Nacionales
Procesaron a De Vido y Jaime en causa por contratos ferroviarios
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado este miércoles por orden del juez federal Sebastián Ramos por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, al no haber conformado los equipos técnicos establecidos por ley para renegociar los contratos ferroviarios.
El magistrado también procesó al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien le sumó el delito de violación de los deberes de funcionario público, y para ambos fijó un embargo de 500.000.000 pesos.
De Vido está acusado porque en calidad de ministro “no adoptó medida alguna tendiente” a que Jaime “cumpliera con la designación de los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros, con el fin de conformar el equipo de trabajo destinado a dar inicio al procedimiento de renegociación de los contratos de concesión del servicio público de transporte ferroviario”.
Ramos recordó que no hubo órdenes para “que se avanzara con el procedimiento de renegociación de los contratos de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, conforme las funciones y facultades establecidas en el artículo 3 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
“Con dichas omisiones se interesó en miras de que no avanzara la renegociación de dichos contratos para beneficiar a las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros”, agregó el juez.
La investigación se centra en el período 2003-2009 y contra De Vido pesa la acusación de no haber instado a Jaime a designar los equipos técnicos de la secretaría de Transporte para que colaboraran con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) que revisó los convenios de los sectores privatizados.
Se trata del segundo procesamiento de De Vido, ya que primero lo había alcanzado una medida dictada por el juez federal Claudio Bonadio por descarrilamiento culposo y administración fraudulenta, a raíz de la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas en febrero de 2012.
Para el juez, quedó “acreditado con el grado de probabilidad exigido por el ordenamiento procesal, de acuerdo a las constancias incorporadas a la causa, que Ricardo Raúl Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte de la Nación y miembro del Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, no designó a los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros”.
De Vido por “no haber impartido órdenes o arbitrado los medios necesarios destinados a que se avanzara con el procedimiento de renegociación de los contratos de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, no se inició ni se progresó en el proceso de renegociación de dichos contratos”.
Desde el juzgado se valoró que cuando Jaime prestó declaración indagatoria, dijo que “ninguna orden recibió de su superior con la finalidad de que designara el personal técnico” para renovar los contratos ferroviarios.
“La conducta omisiva de Julio De Vido, en su calidad de Presidente de la UNIREN, Autoridad de Aplicación de los contratos de concesión, y Ministro que tenía bajo su órbita el área de transporte, impidió que se iniciara formalmente y se avanzara en dicho proceso, tendiente a alcanzar los fines dispuestos por las normas de mención, durante el lapso en que prestó funciones en tales cargos”, resaltó el magistrado.
“La falta de avance en los procesos habría permitido la ausencia de tratamiento de las penalidades aplicadas a las empresas concesionarias de ese servicio público que eran remitidas al proceso de renegociación, y la falta de resolución de los reclamos mutuos entre concedente y concesionario, la omisión del análisis de la rentabilidad de las empresas y su estructura de costos”, remarcó el juez.
Jaime está detenido en el penal de Ezeiza al concentrar tres condenas en su contra, todas en una pena única por la tragedia ferroviaria de Once, y porque en otra causa que se lo investiga por la compra de trenes inutilizables a España y Portugal la Justicia considera que existe peligro de fuga.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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