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Post-pandemia: Gobierno prepara reformas previsional y judicial y un impulso al crédito

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Será para reactivar la economía y la producción. El NEA recuperaría el beneficio de pagar menos cargas patronales, junto con el NOA. Habría un “Ahora 18” y blanqueo de capitales.

BUENOS AIRES. El Gobierno nacional trabaja en un plan de cinco patas para después del aislamiento que arrancó en marzo, con el fin de reactivar la economía y la producción, según trascendió de allegados al presidente  Alberto Fernández.

En primer lugar, el mandatario viene trabajando con todos los gobernadores en un plan para dinamizar la economía que implica un fuerte impulso al crédito en todo el país y de otros apoyos segmentados según las necesidades de cada región.

Con ese fin se dividirá en noreste, noroeste, centro, litoral y zona cuyana. El NOA y el NEA recuperarían el beneficio de pagar menos cargas patronales, que fue eliminado por Mauricio Macri.

También se analizarán los aranceles de exportación de los productos sensibles de cada zona, con el objetivo de reactivar la industria y que vuelvan a abrir más fábricas que tuvieron que cerrar.

En esa línea, se trabaja para mejorar la ley de concursos de acreedores y de ese modo, salvar rápidamente a las empresas y que vuelvan a operar normalmente.

En segundo lugar se relanzará el programa Ahora 18, una nueva versión del programa Ahora 12. El plan que se está trabajando es de 18 cuotas, con tres meses de gracia. Es decir, lo que se compra en julio se comenzaría a pagar en noviembre y se cancelaría la cuota 18 en abril de 2022.

También se analiza la posibilidad de que esas compras tengan una devolución total o parcial del IVA, según publicó el portal La Política on Line.

En tercer lugar, para acompañar la moratoria que acaba de anunciar el Gobierno, se proyecta un blanqueo para repatriar capitales que se inviertan en sectores de gran generación de empleo, cómo por ejemplo, la construcción.

Reformas en agenda

En cuarto lugar, el Gobierno irá en busca de una reforma previsional. Se trabaja en nueva fórmula que saldrá de un proyecto de reforma que se enviará el Congreso en los próximos días. El objetivo es que el aumento previsional de septiembre se pague ya con esa nueva fórmula.

Las fuentes consultadas dijeron que el Presidente no quiere seguir dando aumentos por decreto, aunque aclaran que en estos meses los jubilados le ganaron a la inflación y recibieron medicamentos gratis por un valor promedio del 25 por ciento de sus ingresos. El proyecto de la nueva fórmula se basa en ingresos de la ANSES y evolución salarial.

Por último, se avanzó en el proyecto de reforma judicial y en 10 días ya estará en el Congreso. Con este proyecto, anunciado por Marcela Losardo aún antes de la asunción de Alberto, se busca el reordenamiento de la justicia federal y se acompañará con un decreto para la creación del Consejo de Mejoramiento de Calidad Institucional, similar al Consejo de Consolidación de la democracia que creó Alfonsín en 1985.

Dicho órgano estará conformado por un grupo de juristas notables, de diversas ideologías. Tendrán 60 días para hacer propuestas para temas como composición de la Corte Suprema de Justicia, juicios por jurados, recurso extraordinario y Ministerio Público. Una vez terminadas el presidente las enviará al Congreso.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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