrial, consultora técnica y proyectista. Sin embargo, la situación se tornó muy distinta el martes pasado cuando cientos de trabajadores se encontraron con la novedad de que el instituto, que hasta entonces funcionaba de manera autónoma autárquica y federal, pasara a transformarse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Con esta reestructuración, Caló aseguró que estarían en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo, en el corto plazo, y otros 2400 que existen actualmente en distintos puntos del país.

Por este motivo, desde hace una semana la Multisectorial de trabajadores que nuclea a varios empleados del Inti se mantiene en estado de asamblea permanente, dando a conocer el contenido del decreto 482/25 publicado el pasado 8 de julio, sin descuidar compromisos asumidos con emprendedores, pymes y empresas. 

Abrazo simbólico entre empleados del Inti nucleados en la Multisectorial. Foto: El Destape

Estamos recibiendo apoyo de legisladores, senadores, diputados y gobernadores, con proyectos de rechazo al decreto”, afirmó la profesional en referencia a funcionarios que cumplen funciones bajo distintas banderas políticas, como el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otros.

Intento por voltear el decreto

Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Hernán Reyes, junto a su equipo de asesores, mantuvieron una reunión con mandos medios y representantes de la Asamblea Multisectorial en el Inti, donde rechazaron el decreto que compromete su existencia. 

En ese contexto, explicaron las funciones principales del organismo, su rol esencial para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población e hicieron hincapié en las graves consecuencias que tendrá para el normal desenvolvimiento institucional la aplicación del Decreto 462/25 que limita seriamente sus funciones y dispone prescindir del 30% del personal abocado a tareas vinculadas claves, como el manejo de las finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y legales, entre otras.

De esta manera, ambos referentes políticos del espacio que lidera Lilita Carrió, ratificaron su apoyo y acompañamiento tanto en la estrategia judicial para frenar los alcances del decreto como en la vía parlamentaria con el objetivo de derogarlo.

El funcionamiento

El Inti fue creado en 1957 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento la inversión pública en ciencia y tecnología.

Hoy cuenta con más de 40 centros de desarrollo tecnológico y sectores especializadas por sector industrial en Buenos Aires (lácteos, plásticos, caucho, mecánica, tratamientos superficiales, lácteos, carnes, ambiente, biotecnología, nanotecnología, etc), además de centros multipropósito en distintas provincias.  

Entre sus principales funciones se encuentran medir, calibrar, certificar, testear, verificar y transferir los desarrollos al sector productivo, desde emprendedores hasta industrias.

Se trata de un organismo reconocido internacionalmente, ya que cada país cuenta con uno de características similares que cumple esas funciones técnicas de desarrollo.

En Bariloche, además de trabajar con fábricas de alimentos, emprendimientos textiles, fitocosméticos y empresas de base tecnológica, se inspeccionan y ensayan componentes críticos de los medios de elevación, como los cables de acero, las torres y los vehículos, con el objetivo de garantizar una operación segura durante la temporada. 

También, desde el Inti acompañan a los fabricantes nacionales de repuestos, asistiéndolos técnicamente para que sus productos cumplan con estándares internacionales.

Con la centralización, vaticinan que perderán el contacto directo con la industria, con más de 300 cámaras de pymes en todo el país, sumada la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma, y la falta de personal indispensable en el engranaje institucional.

Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

 

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