Cargando...
El magistrado Gustavo Lleral, titular del Juzgado Federal de Rawson, Chubut, dictó esta mañana al sobreseimiento de los cuatro uniformados de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que eran investigados por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, entre ellos al gendarme misionero Iván Marcelo Ferreyra (35).
"Puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los sucesos y ninguna de las acciones humanas analizados son susceptibles de ser considerados delitos, de los tipificados por nuestra ley penal", sostuvo el magistrado en la resolución de 361 páginas en la que decretó los sobreseimientos.
La decisión judicial benefició a los gendarmes Emmanuel Echazú, que estaba acusado por la supuesta desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes de la misma fuerza Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.
De todos ellos, Ferreyra es misionero, oriundo de la localidad de Puerto Libertad, según consta en los expedientes judiciales. La misma resolución declara que “en el presente trámite no se ha afectado el buen nombre y honor de los nombrados”, en relación a los imputados ahora sobreseídos.
En su escrito además Lleral afirmó que a los gendarmes investigados y todos sus compañeros que participaron del operativo de desalojo "ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal".
Y en otro tramo explayó que “debo tener por probado que Santiago Andrés Maldonado falleció en el Río Chubut, a la altura del predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la hondonada de aproximadamente más de 2 (dos) metros de profundidad en la que se sumergió el 1 de agosto de 2017; y que su cuerpo sin vida permaneció ininterrumpidamente allí hasta que fue hallado el 17 de octubre de 2017, primero sumergido en el fondo del lecho y, pocos días antes de su rescate, flotando en la superficie de ese curso de agua”.
Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de GNA en el que fue reprimida una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut. El cuerpo del joven fue hallado 78 días más tarde 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez.
“La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”, escribió el juez Lleral.
Y concluyó que “la verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”.
Inmediatamente conocida la resolución, el hermano de Sergio Maldonado, hermano de Santiago, querellante en la causa, publicó un breve hilo de Twitter para expresarse: “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó inicialmente y en otra publicación añadió que “se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”.