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Lotocki, cerca de la cárcel: la fiscalía pidió 7 años y 9 meses
Siete años y nueve meses de prisión fue el pedido realizado hoy, por el fiscal que interviene en el juicio oral que se lleva adelante en Buenos Aires contra el médico misionero Aníbal Rubén Lotocki (51), más conocido como “el cirujano de las famosas”.
El pedido fue planteado esta mañana por el fiscal Sandro Abraldes, durante la exposición de su alegato en el marco del debate oral en el que cual Lotocki afronta una acusación por el delito de “lesiones graves”, presuntamente provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.
Además de la pena de prisión, el fiscal también solicitó que el cirujano misionero sea inhabilitado por diez años para el ejercicio de la medicina y de actividades comerciales relacionadas con la estética y la cosmética.
El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 28 de Ciudad de Buenos Aires y las denunciantes de la causa que ahora llegó a esta instancia son las modelos Silvina Luna, Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.
Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, señaló que tras la mala praxis sufrida en 2011 ahora tiene muy bajos niveles de calcio y eso perjudica el funcionamiento de sus riñones.
En su alegato expuesto esta mañana, consignó el diario Clarín, el fiscal Abraldes sostuvo que el misionero actuó de forma dolosa, al tiempo que descartó cualquier atenuante y, al contrario, consideró como un agravante su desinterés por el estado de salud de sus pacientes.
“Lotocki cosifica a las víctimas y no las reconoce como personas. Las desprecia, las usa como instrumento para promocionarse y las moldea a su antojo. Se siente hacedor de la mujer perfecta. Es una clara manifestación de violencia de género”, lanzó el fiscal.
El acusado es defendido por la abogada Ileana Lombardo y consideran que el producto cuestionado en el causa estaba autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Al debate oral aún le quedan varias audiencias por desarrollarse, pero se estima que se llegará a una sentencia antes de fin de año.
Otras causas
No es la primera vez que Lotocki aparece vinculado e imputado en causas judiciales. Su primera acusación fue en Posadas, en 2007, cuando una joven identificada como Romina Vega (29) falleció luego de una liposucción en una clínica de calle Córdoba, casi Colón.
Lotocki fue denunciado en esa ocasión, pero luego la Justicia misionera dispuso su sobreseimiento por falta de mérito.
Después de allí, comenzó a recibir acusaciones desde diversas partes del país. La última se dio en abril de este año, cuando incluso fue detenido.
Esa causa se inició tras las muerte de Cristian Zárate, un paciente de 50 años que falleció de una intervención con Lotocki en una clínica del barrio porteño de Caballito.
En diálogo con Clarín, el abogado que representa a la familia de la víctima, Mario Lizardo, señaló que Zárate ingresó a la clínica “por una hernia hiatal y Lotocki le dijo que de paso lo operaba con una liposucción la papada y el abdomen. Se descompensó y en la clínica no tenían los elementos suficientes para intubarlo, ya que tenía falta de oxígeno. Tampoco tenían lo necesario para una reanimación, llamaron a una ambulancia y antes de que llegue falleció”.
Por ese hecho el implicado fue imputado por el delito de homicidio culposo y la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña le concedió la excarcelación al considerar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. También le impusieron una fianza de 5 millones de pesos.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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