Nacionales
Ordenan al juez Casanello investigar a Cristina en el caso Báez
“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, afirmaron en su resolución Martín Irurzun y Eduardo Farah, cuyo apartado más crítico fue titulado “Lo que viene dejándose de lado”. De esta forma, confirmaron los procesamientos de Báez y del contador Daniel Pérez Gadín -que seguirán presos en Ezeiza-, Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín por haber intentado blanquear a fines de 2012 alrededor de u$s5.100.000 a través de SGI. Los jueces validaron el uso como prueba de los videos, cuyo origen sigue siendo desconocido. La decisión impacta en el primer procesamiento: Casanello procesó a Báez junto a Jorge Chueco por la repatriación de u$s33 millones a través de Helvetic Services Group, también bajo instrucción de la Cámara, que le ordenó profundizar esa hipótesis. “De momento resulta válido considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas” de distintas empresas, aclarando que “la consideración del origen del dinero ilícito restringida a la evasión fiscal que formula el juez es sólo una de las hipótesis posibles de las que ya se encuentran incorporadas”, concedieron. Embargos, inhibiciones y bienes incautados fueron avalados por el tribunal.
Pero en esta resolución, los dardos de los camaristas nuevamente apuntaron a Casanello: “Los acontecimientos fueron sujetos por el juez, hasta aquí, a un examen limitado que aborda aspectos parciales -y menores- de aquellos”. Por lo que recordaron que ya habían advertido al magistrado sobre ampliar su pesquisa dado que “no podía parcializarse la investigación de las maniobras y que, en esa línea, había hechos inseparables de las hipótesis por las que se promovió la instrucción”. Por esta vía fue que comenzaron a cuestionar la ausencia de imputaciones sobre quienes le otorgaron obras públicas, a partir de las cuales se habrían obtenido los fondos para cometer ilícitos. “Paralelamente existieron, en forma continuada y repetida, vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada”, sostuvieron. “Al respecto, la posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente”, explicitaron, bajo el supuesto objetivo de “hacerse espuriamente de fondos públicos”. Pusieron la lupa sobre “posible decisión directa o influencia ejercida” para que esas licitaciones fueran derivadas a Báez. Por eso señalaron a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Obras Públicas. El 21 de marzo, Casanello había asegurado que Cristina no estaba involucrada en la pesquisa.
Lo novedoso del fallo fueron las pautas para “coordinar” la investigación con la que tramita Julián Ercolini precisamente por una presunta asociación ilícita, o por la causa Hotesur. En el rol de “ordenadora”, la Cámara propuso avanzar rápido y constituir reuniones periódicas entre los jueces para compartir pruebas en los expedientes y así, evitar dilaciones. No embarcarse en peritajes ni en acciones que terminen en “fracaso”. La inédita recomendación también sugirió “delegar” en la fiscalía algunos tramos y elevar a juicio las partes que ya cuenten con pruebas, separándolas si hace falta del expediente principal. La Sala II plasmó así un atajo a las condenas Cristina de Kirchner eligió Twitter para responder a través de una catarata de publicaciones: “Podrán meterme presa, pero no van a tapar un plan que distribuye pobreza”, escribió, entre otras referencias tanto a Panamá Papers (sin mencionar a Mauricio Macri pero aludiendo a él y a su entorno) y a la sucesión de allanamientos que ocurrieron ayer en Santa Cruz, en el marco de la causa Los Sauces. “Hacía décadas” que no veía “un abuso de poder y persecución política semejante”, denunció.
Nacionales
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, el cual arrojó que la inflación en ese mes fue 2,9% y que el balance interanual llegó al 32,4%.
Durante el primer mes del año el costo de vida fue impulsado por Alimentos y bebidas (4,7%), siendo el rubro que más aumentó por encima de la media, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres, seguido por Restaurantes y hoteles (4,1%).
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).
A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en enero de 2026 respecto de diciembre y 32,4% interanual https://t.co/YCHmuRuwYQ pic.twitter.com/5uFH5LvkLn— INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 10, 2026
El dato se conoció tras la renuncia de Marco Lavagna, quien hasta el pasado 2 de febrero se desempeñó como director del organismo de estadísticas, nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según explicó el ex número dos de Toto Caputo, Joaquín Cottani, el gobierno venía trabajando en un nuevo tipo de medición cuya metodología estaba lista desde mediados de 2024, sin embargo el Indec no actualizó la medición de la inflación, motivo que habría precipitado la renuncia de Lavagna.
Actualmente el instituto usa datos de 2004/05, a pesar de tener datos más recientes de 2017/18. De esta manera se subestima el gasto que los hogares hacen en servicios y transporte, que han aumentando de precio exponencialmente en los últimos años, en el país y el mundo.
Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación
Nacionales
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
Según datos relevados en el informe “Análisis de la dinámica laboral y de empleadores”, realizado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en todo el país cerraron al menos 21.046 empresas (30 por día), lo que conllevó a la pérdida de 272.607 puestos de trabajo (393 por día), desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, hasta octubre de 2025.
Entre las empresas más conocidas que se vieron obligadas al cierre se encuentran la marca de galletitas y bizcochos Tía Maruca en Chascomús (2025); la red de canales locales Somos (2024), la fábrica de conservas alimenticias Inca en La Rioja (2025); la firma de dulces Otito en Jujuy (2025); la fábrica de envases de hojalata Comeca en Mendoza (2025); las sucursales de la cadena de electrodomésticos Frávega en Posadas, Temperley y Pergamino (2025); el mayorista Diarco en Entre Ríos y Chaco (2024); y recientemente la empresa textil Alal anunció su cierre definitivo en Corrientes y Chaco, tras superar los 100 años de trayectoria.
Estos cierres se enmarcan en la desregulación económica impulsada por el gobierno nacional, por lo que desde las cámaras empresariales pyme apuntan a la “desregulación competitiva” que favorece la importación de productos extranjeros y la contracción del mercado interno debido al deterioro de los ingresos.
“No vemos indicios de una recuperación rápida de la recesión. La caída de las ventas está llevando a recortar horas extras y suspender personal, lo que eventualmente conduce a despidos“, expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
Al mismo tiempo, señalan la falta de respuestas por parte de las autoridades gubernamentales, pese a los reiterados llamados para abordar la crisis.
Conflictos, despidos y cierres en Misiones
El mismo estudio de Cepa identificó al menos 14 conflictos empresariales activos en Misiones, vinculados a despidos, suspensiones, cierres y situaciones de crisis que afectan tanto a trabajadores como a la continuidad de distintas firmas ubicadas en Posadas, Apóstoles, Eldorado, Andresito y otras localidades, donde se registraron medidas de ajuste y reestructuración.
De esta manera, el mapa da cuenta de despidos y suspensiones en comercios como el Hipermercado Libertad; la fábrica de colchones Taurus; el frigorífico El Abasto; Ratti Construcciones; Dass Calzados; y las cooperativas yerbateras Andresito y La Hoja.
Mientras que el aserradero Diessel, Mazter Maderas y una sucursal de Electro Misiones se vieron obligados al cierre.
En este contexto, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la tierra colorada perdió 444 empresas con personal registrado y 1.709 trabajadores formales en los primeros dos años de la gestión de Milei.

Caída del empleo formal
Según datos revelados por el mismo informe de Cepa, se observa un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.
Entre los sectores más afectados se encuentra Transporte y Almacenamiento, con una pérdida de 5.042 empleadores. Otros rubros también registraron caídas significativas: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 4.184, Servicios inmobiliarios sufrió una caída de 3.057 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.275, Industria manufacturera de 2.238, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 1.869 y Construcción registró una reducción de 1.797 empleadores en el mismo período.
A su vez, el sector “Administración Pública” fue el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 83.014 trabajadores, y en términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-15,6%).
Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 23 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (20.969 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (77 casos).
El informe en cuestión también refleja que, al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa, se observa que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 66,80% de la pérdida de empleo (-182.114 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores.
En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -90.493 casos, explicando el 33,2% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.600.859, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.983.707.
Análisis de la dinámica laboral y empresarial - CEPA - Datos 10.2025La tienda de moda Etam anunció el cierre definitivo de su sucursal en Posadas
Nacionales
La CGT convocó a movilizarse el miércoles contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) descartó convocar a un paro general y llamó a una movilización frente al Congreso el miércoles, cuando el Senado debata la reforma laboral que desvela al gobierno de Javier Milei.
La decisión se tomó este mediodía en una reunión de la cúpula cegetista, en la sede de la central obrera en el centro porteño, donde prevaleció la convocatoria a la movilización y se descartaron las propuestas de acoplar a la marcha un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes, de los sindicatos del transporte de la CATT, y la de un paro de 48 horas, como planteó Sebastián Maturano, de La Fraternidad.
Según el portal de noticias Infobae, “las propuestas de hacer paros no lograron suficiente consenso en la conducción de la CGT, donde predomina el sector dialoguista, que sigue negociando en varios frentes para introducir cambios en la reforma laboral”.
“Esta lucha no termina porque después del Senado tiene que ir a Diputados; si se llega a aprobar esta ley en general, esperamos que en el tratamiento de artículo por artículo haya muchas modificaciones que respeten los derechos del movimiento sindical”, dijo Andrés Rodríguez, de UPCN, a los periodistas que esperaron la salida de los sindicalistas de la reunión.
“Nosotros pretendemos prácticamente neutralizar todo aquel artículo que atente contra los derechos del trabajo”, afirmó.
Por su parte, Gerardo Martínez, de la Uocra, (UOCRA) afirmó que la estrategia consiste en “seguir dialogando con todos los sectores que puedan influir en el rechazo a esta reforma que atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”. Y si ese camino no prospera, advirtió que “recurriremos a la justicia para solicitar el rechazo de aquellos artículos que sean inconstitucionales”.
De la reunión, participaron los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Hugo Moyano (Camioneros), Osvaldo Lobato (UOM), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Palazzo (bancarios), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Horacio Calculli (aeronavegantes), entre otros.
Nuevo texto
El Senado tiene previsto tratar el miércoles el proyecto de reforma que el oficialismo tituló Ley de Modernización Laboral y cuyo apoyo negocia a contrarreloj con las bancadas dialoguistas y los gobernadores.
Según dejaron trascender periodistas acreditados en el Senado, el nuevo texto del proyecto incluye una fórmula para conformar a los gobernadores por la baja de impuestos que supone la ley, y posterga para más adelante la reducción de alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, que afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.
A la CGT le concederían dos de los puntos que reclama modificar: dejarían a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos y se eliminaría el artículo 161, que recorta la contribución patronal destinada a las obras sociales del 6% al 5%, y que, según los sindicalistas, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud administrado por los gremios.

La conducción de la CGT se reunió este viernes en la sede porteña de la central obrera.
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