Nacionales
Textiles denuncian más de 3.600 suspensiones y casi 1.500 despidos
La Asociación Obrera Textil (AOT) denunció que en los últimos tiempos esa actividad industrial sufrió más de 3.600 suspensiones y cerca de 1.500 despidos por el cierre de casi una decena de establecimientos fabriles, como consecuencia de la falta de la acumulación de stocks y apertura de las importaciones.
Así lo afirmó el secretario general del gremio, Hugo Benítez, quién destacó que “según un relevamiento puntual que llevó a cabo la AOT en todo el país, y en 108 empresas”, que reveló que “en lo últimos años la actividad textil vio cerrar varias empresas y viene sufriendo miles de suspensiones y despidos de trabajadores”.
“Ello sin contabilizar -añadió- las reducciones de jornadas en las distintas empresas textiles y el otorgamiento de vacaciones anticipadas que fluctuaron entre 7 y 14 días, en la que se vieron involucrados más de 3.800 trabajadores”.
Acerca de los establecimientos fabriles que cerraron, Benítez señaló que “son diez en total, seis en el norte del conurbano; dos en la zona noroeste; otra en la zona del oeste bonaerense y la restante en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Al respecto, el informe, menciona entre las empresas que cerraron y despidieron a sus trabajadores a “la porteña Zytex; las bonaerenses José Garraza, Broderie Suiza, Edolan , Tassutti SRL, Textil Elotex, Galitex, Vecchi Godoy, Fábrica Argentina de Etiquetas y Sedler Hermanos”.
Benítez, que además integra el Consejo Directivo de la CGT, precisó que “los suspendidos suman en total a la fecha 3.622, mientras que los despedidos alcanzan a 1.480 trabajadores, tomando en cuenta que tenemos un padrón de 25.000 trabajadores afiliados”.
Tras enumerar que la capacidad instalada en la actividad textil “en diciembre de 2015 alcanzó el 80 por ciento según ventas efectivas”, precisó que “un año después en diciembre de 2016 se redujo a 60 por ciento, desglosadas en un 40 por ciento de ventas y un 20 por ciento en stocks”.
Al referirse al nivel de ocupación, Benítez sostuvo que “en diciembre de 2015 alcanzó un 100 por ciento de la mano de obra ocupada estimada en 4.300 y en diciembre de 2016 el panorama varió y tuvimos 250 trabajadores dados de baja definitiva, entre despedidos y convenios de desvinculación”.
Asimismo mencionó que “de tres turnos de trabajo se bajó a dos y en varios casos a menos días trabajados por semana; fueron dadas de baja las horas extras y algunas empresas iniciaron el proceso de incorporación al programa de Recuperación Productiva (REPRO-PREBA) a través del cual el Estado hace una aporte de dinero para cumplir con los salarios que las empresas no pueden pagar en su totalidad”.
Al ser consultada su opinión sobre las principales causas de la crisis del sector textil, Benítez explicó que “se debe a varias razones, una de ellas el comportamiento en las ventas por el traslado de costos a los precios, que significaron una baja del 50 por ciento; otro que para sostener los niveles comerciales se ofertan los productos tratando de cubrir los costos de la fabricación sin márgenes de rentabilidad y una cadena de pagos muy debilitada con plazos que superan los 120 días”.
También el dirigente gremial mencionó entre las causas “al incremento de los costos; al aumento de la presencia de mercadería importada; los precios del sudeste asiático y Brasil a valores de liquidación de stocks con financiamiento de bajo costo; la caída del poder adquisitivo y una demanda decreciente sostenida y a la acumulación de stocks de productos financieramente inviables”.
Finalmente Benítez expresó que “no es sólo la actividad textil la que sufre la crisis, sino que hay gran cantidad de gremios industriales que la padecen y mencionó entre otras al calzado, la metalúrgica, plástica e indumentaria”.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación correspondiente al décimo mes del año fue 2,13%, cifra que aumentó por tercera vez consecutiva tras el 2,1% registrado en septiembre y 1,9% en agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del 2025.
En esta oportunidad la aceleración se vio impulsada por la categoría Transporte con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
La variación de precios acumulada del noreste argentino fue del 2,1%, la cual ubicó a la región por debajo de la nacional que llegó al 2,3%. A su vez, los rubros de mayor incremento fueron Transporte, con 3,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%; Restaurantes y hoteles, con 2,6%; Bienes y servicios, con 2,5%; y Recreación y cultura, con 2,4%.
Proyecciones
Según las estimaciones del organismo, el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó, incidiendo en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado.
Al respecto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.
En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado calculan que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. En esa línea, esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.
La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
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