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San Luis pagará sueldos en cuotas y Santiago del Estero declaró la emergencia

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El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró la emergencia provincial y dispuso un congelamiento del gasto público por seis meses; en tanto que en San Luis, el gobernador Claudio Poggi anunció que pagará los salarios estatales de diciembre en dos cuotas.

Mientras que Zamora justificó sus medidas cargando contra el “ajuste que va a impactar directamente en las provincias”, su par puntano, Poggi, que apoyó a Javier Milei en el balotaje de noviembre, pateó las culpas más hacia atrás y responsabilizó de la situación a su antecesor, el gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá.

Motosierra

“No es necesario explicar la situación que viene atravesando nuestro país desde hace bastante tiempo en términos económicos y financieros, pero que en los últimos días ha implicado anuncios del ministro de Economía sobre medidas de ajuste que según la propias expresiones van a impactar en las provincias, sobre todo cuando se habla de recortes específicos”, afirmó el gobernador santiagueño en un mensaje grabado al pueblo de su provincia.

“Nuestra provincia, hace 18 años viene manteniendo equilibrio fiscal, superávit financiero, desendeudamiento y una prolija y eficiente administración de lo que está a la vista”, argumentó y pasó lista: “Mantener la estabilidad de los empleados públicos, fomentar el trabajo privado, generar turismo, deporte, cumplir con las funciones esenciales del Estado, como la educación, la infraestructura básica y los servicios esenciales a los cuales nosotros acudimos con presupuestos equilibrados año tras año”.

“Lógicamente, los anuncios realizados, si bien no conocemos el alcance, nos obligan a tomar medidas preventivas de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos”, fundamentó.

“Por eso estoy enviando esta próxima semana el DNU que voy a firmar, donde vamos a declarar la emergencia económica y medidas restrictivas y de control del gasto público”, anunció Zamora.

Entre las medidas, el gobernador, enumeró el  congelamiento de vacantes, nuevos nombramientos y contrataciones en la administración pública y organismos descentralizados por el término de seis meses; congelamiento de la pauta publicitaria y de las transferencias a los municipios y comisiones municipales; y un régimen especial para el otorgamiento, revisión y control de subsidios estatales; viáticos, viajes y comisiones de servicios, entre otras.

Zamora aseguró, sin embargo, la continuidad de las obras públicas en ejecución, aunque comunicó que se suspenderán proyectos nuevos y licitaciones que no estén adjudicadas o con contrato.

Cuotas

Poggi anunció, también, un fuerte paquete de ajuste que incluye el pago de los estatales en cuotas, una medida por la que el mandatario puntano apuntó a su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, aunque reconoció que es la “primera vez en 40 años” que San Luis no pagará el sueldo completo a los empleados públicos de la provincia.

El mandatario adjudicó la decisión al “descalabro financiero, el uso irresponsable de los fondos públicos y el exceso de los gastos” del gobierno anterior.

Poggi explicó que los sueldos provinciales de diciembre y enero se pagarán en dos cuotas: la primera a fin de mes y la segunda, a mediados del mes siguiente.

Poggi, sin embargo, no tendrá problemas con el pago del aguinaldo, ya que antes de dejar el cargo, Rodríguez Saá lo pagó el último día hábil de su gobierno.

 

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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