Nacionales
Piden revocar sobreseimiento de Macri en espionaje a familiares del ARA San Juan
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé pidió revocar el sobreseimiento de Mauricio Macri y de quienes dirigieron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes fallecidos en la tragedia del submarino ARA San Juan, que se hundió en el Atlántico Sur en 2017.
El expresidente y sus exfuncionarios de Inteligencia habían sido sobreseídos en julio pasado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara Federal, justificando la labor de la AFI sobre los familiares de los marinos muertos con el argumento de que guardaban relación con la seguridad del presidente Macri.
Los magistrados descartaron la hipótesis del juez subrogante de Dolores Martín Bava, de que verdaderamente se hizo espionaje a las familias de las víctimas del hundimiento del buque de guerra de la Armada Argentina, que reclamaban justicia en el caso y que se contratara una empresa para buscar la nave perdida varios meses antes.
Los jueces sobreseyeron a Macri, Arribas, Majdalani y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.
El fiscal que ahora pide revocar el fallo rechazó el sobreseimiento resuelto por Llorens, Bertuzzi y Bruglia, y respaldó la apelación de agosto pasado del fiscal ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe.
“Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad; no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, había argumentado Agüero Iturbe.
En su dictamen, el fiscal Pleé señaló que la investigación “ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación sobre el grupo de allegados y familiares de las víctimas de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados “Rigel” y “El Repunte” y, en particular, del submarino ARA San Juan”.
Y que tales tareas “implicaron el registro de manifestaciones, acciones de visibilización, reclamos, misas y otros eventos, así como la compilación de datos personales de las víctimas”, que no pueden ser consideradas como “actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales -entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”.
“No ha logrado acreditarse que estuviéramos frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad, como podrían ser las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval, pues no se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad”, planteó.
“Se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraban reunidas para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados, sin que la Cámara haya logrado demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad”, argumentó el fiscal.
“De este modo, la desvinculación de la causa resulta improcedente, por cuanto los elementos de prueba hasta el momento producidas sustentan -en grado de probabilidad- la eventual responsabilidad penal de los encartados en los hechos que se les atribuyen, de manera tal que el sobreseimiento dictado resulta claramente prematuro y confronta con la necesidad de evaluar más ampliamente la actuación de los imputados”, señaló Pleé.
Nacionales
Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral
Mientras se debate la reforma laboral en el Senado, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sociales se movilizan en contra del proyecto.
La protesta se desarrollaba de manera pacífica, con una importante concentración desde las 14.30, en paralelo al tratamiento legislativo. Sin embargo, pasadas las 15, la situación comenzó a tensarse cuando un grupo de personas avanzó hacia el vallado ubicado sobre la avenida Rivadavia y se produjo un intercambio con el cordón policial.
En respuesta, Gendarmería avanzó con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y el uso de camiones hidrantes.
En medio de los disturbios, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se expresó en X (ex Twitter): “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras fuerzas van a intervenir. Ya hay dos detenidos por agresiones al personal. Tenemos tres efectivos de Gendarmería heridos y 1 de la Policía Federal”.
Y advirtió: “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados con monteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias”.
Por su parte, a través de la misma red social, el presidente Javier Milei también se expresó contra los manifestantes que armaron bombas molotov durante la protesta contra la reforma laboral.
“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan…”, tuiteó el presidente.
Foto principal: Infobae
Nacionales
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, el cual arrojó que la inflación en ese mes fue 2,9% y que el balance interanual llegó al 32,4%.
Durante el primer mes del año el costo de vida fue impulsado por Alimentos y bebidas (4,7%), siendo el rubro que más aumentó por encima de la media, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres, seguido por Restaurantes y hoteles (4,1%).
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).
A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en enero de 2026 respecto de diciembre y 32,4% interanual https://t.co/YCHmuRuwYQ pic.twitter.com/5uFH5LvkLn— INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 10, 2026
El dato se conoció tras la renuncia de Marco Lavagna, quien hasta el pasado 2 de febrero se desempeñó como director del organismo de estadísticas, nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según explicó el ex número dos de Toto Caputo, Joaquín Cottani, el gobierno venía trabajando en un nuevo tipo de medición cuya metodología estaba lista desde mediados de 2024, sin embargo el Indec no actualizó la medición de la inflación, motivo que habría precipitado la renuncia de Lavagna.
Actualmente el instituto usa datos de 2004/05, a pesar de tener datos más recientes de 2017/18. De esta manera se subestima el gasto que los hogares hacen en servicios y transporte, que han aumentando de precio exponencialmente en los últimos años, en el país y el mundo.
Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación
Nacionales
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
Según datos relevados en el informe “Análisis de la dinámica laboral y de empleadores”, realizado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en todo el país cerraron al menos 21.046 empresas (30 por día), lo que conllevó a la pérdida de 272.607 puestos de trabajo (393 por día), desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, hasta octubre de 2025.
Entre las empresas más conocidas que se vieron obligadas al cierre se encuentran la marca de galletitas y bizcochos Tía Maruca en Chascomús (2025); la red de canales locales Somos (2024), la fábrica de conservas alimenticias Inca en La Rioja (2025); la firma de dulces Otito en Jujuy (2025); la fábrica de envases de hojalata Comeca en Mendoza (2025); las sucursales de la cadena de electrodomésticos Frávega en Posadas, Temperley y Pergamino (2025); el mayorista Diarco en Entre Ríos y Chaco (2024); y recientemente la empresa textil Alal anunció su cierre definitivo en Corrientes y Chaco, tras superar los 100 años de trayectoria.
Estos cierres se enmarcan en la desregulación económica impulsada por el gobierno nacional, por lo que desde las cámaras empresariales pyme apuntan a la “desregulación competitiva” que favorece la importación de productos extranjeros y la contracción del mercado interno debido al deterioro de los ingresos.
“No vemos indicios de una recuperación rápida de la recesión. La caída de las ventas está llevando a recortar horas extras y suspender personal, lo que eventualmente conduce a despidos“, expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
Al mismo tiempo, señalan la falta de respuestas por parte de las autoridades gubernamentales, pese a los reiterados llamados para abordar la crisis.
Conflictos, despidos y cierres en Misiones
El mismo estudio de Cepa identificó al menos 14 conflictos empresariales activos en Misiones, vinculados a despidos, suspensiones, cierres y situaciones de crisis que afectan tanto a trabajadores como a la continuidad de distintas firmas ubicadas en Posadas, Apóstoles, Eldorado, Andresito y otras localidades, donde se registraron medidas de ajuste y reestructuración.
De esta manera, el mapa da cuenta de despidos y suspensiones en comercios como el Hipermercado Libertad; la fábrica de colchones Taurus; el frigorífico El Abasto; Ratti Construcciones; Dass Calzados; y las cooperativas yerbateras Andresito y La Hoja.
Mientras que el aserradero Diessel, Mazter Maderas y una sucursal de Electro Misiones se vieron obligados al cierre.
En este contexto, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la tierra colorada perdió 444 empresas con personal registrado y 1.709 trabajadores formales en los primeros dos años de la gestión de Milei.

Caída del empleo formal
Según datos revelados por el mismo informe de Cepa, se observa un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.
Entre los sectores más afectados se encuentra Transporte y Almacenamiento, con una pérdida de 5.042 empleadores. Otros rubros también registraron caídas significativas: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 4.184, Servicios inmobiliarios sufrió una caída de 3.057 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.275, Industria manufacturera de 2.238, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 1.869 y Construcción registró una reducción de 1.797 empleadores en el mismo período.
A su vez, el sector “Administración Pública” fue el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 83.014 trabajadores, y en términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-15,6%).
Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 23 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (20.969 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (77 casos).
El informe en cuestión también refleja que, al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa, se observa que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 66,80% de la pérdida de empleo (-182.114 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores.
En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -90.493 casos, explicando el 33,2% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.600.859, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.983.707.
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