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Tarifas: el Gobierno consiguió un respiro, pero la oposición prepara un contraataque para el 9M

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La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación no consiguió hoy habilitar el tratamiento en sesión especial de los proyectos que limitan los aumentos en las tarifas de servicios públicos, aunque pudieron exponer sus propuestas ante el cuerpo.

Sin embargo, el interbloque Argentina Federal y el Frente Renovador respaldados por el Frente para la Victoria, varios sectores del peronismo y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), preparan un contraataque para el 9 de mayo, fecha en  que los proyectos deberían contar con despachos de todas las comisiones intervinientes.

A pesar del quórum, hoy estos espacios no pudieron alcanzar el voto a favor de los dos tercios del recinto, necesarios para avanzar con el tratamiento de las iniciativas, por lo que, después de casi seis horas de exposiciones, se terminó levantando la sesión.

Cuando estaban más de 129 legisladores de la oposición sentados en sus bancas, el oficialismo bajó a la Cámara para imponer su mayoría e impedir, una vez más, que avance la sesión especial convocada para discutir las propuestas, que todavía no cuentan con dictamen de todas las comisiones a las que fueron giradas.

El miércoles pasado, los diputados de Cambiemos se ausentaron durante la reunión parlamentaria para evitar dar quórum y que, de esa manera, se comenzara con el debate.

En cambio hoy, se logró la mayoría simple y, entre otras cosas, la oposición pidió “por lo menos permitirle a cada uno de los diputados explicar los proyectos que presentaron”.

El oficialista Mario Negri sostuvo que las iniciativas todavía no contaban con dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Luciano Laspina (PRO), por lo que “queda inhabilitada” la discusión, dijo.

“Según tengo entendido, esa comisión se va a reunir el próximo miércoles a las 14:00, por lo que se están dando todos los pasos correspondientes”, destacó el radical.

Esto fue cuestionado por la legisladora massista Graciela Camaño, quien consideró que “el oficialismo quiere obstruir el funcionamiento” parlamentario.

El presidente del cuerpo, Emilio Monzó, llamó a un cuarto intermedio y luego permitió, antes de cerrar el encuentro, una breve exposición de cada uno de los 29 diputados que presentaron ideas de leyes contra los incrementos en las boletas de los servicios públicos, lo que se extendió durante varias horas.

Uno de los primeros en hablar fue Diego Bossio (bloque Justicialista), quien lamentó que no haya “voluntad política del Gobierno para tratar el tema de las tarifas”.

A su turno, Camaño ratificó su propuesta de que las facturas de los servicios “no aumenten más de lo que aumentan los ingresos” de los consumidores.

Luego, la jefa del bloque del Frente Renovador se dirigió al Ejecutivo: “El contexto de la situación actual en el país los obliga a encontrar una solución a esto”, manifestó.

Por su parte, el kirchnerista Axel Kicillof sostuvo que el oficialismo “cometió una enorme estafa electoral” al señalar que “el presidente Mauricio Macri aseguró que no iba a haber un tarifazo”.

“Ahora hay otra mentira, que el oficialismo permitió hoy que haya quórum. Mentira, vinieron porque sabían que íbamos a conseguir el número necesario (para comenzar el debate)”, agregó el diputado de Unidad Ciudadana.

Quizás el más eufórico fue el jefe de esa bancada, Agustín Rossi, que aprovechó su tiempo de discurso para cuestionar el Ejecutivo y aclarar “que no tienen el derecho moral para cuestionar” a su espacio.

“Son el único Gobierno en el mundo que justifica las offshore. Todos sus funcionarios tienen cuentas en el exterior. Tienen un presidente acusado de contrabandista, no se olviden de eso, contrabandista. Están más sucios que los baños de Retiro”, agregó.

Monzó puso a votación el tratamiento de cada uno de los proyectos de la oposición, aunque ninguno consiguió el respaldo de los dos tercios de la Cámara, por lo que se levantó la sesión especial.

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Gobierno autorizó a la Policía Federal a vigilar redes y requisar sin orden judicial

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En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.

Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.

El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.

El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.

Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.

“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.

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Fiscales rechazaron prisión domiciliaria para CFK y ahora decide el Tribunal

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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.

En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.

Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.

Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.

A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.

La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.

Convocan en Posadas a participar de marcha federal por CFK

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Paritarias bancarias: el salario inicial ascendió a $1,8 millones

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La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, que además es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT), firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales y el salario inicial de los trabajadores del sector llegará al asciende a $1.779.351,32.

La suba se corresponde a una actualización de los sueldos de mayo de 2025 y se traduce en un 1,5% de aumento, en línea al índice de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Censos (Indec).

De esta manera, el sector bancario acumula aumentos de 13,5% en lo que va del año y en junio un trabajador que recién se inicie tendrá un sueldo de  $1.779.351,32, al que se suma el monto correspondiente a la participación en las ganancias del sector (ROE), que se estableció en $80.365,30.

Según detalló Infobae, el incremento salarial se aplica sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, incluyendo componentes remunerativos y no remunerativos, así como adicionales convencionales y no convencionales.

Además del salario mensual, el ajuste impacta en el monto correspondiente al Día del Bancario, celebrado cada 6 de noviembre, cuando los empleados del sector perciben un bono anual adicional.

Con esta última actualización, el monto mínimo del bono quedó fijado en $1.586.230,15, valor que también estará sujeto a correcciones futuras según las próximas actualizaciones salariales mensuales.

El acuerdo fue rubricado entre la Asociación Bancaria y las siguientes entidades: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y el Banco Central de la República Argentina. Este esquema de revisión mensual se mantiene como un caso excepcional dentro de las negociaciones paritarias, dada la capacidad financiera del sector y la existencia de una cláusula específica dentro del convenio colectivo de trabajo. 

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