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Post-pandemia: Gobierno prepara reformas previsional y judicial y un impulso al crédito

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Será para reactivar la economía y la producción. El NEA recuperaría el beneficio de pagar menos cargas patronales, junto con el NOA. Habría un “Ahora 18” y blanqueo de capitales.

BUENOS AIRES. El Gobierno nacional trabaja en un plan de cinco patas para después del aislamiento que arrancó en marzo, con el fin de reactivar la economía y la producción, según trascendió de allegados al presidente  Alberto Fernández.

En primer lugar, el mandatario viene trabajando con todos los gobernadores en un plan para dinamizar la economía que implica un fuerte impulso al crédito en todo el país y de otros apoyos segmentados según las necesidades de cada región.

Con ese fin se dividirá en noreste, noroeste, centro, litoral y zona cuyana. El NOA y el NEA recuperarían el beneficio de pagar menos cargas patronales, que fue eliminado por Mauricio Macri.

También se analizarán los aranceles de exportación de los productos sensibles de cada zona, con el objetivo de reactivar la industria y que vuelvan a abrir más fábricas que tuvieron que cerrar.

En esa línea, se trabaja para mejorar la ley de concursos de acreedores y de ese modo, salvar rápidamente a las empresas y que vuelvan a operar normalmente.

En segundo lugar se relanzará el programa Ahora 18, una nueva versión del programa Ahora 12. El plan que se está trabajando es de 18 cuotas, con tres meses de gracia. Es decir, lo que se compra en julio se comenzaría a pagar en noviembre y se cancelaría la cuota 18 en abril de 2022.

También se analiza la posibilidad de que esas compras tengan una devolución total o parcial del IVA, según publicó el portal La Política on Line.

En tercer lugar, para acompañar la moratoria que acaba de anunciar el Gobierno, se proyecta un blanqueo para repatriar capitales que se inviertan en sectores de gran generación de empleo, cómo por ejemplo, la construcción.

Reformas en agenda

En cuarto lugar, el Gobierno irá en busca de una reforma previsional. Se trabaja en nueva fórmula que saldrá de un proyecto de reforma que se enviará el Congreso en los próximos días. El objetivo es que el aumento previsional de septiembre se pague ya con esa nueva fórmula.

Las fuentes consultadas dijeron que el Presidente no quiere seguir dando aumentos por decreto, aunque aclaran que en estos meses los jubilados le ganaron a la inflación y recibieron medicamentos gratis por un valor promedio del 25 por ciento de sus ingresos. El proyecto de la nueva fórmula se basa en ingresos de la ANSES y evolución salarial.

Por último, se avanzó en el proyecto de reforma judicial y en 10 días ya estará en el Congreso. Con este proyecto, anunciado por Marcela Losardo aún antes de la asunción de Alberto, se busca el reordenamiento de la justicia federal y se acompañará con un decreto para la creación del Consejo de Mejoramiento de Calidad Institucional, similar al Consejo de Consolidación de la democracia que creó Alfonsín en 1985.

Dicho órgano estará conformado por un grupo de juristas notables, de diversas ideologías. Tendrán 60 días para hacer propuestas para temas como composición de la Corte Suprema de Justicia, juicios por jurados, recurso extraordinario y Ministerio Público. Una vez terminadas el presidente las enviará al Congreso.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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