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Macri declaró un campo en Salta cinco veces más chico y con un valor cientodiecisiete veces menos al real

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El prestigioso sitio de periodismo chequeando.com que durante el gobierno kirchnerista refutó muchas de las afirmaciones discursivas de los funcionarios de turno con datos duros y comprobables, ahora ha publicado, con la firma del periodista Rafael Saralegui, una investigación rigurosa de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el Presidente a la Oficina Anticorrupción (OA), y en las que ha detectado “errores, datos no coincidentes o inconsistencias”, según el mencionado sitio.

Puntualmente en el caso del campo que Macri declaró tener en Salta, Departamento de Rivadavia, las inconsistencias son omisiones gravísimas y de dimensión escandalosa.

Según chequeando.com en ” la última DDJJ de Macri ante la OA, la primera como Presidente, tiene otras novedades. Por ejemplo, consigna que incorporó a su patrimonio “terrenos en Salta”. En el renglón correspondiente a inmuebles, Macri declaró que suma cuatro terrenos a su patrimonio; tres en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pilar, y el cuarto en la provincia de Salta, en el departamento Rivadavia.

Cuando se consigna la superficie del terreno salteño, se indica que la superficie es de 3.736.131 metros cuadrados. Si se lo convierte a hectáreas, la forma en la que se calculan los inmuebles rurales, son 373 hectáreas. Se le asigna un valor de 334.364,10 pesos. Lo que da un precio de $896 por hectárea, muy por debajo del valor de mercado, aunque un poco por encima del valor fiscal, que es de $654 por hectárea.

Según la Compañía Argentina de Tierras SA, una empresa dedicada a la compra y venta de campos, y considerada un referente para estimar los precios de la tierra en la Argentina, las hectáreas en el departamento Rivadavia, en la provincia de Salta, tiene un costo que oscila entre US$1.000 y US$1.400 la hectárea, en caso de ser terrenos desmontados, y entre US$300 a US$400 la hectárea sin desmontar.

Datos obtenidos para esta investigación contradicen la declaración patrimonial del Presidente. El campo comprado por Macri junto con varios socios a mediados del año pasado tiene una superficie total de 10.688 hectáreas.

La Cédula Parcelaria de la Dirección General de Inmuebles de la provincia de Saltaconsigna que Macri tiene el 18,69% de la superficie total, lo que significa que son en total 1997 hectáreas las que posee en Salta y no 373 como consigna en su declaración jurada presentada ante la OA. Hay 1624 hectáreas de diferencia, nada menos. De acuerdo con los registros, la superficie declarada por el Presidente sería cinco veces menor a la real.

Una vista del predio tomada por Google Earth muestra que una parte del predio fue deforestada. Si se toma el valor máximo de US$1.400 la hectárea, las 1997 hectáreas del Presidente tendrían un valor de mercado de US$ 2.795.800″ unas 117 veces más que lo que figura en la declaración patrimonial del Presidente Macri.

ver nota completa: http://www.chequeado.com/investigacion/los-laberintos-patrimoniales-del-presidente-macri/

 

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Ascienden a 102 los casos de hantavirus en el país

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Según los últimos registros del Boletín Epidemiológico Nacional, en las dos últimas semanas se registró sólo un caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, el pasado fin de semana se confirmó un caso en la localidad de Corcovado en Chubut, mientras que el total de infectados de la temporada 2025-2026 asciende a 102, en su mayoría vinculados a la variante Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

En cuanto a los orígenes del virus, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

Los casos que rondaron Misiones

Respecto del brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.

Según información difundida por el sitio Mundo en Conflicto, la fallecida pareja holandesa señalada estuvo en Misiones en un recorrido por Argentina, Chile y Uruguay, antes de embarcar en el buque que en este momento navega hacia las Islas Canarias con 149 personas a bordo. 

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio. 

Mientras tanto, el fin de semana pasado la Secretaría de Salud de Paraná, confirmó dos infectados en el estado brasileño, un hombre de 34 años de Pérola d’Oeste y una mujer de 28 de Ponta Grossa. El primero de ellos muy cercano al departamento misionero de General Manuel Belgrano.

Se trata de la enfermedad viral, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados. De no tratarse, puede causar infecciones pulmonares o renales severas, siendo el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) la forma más común en América.

Infectados con hantavirus en el crucero de Ushuaia estuvieron 20 días en Misiones

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El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis

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Andis

El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.

De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.

Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.

El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.

La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.

La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.

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La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales

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Misiones DNU corte suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.

El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.

Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.

En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.

El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.

El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.

En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

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