Nacionales
Ordenan al juez Casanello investigar a Cristina en el caso Báez
“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, afirmaron en su resolución Martín Irurzun y Eduardo Farah, cuyo apartado más crítico fue titulado “Lo que viene dejándose de lado”. De esta forma, confirmaron los procesamientos de Báez y del contador Daniel Pérez Gadín -que seguirán presos en Ezeiza-, Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín por haber intentado blanquear a fines de 2012 alrededor de u$s5.100.000 a través de SGI. Los jueces validaron el uso como prueba de los videos, cuyo origen sigue siendo desconocido. La decisión impacta en el primer procesamiento: Casanello procesó a Báez junto a Jorge Chueco por la repatriación de u$s33 millones a través de Helvetic Services Group, también bajo instrucción de la Cámara, que le ordenó profundizar esa hipótesis. “De momento resulta válido considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas” de distintas empresas, aclarando que “la consideración del origen del dinero ilícito restringida a la evasión fiscal que formula el juez es sólo una de las hipótesis posibles de las que ya se encuentran incorporadas”, concedieron. Embargos, inhibiciones y bienes incautados fueron avalados por el tribunal.
Pero en esta resolución, los dardos de los camaristas nuevamente apuntaron a Casanello: “Los acontecimientos fueron sujetos por el juez, hasta aquí, a un examen limitado que aborda aspectos parciales -y menores- de aquellos”. Por lo que recordaron que ya habían advertido al magistrado sobre ampliar su pesquisa dado que “no podía parcializarse la investigación de las maniobras y que, en esa línea, había hechos inseparables de las hipótesis por las que se promovió la instrucción”. Por esta vía fue que comenzaron a cuestionar la ausencia de imputaciones sobre quienes le otorgaron obras públicas, a partir de las cuales se habrían obtenido los fondos para cometer ilícitos. “Paralelamente existieron, en forma continuada y repetida, vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada”, sostuvieron. “Al respecto, la posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente”, explicitaron, bajo el supuesto objetivo de “hacerse espuriamente de fondos públicos”. Pusieron la lupa sobre “posible decisión directa o influencia ejercida” para que esas licitaciones fueran derivadas a Báez. Por eso señalaron a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Obras Públicas. El 21 de marzo, Casanello había asegurado que Cristina no estaba involucrada en la pesquisa.
Lo novedoso del fallo fueron las pautas para “coordinar” la investigación con la que tramita Julián Ercolini precisamente por una presunta asociación ilícita, o por la causa Hotesur. En el rol de “ordenadora”, la Cámara propuso avanzar rápido y constituir reuniones periódicas entre los jueces para compartir pruebas en los expedientes y así, evitar dilaciones. No embarcarse en peritajes ni en acciones que terminen en “fracaso”. La inédita recomendación también sugirió “delegar” en la fiscalía algunos tramos y elevar a juicio las partes que ya cuenten con pruebas, separándolas si hace falta del expediente principal. La Sala II plasmó así un atajo a las condenas Cristina de Kirchner eligió Twitter para responder a través de una catarata de publicaciones: “Podrán meterme presa, pero no van a tapar un plan que distribuye pobreza”, escribió, entre otras referencias tanto a Panamá Papers (sin mencionar a Mauricio Macri pero aludiendo a él y a su entorno) y a la sucesión de allanamientos que ocurrieron ayer en Santa Cruz, en el marco de la causa Los Sauces. “Hacía décadas” que no veía “un abuso de poder y persecución política semejante”, denunció.
El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.
“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.
En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.
“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.
Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.
Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.
El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.
Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.
La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.
Foto principal: Canal 12.
La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical de Argentina, confirmó este lunes la convocatoria a un paro general de 24 horas en todo el país, en oposición al proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei.
La medida de fuerza, que no incluirá movilizaciones callejeras, se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.
La CGT argumenta que la iniciativa es “la más regresiva y nociva de las últimas décadas”, en un contexto económico marcado por el endeudamiento familiar, el aumento del costo de vida, la pérdida de empleos y el cierre de empresas.
La decisión fue tomada hoy, durante una reunión virtual del consejo directivo de la CGT, respondiendo a presiones internas de diversos sectores sindicales y a la falta de espacios para negociar modificaciones al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Entre los puntos más controvertidos se destaca un artículo que reduce el pago de salarios en casos de licencia médica, lo que generó un fuerte rechazo.
Se espera una adhesión total de los gremios del transporte, clave para garantizar un alto impacto nacional, incluyendo a la Unión Tranviarios Automotor (UTA, colectiveros), La Fraternidad (maquinistas de trenes), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT, que agrupa camioneros, pilotos, personal aeronáutico, marítimo y fluvial, y del subte), así como otros sectores como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (aceiteros), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTAs).
Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling
Un informe elaborado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente del Ministerio de Capital Humano, revela que Misiones figura entre las tres provincias con salarios más bajos del país.
El documento expone datos revelados sobre trabajadores formales del sector privado hasta septiembre de 2025 y arroja que Santiago del Estero es la provincia con peores ingresos mensuales de la Argentina, con un promedio de $939.471.
Inmediatamente después aparece la Tierra Colorada, con un salario promedio de $964.811, mientras que Tucumán, con $983.566, completa el apartado de provincias cuyos sueldos no superan el millón de pesos.
En contrapartida, Neuquén, Santa Cruz y Chubut aparecen como los distritos provinciales con mayores ingresos, lo cual encuentra correlación directa con la actividad petrolera asociada a Vaca Muerta.
En números, Neuquén registra sueldos promedios de $2.716.975; Santa Cruz $2.625.596; y Chubut $2.256.286.
El estudio también analiza la actualización de esos salarios conforme la inflación y en ese apartado nuevamente aparece Neuquén en el primer lugar, con aumentos que llegaron al 42,2%, mientras que la suba de precios para el período analizado (septiembre 2024-septiembre 2025) fue de 31,8%.
En Misiones, por su parte, según el mismo informe, los ingresos tuvieron actualizaciones que también superaron el índice de inflación, aunque con menor margen ya que los aumentos promedios rondaron el 35,3%.
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