Nacionales
Procesaron a De Vido y Jaime en causa por contratos ferroviarios
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado este miércoles por orden del juez federal Sebastián Ramos por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, al no haber conformado los equipos técnicos establecidos por ley para renegociar los contratos ferroviarios.
El magistrado también procesó al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien le sumó el delito de violación de los deberes de funcionario público, y para ambos fijó un embargo de 500.000.000 pesos.
De Vido está acusado porque en calidad de ministro “no adoptó medida alguna tendiente” a que Jaime “cumpliera con la designación de los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros, con el fin de conformar el equipo de trabajo destinado a dar inicio al procedimiento de renegociación de los contratos de concesión del servicio público de transporte ferroviario”.
Ramos recordó que no hubo órdenes para “que se avanzara con el procedimiento de renegociación de los contratos de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, conforme las funciones y facultades establecidas en el artículo 3 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
“Con dichas omisiones se interesó en miras de que no avanzara la renegociación de dichos contratos para beneficiar a las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros”, agregó el juez.
La investigación se centra en el período 2003-2009 y contra De Vido pesa la acusación de no haber instado a Jaime a designar los equipos técnicos de la secretaría de Transporte para que colaboraran con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) que revisó los convenios de los sectores privatizados.
Se trata del segundo procesamiento de De Vido, ya que primero lo había alcanzado una medida dictada por el juez federal Claudio Bonadio por descarrilamiento culposo y administración fraudulenta, a raíz de la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas en febrero de 2012.
Para el juez, quedó “acreditado con el grado de probabilidad exigido por el ordenamiento procesal, de acuerdo a las constancias incorporadas a la causa, que Ricardo Raúl Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte de la Nación y miembro del Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, no designó a los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros”.
De Vido por “no haber impartido órdenes o arbitrado los medios necesarios destinados a que se avanzara con el procedimiento de renegociación de los contratos de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, no se inició ni se progresó en el proceso de renegociación de dichos contratos”.
Desde el juzgado se valoró que cuando Jaime prestó declaración indagatoria, dijo que “ninguna orden recibió de su superior con la finalidad de que designara el personal técnico” para renovar los contratos ferroviarios.
“La conducta omisiva de Julio De Vido, en su calidad de Presidente de la UNIREN, Autoridad de Aplicación de los contratos de concesión, y Ministro que tenía bajo su órbita el área de transporte, impidió que se iniciara formalmente y se avanzara en dicho proceso, tendiente a alcanzar los fines dispuestos por las normas de mención, durante el lapso en que prestó funciones en tales cargos”, resaltó el magistrado.
“La falta de avance en los procesos habría permitido la ausencia de tratamiento de las penalidades aplicadas a las empresas concesionarias de ese servicio público que eran remitidas al proceso de renegociación, y la falta de resolución de los reclamos mutuos entre concedente y concesionario, la omisión del análisis de la rentabilidad de las empresas y su estructura de costos”, remarcó el juez.
Jaime está detenido en el penal de Ezeiza al concentrar tres condenas en su contra, todas en una pena única por la tragedia ferroviaria de Once, y porque en otra causa que se lo investiga por la compra de trenes inutilizables a España y Portugal la Justicia considera que existe peligro de fuga.
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En Misiones, unos 2500 socios pueden participar de la elección que proclamará un nuevo presidente o la reelección de actual.
El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) cerrará un nuevo mandato de sus autoridades nacionales y elegirá, entre tres listas, a quienes serán los responsables de la conducción en el período 2023 – 2027.
La jornada electoral se desarrollará el domingo 3 de diciembre -entre las 8 y las 18 horas- en 45 filiales de todo el país. En Misiones, unos 2500 socios podrán emitir sus votos según la región a la que pertenezcan.
En Garupá, se podrá votar en la Filial 28 ubicada en la manzana E, lote 6, en barrio Santa Inés; mientras que, en Puerto Iguazú, estará disponible la Filial de calle Circón esquina Espinela, en el barrio Alto Paraná.
Tres listas disputarán la conducción del Círculo de Suboficiales de la PFA, que renovará todos los cargos: presidente y vicepresidente e integrantes de la Comisión Directiva, secretarías; vocales titulares y suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas.
La Lista 1 -Agrupación “7 de Marzo”-, lleva como candidato a presidente a suboficial mayor Miguel Ángel Tavares, quien se desempeña como Secretario General de la conducción actual.
El actual presidente de Círculo de Suboficiales de la PFA, suboficial mayor Eliseo Aníbal Visconti, buscará ser reelecto para un nuevo mandato representando a la Lista 2 denominada -Mesa de Trabajo “Visconti presidente”-.
Por su parte, la Agrupación “Lealtad y Futuro”, Lista 3, presenta como candidato a presidente al suboficial mayor José Héctor Arroyo.
En total, unos 39 mil socios del Círculo de Suboficiales de la PFA podrán participar de los comicios que culminarán el domingo 10 de diciembre, cuando se complete el calendario en las filiales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA.
En Misiones fue designado por la Junta Electoral como fiscalizador en Puerto Iguazú el sargento primero Omar Sotelo quien, en diálogo con La Voz de Misiones, destacó el importante servicio social que brinda el Círculo a sus socios y camaradas.
Sotelo resaltó, entre otros aspectos, la solidez del manejo de los recursos que, en el último balance, ostentó un superávit de 18 millones de pesos y más de 1 millón de dólares.
Los servicios en hotelería y turismo, y los campos deportivos y recreativos en todo el país complementan las principales áreas de prestación junto al servicio de salud.
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En 2020 el gobierno nacional decretó el carácter de Servicio Público a las telecomunicaciones y reguló las tarifas utilizando como argumento la pandemia Covid-19. Ahora, la Justicia anuló la disposición.
Un fallo de fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal declaró hoy la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que el 22 de agosto de 2020 declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones.
Así, el presidente Alberto Fernández consiguió, bajo el argumento de la cuarentena por la pandemia Covid-19, controlar con el decreto 690/2020 las tarifas de telefonía e internet.
Al año siguiente, el 7 de abril de 2021, la empresa Telecom Argentina S.A. presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y contra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENCOM), solicitando la nulidad del decreto 690, y reservándose además el derecho a reclamar daños y perjuicios consecuencia del DNU que congeló los precios.
Entre otros aspectos, la jueza Cecilia De Negre consideró en su resolución anulatoria del decreto, que “fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios Tic y asegurar el derecho a la educación”.
La magistrada sostuvo que “no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”.
Entonces, De Negre explicó que el Poder Ejecutivo está habilitado constitucionalmente a dictar un DNU en determinadas circunstancias, pero que la calificación de servicio público de manera permanente exige “una ley formal en el Congreso”.
El fallo judicial es de primera instancia y el Poder Ejecutivo puede apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
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El presidente electo Javier Milei ratificó el plan de ajuste que implementará a partir del 10 de diciembre y puso en duda el pago del medio aguinaldo para los empleados de la administración pública nacional.
Entrevistado por el periodista Rodolfo Barilli, de Telefé Noticias, Milei ratificó que se viene un “fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a un equilibrio” y anticipó: “Los próximos seis meses serán muy duros”.
“Hay que cortar con la emisión monetaria”, le contestó el presidente electo al periodista, que repreguntó, entonces, sobre cómo administraría el gobierno de La Libertad Avanza un eventual escenario en el que “Argentina recaude 100 y gaste 120”.
“No va a gastar 120”, lo interrumpió Milei y retrucó: “No va a gastar más que 100”.
“¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo, de diciembre?”, lo interrogó Barilli.
El gobierno “gastará 100”, insistió Milei y disparó: “Recortarán lo que tengan que recortar”.
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