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Ordenan al juez Casanello investigar a Cristina en el caso Báez

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La Cámara Federal impuso un nuevo giro en la causa por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez y ordenó al juez Sebastián Casanello que investigue a la expresidente Cristina de Kirchner por su posible vinculación con la operatoria de la que se lo acusa al empresario ligado a la obra pública. Al confirmar el procesamiento con prisión preventiva de Báez y de todos los involucrados en la maniobra sospechada por u$s5,1 millones -que se probó a partir del video de la financiera SGI- exigió (con críticas al magistrado) que se extienda la investigación hacia exfuncionarios kirchneristas, con “celeridad”. La exmandataria denunció una persecución judicial a través de las redes sociales, en especial, por los allanamientos ordenados en Santa Cruz por el juez Claudio Bonadio, que instruye la causa denominada “Los Sauces”, similar a Hotesur.

“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, afirmaron en su resolución Martín Irurzun y Eduardo Farah, cuyo apartado más crítico fue titulado “Lo que viene dejándose de lado”. De esta forma, confirmaron los procesamientos de Báez y del contador Daniel Pérez Gadín -que seguirán presos en Ezeiza-, Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín por haber intentado blanquear a fines de 2012 alrededor de u$s5.100.000 a través de SGI. Los jueces validaron el uso como prueba de los videos, cuyo origen sigue siendo desconocido. La decisión impacta en el primer procesamiento: Casanello procesó a Báez junto a Jorge Chueco por la repatriación de u$s33 millones a través de Helvetic Services Group, también bajo instrucción de la Cámara, que le ordenó profundizar esa hipótesis. “De momento resulta válido considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas” de distintas empresas, aclarando que “la consideración del origen del dinero ilícito restringida a la evasión fiscal que formula el juez es sólo una de las hipótesis posibles de las que ya se encuentran incorporadas”, concedieron. Embargos, inhibiciones y bienes incautados fueron avalados por el tribunal.

Pero en esta resolución, los dardos de los camaristas nuevamente apuntaron a Casanello: “Los acontecimientos fueron sujetos por el juez, hasta aquí, a un examen limitado que aborda aspectos parciales -y menores- de aquellos”. Por lo que recordaron que ya habían advertido al magistrado sobre ampliar su pesquisa dado que “no podía parcializarse la investigación de las maniobras y que, en esa línea, había hechos inseparables de las hipótesis por las que se promovió la instrucción”. Por esta vía fue que comenzaron a cuestionar la ausencia de imputaciones sobre quienes le otorgaron obras públicas, a partir de las cuales se habrían obtenido los fondos para cometer ilícitos. “Paralelamente existieron, en forma continuada y repetida, vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada”, sostuvieron. “Al respecto, la posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente”, explicitaron, bajo el supuesto objetivo de “hacerse espuriamente de fondos públicos”. Pusieron la lupa sobre “posible decisión directa o influencia ejercida” para que esas licitaciones fueran derivadas a Báez. Por eso señalaron a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Obras Públicas. El 21 de marzo, Casanello había asegurado que Cristina no estaba involucrada en la pesquisa.

Lo novedoso del fallo fueron las pautas para “coordinar” la investigación con la que tramita Julián Ercolini precisamente por una presunta asociación ilícita, o por la causa Hotesur. En el rol de “ordenadora”, la Cámara propuso avanzar rápido y constituir reuniones periódicas entre los jueces para compartir pruebas en los expedientes y así, evitar dilaciones. No embarcarse en peritajes ni en acciones que terminen en “fracaso”. La inédita recomendación también sugirió “delegar” en la fiscalía algunos tramos y elevar a juicio las partes que ya cuenten con pruebas, separándolas si hace falta del expediente principal. La Sala II plasmó así un atajo a las condenas Cristina de Kirchner eligió Twitter para responder a través de una catarata de publicaciones: “Podrán meterme presa, pero no van a tapar un plan que distribuye pobreza”, escribió, entre otras referencias tanto a Panamá Papers (sin mencionar a Mauricio Macri pero aludiendo a él y a su entorno) y a la sucesión de allanamientos que ocurrieron ayer en Santa Cruz, en el marco de la causa Los Sauces. “Hacía décadas” que no veía “un abuso de poder y persecución política semejante”, denunció.

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Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Milei suspendió ejecución de las leyes Garahan y financiamiento universitario

El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.

Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.

La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.

En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.

En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.

Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.

Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.

La marcha universitaria llenó calles en Posadas, Oberá y Eldorado

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La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación correspondiente al noveno mes del año fue 2,1%, cifra sobre la que se pudo observar un leve aumento respecto a lo registrado en agosto, cuando fue de 1,9%.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 22% en los primeros nueve meses del año, y de 31,8% en el balance interanual.

El incremento estuvo motorizado por las divisiones de Vivienda, agua, electricidad, gas, otros combustibles y educación (3,1%) y Transporte con 3%.

Un escalón por debajo Salud con 2,3%; luego Comunicación con 2,2% y Bienes y servicios varios con 2,1%. El resto de los rubros quedaron por debajo del nivel general, Alimentos y bebidas no alcohólicas -de mayor incidencia- con 1,9%.

Del lado opuesto, los que menos subieron fueron Recreación y cultura con 1,3% y Restaurantes y hoteles, con apenas un 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector. A este último apartado se sumaron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

Sin embargo, la inflación tuvo diferencias considerables por regiones. En la Patagonia el alza de precios fue de 2,4%, seguida por Noroeste y Cuyo con 2,2%. Luego Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo en el nivel general y la Pampeana por debajo con 2% y Noreste en 1,8%. 

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La inflación fue de 1,9% en agosto y acumula 19,5% en lo que va del año

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Inflación de junio fue de 6% y en el primer semestre acumuló 50,7%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al octavo mes del año, el cual se ubicó en 1,9%, al igual que en julio.

Simultáneamente, los precios acumularon un alza de 19,5% en los primeros ocho meses, mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,6%.

En cuanto a las subas más pronunciadas en agosto, en primer lugar se ubica la categoría Transporte con un 3,6%, por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%).

Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%) y Recreación y cultura (0,5%), cuyas categorías registraron los menores incrementos.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron la suba, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).

Repercusiones

Con estos resultados, la inflación de agosto se ubicó por debajo de lo esperado, ya que la mayoría de los pronósticos de consultoras privadas y analistas, calcularon el IPC de agosto en un rango de entre 1,8% a 2,2%.

Además, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas corrigieron su estimación e indicaron que el IPC sería de 2,1%.

La inflación fue de 1,9% en julio y acumula 36,6% en los últimos doce meses

 

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