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Textiles denuncian más de 3.600 suspensiones y casi 1.500 despidos

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La Asociación Obrera Textil (AOT) denunció que en los últimos tiempos esa actividad industrial sufrió más de 3.600 suspensiones y cerca de 1.500 despidos por el cierre de casi una decena de establecimientos fabriles, como consecuencia de la falta de la acumulación de stocks y apertura de las importaciones.

Así lo afirmó el secretario general del gremio, Hugo Benítez, quién destacó que “según un relevamiento puntual que llevó a cabo la AOT en todo el país, y en 108 empresas”, que reveló que “en lo últimos años la actividad textil vio cerrar varias empresas y viene sufriendo miles de suspensiones y despidos de trabajadores”.

“Ello sin contabilizar -añadió- las reducciones de jornadas en las distintas empresas textiles y el otorgamiento de vacaciones anticipadas que fluctuaron entre 7 y 14 días, en la que se vieron involucrados más de 3.800 trabajadores”.

Acerca de los establecimientos fabriles que cerraron, Benítez señaló que “son diez en total, seis en el norte del conurbano; dos en la zona noroeste; otra en la zona del oeste bonaerense y la restante en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Al respecto, el informe, menciona entre las empresas que cerraron y despidieron a sus trabajadores a “la porteña Zytex; las bonaerenses José Garraza, Broderie Suiza, Edolan , Tassutti SRL, Textil Elotex, Galitex, Vecchi Godoy, Fábrica Argentina de Etiquetas y Sedler Hermanos”.

Benítez, que además integra el Consejo Directivo de la CGT, precisó que “los suspendidos suman en total a la fecha 3.622, mientras que los despedidos alcanzan a 1.480 trabajadores, tomando en cuenta que tenemos un padrón de 25.000 trabajadores afiliados”.

Tras enumerar que la capacidad instalada en la actividad textil “en diciembre de 2015 alcanzó el 80 por ciento según ventas efectivas”, precisó que “un año después en diciembre de 2016 se redujo a 60 por ciento, desglosadas en un 40 por ciento de ventas y un 20 por ciento en stocks”.

Al referirse al nivel de ocupación, Benítez sostuvo que “en diciembre de 2015 alcanzó un 100 por ciento de la mano de obra ocupada estimada en 4.300 y en diciembre de 2016 el panorama varió y tuvimos 250 trabajadores dados de baja definitiva, entre despedidos y convenios de desvinculación”.

Asimismo mencionó que “de tres turnos de trabajo se bajó a dos y en varios casos a menos días trabajados por semana; fueron dadas de baja las horas extras y algunas empresas iniciaron el proceso de incorporación al programa de Recuperación Productiva (REPRO-PREBA) a través del cual el Estado hace una aporte de dinero para cumplir con los salarios que las empresas no pueden pagar en su totalidad”.

Al ser consultada su opinión sobre las principales causas de la crisis del sector textil, Benítez explicó que “se debe a varias razones, una de ellas el comportamiento en las ventas por el traslado de costos a los precios, que significaron una baja del 50 por ciento; otro que para sostener los niveles comerciales se ofertan los productos tratando de cubrir los costos de la fabricación sin márgenes de rentabilidad y una cadena de pagos muy debilitada con plazos que superan los 120 días”.

También el dirigente gremial mencionó entre las causas “al incremento de los costos; al aumento de la presencia de mercadería importada; los precios del sudeste asiático y Brasil a valores de liquidación de stocks con financiamiento de bajo costo; la caída del poder adquisitivo y una demanda decreciente sostenida y a la acumulación de stocks de productos financieramente inviables”.

Finalmente Benítez expresó que “no es sólo la actividad textil la que sufre la crisis, sino que hay gran cantidad de gremios industriales que la padecen y mencionó entre otras al calzado, la metalúrgica, plástica e indumentaria”.

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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